Me haré cargo brevemente de uno de los aspectos relevantes a la hora de discutir sobre el proyecto de ley: los efectos de la legalización en la tasa de delitos que generalmente se vinculan con el uso y comercialización de la marihuana. Tomaré como ejemplo las nuevas regulaciones en EE.UU.

En primer lugar, se debe distinguir entre los efectos de las leyes sobre marihuana medicinal (MML) y de aquellas en que directamente se permite el cultivo, comercialización y uso recreativo.

Respecto de las MML, a partir de 1996, 23 Estados más el distrito de Columbia han aprobado este tipo de regulaciones. Pácula y Kilmer (2003) encontraron una relación positiva entre estas leyes y el aumento de ciertos delitos violentos, pero en su análisis concluyen que es posible que esta relación se deba más bien a que “los consumidores de marihuana que participan en delitos son más propensos a ser arrestados”.

En tanto, Morris y otros (2014), concluyen que este tipo de leyes no afectan al alza de la tasa de otros delitos y que puede estar relacionado a la disminución de homicidios y asaltos.

Se podrá objetar que se trata de leyes que no permiten el cultivo y comercialización para efectos recreacionales y que, por eso mismo, no afectarían la tasa de otros delitos.

Sin embargo, Alford (2014) distingue entre las MML que permiten el cultivo para fines medicinales y las que obligan a comprarla en tiendas, concluyendo que solamente las segundas pueden vincularse a un aumento de delitos, especialmente, porque deben trabajar con dinero en efectivo, ya que como sigue siendo ilegal, a nivel federal los bancos no permiten el uso de medios electrónicos de pago. Así, las MML que permiten el cultivo personal, están vinculadas a la disminución de la tasa de ciertos delitos, por lo que el diseño del mercado resulta fundamental para determinar sus efectos.

Respecto del cultivo, comercialización y uso recreacional, el Estado de Colorado lleva la delantera en cuanto a su implementación. Las estadísticas dan cuenta de la disminución de arrestos y el ahorro en costos del sistema judicial, aumento de recaudación de impuestos, descenso de muertes en accidentes de tránsito y una serie de beneficios económicos. (1)

En la ciudad de Denver, durante los 11 meses siguientes al inicio de la aplicación de la nueva normativa, los delitos violentos bajaron en un 2.2%, los robos con fuerza un 9.5% y agresiones contra la propiedad un 8.9%. Su política de “aproximación colaborativa” ha tenido impactos positivos no sólo respecto del descenso de ciertos delitos, sino que también en el uso de impuestos provenientes de la venta de marihuana a programas específicos de prevención y educación.(2)

No es posible sostener que lo que haya sucedido en EE.UU. ocurrirá en Chile. Lo que sí se puede sostener es que existe contundente evidencia de que la legalización por si misma no aumenta la tasa de otros delitos y que, más bien, se puede vincular a la baja de algunos tipos de delitos según la forma concreta de regulación de su producción.

Además, es posible asegurar que una política tan importante como la de drogas (incluyendo el alcohol) se debe hacer de manera seria y profesional, por lo cual, no podemos pasar del fracaso de la ‘guerra contra las drogas’ a un fracaso de la legalización.

(1)http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Colorado_Marijuana_Legalization_One_Year_Status_Report.pdf

(2)https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/782/documents/CCD15002-MrjnAnnlRprt_5.5×8.5noCrops.pdf

Sin embargo, tal como lo ha denunciado Paz Ciudadana, en la propuesta del presupuesto enviado por la Presidenta, el foco casi exclusivo está en la represión del delito, no en la prevención.

No hay nada nuevo en la discusión entre “la mano dura contra la delincuencia” y las “soluciones integrales”, que en definitiva aparecen conjuntamente en los programas de Gobierno durante las campañas políticas, es cosa de  revisar los programas de las campañas presidenciales 2005  y 2013 de la Mandataria, así como en el del ex Presidente Piñera.Ambos son lugares comunes en el discurso público sobre política criminal. Lo que no es un lugar común, es cómo se llevarán a cabo ambas visiones -por separado o conjuntamente- en la práctica.

Las “agendas cortas antidelincuencia” (en actual tramitación y las anteriores) suponen aumentar delitos y sus penas, disminuir la posibilidad de cumplir la pena en libertad, mejorar la persecución penal. Al respecto, no hay antecedentes que permitan asegurar que una misma receta genere un resultado distinto.

Por otra parte, las soluciones integrales, de largo plazo, que buscan prevenir la comisión de delitos, acoger a jóvenes, etc., se quedan en el papel, como históricamente ha sucedido.

Basta sólo un ejemplo. En 1954 se publicó la “ley de estados antisociales”, que pretendía enfrentar el fenómeno de la delincuencia con medidas de mediano y largo plazo. Durante su discusión se introdujo una segunda parte, donde se establecieron normas como las que hoy se encuentran en las “agendas cortas” antidelincuencia.

Las medidas de largo plazo nunca fueron ejecutadas, principalmente por falta de presupuesto y, en 1994, fue derogada esa parte de la ley, pero la mayoría de las modificaciones vinculadas a “endurecer la mano” contra los delincuentes siguen vigentes hasta hoy.

La lección de la historia es clara. No bastan los lugares comunes (ambos), sino que se requiere su implementación a largo plazo.

La manera como se acaba de enfrentar el conflicto con un grupo de gendarmes y, más aún, el contenido del presupuesto formulado para 2016, sólo indica que las medidas del Estado respecto de (cierta) delincuencia, claramente, no son integrales y tampoco son soluciones.