Su frase claramente era una conclusión y resumen para el cúmulo de evidencia recolectada acerca del sistema educativo: éste, en los diferentes países reproduce las desigualdades tanto al interior de los países como entre ellos mismos, en algunos más, en otros menos.

Dicha desigualdad se reproduce fundamentalmente debido a las diferencias de capitales culturales y económicos de las familias y se materializa de disímiles formas, por ejemplo, en términos de nivel socioeconómico, rural vs urbano, espacio socio-geográfico, si el alumno tiene procedencia étnica o es inmigrante, etc.

Es por ello que los resultados, y por ende las trayectorias educativas de los alumnos, serán desiguales producto de que los sistemas educativos se encuentran y son parte de la sociedad, es decir, si en un país los marginados o los que poseen menor capital cultural son las comunidades indígenas, lo más probable (y esto lo avala la evidencia) es que ellos sean los que se encuentren en las peores escuelas y por lo mismo obtengan los peores resultados académicos. Cosa aparte es que el sistema educativo promueva o genere mayor desigualdad aún, como podría argumentarse en el caso chileno.

Cercano a la fecha en que se dictó el seminario, la presidenta Bachelet daba a conocer un anuncio que viene a cumplir una promesa de campaña: gratuidad en el sistema de educación superior.

¿Qué tienen que ver ambos hechos? Lamentablemente, y esa es una de las tesis que quiero sostener en esta columna, es que si bien la gratuidad en la educación superior es un avance en materia de justicia social y obtención de un derecho social, ésta no solucionará el problema que, según palabras de la propia Presidenta y del –entonces- ministro de Educación, intentan solucionar, que es la desigualdad socio-educativa.

La experiencia y la evidencia recolectada por los estudios sociológicos desde la década del 60, da cuenta que ante la masificación del acceso a determinados niveles de vida o bienes, en este caso, ante los niveles de logro en trayectorias educativas (alcanzar determinados niveles esperados en el sistema educativo, por ejemplo: obtener cuarto medio, ingresar y egresar de la universidad, etc.) éstos, que antes eran valorados socialmente pierden su valor y nuevos niveles –cuyos accesos son restringidos y desiguales– aparecen como los valorados y permiten la distinción.

A modo de ejemplo, en Chile, la ley de enseñanza media obligatoria y el CAE dictados durante el Gobierno de Lagos permitieron aumentar el acceso y cobertura en educación superior pasando de tener 604.000 mil estudiantes (38,3% aproximado) a contar con más de 1.200.000 estudiantes aproximadamente (51,2% del universo posible).

Si bien la demanda por gratuidad apunta hacia el no endeudamiento y posicionarla como un derecho social en donde no existan desigualdades, actualmente las desigualdades operan según el tipo de universidad al que se accede (no es lo mismo ingresar a la Universidad de Chile o Católica que a una de bajo prestigio), a la carrera (no es lo mismo en términos simbólicos -valoraciones sociales, subjetivas en base al prestigio u otros elementos- y de inversión entrar a medicina, derecho o ingeniería a filosofía, arte o antropología) o en términos de pos grados, quienes finalmente se encuentran realizando la mayor distinción social actualmente: frente a dos ingenieros egresados de universidades similares pero uno con un pos grado y otro no, la probabilidad de encontrar un buen trabajo será mayor para el ingeniero con postítulo.

La promesa de gratuidad en educación superior claramente aumentará la gran masa de estudiantes que acceden a la educación superior, específicamente a la universidad, y la constituirá en un derecho social, pero eso no impedirá que se reproduzcan las desigualdades que no puede combatir el sistema educativo, ya que, en el caso del capital simbólico (prestigio en términos simples) de las universidades no depende netamente de los esfuerzos de éstas para obtenerlo, sino que del peso histórico de la universidad, de la valoración social y laboral que tienen determinadas carreras, o de otros mecanismos que genera el mismo sistema.

Es en este punto en donde se materializa el dictamen que realiza Dubet, en tanto que sigamos poniendo las esperanzas en el sistema educativo, éstas seguirán reproduciendo las desigualdades y contradicciones sociales. Ello, nos lleva a señalar, por un lado, que la promesa de gratuidad en la educación superior tan solo la posicionará como un derecho, pero no logrará disminuir las desigualdades, ya que se mantendrán algunas y se generarán otras, persistiendo la reproducción social de clases. Por otro lado, a preguntarnos acerca de salidas ante este callejón que aparentemente aparece sin salida.

Para encontrar la salida nuevamente recurriré a Francois Dubet. En la mencionada charla, él llamó a esforzarnos por quitarle el monopolio del éxito tanto a la escuela como a la universidad, es decir, si alguien falla en ambas instituciones, que su vida no se vea condenada sino que tenga alternativas.

Esta reflexión se está llevando a cabo en países más avanzados en donde se busca disminuir la desigualdad en los resultados, es decir, buscar la forma en que en el mercado laboral quien no tenga estudios universitarios, no se encuentre condenado a la pobreza.

¿De qué manera logramos esto? Una salida o una manera de lograrlo es por medio de la educación técnica. Necesitamos -con urgencia- valorizar, reformar el sistema y reimpulsar la educación técnica profesional.

Un buen indicio fue la creación de 15 centros de formación técnica estatales, pero es necesario regular la cantidad de institutos profesionales y CFT que hay en el país y que no se tiene certeza acerca de la calidad que entregan.

Eliminar la PSU para el ingreso de estudiantes, que formen alianzas de trabajo con los colegios TP, y que se fijen márgenes de ganancias entre los sueldos de un profesional y un técnico. Todas estas medidas son imprescindibles y, a juicio personal, previas a la gratuidad en la educación superior.

De esta manera, como sociedad estaremos intentando dar otras oportunidades a las personas que no quieren o fracasan en el sistema educativo tradicional (escuela y universidad), y al mismo tiempo, comenzando a dar la discusión acerca de una igualdad de resultados.

El Chile de hoy en día es innegablemente distinto al que se recibió una vez terminado el período de la dictadura militar. Esto uno lo puede observar en el crecimiento mantenido del PIB per cápita, disminución de la pobreza, mayores accesos a educación superior, evolución en el Índice de Desarrollo Humano, etc.

A pesar de lo anterior, aún no ha podido solucionar uno de los mayores problemas que posee desde tiempos de la Colonia: la brutal desigualdad existente. Sin ahondar en demasía, y tomando los casos ocurridos hasta la fecha (caso farmacias, pollos, la polar, financiamiento de la política, lucro en la educación, etc.), podríamos decir que la sociedad chilena ha demostrado su malestar en el abuso cotidiano que se vive a diario, en la codicia y usura de las élites gobernantes, en que no todos somos iguales ante la ley, y en otros casos.

Sobre estos temas, el último informe de desarrollo humano se hace cargo señalando que, fundamentalmente a partir de las protestas de año 2011 se ha configurado en Chile un proceso de politización, en donde es innegable que actualmente se cuestionen ciertos elementos, acuerdos básicos que se encontraban naturalizados.

La discusión en la vida cotidiana de las personas sobre el cómo, cuando y que cambiar o cuestionar, se ha vuelto relevante. Esto es lo que el informe de desarrollo humano llama como “proceso de politización”, es decir, transformar en una discusión política, cotidiana y pública, algo que antes no lo era, cuestionando elementos o consensos naturalizados.

Esto se traduce en datos relevantes como que el 61% de los chilenos considera que hay que realizar los cambios de manera inmediata, mientras que para el año 2004 esta afirmación congregaba tan solo un 37% de las respuestas, o que ante la pregunta ¿qué es más importante para Chile? un 56% señala que hay que cambiar las cosas existentes y solo un 21% piensa que hay que cuidar las cosas buenas que se tienen.

Es decir, estamos ante una ciudadanía que se siente pasada llevar por las clases más privilegiadas, pero que está abierta a la discusión de cambios estructurales (incluyendo la posibilidad de disputar el poder a las élites) ya que considera que el momento en el que estamos es un tiempo de oportunidades.

Ahora bien, si en Chile existe una mayor disposición a cuestionar ciertas estructuras y consensos que antes eran incuestionables, el informe de Desarrollo Humano también señala que se observa una dificultad para llevar a cabo un vinculamiento activo con las demandas que ellos identifican; es decir, se observa un quiebre en la discusión y la identificación de la necesidad de cambio con realizar acciones específicas (organizarse, asistir a manifestaciones, militar en partidos políticos, asistir a votar, etc.), tanto a un nivel ciudadano o no institucional, como a un nivel institucionalizado.

Esto se evidencia en que solo un 35% estaría dispuesto a participar de una organización, un 45%  ir a votar, y tan solo un 20% a pagar más impuestos. Hay que ser claros, en el informe se muestra que la forma en que se vincula esta nueva politización es por medio del “estar informado” o adhesión a causas pero que no necesariamente esto se traduce en un acción política propiamente tal.

Ante este panorama problemático y contradictorio el informe no entrega una reflexión clara, y es hacia donde quiero apuntar con esta columna.

Esta escisión entre una creciente politización y la disposición a la actividad política (realizar las acciones políticas) tiene que ver con tres factores.

1) Las condiciones materiales para llevar a cabo una actividad política en estos momentos no se encuentran, es decir, la falta de tiempo producto del trabajo (u otras acciones e intereses), sumado a la percepción de ausencia de instancias democráticas (aspecto que da cuenta el informe); ambas dimensiones imposibilitan a las personas a tener una disposición a la actividad política.

2) Es importante considerar que lo social es relacional, y que por ende, actualmente la política es un aspecto más dentro de un “mercado” de posibles acciones para las personas. El informe, observa el tema de la politización sin relacionarlo con otras esferas que la sociedad chilena puede valorar mucho más; un claro ejemplo de esto son los datos sobre las valoraciones de los jóvenes que entrega la séptima encuesta nacional de juventud, en donde sólo un 19%  valoran  la política como un aspecto importante en sus vidas, mientras que el 98% considera vital a la familia, el 93,6% el tiempo libre, y el 88,1% a sus amigos.

Si bien esta es una encuesta para jóvenes, no deja de ser puesta en el análisis a la hora de intentar entender los motivos de la contradicción evidenciada en el informe de desarrollo humano.

3) El desprestigio de lo institucional y de las organizaciones en Chile claramente ha de tener un impacto en la disposición a participar en la actividad política. Esto último sí es abordado por el informe pero no en relación con la contradicción que abordo en esta columna. El desprestigio de la política viene a ser producto del abandono de ésta (la institucionalidad política: gobierno, partidos políticos, empresarios) con la gente, y ahora aún más cuando se constituyen como una imagen más del abuso de las élites hacia la ciudadanía.

Entonces, para entender la contradicción que da a conocer en el informe de desarrollo humano entre el proceso de politización y la acción política (es decir, pasar de las palabras a los hechos como se dice popularmente), se hace necesario tener en cuenta estos tres factores mencionados anteriormente.

A su vez, esto plantea un desafío como sociedad, ¿podemos como país generar condiciones materiales para la práctica de la acción política?

¿De qué manera podemos re-valorar la política y que ésta pueda tener una mayor valoración en la vida de los chilenos?

¿Cómo se vuelve a prestigiar a la vía institucional u organizacional para que la gente tenga disposición a participar?