Somos herederos de una doctrina nacida hace más de 70 años de historia de Chile con la Falange Nacional y a más de 50 años de la Democracia Cristiana. Nuestras raíces se fundan como respuesta a las corrientes socialistas marxista e individualistas conservadoras que corrían en el siglo XIX, inspirados por el mensaje evangélico del amor al prójimo. Somos un partido personalista, que nos obliga a respetar la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Todos nuestros esfuerzos y acciones deben considerar al ser humano como el fin.

Detrás de esta definición surgen varias  responsabilidades asociadas, por ser un partido que además tiene una convicción de poder, comprendiéndolo, con llevar sus principios a la práctica pública y el desarrollo del país.

La mirada del aborto sería sesgada si se mira al niño como un elemento único a considerar en este tema. La madre merece de nuestro reconocimiento, las mujeres necesitan de nuestro acompañamiento y compromiso social. El Estado y la Sociedad debemos ser responsables de llevar adelante este embarazo, por protección a ella y al niño que está por nacer.

En la actualidad y es correcto, en caso de enfermedad grave que ponga en peligro la vida de la madre embarazada, el médico debe intervenir para salvar la vida de la madre y ello no es aborto si lamentablemente se produce la muerte del feto.

La acción política de la Democracia Cristiana desde su fundación declara ser comunitarita, “comunidad es una común unidad de afectos, objetivos, tareas y valores compartidos”. Un Partido con aquella visión, no puede participar en una temática tan relevante con respuestas nacidas de una convicción personal. Debemos respetar nuestros principios a los cuales todos los militantes hemos adherido de manera voluntaria.

Por respeto a los cientos de militantes que hoy conforman nuestro partido, nuestros representantes deben estar convencidos que actuar en comunidad no significa coartar la libertad de nadie, sino que respetar los acuerdos que definimos como centrales para construir el país, por respeto a la sociedad.  Se trata de una coherencia entre lo que decimos proponer para construir Chile y como llevamos nuestras prácticas para alcanzarlo, sencilla convicción de fuerza comunitaria.

Nos hemos caracterizado por la defensa de los Derechos Humanos siempre y en todo lugar.La Convención Americana de Derechos Humanos declara que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” señalando que  “estará protegido por ley, a partir del momento de la concepción”. Y como somos personas llevamos adelante nuestros valores en pensamiento y acción, tenemos esperanza que al momento de la votación, nuestros parlamentarios democratacristianos tengan presente estas reflexiones por sentido de responsabilidad y coherencia.

Tenemos la convicción y confianza en tantos camaradas alrededor de Chile para que nuestra discusión sea producto de una convicción doctrinal y de principios por los cuales estamos y somos parte de nuestro partido. “Nadie es mas grande que el Partido” declaró Radomiro Tomic.

Co autor del artículo,Víctor Ramírez, Presidente de la JDC de Peñalolén. Coordinador de la Pastoral Juvenil Parroquia San Roque, de la misma comuna.

Con ello se avanza decisivamente en la concreción de ese anhelo por tantos años perseguido de que nuestros compatriotas puedan participar en la definición de los destinos del país, no importando el lugar donde residan, lo que contribuye a la ampliación de nuestra democracia y a la efectividad del derecho a sufragio que contempla la propia Carta Fundamental.

Conseguir este preciado objetivo, sin embargo, ha conllevado un largo camino y mucha perseverancia.

Más de 22 años han trascurrido desde que el entonces diputado Carlos Dupré presentara en 1991, luego de la restauración de la democracia, el primer proyecto de ley para regular el voto de los chilenos en el exterior.Dicho proyecto no obstante aprobarse en la Cámara de Diputados en 1994, fue objeto de objeciones de constitucionalidad en el Senado.

El año 2000 se presentó una indicación sustitutiva a dicho proyecto por parte del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, cuando ejercí como Canciller, que se hizo cargo de todas las observaciones de constitucionalidad.

A pesar de ello este proyecto no contó con el apoyo necesario de los senadores de la Alianza para conseguir su aprobación.

Con posterioridad se presentó otro proyecto de ley por parte de la diputada Isabel Allende el que contó con el apoyo de los Gobiernos del Presidente Ricardo Lagos y de la Presidenta Michelle Bachelet. Dicho proyecto fue votado en la Cámara de Diputados no consiguiendo la mayoría necesaria de los 4/7 de los diputados en ejercicio por la abstención o rechazo de los diputados de la Alianza.

Una nueva iniciativa legal presentó, entonces, la Presidenta Michelle Bachelet, sin conseguir el apoyo necesario por parte de los parlamentarios de la Alianza para su aprobación.

Al asumir su cargo, el Presidente Sebastián Piñera se había comprometido a legislar a favor del voto de los chilenos en el exterior. Sin embargo las iniciativas que presentó su Gobierno condicionaban el ejercicio del voto de los chilenos en el extranjero a la demostración de un vínculo.

Ello se expresaba en una reforma constitucional que consagraba este derecho sólo a quienes mantuvieran vínculos con Chile y un proyecto de ley que definía ese vínculo en términos de circunscribir el derecho a sufragio sólo a los chilenos que se encuentren o estén residiendo temporalmente fuera del país y que dentro de los últimos ocho años hayan permanecido dentro de Chile por un período continuo o discontinuo de a lo menos cinco meses.

Ello implicaba reconocer un derecho limitado y condicionado a viajar regularmente a Chile, exigencia que rechazamos desde la oposición.

En estas circunstancias, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre inscripción automática es que el Gobierno se comprometió a legislar a favor del voto de los chilenos en el exterior con el sólo requisito que nuestros compatriotas se inscribieran en los consulados.

A partir de entonces insistimos reiteradamente al Gobierno en la necesidad que enviara dicho proyecto de ley. Incluso con la senadora Isabel Allende le solicitamos el patrocinio para una moción parlamentaria que habíamos redactado sin lograr resultados positivos.

Es en este marco que junto con el senador Patricio Walker y la senadora Isabel Allende presentamos un proyecto de reforma constitucional para asegurar el voto de los chilenos en el exterior por el sólo hecho de encontrarse inscritos en los registros que mantendrían los consulados.

En la discusión de esta iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado logramos por fin conseguir el necesario acuerdo político con los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín,que han permitido la aprobación de este proyecto en el Senado.

Uno de los elementos más destacables de esta iniciativa es que se consagra el derecho al voto de los chilenos en el exterior por el sólo hecho de solicitarlo al Servicio Electoral. Ello tiene la virtud que una vez aprobada esta reforma constitucional no podrá condicionarse el ejercicio del derecho a voto a ninguna clase de vínculo.

Por supuesto que hubiésemos deseado, como lo planteamos en la moción original, que el derecho a voto de los chilenos en el exterior no sólo se ejerciera respecto de las elecciones presidenciales(incluidas las elecciones primarias) y los plebiscitos nacionales, sino que también se pudiese ejercer en las elecciones parlamentarias, pero tenemos que valorar el enorme paso que significa que las elecciones del pasado domingo sean, como esperamos, las últimas que se realicen sin la participación de nuestros compatriotas que residen en el exterior.

En la aprobación de este proyecto ha sido decisiva la larga lucha dada por las organizaciones de chilenos que residen en el exterior por revindicar su derecho a participar en la definición de los destinos de su patria.

El domingo que recién pasó asistimos a una jornada electoral ejemplar que se coronó con el gran triunfo de la Presidenta electa Michelle Bachelet. Sin embargo, a todos nos ha preocupado el alto nivel de abstención electoral.

En este sentido resulta simplemente inentendible que algunos todavía rechacen la idea de ampliar la participación electoral, permitiendo que lo hagan nuestros compatriotas que residen en el exterior.

Esperamos que se siga tramitando con el mayor sentido de urgencia esta reforma constitucional aprobada en el Senado y que luego se pueda despachar rápidamente la Ley Orgánica Constitucional, para que también podamos oír la voz de nuestros compatriotas que viven en el extranjero. Chile somos todos.

¿A qué viene la historia? Que el derecho a votar, por muy voluntario que ahora sea su ejercicio, es una conquista que a las clases medias, mujeres, campesinos y obreros les tomó décadas y décadas alcanzar.

Más aún cuando lo perdimos en septiembre de 1973, hubo cientos de miles de chilenos y chilenas que hicieron toda clase de sacrificios para recuperarlo.Recuerdo todo esto porque este domingo nos volveremos a reencontrar con esta historia de civismo y democracia. Debemos asistir a esa cita con el alma de Chile.

Cuando vamos a votar declaramos que nos sentimos parte de Chile y de su destino.Nos sentimos hijos de una tierra que nos vio nacer y que nos verá morir.Nos sentimos parte de una comunidad política que integra no sólo a los actuales 17 millones de chilenos, sino que también a generaciones pasadas que tanto hicieron por Chile.

Aún más, cuando votamos declaramos que nos sentimos parte del destino de las nuevas generaciones que están por venir, y que queremos que nazcan en un Chile mejor que el que recibimos.Votar es sentirse parte de Chile.

Cuando votamos tomamos parte de las decisiones de nuestra patria.Así elegimos a los representantes del pueblo que determinarán qué hacer con el Estado que la nación chilena se dio.

Mediante el pago de nuestros impuestos se construyen y administran escuelas, liceos, consultorios, hospitales, autopistas, puertos y aeropuertos.Al votar tomamos parte de esas decisiones que son centrales para millones de chilenos, particularmente los más pobres.

Cuando votamos nos reconocemos como ciudadanos.No sólo porque ejercemos un derecho, sino que además cumplimos con un deber. Ese deber se llama dignidad cívica, pues los chilenos y chilenas siempre nos hemos caracterizado por no aceptar dominio extranjero ni sometimiento a un rey o tirano.Así lo declaró Alonso de Ercilla viendo al pueblo mapuche luchar.

Cuando votamos le exigimos a nuestro gobierno, congreso, administraciones locales y gobiernos regionales que se esfuercen más y mejor por sacar adelante este país. Si no lo hacemos, nuestro silencio será interpretado de mil maneras.

Los que hace un año no votaron por alcaldes en sus comunas, hoy ven que las autoridades electas ejercen plenamente sus facultades, como si hubiesen sido elegidos por todos.No votar y quejarse después no es cosa seria.

Cuando votamos expresamos lo que somos. Incluso perdiendo, hay un mensaje que dejamos.

Votamos por la continuidad de una coalición de gobierno o por su reemplazo.Por una determinada concepción de la vida y de la sociedad. Decimos que tal candidato nos representa en sus valores o programa.

Anulamos porque no nos gusta ninguno y estamos descontentos con las alternativas ofrecidas.

Votamos en blanco declarando que apoyamos a quien sea electo. Pero hay un mensaje que dejamos. El silencio de la abstención nada dice.

Cuando votamos elegimos las ideas o partidos que nos gustan o, a lo menos, evitamos que nos gobiernen los que rechazamos. Aún en el caso que no nos represente nadie a cabalidad, siempre sabemos quienes definitivamente no queremos ver gobernando al país, región o comuna.Hay veces que votamos para expresar nuestro rechazo; pues bien, no siendo lo ideal es una expresión de voluntad que puede impedir males mayores.

Eso es infinitamente mejor que quedarnos de brazos cruzados cuando no nos gusta el estado actual de la política.

Cuando votamos les recordamos a nuestros gobernantes que ellos tendrán poder y autoridad sólo porque nosotros lo quisimos así. Además expresamos que aquí en Chile todos valen lo mismo, por lo menos al momento de ir a votar.

Finalmente, cuando votamos le decimos a los partidarios de la violencia que en Chile resolvemos nuestras diferencias pacíficamente, contando qué ejército de ciudadanos y ciudadanas es el más grande, sin recurrir a la fuerza ni al odio para vencer al adversario.

En suma, cuando votamos, volvemos a reencontrarnos con esa patria justiciera que tanto amó y sirvió Gabriela Mistral.

Los tiempos de demora de la justicia penal en investigar y resolver un caso disminuyeron desde 4 a 5 años en promedio a menos de seis meses también en promedio.Hoy todas las audiencias son públicas, salvo contadas excepciones, y los ciudadanos pueden ingresar a ver como se imparte justicia.

Un área donde Chile encuentra múltiples desafíos y urgencias se refiere a la necesidad de modernizar y reformar nuestros cuerpos policiales.

Por cierto antes de cualquier cambio debe reconocerse la gran calidad de nuestras instituciones policiales, las que actúan con altos niveles de probidad y dedicación hacia la comunidad.Sin embargo hay múltiples mejoras que deben incorporares.

Propuestas de cambio para Carabineros de Chile.

1.- Mejorar el sistema de incentivos para el reclutamiento y el proceso de formación policial, entendiendo que la clave de una buena policía pasa por colocar en el territorio al mejor personal disponible, capaz de planificar estratégicamente su trabajo en el barrio, en la comuna; capaz de organizar los recursos disponibles y maximizarlos en conjunto con la comunidad, capaz de recopilar y manejar con detalle las aéreas de conflictos o vulnerables a la criminalidad que existen en cada sector, y ser capaz de desplegar destrezas de mediación y negociación para enfrentar problemas específicos.

Este conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades debiera reflejarse de un modo riguroso en las mallas de formación policial.

2.- Otro aspecto que requiere potenciarse dice relación con la necesidad de especializar al personal policial, evitando que los sistemas de traslados y rotación, dilapiden la experiencia lograda por el personal en una determinada zona o en una determinada función o unidad policial.

3.- Otra área que requiere ser mejorada dice relación con la capacidad de desplegar las energías, recursos y experiencias en función de la problemática criminal específica que se quiere abordar, incorporando conceptos modernos como la persecución penal inteligente.

4.- En la lista de desafíos debe agregarse la necesidad de revisar la estructura de mando y decisiones en el nivel local, aumentando la capacidad de decisión y de identificación de los mandos policiales con la problemática local, lo que en algunos países ha llegado a generar un sistema de policía comunitaria.

5.- Entre los temas urgentes debe aun agregarse la necesidad de revisar la capacidad organizacional y técnica de Carabineros para mejorar su relación de trabajo con la fiscalía, y la calidad y oportunidad de entrega de la información necesaria para respaldar una medida cautelar o bien una petición de condena.

Urge entonces convocar a un gran acuerdo nacional para llevar adelante estas reformas.

Chile lo logró al instalar una reforma procesal penal, hoy es el momento de ampliarlo a la reforma policial.

Esto se suma a una serie de acciones ya acontecidas, en relación a la voluntad de las Partes en acatar lo que disponga la Corte Internacional de Justicia y a una seguidilla de exhortaciones de buena voluntad a distintos niveles de autoridades de ambos Estados,
incluyendo los Cancilleres.

Creemos que es positivo que ambos Estados expresen un firme compromiso de acatar el fallo que emitirá próximamente la Corte Internacional de Justicia y que se espere en un clima de serenidad dicha decisión.

Sin embargo, estamos convencidos de la inconveniencia de bilateralizar compromisos de implementación inmediata respecto al contenido y alcances de un fallo que se desconoce. Ello teniendo presente que este asunto debe examinarse desde una doble dimensión.

La primera, técnica, puesto que, en todo proceso de implementación existen dificultades prácticas, vinculadas a las acciones, tiempos y procedimientos que deberán adoptarse cualquiera que sea la decisión de la Corte Internacional de Justicia y cuyos escenarios, multidimensionales, son complejos y ficticios de adelantar.

En efecto, el proceso de implementación puede exhibir cierta complejidad técnica, la que estará directamente asociada a los detalles que se entreguen sobre coordenadas, delimitaciones y otros asuntos vinculados a los tres principales puntos en discusión.

No existe un procedimiento estándar en plazos y formas ni una modalidad por la cual la Corte acompañe a las Partes en esta fase.

Hecho este alcance jurídico existe una segunda dimensión: la política y que se explica en la agenda inmediata y de mediano plazo que las autoridades deberán acometer para implementar la sentencia.

Es aquí en donde toman lugar acciones a nivel local, que deberán cuidadosamente medirse, programarse y ejecutarse bajo la estricta dirección del Gobierno que ejerza funciones durante la época en que el fallo deba ser mayoritariamente implementado.

En esta fase adquirirán especial relevancia el rol del equipo del Agente, los asesores y expertos internacionales a quienes puedan encargarse esta sensible función político diplomática y los espacios bilaterales que las partes acuerden como necesarios para llevar a cabo este cometido.

Esto significa que, una vez conocido el fallo, los efectos y alcances de su implementación, cruzarán a la presente Administración y será de toda prudencia y rigor entender que la mayor magnitud de las acciones que haya de desplegarse en torno a esta cuestión, tendrán necesariamente desarrollo durante el próximo Gobierno, sin perjuicio de un punto de partida compartido.

Mientras aquello no ocurra, la prudencia indica la inconveniencia de formular declaraciones vinculadas a tiempos procesales, contenidos u otras materias, directamente asociadas al fallo, contribuyendo a un clima de hipótesis, ficciones y supuestos que no contribuyen a una espera serena y deferente con la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia.

En estos tiempos, algunos ven en la reforma al sistema electoral, la vía para descomprimir la tensión social y permitir la incorporación de nuevos sectores políticos y miradas al parlamento.

Otros, como la fórmula para dar cauce institucional a las legítimas demandas sociales que se han ido expresando en el último tiempo, de manera de evitar que sea la calle el lugar en que deban resolverse las razonables diferencias que puedan existir.

Para otros, se trata de una cuestión estratégica, que argumenta legítimamente sacar esta discusión de la coyuntura electoral.

Hay quienes  piensan que representa el fin del enclave autoritario más simbólico que dejó el gobierno militar y por tanto, también la posibilidad de propinarle una derrota a quienes en teoría deberían defenderlo.

Para otros tantos, representa la posibilidad de dejar en evidencia la representación real de las distintas fuerzas políticas, de manera de que las mayorías y las minorías representen efectivamente lo que son.

Para algunos más, se trata de un problema de estabilidad y gobernabilidad institucional, que puede terminar con 23 años de entendimiento pacífico y de diálogo entre las principales fuerzas políticas, que serían los exclusivos y excluyentes garantes de la calidad y representatividad de los grandes acuerdos que Chile necesita.

Otros por su parte, señalan que se trata de una discusión artificial e innecesaria, que no tiene relevancia para la ciudadanía por cuanto no constituiría una preocupación para ellos.

Sin embargo, la responsabilidad del Senado y del Congreso Nacional en su conjunto, es acordar que las consideraciones en juego van muchísimo más allá de las naturales consecuencias electorales asociadas a una decisión de esta naturaleza para las distintas fuerzas políticas y para la suerte electoral de los distintos parlamentarios.

Se trata entonces, de comprender en este particular momento de nuestra historia, que nuestra función natural de representantes y mandatarios de la ciudadanía, es consustancial a la responsabilidad de tomar decisiones políticas en los momentos y oportunidades que corresponden. En eso precisamente consiste el mandato que la ciudadanía nos otorga.

Por ésto, el primer gran paso que ha dado el Senado es especialmente trascendente, ya que justamente ha ido más allá de lo que significa o simboliza esta reforma para cada uno.

Lo que se ha compartido, es un diagnóstico general respecto a que ha llegado el momento de repensar y reformar de una vez nuestro sistema electoral, más allá de las legítimas cuestiones estratégicas que se puedan presentar, las que en ningún caso pueden llevarnos al inmovilismo y a detener cualquier avance que se pueda lograr camino hacia una reforma profunda y representativa.

Así, lo que discutimos este martes en el Senado fueron principios y debimos fijar posición respecto a la “necesidad de reformar el sistema electoral”, de manera de que será la historia, desde este martes, la que constatará fielmente cómo actuaron unos y cómo actuaron otros en este particular momento de cambio que vive el país.

La necesidad de realizar cambios sustantivos al sistema electoral, implica necesariamente eliminar el número de 120 diputados que establece la Constitución, ya que constituye una barrera constitucional que impide efectuar los cambios legales que pudiesen ser necesarios cuando entremos a la discusión política y por tanto, a los niveles de proporcionalidad que se requieran introducir al sistema.

Tal discusión, debe apuntar a dar mayor representatividad, proporcionalidad, y competencia al sistema, manteniendo la gobernabilidad y estabilidad que ha caracterizado al país desde el retorno a la democracia.

Por último, felicito a los senadores que han concurrido con su voto a aprobar esta reforma constitucional, respetando las legítimas cuestiones de fondo que se han planteado para la discusión en particular del sistema, como también, me alegro profundamente, que se haya compartido el diagnostico mayoritario, respecto a que nuestro sistema electoral cumplió un ciclo y exige de una reforma seria.

El trabajo iniciado por la ex Presidenta Michelle Bachelet y concluido por este gobierno, en orden a crear una institucionalidad pública de máxima jerarquía para el deporte, debe ser apreciado como una tarea de Estado y que por lo tanto, compromete el esfuerzo de todos, sin ninguna clase de distinción.

En tal sentido, cómo seguimos adelante, hará la diferencia entre la posibilidad cierta de dar un salto cualitativo histórico para el deporte nacional, o permanecer indefinidamente en el empantanamiento, transformando en los hechos a esta nueva cartera en una estructura de papel.

Por tal razón, no puede caber duda que el ministerio del Deporte es una gran contribución a los desafíos institucionales que presenta el deporte, sin embargo, insuficiente para provocar por sí solo las transformaciones que nos permitan pensar en la excelencia y en saldar nuestra deuda con los deportistas y con los buenos dirigentes.

Para afrontar de manera integral las tareas pendientes, se debe dotar de vida a dicha estructura institucional, mediante el establecimiento de las condiciones objetivas que permitan a los deportistas dedicarse sin miedo a la práctica, donde lo único que importe sea su talento y a los dirigentes, realizar su trabajo bajo un marco institucional moderno, eficiente y transparente.

Llevar a cabo lo anterior, dependerá de la capacidad que tengamos de ponderar adecuadamente el impulso deportivo que vive el país con la aprobación del ministerio del Deporte, la organización de los Juegos Odesur 2014, las recientes medallas obtenidas por nuestros deportistas, entre otros por el Bicampeón Mundial paraolímpico Cristián Valenzuela Guzmán, la postulación de Chile a los Juegos Panamericanos del año 2019 y la urgencia que el gobierno le dio a la discusión del proyecto que modifica y moderniza el funcionamiento de las Federaciones Deportivas.

En la misma dirección, la pronta aprobación de este último proyecto, que presenté hace más de tres años al Senado, que entre otros objetivos,  propone transparentar el funcionamiento financiero de las federaciones deportivas, permitir a los deportistas ser sujetos de crédito, que los dirigentes se ciñan exclusivamente a criterios técnicos para seleccionar a los deportistas a las competencias internacionales, como también, que perfeccionen sus habilidades en materia de gestión y administración deportiva, en otorgar derecho voz y voto a los deportistas en las decisiones de sus federaciones y en crear una instancia disciplinaria amplia, profesionalizada e imparcial, constituye un imperativo estratégico de primer orden para realizar una reforma integral al deporte y no desperdiciar este impulso.

En este histórico momento para el deporte nacional, recuerdo cuando miraba con incredulidad el sueño que mi padre se atrevió a perseguir con otros notables dirigentes, uno que parecía imposible para un país pequeño y aislado como el nuestro: organizar un Mundial de Fútbol en Chile.

De esa gesta heroica para el deporte nacional, propiciada por dirigentes decididos y cristalizada por deportistas excepcionales, ya han pasado más de 50 años.

Por esto, enfrentados a otro momento histórico para el deporte de nuestro país, se requiere retomar el espíritu de esos gigantes e ir a buscar el resultado que soñamos para el deporte nacional, el cual, afortunadamente, depende de nosotros.

Dicha acción, puso en el centro del debate nacional, la necesidad de legislar con prontitud a fin de sancionar cualquier acto de discriminación.

Pese a ello, en nuestra legislación aún subsisten aspectos discriminatorios, que atentan contra principios básicos de toda sociedad como es la igualdad ante la ley.

Un ejemplo de aquello, es el actual artículo 255 del código civil que dispone que corresponderá exclusivamente a la madre, el cuidado personal de los hijos en aquellos casos que los padres vivan separados.

Esta odiosa discriminación en perjuicio de los padres, supone una sociedad que no es la actual. En esta disposición, subyace la imagen del padre proveedor de recursos y alimentos, y la madre dueña de casa que por ese solo hecho, es quien mejor puede cuidar a los hijos.

Este dogma de épocas pasadas, no puede estar más alejado de la realidad, pues día a día y con mucha fuerza, las mujeres nos hemos integrado al mundo laboral; por otra parte, hay miles de papás que claman responsablemente hacerse cargo de sus hijos.

De ahí la importancia del proyecto de ley -despachado la semana pasada por la comisión mixta y que espera su aprobación final por ambas cámaras durante estos días- que tiene por fin “proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados”.

Este proyecto aborda quizás una de las dificultades más grandes que debe soportar un menor, como es, la separación de sus padres.

Además de la carga emotiva que dicha decisión pueda acarrear –por legítima que ésta sea- muchas veces la discusión se centra en aspectos que buscan asegurar el bienestar del padre o de la madre, y no de quien debiera ser la principal preocupación: el hijo o hija en común.

En ocasiones los hijos o hijas se transforman en verdaderos “botines de negociaciones” para conseguir recursos so pena de limitar la visita y el contacto personal con su padre.

Es así que este proyecto de ley se ha construido sobre la base de dos pilares que creo fundamentales: el primero, que cualquier acuerdo o decisión debe tener como fin el interés superior del niño, esto es, que el foco de preocupación es el menor y no el interés de los padres.

El segundo pilar, es el de la corresponsabilidad parental, es decir, que ambos padres tienen un conjunto de derechos y deberes respecto de sus hijos, los que deben ejecutarse conciliándose con la vida familiar y laboral.

En otras palabras, serán igualmente responsables del cuidado y crianza de su hijo o hija, aunque estén separados, pues aunque resulte una obviedad, los adultos podrán separarse, pero continuarán por siempre, siendo el padre y la madre del menor.

Otro aporte importante de este proyecto, es que pone como primera opción la posibilidad de lograr un acuerdo entre los padres, permitiendo con ello que los niños logren una vida tranquila y armoniosa en una relación sana con sus progenitores.

Igualmente se establece un catálogo de criterios para que el juez pueda definir y cambiar al titular del cuidado, cuando el interés superior del niño así lo requiera.

Este interés superior como concepto rector de la ley, y la necesidad de adecuar nuestra normativa ajustándola tanto a convenios internacionales ratificados por Chile, como a la realidad de las parejas y niños chilenos, nos obligan a mirar de una forma menos conservadora y prejuiciada, las relaciones de familia en nuestro país.

Por ello es que deseo hacer un llamado los senadores y diputados, a que avancemos y despachemos a la brevedad este proyecto, por el bien de nuestros niños y niñas.

Aprovechemos igualmente como parlamento, de dar un bonito regalo a los padres de Chile, ahora que se acerca el día en que los celebramos.

Partamos por referirnos en primer lugar al Tribunal Internacional que conoce de este caso. Se trata de la Corte Internacional de Justicia que es el órgano de justicia principal que contempla la Carta de las Naciones Unidas y está compuesta por magistrados de los diversos sistemas jurídicos y políticos existentes en el mundo.

Nuestro país ha sido demandado ante dicha Corte por el Perú, invocando disposiciones del Pacto de Bogotá que le permiten demandar en forma unilateral a otro Estado ante el señalado tribunal internacional.

Perú, invocando disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, a título de derecho internacional consuetudinario (ya que aún no ha ratificado la CONVEMAR) ha solicitado a la Corte que ella trace el límite marítimo entre ambos países aplicando una línea equidistante.

Además ha solicitado que la Corte reconozca y declare que Perú posee derechos soberanos exclusivos sobre un área marítima situada dentro de las 200 millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y plataforma continental de Chile. Se trata ésta de una zona de alta mar adyacente a la zona económica exclusiva chilena. En sus presentaciones Perú ha aludido a esta zona como el triángulo exterior.

Para fundamentar esta demanda, Perú ha desconocido la existencia del límite marítimo existente entre nuestros dos países y que es el paralelo que pasa por el Hito N° 1. Esta posición de Perú es, sin embargo, relativamente reciente, ya que hasta el año 2000 había reconocido dicho límite marítimo. Sólo a partir de entonces comienza a sostener que no existe un límite marítimo entre nuestros dos países.

Los días lunes y martes de la semana pasada asistimos a un decidido esfuerzo por parte de destacados juristas internacionales que alegan por Perú ante la Corte para construir un relato coherente y convincente de su posición.

El gran problema es que para sostener su posición, Perú tiene que hacer un ejercicio consistente en tomar diversas disposiciones o referencias aisladas de los distintos tratados internacionales y normas aplicables para darles una interpretación que se acomode a su actual posición.

Chile, por su parte, el jueves y viernes de la semana pasada, ha hecho una presentación sólida, convincente y contundente que demuestran la existencia de los límites marítimos entre Chile y Perú y también entre Perú y Ecuador, mediante los Tratados Internacionales de 1952 y 1954, que tuvieron como antecedentes las proclamaciones coincidentes de ambos países de 1947.

También se ha referido a las Actas y actos de 1968 y 1969 que materializaron en terreno el límite marítimo que pasa por el Hito N° 1. Asimismo ha demostrado la existencia de la práctica extendida por varias décadas entre nuestros dos países en ejecución del límite marítimo definido por estos tratados y el reconocimiento de esta delimitación marítima por la Comunidad Internacional.

En sus alegatos Chile ha invocado los principios de interpretación de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que señalan que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya que atribuirse a los términos del mismo en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

Esta semana asistiremos a la segunda ronda de alegatos por parte de ambos países.Luego la Corte comenzará a deliberar para emitir un fallo que se estima podría emitir a mediados del próximo año.

Estamos seguros de la solidez de nuestros argumentos que se fundan en la necesidad de cumplir lo pactado (pacta sunt servanda),lo que encontrará acogida por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Lo anterior, encuentra su máxima expresión en los servicios de call center, los cuales, no sólo carecen de una regulación especial que obligue a las empresas al cumplimiento de determinados estándares al momento de proporcionar dicho servicio, sino también, los trabajadores de dichas empresas se encuentran en la más absoluta desprotección y no cuentan con un estatuto laboral especial que regule tan extenuante actividad y que por lo tanto, redunden en una mejor atención a los consumidores.

En tal dirección, y con el propósito de continuar dotando a la ciudadanía de herramientas que permitan una relación de mayor equilibrio con las grandes empresas, nos ha parecido importante, junto al Presidente del Senado, senador Camilo Escalona, presentar dos
proyectos de ley.

Uno, actualmente en la Comisión de Economía del Senado, destinado a regular la calidad de los servicios de los sistemas de intermediación de estas empresas con sus clientes, específicamente en lo que se refiere a la nebulosa que se genera entre el contacto telefónico del consumidor y los tele-operadores, incorporando entre otras medidas: atención las 24 horas del día, los 365 días del año sin costo; contacto personalizado con un agente telefónico, excluyendo a los contestadores automáticos como mecanismo exclusivo de contacto; tiempo de espera máximo de 60 segundos desde que se marca el número; asignación de número de atención para evitar repetir la información a uno y otro agente telefónico si es que se corta la llamada, como también, una acción de perjuicios por atención telefónica deficiente.

Asimismo, incorporamos una prohibición para las empresas, sea que posean o no servicio de call center, para efectuar llamadas residenciales o a celulares si es que no han sido expresamente autorizados por los propietarios de las líneas telefónicas, de manera de evitar las molestias de las llamadas incesantes de algunas empresas.

El otro proyecto que hemos presentado, actualmente en la Comisión de Trabajo del Senado, pretende regular las condiciones de trabajo en que estos trabajadores se desempeñan, quienes carecen de un estatuto laboral especial que pueda aliviar el estrés severo al que se ven sometidos, las complicaciones psicológicas que les afectan, como también, las condiciones de trabajo que atentan con el más elemental sentido de la dignidad, por ejemplo, al momento de lidiar con las restricciones para satisfacer sus necesidades biológicas e higiénicas.

Por estas razones, junto con informar sobre estos proyectos de ley que he presentado junto al senador Camilo Escalona, aprovecho de hacer un llamado al gobierno para que les dé urgencia y podamos seguir el ejemplo de gran parte de Europa o Brasil, que ya cuentan con una legislación avanzada en la materia. Europa desde el año 2006, a través de la Directiva 2006/123/CE del 12 de diciembre y Brasil, desde el año 2008, a través del Decreto Nº 6.523 del 31 de julio del 2008.

Así, podremos mejorar la calidad de vida de millones de chilenos y las condiciones laborales de otros miles.

En efecto, las grandes ciudades chilenas han crecido hasta convertirse en metrópolis de compleja dirección.Existe un sinnúmero de autoridades de distintos niveles que intervienen en su administración, las que no necesariamente dirigen su accionar como un todo integrado y estratégico para lograr ciudades sustentables e integradas.

En la Región Metropolitana, a más de 34 alcaldes se suman las direcciones regionales y nacionales de diversos servicios, además de las permanentes decisiones ministeriales y la intervención de la intendencia regional, que con facultades modestas no se focaliza en la ciudad sino en toda la región.

Sin embargo, no existe institucionalidad alguna a escala metropolitana intercomunal.La fragmentación de los espacios de decisión favorece formas inorgánicas e igualmente fragmentadas de intervención. Esto reduce las políticas urbanas a una sumatoria de programas sectoriales. Las decisiones reales se toman en instancias comunales, regionales o nacionales, pero las decisiones de mayor impacto se dan en ámbitos intercomunales.

Proyectos como “Costanera Center” son un claro ejemplo. Las principales decisiones sobre el proyecto se dieron a nivel comunal y nacional. El municipio correspondiente otorgó los permisos de edificación, y la autoridad nacional puso condiciones. Pero el verdadero ámbito de decisiones debió haber estado en la ciudad.

Este vacío hace extraordinariamente difícil desarrollar políticas integrales y promover la redistribución del gasto público.También en buena medida explica por qué no se ha logrado abordar en propiedad las grandes deficiencias de nuestras ciudades, como la contaminación del aire, la alta segregación espacial y residencial, la congestión vial o fenómenos de transformación urbana y densificación en altura como el Costanera Center.

Este no es un tema sólo de la capital. No sólo Santiago sufre la ausencia de una verdadera conducción metropolitana-intercomunal. Similar situación enfrenta el complejo Valparaíso-Viña-Con Con, así como el área de Concepción-Talcahuano-Hualpén-San Pedro.

En definitiva, claramente, los desafíos y problemas de la ciudad están adquiriendo una dimensión que no se corresponden con la institucionalidad actual.

Lo he dicho antes, y lo repito ahora: se requiere de una instancia a nivel metropolitano que pueda asumir el rol de autoridad coordinadora multinivel y multisectorial con capacidad de proyectar, articular y dirigir políticas y proyectos a nivel intercomunal, a través de una planificación estratégica con visión de largo plazo.

En otras palabras, se requiere un gobierno propiamente urbano para las áreas metropolitanas. Soy de las que cree que se requiere un Alcalde Mayor.

Por ello, junto al ex Presidente Eduardo Frei, presenté un proyecto de Reforma Constitucional para iniciar este debate. Lo que planteo es tener una autoridad a nivel metropolitano, supra o inter comunal, electa popularmente, que concentra recursos y potestades de gestión, administración y planificación, con facultades ejecutivas y normativas en áreas clave a nivel de ciudad, como transportes, vialidad, agua potable, alcantarillado, aguas lluvia, vivienda, seguridad, basuras entre muchas otras. Tal como existe en Bogotá, Londres o Nueva York.

Lo que propuse fue crear una estructura institucional que aborde la dirección de la política de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas en nuestro país. Esta estructura se compone de un Alcalde Mayor, elegido por votación directa, e investido de las facultades necesarias para dirigir y coordinar el área metropolitana.Junto al Alcalde Mayor se propone un Consejo Metropolitano o Consejo Mayor formado por los alcaldes pertenecientes a la zona metropolitana de que se trate.

El desarrollo e implementación de estas alcaldías metropolitanas tiene que ser fruto de un verdadero proceso de participación ciudadana, materializarse mediante un acuerdo político-social de largo plazo y debe realizarse de forma gradual.

La ciudadanía organizada y activa debe poner en agenda la urgencia de encauzar el rumbo de nuestras ciudades y los políticos debemos entender, interpretar y conducir esta urgencia en decisiones concretas. La gradualidad es determinante.Fue fundamental para la gran reforma a la justicia chilena que me tocó encabezar. Fue la gran ausente en la implementación del Transantiago. Es el mecanismo que permitirá aminorar o eliminar la mayoría de los temores que surgen en estor procesos.

Por todo esto debemos abrir este debate. Es el momento adecuado para hacerlo.Ad portas de una elección municipal y en la antesala de una presidencial, esta materia debe ser parte de la discusión y de los programas de gobierno.

El Foro realizado en la UC fue alentador en este sentido. Somos muchos, en la política y en la academia, los que creemos en lo fundamental de estas reformas para el futuro de Chile y sus ciudades.

Quiero pensar que esta interpelación, que se reitera ahora en el Ministerio Público y que otrora también tocara al Poder Judicial, no está relacionada a la sensibilidad con que el Gobierno estaría procesando datos y números de las encuestas, de manera de optar por un camino de réditos políticos marginales que privilegien la inmediatez y el efectismo.

Esta actitud no podría estar más lejana a lo que debiera ser el enfoque de quienes tienen a su cargo el diseño y ejecución de políticas públicas en materia penal. Aquellas que tocan una fibra ciudadana en donde la instalación de percepciones y dirección de discursos exige especial responsabilidad, algo de pedagogía ciudadana y una visión de Estado que permita entender que los resultados de largo plazo no siempre tienen un correlato con las expectativas colectivas inmediatas.

¿Por qué no se opta por convocar en lugar de emplazar a las instituciones responsables?

¿Cómo se vería si -ante el enfrentamiento de una crisis financiera nacional- el Presidente de la República hiciera un público llamado al Banco Central para hacer mejor su trabajo?

¿Qué diría el Ejecutivo si el Fiscal Nacional o el Presidente de la Corte Suprema emplazaran al ministerio de Interior y Seguridad Pública por no contener la actividad delictual, no planificar correctamente el recurso policial y descuidar sus deberes de vigilancia y prevención?

¿Qué ocurre con la autonomía constitucional de las instituciones, pieza clave para que en democracia el Estado madure, distanciándose de trágicas experiencias internacionales en donde la captura y el populismo han sido el camino más fácil para mantener en flotación los apoyos públicos?

¿Cuál entonces debiera ser la forma de enfrentar el tema de la delincuencia, sin abandonar el legítimo derecho (y deber) de que la Primera Magistratura apele a su liderazgo en un asunto de tamaña complejidad?

En primer lugar invirtiendo en prevención. Se han hecho esfuerzos importantes en proveer una nueva institucionalidad que mejore las respuestas del Estado en este ámbito como ha sido la creación de una subsecretaría de Prevención del Delito, pero en la cual la ausencia de credenciales técnicas de una importante parte de sus mandos medios ha quedado en evidencia.

En segundo lugar alinear incentivos colectivos entre todos los agentes responsables de esta larga cadena que compone el sistema de Justicia penal. La coordinación interinstitucional, la producción de información compartida y generada a partir de indicadores comunes y la capacidad de hacer un llamado colectivo a responsabilidades solidarias.

Hemos recibido en las últimas semanas dos buenas noticias: el ministro de Justicia ha anunciado la creación de un registros de prófugos y la implementación del sistema de monitoreo para personas que están en condiciones de cumplir sus penas en el medio libre.

A ello se suma la creación de unidades de análisis criminal contemplado en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que debiera concentrar toda nuestra atención y preocupación.

Es muy probable que esta columna, de ser sometida a una votación online, no tenga la adhesión que sí lo harían las llamadas de atención del Presidente, como quizás también lo tendría un referéndum sobre la reposición de la pena de muerte o que defina el confinamiento de nuestras futuras cárceles.

Es ese resultado, y esa dicotomía consecuente, la que precisamente debe alentarnos a trabajar los temas de Justicia con responsabilidad y quietud.

De seguro que el tiempo ya ha permitido que chilenos y chilenas comprendan que “trabar la puerta giratoria” dejó de ser una expectativa para sincerarse en lo que siempre fue: una consigna propia de tiempos de campaña.