Sin embargo, diferentes actores han constatado y denunciado el gran pasivo ambiental, social y económico, que ha producido este modelo de desarrollo basado en extensos monocultivos con fines industriales (celulosa). Dentro de los principales pasivos, se destacan la pérdida de biodiversidad, reducción de los caudales en las zonas con plantaciones, fragmentación del paisaje, escaso aporte de la gran industria forestal al desarrollo local, territorios con comunidades en conflicto con las empresas, y una reducción de la pequeña y mediana industria forestal ante el duopolio de estos conglomerados.

El gobierno anterior, presentó el año 2012 un proyecto de nueva ley de fomento forestal, con algunos perfeccionamientos respecto a los posibles beneficiarios y protección ambiental, en relación al actualmente vigente.

Sin embargo, persistía una visión añeja de desarrollo económico y el proyecto fue fuertemente resistido y rechazado por comunidades rurales y organizaciones ambientales, quienes tuvieron el apoyo de múltiples parlamentarios de la actual Nueva Mayoría. Debido a ello, ese proyecto, no fue promulgado. Con la entrada del nuevo gobierno, las diferentes organizaciones esperaban la formulación de un nuevo proyecto, que considerara una visión renovada y moderna de la protección del medio ambiente y un desarrollo equilibrado, con un especial énfasis en el apoyo a las comunidades locales y pequeños propietarios forestales.

Paradójicamente, el actual gobierno está impulsando, prorrogar hasta el año 2018 el mismo subsidio forestal que estuvo vigente hasta el 2012, sin ninguna modificación que permita atenuar o eliminar los defectos detectados. La prorroga ya fue aprobada en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Con este tipo acciones se vuelve incomprensible el actuar del gobierno y es un ejemplo palpable, de la inconsecuencia y de su renuncia a la realidad. Ello no hace más que incrementar la desconfianza hacia los legisladores y gobierno.

Debido a factores climáticos y geográficos, los episodios de alerta ambiental se han vuelto recurrentes durante el período invernal lo que ha obligado al Estado a tomar medidas.

El problema, es que esta situación se enfrenta poniendo el foco en los episodios de crisis y sólo cuando se llega a niveles riesgosos para la salud; reactivamente el ministerio de Medio Ambiente restringe las fuentes de contaminación (industrias, calderas y chimeneas).Estos episodios son especialmente graves en el centro y sur de Chile, debido principalmente al uso de leña húmeda para la calefacción, el estado de las estufas y su mal uso.

Al respecto, el Gobierno desde su nuevo plan de descontaminación propone una solución simple para un tema complejo: prohibir o restringir el uso de este combustible, sin considerar que detrás de el hay una realidad que requiere trabajo, decisión y recursos para avanzar en una solución sistémica, que permita mejorar la calidad del aire y provea calefacción a un precio razonable a miles de familias.

Hoy la leña corresponde a cerca del 20% de la matriz energética nacional, y es un combustible abundante, renovable, su precio no se ve afectado por el mercado internacional o por sequía, sustenta parte de la economía campesina y es la forma más económica de calefaccionar una vivienda.

En síntesis, con este combustible tenemos una gran oportunidad, sólo resta tomar medidas que limiten las externalidades negativas. El actual Gobierno tiene la opción de abordarlo articulando a los cuatro ministerios relacionados (Agricultura, Economía, Energía y Medio Ambiente) para encontrar una respuesta coherente y, sobre todo, coordinada.

Entre las principales medidas, se debe declarar la leña como combustible, permitiendo regular su comercialización y estandarizar su producción, especialmente respecto a su contenido de humedad.Y paralemente, continuar con el programa de recambio y añadir la educación respecto al uso adecuado de las nuevas estufas, mejorar la aislación térmica de las viviendas, formalizar el mercado de la leña, y apoyar a los campesinos para que entreguen una oferta adecuada de madera seca, legal y de calidad.

En la actualidad, aproximadamente el 80% de la leña usada en el país proviene de fuentes ilegales, es decir, de predios que no tienen un plan de manejo como exige la legislación forestal y que podrían estar generando degradación del bosque nativo.

No obstante lo anterior, el Gobierno no presenta un programa que fomente la oferta de leña certificada y que acerque los precios de este producto a estratos sociales más bajos, que son al mismo tiempo, los que más la usan.

Por ejemplo, se estima que en la Araucanía, una familia mensualmente en la calefacción de su vivienda gasta cerca de $20.000 mensuales, al consumir leña ilegal y normalmente húmeda (principal foco de contaminación).

En comparación la leña seca y legal, para una vivienda similar, genera un gasto cercano a $30.000, y la opciones alternativas (gas o electricidad), implican un gasto de al menos $120.000. En este último caso, el costo es mayor al ingreso de muchas familias. Por ello, prohibir el uso de leña debería estar fuera del debate, pues es una muestra de la incapacidad del Estado de abordar el tema en su conjunto.

Resulta urgente y fundamental que se implementen políticas de desarrollo sustentable para este combustible, que garantice un producto de mejor calidad, que en su obtención no se degrade el bosque nativo y que además tenga precios competitivos con el mercado ilegal de leña, que aún persiste.

También es importante priorizar la disminución del consumo energético de las viviendas mediante el aislamiento térmico, factor en el cual el ministerio de Vivienda y las empresas inmobiliarias tendrían un rol clave, junto con educar a las personas en el correcto uso de los equipos de calefacción.

Por último, es necesario disponer de una amplia variedad de formas de calefacción, como el gas y la electricidad, pero a costos que la población realmente pueda pagar.

Mientras esto no ocurra, estaremos destinados a enfrentarnos a más episodios peligrosos de contaminación y la autoridad emitiendo prohibiciones de uso de la leña, con las consiguientes muestras trasversales de malestar ciudadano hacia un Estado que no coordina y aborda los temas de fondo.

Como es tradición, estos eventos vienen acompañados por declaraciones rimbombantes sobre culpables y responsables junto a la pérdida de nuestro patrimonio natural, hasta que por razones climáticas el período álgido de incendios nos abandona, y la urgencia e importancia de esta tragedia pasa a engordar los desafíos que se pueden postergar en el debate público hasta el próximo verano o un futuro más lejano, si contamos con años lluviosos y templados.

A esto se suma la angustiante situación de múltiples comunidades rurales del centro y sur de Chile que durante los veranos carecen de agua para sus necesidades básicas y deben ser abastecidas por los municipios o gobiernos locales, en cantidades que serían motivo de furiosas protestas si ello ocurriera en las grandes ciudades.

Con el pasar de los años, esta situación está haciendo crisis y los escenarios de cambio climático, plantean que en gran parte de Chile se incrementará la recurrencia de los períodos de sequía, como el que hoy experimentamos, debido a la reducción de las precipitaciones e incremento de la temperatura. Eludir este desafío, sin duda, nos traerá costos sociales, ambientales y económicos mayores.

Es cierto que este reto lo experimentan otras zonas mediterráneas del mundo. Sin embargo, en Chile hay varios aspectos que agudizan este escenario, como la ausencia de ordenamiento territorial y regulaciones ambientales modernas, un código de aguas, único a nivel mundial, que privatizó este vital recurso, junto con las modestas campañas de educación ambiental y una débil cultura de cuidado de nuestro medio ambiente y bosques en particular.

Resulta urgente y necesario enfrentar estos desafíos, regulando el desarrollo de las plantaciones y bosques en torno a poblados rurales, estableciendo áreas de protección que reduzcan el riesgo de incendio.

También, se debe regular y limitar el desarrollo y ubicación de las plantaciones exóticas, que hoy se presentan como extensas superficies de monocultivo forestal (pino y eucalipto), donde es usual encontrarlas hasta el borde de los cursos de agua y caminos, ofreciendo un escenario que favorece la propagación de los incendios.

Además, el alto consumo de agua de las plantaciones, respecto a la vegetación nativa, reduce la disponibilidad o secan los cauces en verano, agudizando la falta del recurso hídrico para las comunidades que dependen directamente de ellas, por lo que se debe recuperar la vegetación nativa en las riberas de los cursos de agua.

La tarea inmediata, es restaurar los ecosistemas nativos que han sido dañados o destruidos por los incendios.

En las plantaciones quemadas, se debe reforestar en torno a los cursos de agua con especies nativas que consumen menos agua, haciendo partícipes a las comunidades aledañas en estos trabajos.

Este proceso colaborará en recuperar parte de nuestro patrimonio natural, permitiendo reducir el riesgo de incendio y mitigar la carencia de agua, entendiendo que es parte del proceso de adaptación que debemos hacernos cargo como país.

Nos preocupa que haya ingresado con urgencia, ya que representantes de comunidades indígenas manifestaron en septiembre su rechazo a la consulta desarrollada por el Gobierno en el marco del convenio 169 de la OIT.

Lamentamos que se quieran promulgar sin la participación de los principales beneficiarios, como son los pequeños y medianos propietarios y comunidades indígenas. Una ley que tendría vigencia durante 20 años, no puede ni debe discutirse en 15 días.

Además, no considera medidas de protección ambiental para regular deficientes prácticas de empresas y propietarios que al amparo o no del Decreto Ley 701, siguen destruyendo o degradando el bosque nativo con tal de expandir los monocultivos exóticos a gran escala.

Es cierto, el proyecto hace un esfuerzo por dar énfasis en los pequeños y medianos propietarios, pero existe una clara intención de aumentar en casi un y medio millones de hectáreas de las actuales 2,6 millones de plantaciones exóticas. Y quizás lo más importante, los subsidios son vía fondo concursable, del cual ya hay una mala experiencia con la Ley de Bosque Nativo.

Apoyamos un proyecto de fomento, pero que se enfoque en la forestación con especies que permitan aprovechar la provisión de agua, recuperación de suelos erosionados y la detención del avance de la desertificación. Creemos que así se estaría cumpliendo con un decreto ley que realmente incentive el fomento forestal.

Este nuevo proyecto de ley es un aporte a la conservación y la recuperación de los procesos ecológicos, enfocando la forestación con especies vegetales que permitan la recuperación de servicios ecosistémicos, fundamentalmente aquellos que facilitan y mejoran la provisión de agua de calidad, la recuperación de suelos erosionados y la detención del avance de la desertificación, entre otros.

A nuestro juicio, los beneficiarios de la próxima ley de fomento deben ser única y exclusivamente pequeños y medianos propietarios forestales.

Según estudios de la propia CONAF, durante la vigencia del D.L. N°701, entre 1976 y 2010, se bonificó por forestación un total de 1.423.815 hectáreas, donde el Estado invirtió un total de US$474,3 millones, de los cuales sólo un 33,7%, es decir US$160 millones, fueron recibidos por pequeños propietarios forestales.

En otras palabras, en los casi 40 años del actual decreto ley, el beneficio ha sido para los grandes propietarios, quienes han logrado instalar una industria sólida y competitiva con exitosos resultados económicos, pero con una enorme generación de pasivos ambientales y sociales, largamente documentados: alta concentración de la propiedad e industria, eliminación de un alto porcentaje de pequeñas y medianas empresas forestales, control interno de precios de madera no elaborada, impacto en desarrollo social de comunidades campesinas e indígenas, degradación y pérdida de ecosistemas y biodiversidad.

Dado que el Estado transfirió cuantiosos recursos a las grandes empresas forestales, corresponde ahora focalizar el desarrollo de pequeños y medianos propietarios, priorizando en forma equilibrada el aspecto social y ambiental en el entendido de contar con agua de calidad en forma regular y suelos con buena productividad y capacidad de almacenamiento de agua, junto con la producción sustentable de bienes y servicios.

Creemos que existe una oportunidad histórica para realizar un cambio sustantivo en términos de regular e incentivar el establecimiento, manejo y protección de plantaciones forestales, pero donde realmente se contribuya al desarrollo sustentable en áreas prioritarias para la recuperación vegetacional.

Tragedias como la muerte de brigadistas forestales en Carahue nos conmueven e invitan a la reflexión sobre el rol que cumplen miles de personas que viven de trabajos altamente riesgosos para sus vidas.

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) expresa sus condolencias y enfatiza su preocupación por las precarias condiciones de seguridad en las que se desenvuelven los trabajadores que combaten, controlan y vigilan los múltiples incendios que afectan a cientos de hectáreas de plantaciones, bosques nativos, terrenos agrícolas y viviendas rurales.

Somos un país forestal, sin embargo, se requieren esfuerzos sostenidos en el tiempo, realmente orientados a mejorar la calidad de las condiciones laborales de quienes aportan al crecimiento del sector y de quienes viven en torno a los bosques y las plantaciones.

Es de esperar que las familias afectadas puedan reponerse de la pérdida irreparable de sus seres queridos y que las empresas reaccionen ante este tipo de situaciones, tomando acciones concretas en pro de evitar casos tan dramáticos como el que atraviesa, en esta ocasión, La Araucanía.

Como país no podemos aceptar que tragedias de estas características sean recurrentes.

En invierno nos hemos acostumbrado a ver episodios de contaminación atmosférica en múltiples ciudades, con postas y hospitales llenos de niños y de adultos enfermos.

Ahora, nos estamos acostumbrando a una postal de verano reiterada, con incendios que destruyen bosques, plantaciones, villorrios y que se corona con la muerte de personas.

El mejor tributo a los brigadistas que sucumbieron en el combate de incendios forestales y a todos quienes han sido afectados por los diferentes incendios, es poner los mayores esfuerzos públicos-privados en resolver de forma sistémica este desafío país.

Degradación y destrucción nativa

La conducta negligente de las personas, en ocasiones intencional y una legislación débil ponen año a año en la boca de todos lo grave que son los incendios forestales y nos recuerdan, una vez más, que son causal histórica de la degradación del bosque nativo, a pesar de que CONAF impulsa campañas de educación para la comunidad.

Es alarmante y catastrófico lo que ocurre en las Torres del Paine y en otras zonas del país con miles de hectáreas de vegetación nativa quemada, ya que este tipo de hechos generan graves impactos al medio ambiente, como la pérdida de suelos, contaminación atmosférica y del agua por arrastre de sedimentos, desaparición de flora y fauna y el deterioro de un paisaje que quizás nunca volveremos a ver.

Los bosques nativos crecen y se desarrollan a una velocidad menor que las plantaciones exóticas, por lo que recuperar completamente una zona devastada tardará al menos varios decenios. A ello, se agrega la erosión del suelo que en invierno puede tener consecuencias altamente negativas.

En ese sentido es valorable que el Gobierno anuncie con ” máxima urgencia” una modificación a nuestra Ley de Bosques (1931) con el propósito de endurecer las sanciones para quienes provocan los incendios forestales.

Es claro que desde el Ejecutivo se reconoce que la actual institucionalidad forestal debe mejorar su dotación de recursos humanos y materiales para enfrentar de este tipo de catástrofes.

Además, no debemos olvidar que también necesitamos una nueva política forestal que garantice la recuperación del balance ecológico de regiones históricamente cubiertas con bosques nativos, especialmente en las zonas más devastadas; que conserve su legado natural, sus ecosistemas forestales, biodiversidad y recursos genéticos.

En las últimas décadas, el bosque nativo ha sido uno de los grandes perjudicados, no sólo por los incendios forestales, sino también porque el Estado ha carecido de una visión clara y una acción decidida de fomento, protección y conservación.

Por ello, es urgente modernizar la legislación e institucionalidad forestal.

Esperamos que después de disipado el humo de los incendios, haya un cambio efectivo para el siguiente período estival, y contemos con una legislación acorde a la importancia y nivel de desarrollo del país, así como un Servicio Forestal con los recursos humanos y materiales que permitan protegernos de los incendios forestales.