Nos preocupa que haya ingresado con urgencia, ya que representantes de comunidades indígenas manifestaron en septiembre su rechazo a la consulta desarrollada por el Gobierno en el marco del convenio 169 de la OIT.

Lamentamos que se quieran promulgar sin la participación de los principales beneficiarios, como son los pequeños y medianos propietarios y comunidades indígenas. Una ley que tendría vigencia durante 20 años, no puede ni debe discutirse en 15 días.

Además, no considera medidas de protección ambiental para regular deficientes prácticas de empresas y propietarios que al amparo o no del Decreto Ley 701, siguen destruyendo o degradando el bosque nativo con tal de expandir los monocultivos exóticos a gran escala.

Es cierto, el proyecto hace un esfuerzo por dar énfasis en los pequeños y medianos propietarios, pero existe una clara intención de aumentar en casi un y medio millones de hectáreas de las actuales 2,6 millones de plantaciones exóticas. Y quizás lo más importante, los subsidios son vía fondo concursable, del cual ya hay una mala experiencia con la Ley de Bosque Nativo.

Apoyamos un proyecto de fomento, pero que se enfoque en la forestación con especies que permitan aprovechar la provisión de agua, recuperación de suelos erosionados y la detención del avance de la desertificación. Creemos que así se estaría cumpliendo con un decreto ley que realmente incentive el fomento forestal.

Este nuevo proyecto de ley es un aporte a la conservación y la recuperación de los procesos ecológicos, enfocando la forestación con especies vegetales que permitan la recuperación de servicios ecosistémicos, fundamentalmente aquellos que facilitan y mejoran la provisión de agua de calidad, la recuperación de suelos erosionados y la detención del avance de la desertificación, entre otros.

A nuestro juicio, los beneficiarios de la próxima ley de fomento deben ser única y exclusivamente pequeños y medianos propietarios forestales.

Según estudios de la propia CONAF, durante la vigencia del D.L. N°701, entre 1976 y 2010, se bonificó por forestación un total de 1.423.815 hectáreas, donde el Estado invirtió un total de US$474,3 millones, de los cuales sólo un 33,7%, es decir US$160 millones, fueron recibidos por pequeños propietarios forestales.

En otras palabras, en los casi 40 años del actual decreto ley, el beneficio ha sido para los grandes propietarios, quienes han logrado instalar una industria sólida y competitiva con exitosos resultados económicos, pero con una enorme generación de pasivos ambientales y sociales, largamente documentados: alta concentración de la propiedad e industria, eliminación de un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas forestales, control interno de precios de madera no elaborada, impacto en desarrollo social de comunidades campesinas e indígenas, degradación y pérdida de ecosistemas y biodiversidad.

Dado que el Estado transfirió cuantiosos recursos a las grandes empresas forestales, corresponde ahora focalizar el desarrollo de pequeños y medianos propietarios, priorizando en forma equilibrada el aspecto social y ambiental en el entendido de contar con agua de calidad en forma regular y suelos con buena productividad y capacidad de almacenamiento de agua, junto con la producción sustentable de bienes y servicios.

Creemos que existe una oportunidad histórica para realizar un cambio sustantivo en términos de regular e incentivar el establecimiento, manejo y protección de plantaciones forestales, pero donde realmente se contribuya al desarrollo sustentable en áreas prioritarias para la recuperación vegetacional.

Tragedias como la muerte de brigadistas forestales en Carahue nos conmueven e invitan a la reflexión sobre el rol que cumplen miles de personas que viven de trabajos altamente riesgosos para sus vidas.

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) expresa sus condolencias y enfatiza su preocupación por las precarias condiciones de seguridad en las que se desenvuelven los trabajadores que combaten, controlan y vigilan los múltiples incendios que afectan a cientos de hectáreas de plantaciones, bosques nativos, terrenos agrícolas y viviendas rurales.

Somos un país forestal, sin embargo, se requieren esfuerzos sostenidos en el tiempo, realmente orientados a mejorar la calidad de las condiciones laborales de quienes aportan al crecimiento del sector y de quienes viven en torno a los bosques y las plantaciones.

Es de esperar que las familias afectadas puedan reponerse de la pérdida irreparable de sus seres queridos y que las empresas reaccionen ante este tipo de situaciones, tomando acciones concretas en pro de evitar casos tan dramáticos como el que atraviesa, en esta ocasión, La Araucanía.

Como país no podemos aceptar que tragedias de estas características sean recurrentes.

En invierno nos hemos acostumbrado a ver episodios de contaminación atmosférica en múltiples ciudades, con postas y hospitales llenos de niños y de adultos enfermos.

Ahora, nos estamos acostumbrando a una postal de verano reiterada, con incendios que destruyen bosques, plantaciones, villorrios y que se corona con la muerte de personas.

El mejor tributo a los brigadistas que sucumbieron en el combate de incendios forestales y a todos quienes han sido afectados por los diferentes incendios, es poner los mayores esfuerzos públicos-privados en resolver de forma sistémica este desafío país.

Degradación y destrucción nativa

La conducta negligente de las personas, en ocasiones intencional y una legislación débil ponen año a año en la boca de todos lo grave que son los incendios forestales y nos recuerdan, una vez más, que son causal histórica de la degradación del bosque nativo, a pesar de que CONAF impulsa campañas de educación para la comunidad.

Es alarmante y catastrófico lo que ocurre en las Torres del Paine y en otras zonas del país con miles de hectáreas de vegetación nativa quemada, ya que este tipo de hechos generan graves impactos al medio ambiente, como la pérdida de suelos, contaminación atmosférica y del agua por arrastre de sedimentos, desaparición de flora y fauna y el deterioro de un paisaje que quizás nunca volveremos a ver.

Los bosques nativos crecen y se desarrollan a una velocidad menor que las plantaciones exóticas, por lo que recuperar completamente una zona devastada tardará al menos varios decenios. A ello, se agrega la erosión del suelo que en invierno puede tener consecuencias altamente negativas.

En ese sentido es valorable que el Gobierno anuncie con ” máxima urgencia” una modificación a nuestra Ley de Bosques (1931) con el propósito de endurecer las sanciones para quienes provocan los incendios forestales.

Es claro que desde el Ejecutivo se reconoce que la actual institucionalidad forestal debe mejorar su dotación de recursos humanos y materiales para enfrentar de este tipo de catástrofes.

Además, no debemos olvidar que también necesitamos una nueva política forestal que garantice la recuperación del balance ecológico de regiones históricamente cubiertas con bosques nativos, especialmente en las zonas más devastadas; que conserve su legado natural, sus ecosistemas forestales, biodiversidad y recursos genéticos.

En las últimas décadas, el bosque nativo ha sido uno de los grandes perjudicados, no sólo por los incendios forestales, sino también porque el Estado ha carecido de una visión clara y una acción decidida de fomento, protección y conservación.

Por ello, es urgente modernizar la legislación e institucionalidad forestal.

Esperamos que después de disipado el humo de los incendios, haya un cambio efectivo para el siguiente período estival, y contemos con una legislación acorde a la importancia y nivel de desarrollo del país, así como un Servicio Forestal con los recursos humanos y materiales que permitan protegernos de los incendios forestales.