Por una parte, la práctica política comunista consistió, en lo esencial, en renunciar a la violencia física organizada y a la ruptura violenta del orden institucional chileno.

En efecto, el partido de Luis Emilio Recabarren y Pablo Neruda se desarrolló en un régimen multipartidista y no de partido único, y llegó al poder a través de las urnas y no mediante un Golpe de Estado. Ese fue “el camino de victoria” que lo llevó a ser el principal sostén del gobierno de Salvador Allende y de “su vía chilena al socialismo en democracia, pluralismo y libertad”.

Por otra parte, la teoría política leninista lo llevaba en una dirección contraria. La propuesta revolucionaria leninista, en su versión canónica, implicaba la toma violenta del poder, la destrucción del Estado anterior y la instauración de la llamada dictadura del proletariado. ¿Era la estrategia comunista chilena una simple adecuación táctica a una correlación de fuerzas desfavorable, la que le impedía realizar sus verdaderos propósitos?

Que lo debatan los actores de la época, muchos de ellos aún vivos, y que los historiadores emitan sus juicios, siempre provisorios. La cuestión es ahora otra.

La cuestión es que tras el 11 de septiembre de 1973 el Partido Comunista supo en carne propia de los horrores que experimentó Chile.Violaciones sistemáticas de derechos humanos cuando se quebró lo que se motejaba como legalidad burguesa y democracia formal, siendo reemplazada por el derecho del más fuerte y la autocracia del más violento.

Del mismo modo, los sectores democráticos de la oposición a Salvador Allende, la Democracia Cristiana incluida, aprendieron también muy dolorosamente que ni las tradiciones de las Fuerzas Armadas chilenas, ni la historia republicana ni los llamados a “la cooperación patriótica” con “el restablecimiento del orden institucional” impidieron una autocracia de casi dos décadas. No hay dictaduras transitorias ni benevolentes.

Agreguemos a esta experiencia que el Partido Comunista sufrió las negativas consecuencias de su adhesión, tras la revolución nicaragüense de 1979, a la tesis que validaba todas las vías de lucha. Ello lo llevó a apartarse de su historia política y de las grandes mayorías nacionales, sobre todo, tras el cinco de octubre de 1988. La política democrática era y es una teoría ética y políticamente superior.

Un viejo y cansado Norberto Bobbio, el filósofo socialista de la democracia, ni marxista ni antimarxista, sostuvo que había llegado al final de su vida horrorizado por lo que había sido testigo: dos guerras mundiales, comunismo, fascismo, nazismo, Auschwitz e Hiroshima, guerra fría, conflictos raciales y terrorismo.

Sin embargo, tenía una esperanzadora certeza que le decía que la historia del siglo XX también demostraba que sólo la democracia permite la formación y el desarrollo de las revoluciones silenciosas, esas que hacen que hombres y mujeres sean libres e iguales, convivan pacíficamente y construyan las sociedades más justas del mundo. Esa es la certeza de los chilenos del 2010.

Entonces, ¿porqué no derechamente reconocer, todos y al unísono, que sólo hay un régimen político legítimo que se define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, fundado en el respeto y promoción de los derechos humanos?

Esos derechos que no se le reconocen al disidente chino preso, a una mujer atemorizada por un régimen talibán, a un joven musulmán torturado en Guantánamo o a una mujer llamada Rosa Payá en Cuba. La democracia supone una permanente ofrenda, en la teoría y en la práctica, que hay que saber pagar.

En la Biblia se reconoce que el Dios de los judíos es un Señor de la historia y que Jesús se encarna en la existencia de su pueblo, metiendo las manos en el barro de la vida hasta los codos.

La espera del reino mesiánico en el Antiguo Testamento; el relato del Éxodo en que Dios libera a su pueblo de la esclavitud económica, política y cultural; la Ley de Dios que es amor al prójimo y particularmente a los pobres, los desheredados, las viudas y los huérfanos; entre otros, nos hablan claramente de una significación también política de la salvación cristiana.

Es San Mateo quien nos da cuenta de un principio central dejado por Jesús: “que los jefes de las naciones no las opriman ni se sirvan de ellas, sino que deben servirlas como esclavo de los demás”. Tamaña revolución cambia todo en política y los cristianos debiéramos hacernos cargo de ello.

Sin embargo, muchos se preguntarán ante la radicalidad evangélica si no estamos frente a una norma completamente impracticable en la política. Un político que permanentemente ofrezca la otra mejilla conseguirá ser siempre perjudicado y el que permanezca siempre en la parte de atrás del templo, ocultando además sus buenas obras, no ganará elección alguna. Nos es raro entonces que un cristiano bien inspirado opte por la deserción, es decir, sabiendo que se está dando un vital pero cruelísimo combate, opte por abandonar el campo de batalla.

Pese a ello, son bien conocidos los casos en que cristianos “metieron las manos y pies en el barro” y fueron claves en procesos de cambio que extendieron los márgenes de libertad, justicia y paz.

Recordemos a uno, Martin Luther King, agobiado, perseguido y amenazado, pensó en desertar, pero si lo hacía no sólo faltaría a su deber con Dios, sino también para con los hombres, condenando a la impotencia y al fracaso su sueño de igualdad. Es así como no estuvo dispuesto a abandonar el campo de batalla dejándolo en manos de los hombres de mala voluntad. Ello habría significado aceptar el fracaso de su sueño por negarse a luchar por el poder y aceptar cobardemente la impotencia. Peor aún, dejar todo en manos de los otros. Martin Luther King no podía, ni debía, ni quiso desertar.

Pero cuando el fragor de la batalla es ensordecedor y ya no sabemos quién es quién, surge siempre una segunda tentación: la traición, el pasarse al bando del enemigo. Mal que mal, si la causa de la justicia depende de la victoria de uno y sus adversarios son formidables en su poder y maldad ¿no será el momento de utilizar sus métodos para vencer?

Dietrich Boenhoffer –otro ejemplo de compromiso cristiano- expresa este dilema. Usar los métodos del enemigo para vencerlo o ser vencido. Teólogo luterano participa en la fundación de la Iglesia Confesante y llama abiertamente a la resistencia política contra Adolfo Hitler. Tras 1939 se une a un grupo clandestino de la resistencia que buscan derrocar el régimen antisemita.

Es detenido por aportar dinero para ayudar a huir a judíos a Suiza. Estando en la cárcel se produce el fallido atentado contra el Fürher. Es condenado a muerte y ahorcado el 9 de abril de 1945. Lo matan acusado de haber intentado asesinar a su enemigo. Lo cierto es que fue exculpado de ello totalmente en 1990, pero su trágico fin nos recuerda que no podemos olvidar el precio que el éxito puede imponer sobre nuestros hombros. Sí, en palabras del teólogo, “la realidad es que el éxito histórico, crea el único suelo sobre el cual la vida puede continuar”.Es cosa de doctrinarios irresponsables olvidar esta pesada carga que es inescapable pues “la última cuestión de la responsabilidad no estriba en saber cómo logro salirme yo del asunto de forma heroica, sino cómo debe continuar viviendo una generación venidera”.

El problema de este realismo político es que introduce la lógica medio-fin a la acción política, asemejándola indebidamente con la producción económica. En esta última la violencia es inherente. El problema es que la acción política trata de las relaciones entre seres humanos. Aquí los medios son personas. Cuando lo olvidamos, caemos en aquellas horrorosas analogías que, pretendiendo justificar la violencia de las revoluciones, sostienen que “para hacer tortillas hay que romper huevos”. Las sociedades no son tortillas ni los seres humanos huevos.

La acción política es selección y decisión, pero también apuesta en el sentido de que siempre nos someteremos al riesgo y a la incertidumbre.

La acción política supone estrategia, es decir, ir constantemente reevaluando escenarios que irán siendo modificados por las nuevas informaciones que nos lleguen y del azar siempre presente.

Las reacciones de nuestros adversarios, gatilladas por nuestras propias acciones, se desarrollan en un ambiente inestable de interacciones que no controlamos. Así nuestra propia acción, en sus consecuencias y resultados, se escapa de nuestras intenciones.

Martín Lutero entrando a Worms era un reformador de los abusos de la Iglesia Católica. Pero al salir, lo hizo como un hereje excomulgado y amenazado de muerte.Entonces, la capacidad de predecir las consecuencias sociales de los actos del político es muy baja. Es más, de las consecuencias de nuestros actos y omisiones, poco podemos saber, pero si cedemos a la tentación de la traición, usando malos medios, podemos terminar no alcanzando el éxito y, peor aún, atrapados eternamente por el mal medio.

En conclusión, la política es el arte de conquistar el poder en aras del bien común. Condición humana inescapable, derecho cívico y deber religioso. Se trata de trabajar por adquirir y mantenerse en el poder, siempre en dramática tensión con la conciencia personal.

En esta dinámica encontramos, por un lado, al desertor. Este se declara “apolítico” y simplemente es un ser que deja todo, su vida incluida, en manos de los poderosos.Ello es particularmente cierto en una sociedad como la nuestra, donde una infinidad de aspectos sociales influyen directamente en lo más íntimo de nuestras vidas.

Si es cierto que la política es el arte de decidir por parte de la nación lo que queremos hacer con el Estado, el apolítico se lo deja en manos de cualquiera: de los políticos profesionales, de los grandes empresarios, de las corporaciones, de las burocracias públicas, menos en sus manos. Se ha convertido en un idion, en un ser privado de razón pública y de capacidad política.

Y en esta misma coyuntura descubrimos, por otra parte, al aspirante a traidor, a quien debemos recordarle que una política desprovista de ética puede ser muy irrealista y de muy corto plazo. Ganar fama de ladrón y mentiroso nos condena a tener piernas cortas. Además la escisión entre conciencia y acción terminará por destruir la sociedad entera. Esos políticos realistas, más temprano que tarde terminarán por invadirlo todo con sus malas prácticas y devorándose ellos mismos.

Finalmente, todo cristiano está llamado a dar testimonio y luchar, pues entre éstos están los vencedores. Sin embargo, el éxito debe ser entregado en otras manos cuyos designios son extraños.

En efecto –como nos recuerda Boulding en su obra- y pensando en términos no religiosos, si Atenas, Roma y Jerusalén son los tres pilares de la llamada cultura occidental cristiana, éstos se levantan sobre tres grandes “fracasados” de la historia, que perdieron todo poder, incluso el poder de seguir viviendo: Sócrates, Cicerón y Jesús. Sin embargo, la eficacia de su poder, en el largo plazo, es obvia. Se trata del poder integrador, es decir, de aquel que forma organizaciones, familias y grupos unidos por el respeto, la lealtad o el amor.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/12/cristianos-y-politicos-entre-la-desercion-y-la-traicion-el-compromiso-autentico/

El ministro de Planificación Nacional más que denunciar que está siendo víctima de una campaña personal debió haber tardado menos en dar respuesta a las primeras quejas y ahora debe explicar, y no quejarse, acerca de qué pasó entre Mideplan y CEPAL a la hora de cambiar el método de cálculo de la pobreza. Por cierto, esta obligación también recae sobre el organismo internacional. Estamos atentos a sus dichos que esperamos, sinceramente, sean convincentes.

Sin embargo, más allá de la fe pública comprometida, la cuestión ética central es que no estamos afrontando como debiéramos el acabar con la pobreza y la indigencia en Chile.

Sumemos a ello la pregunta esencial que hace la Casen a la política: ¿Por qué si hemos crecido tanto a partir de fines del 2009 y hemos generado tantos empleos, la reducción de la pobreza es tan lenta o incluso se encuentra estancada? El caso Casen demuestra lo lejos que estamos de la política que debemos y podemos tener. La primera responsabilidad es del gobierno.

Toda política debe basarse en un diagnóstico lo más preciso y compartido posible. Eso es lo que está en juego en el caso Casen.

Nada menos que Andrés Hernando, el ex Jefe de la División de Estudios de Desarrollo Social de Mideplan (ministerio de Desarrollo Social), dijo sentirse usado por el ministro Joaquín Lavín. “La verdad es que en el momento en que se hizo el anuncio de la pobreza (20 de julio) me sentí usado. No me gusta decir esto, pero prefiero quedar como ingenuo a que alguien piense que fui deshonesto. Yo advertí que la baja de la pobreza no era significativa” señaló a Ciper Chile.

Sin embargo, así se presentó la caída de la pobreza, como una baja histórica.Además Hernando es uno de los firmantes de la minuta enviada a Cepal para pedir que se incluyera en los análisis de datos de Casen 2012 una pregunta que consultaba los ingresos de familiares no remunerados, desocupados e inactivos (“y11″) y que significó la baja del porcentaje de pobres de Chile.

En El Mercurio del 1 de septiembre Hernando declara que ese fue un cambio técnicamente bien fundado. Puede ser, sin embargo ya el proceso aparece cuestionado y la desconfianza que separa a un chileno de otro, que se extiende cada vez más a sus instituciones, ha afectado fuertemente a un instrumento central de la política pública como es la CASEN.

La cuestión ética central no es, sin embargo, la fe pública comprometida en la eventual manipulación de la Casen. De hecho será bien triste que este debate termine con que la Casen fue manipulada y que hay más pobres que los que se afirmó el 20 de julio.

Por ello lo central éticamente hablando es que Chile puede acabar con el sufrimiento de millones de chilenos y chilenos pobres e indigentes; y no lo estamos haciendo como debiéramos.

Los datos preliminares del Censo 2012 estarían demostrando que tenemos el ingreso per cápita más alto de América Latina. El norte del país crece a tasas aceleradas pues contamos como recursos naturales valiosísimos como el cobre.

Sin embargo, el Censo nos muestra también que han dejado de nacer probablemente medio millón de niños. Un Concepción y Valparaíso menos (Los datos de hoy, no corregidos, conducen a que la cifra sea de más unos 900.000 chilenos y chilenas menos).

Cierto que hoy gozamos del bono demográfico de tener menos niños económicamente inactivos y más adultos productivos. Pero sabemos que eso se revertirá cuando tengamos 130 adultos mayores por 100 jóvenes (2045).

Las mujeres de hoy dicen querer tener dos o tres hijos, pero un 27% tiene sólo uno porque deben trabajar gratis dentro de la casa y fuera de ella 47 horas a la semana, en forma discriminatoria además.

El mejor jardín infantil de Chile son nuestros abuelos, haciendo recaer en ellos una responsabilidad que no les corresponde (Encuesta Bicentenario).No es raro que el Censo nos muestre envejeciendo. Sin embargo, porfiamos y nos esforzamos.

A nuestros recursos naturales se suma una ciudadanía esforzada. Nuestra clase media es la más endeudada de la OCDE cuando de pagar los estudios superiores de sus hijos se trata.

Los chilenos y chilenas trabajamos quinientas horas más al año que en Europa o Estados Unidos. Es decir, por donde se le mire, este es un gran país que puede alcanzar el desarrollo.

Decíamos en el primer párrafo de esta columna que la pregunta política es ¿por qué, si hemos crecido tanto a partir de fines del 2009 y hemos generado tantos empleos a partir del 2010, la reducción de la pobreza es tan lenta o incluso se encuentra estancada?

La búsqueda de respuesta debiera ser central en el debate político y no la eventual manipulación de los datos o si algunos están enojados porque han sido menos efectivos que los otros para reducir la pobreza y las desigualdades.

Humildemente creo que estamos frente al agotamiento de una política de desarrollo fundada centralmente en el crecimiento económico impulsado por los privados y políticas públicas que intentan, sin los recursos adecuados, apoyar a pobres e indigentes.

Lo que Chile necesita abordar es la reforma de sus instituciones políticas, económicas y sociales para que el potencial de riquezas naturales, trabajo, nervio e ideas explote creativa e igualitariamente.

¿Un ejemplo que se puede? Que el Censo 2012 nos traiga la buena noticia de ver aumentada la concentración de población en el centro del Gran Santiago nos demuestra la utilidad de políticas públicas activas y selectivas aplicadas desde el municipio y el Estado Central.

Es lo que debemos hacer en Aysén, Magallanes, Arica o Parinacota. Miremos también lo que muestra el Censo acerca del bajo crecimiento de regiones del Maule, Bío Bío, de La Araucanía o de Los Ríos. Por ello debemos reformar nuestras políticas, haciéndolas más selectivas y descentralizadoras, para lograr que regiones enteras del país, que no crecen como debieran, integren su agricultura y ruralidad al comercio nacional y global.

El Censo nos hace pensar en la justicia de las protestas ciudadanas en esas zonas del país. Necesitamos una nueva política económica.

El caso Casen nos recuerda una vez más que debemos políticamente exigirnos mucho más.La primera responsabilidad la tiene el gobierno.

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Esta actitud es tan antigua como la civilización judeocristiana misma. En Israel se estableció la costumbre de elegir dos machos cabríos. Uno era ofrendado a Yahvé y el otro, cargado con todas las culpas del pueblo judío, se entregaba al demonio Azazel. El chivo expiatorio era abandonado en mitad del desierto, objeto de insultos y pedradas y se le dejaba morir de sed o devorado por las bestias.

Hoy en Chile podríamos estar frente a una expresión más remozada, mediática y, algo más racional, de este viejo ritual. Y, atención, no sólo frente al tema de la discriminación que ocupó por algunas semanas a las audiencias.

Aparentemente los inculpados del homicidio son efectivamente responsables de la muerte de Zamudio y de ser así probado, obviamente, merecen castigo penal. Sin embargo, hay algo en el tratamiento que la sociedad chilena le ha dado a este crimen horroroso, que recuerda este antiguo rito.

Las biografías de Patricio Ahumada, Alejandro Angulo, Raúl Flores y Fabián Mora nos describen un Chile violento hasta la obscenidad. Entonces, y lamentablemente por esta tentación malsana que advertimos, el hecho que los inculpados pertenezcan al grupo de “los marginados entre los marginados” hace que la sanción social sea unánime, fácil y expedita. Simplemente, se les lapida, los tildamos de “irracionales” y, como sociedad, nos lavamos las manos.

Si queremos vivir en una sociedad pluralista, debemos pensar a fondo lo que eso significa, promover cambios culturales de envergadura y crear instituciones que debieran afectar radicalmente nuestro “chilean way of life” (como señalarían algunos de nuestros globalizados, bilingües y cosmopolitas líderes de opinión).

Seguir actuando como lo hemos hecho por años, frente a éste y otros problemas públicos, más temprano que tarde nos llevará a informarnos por los medios de nuevos brotes de “irracional” violencia.

Nos preocupa el simplismo y la confusión que nubla la esfera pública chilena.Reiteradamente vemos que en ella se mezclan el concepto de tolerancia con el de indiferencia o respeto a la dignidad de la persona y se muestran como sinónimos homofobia, racismo, fundamentalismo, mientras se omite la exclusión social como un elemento que también está presente.

Contra la intolerancia, pluralismo e igualdad

Una buena sociedad supone la práctica del pluralismo. Esta es aquella en que la diversidad, el cambio y el disenso son vistos como fenómenos sociales positivos. El pluralismo social supone evitar toda concentración del poder en una sola persona, grupo o institución.

Además, exige que las asociaciones que la integran sean voluntarias y abiertas donde distintas personas puedan convivir en diversas organizaciones. El pluralismo político se basa en el consenso en torno a los valores de la democracia y a los procedimientos para dirimir pacíficamente las diferencias. Para que exista pluralismo todos los integrantes de una comunidad deben renunciar a hacer daño al otro, deben respetarse recíprocamente y dar razón de sus dichos o actos cuando señalan que algo es intolerable.

La tolerancia supone, para ser virtud y no debilidad, creer en la existencia de verdades objetivas, que se renuncia a imponer por respeto al otro y en atención a otros valores prudencialmente aquilatados como la humildad ante nuestras propias limitaciones. Ella supone “ciertos principios morales absolutos: el respeto a los demás”, al decir de Norberto Bobbio. Razón por la que la intolerancia debe descartarse de nuestras costumbres y creencias.

La primera clave para lograr una sociedad pluralista es integrar a sus miembros en colegios, barrios y organizaciones sociales multicolores. Una sociedad segregada es por definición, intolerable e intolerante. Expertos sostienen que las sociedades con menos conflictos apuestan a desarrollar vínculos cruzados de todo tipo.

Lo segundo, es un deber humanista y democrático, combatir los altos niveles de inseguridad ciudadana que afectan a nuestra región. Una democracia que no es capaz de garantizar derechos civiles elementales como la vida, la integridad física y la propiedad es un régimen político que no es digno de apoyo activo y es difícil que consiga la lealtad masiva.

Lo tercero es que una democracia que no garantiza los derechos sociales no sólo incuba malestar ciudadano, populismo demagógico y violencia política, sino también crimen y delincuencia propios de la desintegración social.

La intolerancia y la violencia ultra subjetiva tienen hondas raíces en las injusticias sociales que nos agobian. Un millón, de cuatro millones de jóvenes, declaran que su vida está marcada por no tener trabajo ni estudio.

Por ello, uno de los grandes desafíos de Chile es construir una sociedad en la que las grandes mayorías puedan disfrutar crecientemente -y de manera segura- de los bienes humanos básicos. Ello significa que nuestros ciudadanos tienen expectativas obvias no sólo de crecimiento económico y de mayor equidad, sino que también desean que no existan amenazas a lo ya conseguido.

También, que el crimen la intolerancia y la violencia no destruyan las instituciones y la convivencia social, requisitos básicos para asegurar el proceso al desarrollo.

Mientras no hagamos esto seguiremos viviendo en una barbarie en que nuestras sociedades segregan, expulsan y marginan a sus integrantes.

En suma, para vivir en una sociedad pluralista, debemos practicar la igualdad y la justicia.Estos son requisitos obvios de la inclusión social.

De otro modo, la violencia siempre será una posibilidad. Eso es lo que vimos con horror al informarnos del hecho y de las circunstancias del homicidio de Daniel Zamudio.

Co autor de este artículo es nuestro columnista, Eduardo Saffirio S.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/08/discriminacion-desigualdad-y-violencia-el-homicidio-de-daniel-zamudio/

Ello supone, como base esencial, fundar una coexistencia pacífica y justa que garantice efectivamente la vida, dignidad y libertad de todas y todos los chilenos. Sin embargo, esto no será fácil de conseguir. En efecto, aunque dotados de una misma dignidad esencial, los seres humanos también tenemos intereses, valores y pasiones diferentes.

Así, pueblos que se creían más civilizados que nosotros han sufrido espantosas guerras religiosas, genocidios étnicos, exterminios ideológicos, levantamientos sociales violentos, conflictos bélicos entre naciones y no están ausentes -incluso hoy día- las llamadas “guerras culturales”.

No es responsable, entonces, tomarse la gestión de las diferencias a la ligera y creer que éstas se resuelven sencillamente enarbolando slogans simplistas sobre la tolerancia, el pluralismo y la democracia.

Derechamente, hay actitudes que son intolerables y que incluso muchos las juzgan aberrantes ; por ejemplo, el incesto o el empleo de la violencia política en democracia.

Como las situaciones reales son variadas y complejas las decisiones a adoptar para garantizar la coexistencia pacífica, se hace imprescindible el debate serio y reflexivo.

Para nosotros, la tolerancia no se funda en la inexistencia absoluta de verdades que impongan límites mínimos al obrar humano para posibilitar la convivencia pacífica.

Al contrario, partimos del supuesto que hay una verdad accesible a la inteligencia humana y, por lo tanto, que es posible -aunque dificultoso- acercarse a ella, tanto en términos de conocimiento teórico como para orientarse en el obrar práctico. Por lo anterior, pensamos no sólo que hay creencias más valiosas que otras, sino también principios éticos que proponer, en el marco, obviamente, de una convivencia plural y apelando a la persuasión de quien discrepa.

Por otra parte, en democracia, la ciudadanía se encuentra conformada por personas dispuestas a informarse sobre los asuntos públicos, a evaluar las distintas alternativas en liza, a participar en sus debates y en la formación de la voluntad estatal; en suma, a no despreciar el civismo ni los deberes para con lo público, como tampoco a tener aversión por la búsqueda de la verdad.

Entonces, la tolerancia en democracia es recíproca y supone el respeto absoluto al otro, a sus opiniones y a sus derechos. También es compatible con la promoción activa de ciertos valores como la igualdad, la libertad, la paz y la solidaridad.

En concordancia con lo anterior, ¿cuáles son entonces las condiciones para vivir en una sociedad pluralista?

Lo central es que para conseguir la paz que busca el pluralismo se debe evitar toda concentración excesiva de poder. Las esferas de la economía, de la religión y de la política deben estar separadas.

Por otro lado, el pluralismo social supone multiplicidad de asociaciones que han de ser voluntarias y abiertas a las demás. Las afiliaciones múltiples, transversales y líneas cruzadas son un requisito esencial del pluralismo.

No lo hay cuando ser miembro de una raza implica pertenecer a una misma religión, a igual partido político e idéntico club social.

Aún más, el pluralismo exige la existencia previa de una comunidad que genere identidad y pertenencia. El pluralismo político supone, además, consenso sobre las reglas que deben respetarse para dirimir los conflictos en forma pacífica. La regla de la mayoría se respeta, al igual que el derecho de las minorías. Sobre estos dos consensos se sustenta el edificio político en que se arbitran las diferencias acerca de quienes nos gobernarán o las políticas públicas que aplicarán.

Como se observa, la tolerancia, el pluralismo y la democracia conllevan, como condiciones de posibilidad, límites mínimos que debemos reconocer para no confundirnos en el camino y terminar llegando a una Polis en la que no nos gustaría habitar.

Ya dijimos que hay veces en que la tolerancia peca por exceso y otras por defecto.Por exceso, no podemos ser tolerantes con el racismo. Como lo recordaba Manfred Svensson en un informe de Asuntos Públicos, al racista no lo debemos tolerar. Hay opiniones y actitudes que son ética e intelectualmente intolerables, por lo cual declararlos tales y/o sancionarlos a través del derecho, es plenamente legítimo.

Lo que se hace evidente es que, democracia; pluralismo y tolerancia no son materias susceptibles de tratamientos frívolos.

Una democracia de calidad supone estar dispuesto a rechazar la banalidad de la “Sociedad del espectáculo”, contra la cual acaba de escribir el premio Nobel, Mario Vargas Llosa.

Co autor de este artículo es nuestro columnista, abogado Eduardo Saffirio.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/06/una-nota-sobre-democracia-pluralismo-y-tolerancia/

La razón no sólo es por una cuestión de legitimidad del nuevo Presidente de Chile y de gobernabilidad de su futura gestión. Además la experiencia chilena y latinoamericana demuestra claramente que quien gana en primera vuelta resulta vencedor en el balotaje.

Por ello no es empíricamente cierto que en primera vuelta se elije y en segunda vuelta se dirime. Salvo un estrechísimo resultado, normalmente el que gana en primera vuelta, vence en la segunda. Luego, los candidatos del centro y de la izquierda que compartan una misma voluntad programática deberán dirimir sus legítimas diferencias en una primaria y no deben volver a caer en la tentación de utilizar la segunda vuelta para ello.

A propósito de la reciente segunda vuelta electoral en Francia, Marco Enríquez-Ominami ha señalado que “en lo personal siempre he creído que en una primera vuelta los electores eligen y en la segunda vuelta dirimen”. La dinámica sería la siguiente.

En la primera vuelta cada ciudadano vota con entera libertad. Si el candidato que realmente te expresa no pasa a segunda vuelta, entonces será el momento de votar aplicando el principio del mal menor. Esto fue lo que ya se sostuvo en la elección presidencial chilena pasada.

Se afirmó, muchos de buena fe, que importaba poco la fragmentación del centro y la izquierda en tres candidatos, pues en segunda vuelta todos se reunirían para impedir el triunfo del abanderado único de la centro-derecha. Incluso se dijo que de esta manera se quitaban votos al abanderado de la oposición, pues se ampliaba la oferta anti derecha.

El resultado de la primera vuelta pareció darles la razón. De hecho, esa noche muchos partidarios del candidato independiente celebraron su victoria. El abanderado de la Coalición por el Cambio obtuvo sólo el 44,06% de los votos, no el 47,1% que había obtenido Joaquín Lavín el año 1999. Sin embargo nuestro actual Presidente de la República resultó ganador en segunda vuelta.

Porque, contra la teoría de la segunda vuelta como instancia dirimente, no todos los electores de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate concurrieron a votar por quien habían declarado era su “mal menor”: Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Lo cierto es que antes de la segunda vuelta chilena la teoría descrita no había pasado la prueba de la realidad. Los crueles hechos electorales latinoamericanos no le daban la razón.

Recuerdo haber citado el estudio del cientista político Aníbal Pérez Liñán. Este señalaba que de 39 elecciones presidenciales latinoamericanas ocurridas entre 1979 y mayo de 2002, bajo un sistema de segunda vuelta, solamente 21 demandaron una segunda vuelta electoral. Es decir que en el 46 por ciento de los casos, la segunda vuelta fue innecesaria.

En 14 de los veintiún casos en que se requirió de segunda vuelta, el resultado de la primera elección fue confirmado. Es decir, que en el 82 por ciento de los casos (32 elecciones sobre 39) fue elegido Presidente quien ganó en primera vuelta. Esto ya era una mala noticia para los partidarios de la teoría de la segunda vuelta dirimente.

Sólo en siete casos quien ganó en segunda vuelta había sido derrotado en la primera. Pero lo peor aún faltaba por decirse. León Febres Cordero y Abdalá Bucaram en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú, León Jorge Serrano Elías en Guatemala, Leonel Fernández en República Dominicana, Jorge Batlle en Uruguay y Andrés Pastrana en Colombia llegaron segundos, pero separados por márgenes de votos de no más de 8% del vencedor en primera vuelta.

Como se sabe, Eduardo Frei Ruiz Tagle obtuvo sólo el 29,6% de los votos en primera vuelta. La suerte de la centro izquierda ya estaba echada en diciembre del 2009. No había nada que dirimir en segunda vuelta.

Sebastián Rivera, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, me señala que los resultados electorales tras el 2003 afirman con más fuerza aún que es en primera vuelta donde los electores latinoamericanos dirimen.

Desde el 2003 en adelante, se han llevado a cabo 28 elecciones presidenciales. De estas, 15 se resolvieron en primera vuelta (53,6%) y en 13 se llevó la competencia hasta una segunda vuelta (46,4%). En una de estas segundas vueltas (Argentina, 2003) un candidato se retiró (Menem) y no se llevó a cabo dicha elección.

Por tal motivo, sólo se han realizado 12 segundas vueltas efectivas (42,9% del total de elecciones). En cuanto a la posibilidad de revertir el resultado, en sólo 2 se logró (16,7%)

Esto ocurrió en Ecuador el año 2006 cuando Correa fue electo Presidente y en Perú el mismo año, cuando García le ganó a Humala.

En la primera vuelta en Ecuador (2006) Correa quedó a 4 puntos de Noboa, imponiéndose en segunda vuelta por un margen de 13,34%.

En el caso de Perú (2006) en la primera vuelta Humala se impuso por 6,3% de los votos a Alan García, quien en segunda vuelta le ganó por un margen de 5,26%.

La conclusión empírica es clara: en América Latina quien gana en primera vuelta casi siempre triunfa en la segunda. No es cierto entonces que en la primera se elige y en la segunda vuelta se dirime. Normalmente en la primera vuelta queda todo dicho.

Si la oposición quiere gobernar, no debe ceder a la tentación de usar la segunda vuelta.

Ese error ya se cometió el 2010. Si la actual coalición gobernante presenta un solo candidato y la oposición varios y competitivos, entonces será la Derecha quién ganará en primera vuelta y, muy probablemente, en la segunda.

La oposición debe presentar un solo candidato competitivo. ¿Cuál? El que se elija en una primaria abierta donde participen todos los que adhieran a las ideas matrices del pacto y se comprometan a respetar el resultado de la elección.

Camino largo pero factible para volver a ganar la confianza de la ciudadanía.

Leer versión extendida en http://www.asuntospublicos.cl/2009/10/el-espejismo-de-la-segunda-vuelta/

Ni la agenda social, ni la reforma tributaria. Ni el tímido pero evidente giro social de un gobierno de una Derecha que abrazó el neoliberalismo en 1975. Giro contra el que protestan el Wall Street Journal pues negaría la “moralidad del mercado”, la “santidad de los derechos individuales” y “la libertad”.

Es tal la sensación de derrota que senadores y ministros empiezan a tomar definitiva distancia del Presidente de la República. Cada vez queda más claro que el año 2010 no fue el giro hacia la derecha sino que la derrota de una desgastada Concertación de Partidos por la Democracia.

Los ciudadanos que dieron el triunfo a Sebastián Piñera fueron los que mayoritariamente no fueron a votar o votaron por la Alianza para sacar del poder a la coalición gobernante desde 1989. Lo preocupante es que ella – ahora en la oposición – no logra capturar la simpatía de la población desilusionada con el gobierno. ¿Por qué?

Múltiples son las quejas de los ciudadanos que dejaron de votar por la Concertación.

Pienso en los más políticos, es decir, los que se preocupan de estos temas y que movilizan o enfrían los electorados más activos.Muchos de ellos, a pesar de todo lo dicho estos dos años, no creen que la Concertación se haya renovado.

Temen que de ser derrotada la Derecha, volverán los mismos de siempre, con las ideas, prácticas y políticas de siempre. Para algunos de ellos, ni siquiera el carisma de Michelle Bachelet parece romper este muro de desconfianza.

Sin embargo, los acuerdos del cinco de octubre del 2011 demuestran que la Concertación ha decidido oficialmente por apostar por una nueva etapa del desarrollo nacional en que la participación en lo político y la igualdad en lo socioeconómico sean su sello.

La crisis de representación política supone reformas como, a lo menos, el establecimiento de un sistema electoral proporcional y una profunda descentralización con elección de autoridades regionales y mayor autonomía en materias de inversión.

Es más, se habla de una nueva Constitución Política. La crisis de redistribución económica requiere una reforma tributaria que financie inversión social – destinada a garantizar servicios sociales de calidad creciente a pobres y clases medias – e inversión productiva – en infraestructura, Pymes, Codelco y en ciencia y tecnología.

El acuerdo de la Concertación con el Partido Comunista habla de una reforma tributaria que recaude de seis a ocho mil millones de dólares. No los mil del gobierno. Pero, ¿estos acuerdos no serán letra muerta?

Los actuales dirigentes de la oposición saben que la transición – pactada y desde arriba, que fue sellada entre 1986 y 1989, tras el fracaso de la transición desde abajo y vía ruptura, ensayada entre 1983 y 1986 – está agotada.

Ella significó enormes avances para Chile. Consolidación democrática, crecimiento económico y reducción acelerada de la pobreza. Pero terminó privilegiando acuerdos extremadamente elitistas que impidieron mayor rapidez en cambios que sabíamos que se debían realizar ya desde 1997 (cuando la Concertación perdió 860 mil votos a pesar del alto crecimiento económico y el bajo desempleo. Igual que hoy).

Ese retraso socavó el apoyo de la coalición y hoy, especialmente tras el cambio de gobierno, corroe la confianza en las instituciones políticas. No se trata de acabar con los acuerdos; pero sí de sellar un nuevo pacto social y político, entre partidos políticos, movimientos sociales y actores gremiales, que dé legitimidad al enorme esfuerzo que requerimos realizar para ser un país desarrollado. Así lo hicieron países que fueron afines a nosotros como Australia, España, Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda.

Muchos se preguntan si esa falta de energía para promover los cambios se volverá a repetir. No lo creo. ¿Razones?

1.- La crisis del capitalismo financiero del 2008, el triunfo de Obama y el ascenso de China marcan el retorno de políticas estatales más activas. Los ajustes fiscales europeos son dentro del pacto social alcanzado y son para paliar el endeudamiento para salvar a los bancos y políticas irresponsables.

2.- La tardía pero activa política fiscal y monetaria chilena del 2009 – que desde Gran Bretaña a China se aplicaron con éxito – demostraron que se podía recuperar el crecimiento económico, crear empleo y no ser tragados por el temido dragón de la inflación

3.- La dolorosa derrota del 2010 que demostró que el miedo a la Derecha no daba un cheque en blanco a la Centro-Izquierda

4.- El resultado de los candidatos que salieron de la Concertación y cuyo electorados deben capturarse si se quiere ser mayoría

5.- Las protestas del 2011 que movilizaron a dos millones de chilenos exigiendo igualdad y participación a una sociedad que crecientemente puede darlas.

6.- Las propias propuestas sociales y tributarias del gobierno de Sebastián Piñera – que se han aplicado aumentando crecimiento económico, empleo e inversión – demuestran que una agenda de cambio tiene ahora oportunidades que no tenía el 2006.

La oposición, si quiere ganar el 2014, puede y debe representar una plataforma de cambio.

El norte es el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, adecuado a la realidad latinoamericana, de las experiencias históricas y de la economía global de hoy.

Para financiarla deberemos apostar por una economía social de mercado más parecida a la de la Europa del norte y centro que al capitalismo anglosajón. Démosles nombres más atractivos, pero de eso se trata.

Esa plataforma debería aglutinar a quienes ideológicamente estén en el liberalismo social – presente en el actual gobierno -, hasta el socialismo – tradicional o moderno – que acepte la democracia y los derechos humanos como valores universales.

Socialmente jóvenes, mujeres y actores sociales deben tener presencia en este pacto junto a líderes políticos y tecnócratas, tan necesarios como imprescindibles en toda democracia que aspire a ser gobernable.

¿Su candidato o candidata? El que se elija en una primaria abierta donde participen todos los que adhieran a las ideas matrices del pacto y se comprometan a respetar el resultado de la elección. Camino largo pero factible para volver a ganar la confianza de la ciudadanía.

Cuando se produjo el acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, el discurso de la Moneda cambió dramáticamente.

Ahora se dice que primero debe haber un arreglo entre los partidos de gobierno y luego con la oposición.Apenas se oculta que el problema es que el Presidente no quiere enfrentar al principal partido de gobierno.

La paradoja es que así el Presidente de la República actúa más como un jefe de gobierno parlamentario, velando por la solidez de su coalición de gobierno, que como Jefe de Estado de un tipo de gobierno presidencial que se debe no sólo a quienes lo eligieron, sino que también a todo el país.

Grave incoherencia que encadena al Presidente con un candado cuya llave tiene el único partido que, a estas alturas, defiende el sistema electoral binominal.

Renunciar a ejercer un rol suprapartidista, especialmente en tiempos de división nacional acendrada, no es una noticia que deba alegrar a los chilenos en este caluroso verano de un año que se anuncia tórrido.

Anotemos que Chile no está dividido por dos mitades iguales. Pues existe una mayoría que pide reformas socio-económicas y políticas de envergadura y una clara minoría que las reprime asilada en una institucionalidad que las impide.

La parálisis decisoria se produce porque nuestro Congreso Nacional ha sido generado por un sistema electoral inicuo y requiere de altísimos quórums para aprobar reformas constitucionales y legales de envergadura. Además, la mayoría que eligió al Presidente de la República es minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados sólo gobierna en virtud de un frágil pacto.

Constatemos que esto no sería necesariamente negativo si lo que tememos es una tiranía de la mayoría y una presidencia imperial que al contar con mayoría en el Congreso aplasta a la oposición. Pues en las formas presidenciales de gobierno “el presidente y el congreso son instituciones separadas que comparten el poder”. Pero al contar con un “gobierno dividido” la clave reside justamente en el resorte principal de la máquina: la calidad del liderazgo presidencial.

Este debe jugar todo su poder y prestigio para alcanzar un acuerdo que garantice que los gobiernistas y la oposición reconozcan efectivamente que su democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de los derechos de la minoría.

Por cierto, el Presidente tiene alternativas cuando no quiere negociar y opta por intentar quebrar la oposición que le niega sus propósitos. Dos vías surgen para romper la mayoría parlamentaria opositora: la clientelar y la retórica.

La primera consiste en que el presidente y sus ministros, con gran paciencia y habilidad, se dedican a sacar adelante sus proyectos intercambiando recursos públicos a cambio de algunos votos de los parlamentarios opositores menos hostiles o más débiles. Esto lo ha hecho este gobierno con resultados ambiguos. Pero debido a las mayorías que requieren las reformas políticas y económicas que se reclaman, este es un camino incierto y de corto trecho.

El segundo camino es el retórico al que recurre un Presidente que, justamente por haber sido elegido directamente por la mayoría de los ciudadanos y gozar de la más alta magistratura, llama directamente a la nación para superar a los opositores que lo obstruyen. Hay veces que desde lo alto del poder el Presidente amenaza y presiona; invoca a la unidad nacional y condena a los opositores de antipatriotas y no duda en usar la policía y ejército que controla.

Este es un presidencialismo imperial que puede llevar a graves polarizaciones políticas de dudoso resultado para el Presidente y garantizado desastre para la democracia. Por cierto el actual Presidente de Chile no goza de la popularidad que esta vía supone.

Hay veces que el Presidente debe abrirse a una tercera posibilidad: un cierto ejercicio carismático o suprapartidista del poder. Aquí el Presidente entiende que la unidad nacional exige renunciar a ciertos postulados o políticas. En caso de crisis económicas, sociales o militares surge con fuerza este papel. El Presidente de la República es Jefe de Estado y debe arbitrar las diferencias entre bandos hostilmente encontrados que amenazan la paz y salud públicas.

Pedro Aguirre Cerda se enfrentó a su partido hasta lo insoportable, si hemos de dar crédito a su viuda.

Jorge Alessandri buscó el acuerdo con el Partido Radical y estabilizó su gobierno.

Eduardo Frei M. reclamó a su partido lealtad.

Salvador Allende no quiso quebrar su coalición para no ser recordado como un nuevo Gabriel González Videla.

Muchas veces los Presidentes bajo los gobiernos de la Concertación debieron apoyar a algunos de sus partidos en contra de los otros ejerciendo este papel suprapartidista.

Patricio Aylwin y Eduardo Frei sabían de los deberes en materia de derechos humanos que especialmente le imponía el PS.

Ricardo Lagos y Michelle Bachelet sabían que los elementos más laicistas de su pensamiento, que alentaban sobre todo el PPD y el PRSD, debían moderarse ante el falangismo socialcristiano. Pero cuando así actuaban se enfrentaban a sus más directos apoyos en sus respectivas coaliciones. Y, en ciertos casos, como al construirse el Penal de Punta Peuco, o impulsar el Plan Auge, los Presidentes se enfrentaron a parte de su coalición.

Llama la atención que se monte tanta algarabía en contra del acuerdo entre la DC y RN en orden a establecer un régimen semi-presidencial. Se dice que eso debilitaría al Presidente de la República.

Sin embargo alegan justamente quienes presionan, por los diarios, al actual Presidente de la República reclamando que ellos lo eligieron y que sin su apoyo el Jefe de Estado nada sustantivo puede hacer. Tiene derecho a hacerlo, sin duda. Pero más dudosa es la actuación si consideramos que ella debilita en los hechos al presidencialismo que se defiende con las palabras.

Otros lo asocian a una conflictiva relación entre su presidente, el senador Carlos Larraín, con el presidente de la República. Finalmente, la senadora Lilly Pérez ha planteado que se trata de una pugna entre liberales y conservadores.

Ambas familias siempre habían existido en el partido, pero ahora, a juicio de la senadora, la actual directiva ha roto las más elementales normas de la convivencia en una asociación pluralista. De ser cierto lo anterior, se trata de un debate central para el actual proceso político chileno si y sólo si involucra dos grandes debates: reformas políticas y reformas sociales. Pero esto no es claro. Veamos por qué.

El debate dentro de Renovación Nacional es de la mayor importancia para el sistema político chileno siempre y cuando  diga relación con las necesidades sociales y demandas políticas del momento actual.

Al respecto es bueno recordar que la pugna liberal-conservadora se dio durante un siglo y medio en Chile, sin que cambiara en nada la estructura socioeconómica del país. Esta es la cuestión.

Hasta 1965 hubo dos partidos políticos en la derecha. Liberales y conservadores debatieron, a veces incluso llegando a las armas, acerca de la separación de la Iglesia Católica del Estado chileno o del régimen político presidencial y centralista.

Sus enfrentamientos respecto de la ley de matrimonio civil, cementerios laicos o igualación de derechos de los nacidos dentro y fuera del matrimonio son recordados.

También sus conflictos político-institucionales, en torno a reformas que atemperaran el presidencialismo y centralismo del régimen político, son parte de la historia de Chile.

Sin embargo, ni a unos ni a otros, se les ocurrió jamás cuestionar las más flagrantes injusticias sociales del régimen capitalista. Incluso, unos y otros, cuando gobernaron en el siglo XIX tendieron a ser  autoritarios. No dudaron tampoco en apoyar el Golpe de Estado en 1973, cuando el capitalismo y la democracia liberal estaban seriamente cuestionados por el proceso de democratización social.

¿Un liberal puede ser un conservador? Puede parecer confuso, pero no lo es si distinguimos los planos.

El liberalismo es una filosofía política que afirma los derechos individuales y que plantea que el Estado sea neutro en materias morales. Los conservadores tienden a concentrarse en los deberes para con la comunidad y no dudan en utilizar el Estado para lograr el orden social.

Así un liberal puede ser más amigo de la emancipación cultural y un conservador del orden social. Sus batallas son fieras y centrales para el futuro de la democracia. Sin embargo, hay un segundo concepto de conservador que puede hermanar a estos adversarios.

Conservador es el que se opone al cambio social. En este caso, un liberal de derecha, en una sociedad capitalista, puede ser un profundo conservador. Como un conservador católico puede ser un revolucionario en una sociedad comunista y atea.

¿De qué tipo de conservadores y liberales estamos hablando en el caso de  Renovación Nacional? La verdad es que no queda claro; sobre todo cuando leemos los planteamientos tributarios de los “liberales”.

Sin embargo, escuchar a la senadora Lily Pérez ayuda a abrigar esperanzas democratizadoras. Esta ha planteado sus dudas sobre su permanencia en RN.

Ella se queja que “ante el acuerdo de vida en pareja, la ley contra la discriminación, la modificación al binominal, temas que hicieron al Presidente ganar la elección, se ve una resistencia en la directiva que no es coincidente con la militancia”.

Luego ha señalado que la resistencia a su propuesta de poner fin al lucro en la educación universitaria  demostraría que la hegemónica ala conservadora de su partido no respeta las diferencias en su seno.

En el programa  televisivo Estado Nacional además agregó, con mucha indignación, la liviandad con la cual se habría actuado en lo relativo al homenaje a Miguel Krassnoff, un violador de derechos humanos que sólo amerita una completa y total condena.

Requerida si se ella era partidaria de la reforma tributaria, la apoyó plenamente e incluso se atrevió a aventurar que la tasas de impuestos a las empresas debía elevarse hasta 24 puntos (está en 17 en forma permanente). Como se ve, la senadora plantea  demandas sociales y políticas hondamente sentidas.

Ojalá que la senadora  Lily Pérez sea representativa de una derecha que no teme abrirse a una democracia más plena, a una sociedad más inclusiva y a una economía más igualitaria.

Esperamos que ella no ceje y que su ejemplo cunda.

Si bien pretextó falta de tiempo, lo cierto es que es un secreto a voces que su renuncia se debió a que parlamentarios de su propio partido lo acusaron de no haber estado dispuesto a avanzar en una reforma tributaria. Ello habría ocurrido cuando fue coordinador programático de la campaña de Eduardo Frei Ruiz- Tagle. Ahora la apoyaría “por razones oportunistas”.

La verdad, como yo la viví, es otra. El economista socialista, en esa ocasión, sí apoyó esa reforma. Pero, cuando el comando presidencial rechazó esta idea, su coordinador hizo lo que todo republicano habría hecho.La aceptó y trató de presentar la negativa de la mejor manera.

Su renuncia al comando o protesta pública habría significado otro desorden en una campaña que no iba bien. Hoy goza de mayor libertad que ayer y por eso sí renunció. Cosa que lamento. Así como aquella vez Oscar Landerretche nos habló de lealtad; hoy nos recuerda que las palabras injustas tienen consecuencias que debieran hacer pensar más a quienes las profieren. Me quisiera quedar con estas lecciones de este lamentable episodio.

Una vez designado Eduardo Frei Ruiz-Tagle como candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la democracia, sus máximos líderes procedieron a formar un grupo de personas encargadas de sistematizar todas las propuestas programáticas elaboradas por los cuatro partidos y por Océanos Azules. Fui parte de ese equipo.

Fruto de ese trabajo surgió un documento de bases programáticas del futuro gobierno. En el se planteaba la necesidad de realizar políticas de inversión social y productiva de tal entidad que suponían una reforma tributaria que aumentara los ingresos fiscales. Eso fue apoyado por el coordinador programático de la campaña.

Sin embargo, cuando se presentó esta propuesta, miembros del comando se opusieron a ello. Entiendo que las razones fueron tanto electorales, políticas como económicas. Electoralmente se adujo que ningún candidato gana una elección promoviendo aumento de impuestos. Los impuestos son tales porque son dolorosos recordatorios de los costos económicos que supone la convivencia.

Los economistas más neoclásicos alegaron que impuestos más altos podían afectar la inversión, el ahorro y el crecimiento económico; sobre todo en medio de un país convulsionado por una crisis externa. Políticamente se añadió que proponer alza de impuestos era una señal más de izquierdización de una campaña, la que perdía terreno ante un empresario de derecha. Sea como fuere, lo que se resolvió fue diluir la propuesta de reforma tributaria que pasó a mejor vida.

Nada de lo relatado en el párrafo anterior se discutió y menos se aprobó oficialmente. Nunca hubo una reunión formal de los dirigentes partidarios y de Océanos Azules. Por ello sé muy bien que se podrá negar lo que aquí he afirmado.Sin embargo, así lo viví yo.

Me parece importante de recordarlo. Lo hago sin afán de volver a abrir una vieja herida ni mucho menos participar en una polémica entre opositores del actual gobierno. Por el contrario, lo que deseo es relevar la actitud ética de Oscar Landerreteche. Se trata de destacar su lealtad.

Lealtad porque fue firme en su agradecimiento para con Eduardo Frei, quien lo había llamado a tan alta responsabilidad y a quien no podía traicionar ni dejar en incómoda posición.

Leal porque guardó silencio en medio de un triste episodio de la campaña, cumpliendo así con el pacto de reserva que debe saber llevar todo político serio.

Leal porque fue más allá de lo debido y buscó ocultar lo que era secreto a voces: no pensábamos lo mismo en esta delicada materia.

Leal porque sabía muy bien quien tomaba las decisiones y que se debían acatar.

Leal en los hechos, sacrificándose por el equipo y manteniéndose en el lugar en medio de una campaña bastante tormentosa. Me quedo con esto en tiempos que resulta tan fácil hablar mal de los políticos. Oscar Landerretche nos recordó el precio que hay que estar dispuesto a pagar por ser leal.

Por eso invito a leer el libro que Oscar coordinó junto con Ricardo Lagos Escobar.Lo acaban de lanzar. Se llama El Chile que viene. Se trata de más de veinte artículos de una nueva generación de académicos chilenos que plantean sus miradas y propuestas para que nuestra nación sea desarrollada. Por cierto, Oscar Landerretche escribe ahí sobre …la reforma tributaria que viene.

El hecho es el lanzamiento de la cuarta edición del libro de Gisela Silva “Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile”. Como se sabe este ex oficial del Ejército de Chile acumula 23 condenas que suman 144 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos.

Irónicamente para los organizadores del acto el revuelo recordó a miles de chilenos que debemos leer los horrores por los cuales se condenó a este ex miembro de la Brigada Lautaro.

Debemos hacerlo no para alimentar el deseo de venganza o para satisfacer una curiosidad malsana.

Debemos hacerlo para nunca olvidar que los hombres somos capaces de cosas tan horribles como, por espantoso y real ejemplo, torturar, violar y matar a una mujer embarazada por ser de izquierda y judía. Y cuando hayamos retornado de ese espantoso viaje, respirar más aliviados en el Chile del 2011, valorando profundamente la capacidad que tenemos los seres humanos de pactar una convivencia pacífica y justa entre quienes pensamos distinto.

Por cierto el alcalde de Providencia, elegido el año 2008 con el 61,46% de los votos, invita al acto por razones distintas. El considera que Miguel Krassnoff es una víctima de la persecución política y de fallos injustos que condenaron a un “servidor de la patria”.

Para quienes no compartimos esa valoración, Labbé nos llama a no condenar el homenaje pues hacerlo es atentar contra la democracia. Como se pregunta airado, “¿cuál es la idea, silenciar al que piensa diferente, acallarlo por la fuerza?” Lo mismo repitió anoche, por Televisión Nacional de Chile, otro ex ministro del General Pinochet y organizador del acto: Alfonso Márquez de la Plata

No puedo dejar de alegrarme que la democracia y la libertad hoy sean homenajeadas por todos, incluso por un ex oficial de la Dirección de Inteligencia Militar.

Recuerdo la revista Hoy de mi juventud que usaba por emblema una bella frase atribuida a Voltaire: “Estoy en total desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarlas.” Treinta años después ha ganado la libertad y la democracia al punto que quienes las persiguieron ayer, hoy las invocan; más que no sea para defenderse de sus acusadores.

Sin embargo confieso que dudo si el acto de homenaje se pueda incluir en el recto ejercicio de la libertad de expresión y de una justa concepción de la democracia.¿Será que ahora estoy en el bando de los vencedores y más bien actúo como aquel que el propio Voltaire condenaba ironizando “Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo”? ¿Es eso? Me tomo en serio el desafío planteado y pregunto: ¿Tienen o no razón Cristián Labbé y Alfonso Márquez de la Plata para invocar la libertad de expresión y el respeto democrático?

Lamentablemente para quienes aman las certezas, la respuesta moralmente no es clara.

Depende de cómo fundemos la libertad y de las características de un acto de homenaje del que sólo podemos especular acerca de cómo será y de sus consecuencias inmediatas.

La libertad de expresión en su concepción libertaria apela a esa moral individualista que proclama que tenemos derecho a decir lo que queramos con tal de no dañar el derecho de los otros a gozar de esa misma libertad.La dignidad, igualdad y libertad del ser humano, de todo ser humano, nos obligan a respetar ese derecho de expresar ideas que incluso nos parecen repugnantes.

Por lo demás sólo en ese trato recíproco puedo reclamar mi derecho a una igual libertad de expresión; la que pedíamos a gritos que se respetase en 1983 cuando leíamos la revista Hoy.

No le corresponde al Estado dar por buenos unos argumentos y silenciar a los que considera erróneos o inmorales. Eso es romper con la neutralidad valórica de un Estado laico y acercarnos peligrosamente al autoritarismo o al totalitarismo.

Hasta aquí Labbé y Márquez de la Plata tienen la razón de su lado. Sin embargo, si miramos las cosas desde la perspectiva de la comunidad y la democracia, el debate se reabre.

En efecto, cuando fundamentamos la libertad de expresión desde esta perspectiva, de lo que se trata es proteger y ampliar los términos de la discusión pública. Todos tienen derecho de plantear sus puntos de vista respecto de todos los temas a través de la más intensa e inclusiva deliberación.

Sólo así existirá una opinión pública esclarecida, que es la base sobre la cual se edifica el edificio de la democracia fundada en el libre y bien fundado consentimiento de los ciudadanos y ciudadanas. Pero, atención, de lo que se trata es fortalecer la democracia, el pluralismo y la libertad; no de pulverizarlos.

Desde una perspectiva no individualista debemos preguntarnos si cuando los intereses y los derechos de los que quieren hablar chocan con los de quienes deben escuchar o sobre los cuales se quiere hablar, ¿por qué habrían de prevalecer tan claramente los de los primeros sobre los de los otros?

En este caso, ¿deben los familiares de los más de tres mil detenidos desaparecidos o de los treinta mil torturados tolerar que se vuelva a negar que su dolor e indignación son justificados y que escuchar que sus victimarios son salvadores y no verdugos?

¿Deben los miembros del actual Ejército de Chile y de la derecha chilena aceptar resignadamente que se vuelva a recordar a todos que en sus filas hubo gente como Miguel Krassnoff?

¿Deben los chilenos aprobar que se vuelvan a preferir eventuales palabras de odio o de justificación del quiebre democrático que puedan llevar a un peligro claro e inminente de una nueva violencia política entre los chilenos?

¿Ayuda esto al Bien Común? La cuestión es, a lo menos, dudosa y amerita una reflexión que supere todo cliché.

En mi caso pienso que sólo un juicio prudencial y un acto de fe pueden resolver la duda.

La prudencia dice que los beneficios que se obtendrían por prohibir judicialmente un homenaje como el convocado, en el que se podrían proferir palabras de odio y llamados a la violencia política, serán menores que los perjuicios que produce casi siempre la censura; a ratos muy odiosa y eventual provocadora de nefastas reacciones.

Peor aún si el homenaje se intenta evitar mediante las vías de hecho, casi siempre amigas del autoritarismo. El acto de fe es creer que el ser humano, puesto ante la evidencia del mal y de su retorcida justificación, termina por ver con más claridad lo que diferencia al asesino del inocente, al ángel del demonio. Así puede optar racionalmente por una moral que proclama desde el nacimiento de Occidente que “más vale soportar una injusticia que practicarla”.

Ojala que los organizadores, muchos que ya anuncian que no irán, suspendan el homenaje.

Que lo hagan humildemente por el bien de Chile. Si insisten, que reciban por respuesta el silencio indignado de millones de chilenos que diremos en esa noche de olvido: “Nunca más”.

Lamentablemente parece que se nos vuelve a olvidar que fracasaremos si no atacamos las causas sociales de la delincuencia, quedándonos sólo en su penalización. Por ello es bueno recordar que la experiencia latinoamericana y norteamericana de las dos últimas décadas parece sugerir que debemos ser duros con los delincuentes y más duros aún con las causas sociales de la delincuencia.

Esperemos que ello no se nos olvide; especialmente cuando el 8 de diciembre se cumple un año del horrible incendio de la torre de la cárcel de San Miguel que dejó 81 internos muertos.

Partamos por decir que la delincuencia es un problema gravísimo y que su combate es un imperativo central del estado democrático de derecho.

El Informe de la OEA-PNUD “Nuestra democracia” señala que los dos principales flagelos de la democracia latinoamericana son la delincuencia y las desigualdades. Por cierto, ambos flagelos van, en nuestro caso, de la mano.

Cada año, cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños — un tercio de la población total de la región— son víctimas, directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo.

Peor aún, el 27% de los homicidios dolosos que ocurren en el mundo tiene lugar en América Latina.

Por otro lado, se presume que más de 50% de los secuestros extorsivos del mundo ocurren en América Latina. En Caracas se producen 133 asesinatos por cada cien mil habitantes. Es bueno recordar, para no caer en alarmismos fáciles, que en Santiago de Chile el promedio es de seis homicidios por cada cien mil habitantes.

Esto es especialmente grave en nuestro continente que vive, desde 1979, un proceso exitoso de redemocratización.

En efecto, en primer lugar, delincuencia y narcotráfico deterioran agudamente la legitimidad de nuestras instituciones democráticas y alientan discursos y prácticas autoritarias para combatir este flagelo.

En segundo lugar, bandas homicidas, guerrilleros y narcotraficantes altamente organizados impulsan a la policía y a las fuerzas armadas a empezar a realizar acciones extra o abiertamente anti institucionales y en tercer lugar, la ciudadanía deja de recurrir al poder judicial y al orden público; se empieza a tolerar el delito; surgen barrios y guardias privados e, incluso, aparecen formas extremas de “justicia por mano propia”.

Si el costo político es alto, no lo es menos el económico. Se han realizado distintos cálculos del impacto económico de la violencia delictiva en 12.1% del PIB total del subcontinente (unos 250 mil millones de dólares).

Otros, para América Central lo han estimado en 7.7% del Pib (desde 10.8% de la producción nacional en el caso de El Salvador hasta 3.6% en Costa Rica).

Nuevamente señalemos que en el caso chileno no estamos ni cerca de llegar a estos niveles. El Instituto Libertad y Desarrollo calculó que estamos gastamos en el combate contra la delincuencia un 2,2% del PIB. Es el doble que hace una década atrás. A pesar que la forma de calcular esta cifra ha sido objeto de controversia nos da un orden de magnitud del costo involucrado. Es el doble.

Una reacción obvia es creer que el incremento de la delincuencia se debe a la disminución de las sanciones criminales.

Francis Fukuyama cita a Gary Becker quien señaló que cuando “los beneficios del delito aumentan, o los costos de los mismos (en términos de castigo) bajan, se cometerá una mayor cantidad de delitos y viceversa”.

Dick Morris y Luis Rosales sostienen que Estados Unidos logró que menos del cinco por ciento de los norteamericanos sostengan hoy que el principal problema de su país es la delincuencia – cosa que creían a fines de los años sesenta – gracias a un método muy simple: duplicó la población carcelaria.

De casi un millón de presos que había a comienzos de los años ochenta se subió a dos millones. “Con el doble de delincuentes en prisión, ¡el crimen se redujo a la mitad!”

Se calculan además siete millones de personas en libertad condicional o vigilada.Para ello se impusieron sentencias obligatorias a los criminales reincidentes; se aprobaron masivas partidas para construir prisiones; se aplicaron tácticas policiales novedosas como la “tolerancia cero”; se aplicó un mayor seguimiento y control de los delincuentes en libertad condicional y se incrementó en una década en un 20% la fuerza policial.

Una política como la descrita es especialmente cuestionable. Pues una política tan eficaz como humanista debe ser dura con los delincuentes, pero especialmente con las causas sociales de la delincuencia.

A este respecto la CEPAL concluía en 1997 que factores de riesgo de la violencia urbana son: a) Desigualdad de ingreso urbano. Entre más alta, mayor riesgo; b) Pobreza en los hogares urbanos; c) Tasas de desempleo abierto urbano; d) Porcentaje de jóvenes urbanos de 13 a 17 años que no estudian ni trabajan; y e) Déficit educacional: porcentaje de niños urbanos de 14 ó 15 años que no han completado seis años de estudio.

La deserción, la repetición y el terminar estudios básicos y medios sin encontrar trabajo aumentan obviamente el tiempo perdido, la frustración y la desesperación. Y a veces esos jóvenes varones botan su agresividad con violencia.

Los norteamericanos han demostrado hasta la saciedad que existe también una correlación fuerte entre destrucción del vínculo familiar y delincuencia. Los jóvenes que llegan a los centros de detención provienen en un 70% de hogares sin padre. Cuando el niño de edad temprana no ve valores ni ejemplos de conductas acordes con la moralidad y la sociabilidad, en momentos difíciles de su vida no tendrá pautas claras a las que atenerse. Estudios latinoamericanos van en esta misma dirección.

Por eso la vía exclusiva o preferente de la penalización y encarcelación es injusta pues se tiende a “criminalizar la pobreza”. El psicólogo del Hogar de Cristo Paulo Egenau nos da algunas pistas. Tras la aplicación de las políticas que Morris y Rosales defienden en Estados Unidos con 300 millones de habitantes, tenía 1.800.000 personas encarceladas.

La Unión Europea, con 370 millones de habitantes, tenía una población penitenciaria de sólo 300.000 personas. Mantener tamaña población penitenciaria le significa a Estados Unidos 31 billones de dólares. Más de lo que destina todo el presupuesto federal para el bienestar social de 8,5 millones de pobres. Y, por supuesto, los presos son mayoritariamente jóvenes negros y latinos.

En 1998 había 193 presos blancos por cada 100.000 blancos; 688 hispanos presos por cada 100.000 hispanos y 1571 negros presos por cada 100.000 negros. Como se ve el encarcelamiento afecta sobre todo a jóvenes, varones, pobres, extranjeros e indígenas. Y los que salen de la cárcel vuelven a reincidir en un porcentaje abrumador.

Como lo ha sostenido Joseph Stiglitz es mucho más barato y eficaz invertir en becas de estudio que en cárceles para los jóvenes. Además, este método acerca peligrosamente la democracia a la autocracia.

Esto nos enseña que la delincuencia sólo se puede combatir con una firme decisión social que ataque tanto sus efectos como sus causas. En caso contrario, todas nuestras medidas punitivas serán, a corto plazo, tan ineficaces como injustas, pues muchas veces terminaremos sancionando al joven al cual no le dimos ninguna oportunidad de acceder a una vida digna.

Por ello se requiere el aumento en la inversión en educación, salud pública, vivienda y oportunidades para la juventud. A ello deben sumarse los esfuerzos en el área de salud pública para fortalecer la prevención del consumo y el tratamiento de las personas en situación de adicción.

Se debe propiciar una profunda revisión de las políticas antidrogas en el principal mercado consumidor del mundo, Estados Unidos de América, hasta ahora casi exclusivamente centradas en el control de la oferta por mecanismos represivos.

Para finalizar, volvamos a Chile. Si el 2000 teníamos 25.137 personas privadas de libertad, el 2007 llegamos a las 43.723. Hoy gastamos más del doble en seguridad ciudadana que hace diez años. Unos 4 mil quinientos millones de dólares. Por cierto, gracias a ello, a otros importantes procesos como la reforma procesal penal y la modernización y fortalecimiento de las policías, crecimiento económico y políticas sociales hemos avanzado en el combate a la delincuencia.

Así lo demostró la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. El porcentaje de hogares victimizados era de un 43% el 2003 y el 2010 fue de un 28,2%. Sin embargo, la última encuesta CEP también revela que nos sentimos igual de inseguros que al final del gobierno de don Patricio Aylwin. Los datos dados a conocer por el ministerio del Interior nos muestran que esa percepción no anda equivocada.

Por ello, es un error creer que para combatir la delincuencia basta con fiscales que persigan más fieramente a los acusados de delinquir y con jueces que abarroten nuestras cárceles.

En suma, y por otras razones, no se equivoca El Mercurio de este domingo cuando señala que con una guerrilla verbal entre el ministerio del Interior, el Fiscal Nacional y el Presidente de la Corte Suprema no avanzaremos mucho en la tarea de la seguridad pública.