Resulta dramático constatar cuan vigentes son en Chile las demandas de los trabajadores de Chicago. Los trabajadores con horarios de 8 horas diarias o menos, son la excepción. Los salarios son bajos y el pluriempleo, o extender las jornadas, se ha convertido en una necesidad para parte importante de la sociedad.

El salario mínimo sigue siendo insuficiente y cubre apenas la mitad del umbral de pobreza de una familia de cuatro personas. Sin considerar que –como afirmara Felipe Larraín– ese umbral es obsoleto. Si se actualizaran las cifras de pobreza el resultado sería aún más escandaloso.

La huelga no existe como derecho y los trabajadores que la pueden ejercer de forma efectiva son una ínfima minoría.Lo mismo ocurre con la libertad de asociación.strong>Los trabajadores que se organizan son perseguidos despiadadamente por sus empresas. Dicho lo cual es imposible no mencionar el asesinato del dirigente Juan Pablo Jiménez. Aún no se esclarecen las extrañas circunstancias en que fue asesinado y todavía no aparece ningún responsable.

La capacidad de negociación de los trabajadores es cada vez más débil. A ello se agrega, por parte de los empresarios, el abuso de la subcontratación para diluir la persona del empleador mediante numerosas razones sociales. Así se evita la formación de sindicatos, el pago de gratificaciones y de cotizaciones previsionales.

Y se hace posible la coexistencia en una misma empresa de trabajadores que realizan tareas similares, pero ligados a diferentes empresas subcontratistas, con salarios distintos, sin derecho a sindicalizarse ni a negociación colectiva. En la minería se constatan hasta cinco subcontrataciones para un mismo puesto de trabajo.

Persiste aún el reemplazo de trabajadores en huelga y el “despido por necesidades de la empresa”, o sea la arbitrariedad. Muchos empresarios siguen aprovechando este vestigio autoritario en situaciones tan lamentables como el terremoto del norte.

Los profetas del neoliberalismo anuncian que Chile será desarrollado en 2018, que alcanzaremos un PIB per cápita de US$20.000 y tendremos pleno empleo.

Omiten precisar que ese crecimiento se obtiene al precio de la destrucción del medio ambiente, que la desigualdad creciente determina que el PIB per cápita no mide nada, y que el empleo es cada vez más precario e inseguro. El mentado crecimiento económico no es sinónimo de bienestar para la mayoría de la población. Ya lo hemos dicho pero es bueno repetirlo: crecimiento no es lo mismo que desarrollo.

Michelle Bachelet inicia su segundo gobierno con los mismos desafíos que enfrentó cuando fue su primer mandato: precariedad laboral, creciente informalidad, jornadas excesivas, baja calidad del empleo, subcontratación abusiva, diferencias salariales entre hombres y mujeres, injustas diferencias en el Estado entre funcionarios de planta, contrata y honorarios. Pasan los años y los gobiernos y los problemas persisten.

Con la participación del Partido Comunista en el gobierno era legítimo esperar que el tema laboral tuviese alguna prioridad en la acción gubernamental.Lamentablemente no ha sido el caso. De las 198 páginas del programa de gobierno, sólo cuatro abordan el tema. ¿Quién dijo “sensibilidad social”?

¿Puede Michelle Bachelet acentuar de algún modo su preocupación por los trabajadores de Chile?La duda no sólo es permisible, sino de rigor pues lo más visible hasta el momento son las reformas ausentes en esta materia.

La razón que dio el gobierno para enviar primero esta reforma es que permitiría recaudar los recursos necesarios para su programa.Es sin lugar a dudas una razón atendible.

Aunque el programa de este gobierno es insuficiente para resolver los principales problemas del país, pienso que una reforma tributaria de verdad sería una vergüenza menos para nuestro modelo económico. Si se lleva adelante, tal vez hubiese razones de celebrarlo.

Pero es difícil tener una opinión de un proyecto aún en ciernes. Existen sin embargo elementos que permiten inferir cuáles serán sus características. Estos elementos se pueden encontrar en lo obrado en materia tributaria por cuatro gobiernos de la Concertación, en los ejes señalados en el programa de gobierno y en el equipo designado para llevar a cabo la reforma.

Hay que decir que ninguno de ellos augura nada bueno.La persona designada para conducir la reforma por la presidente Bachelet no tiene antecedentes que sugieran que se hará una reforma tributaria profunda.

Alberto Arenas, un ex comunista, es un hombre de redes cuyos hilos conducen a Camilo Escalona y Andrónico Luksic. Colaborador de Andrés Velasco en el primer gobierno de Bachelet, ha defendido el patético sistema previsional chileno. Sus convicciones ideológicas están más asentadas en la reproducción del actual modelo económico que en su sustitución.

Por otra parte, el programa de gobierno se plantea aumentar la recaudación fiscal en un 3% del PIB, cifra que cae aún muy lejos de la recaudación tributaria promedio de los países que componen la OCDE. Para no mencionar los países de este selecto club que más recaudan.Mientras en Chile la carga tributaria gira en torno a un 21%, en la OCDE va del 33 a más del 50%.

Imaginar que estos US$ 8.200 millones adicionales –recaudados vía la reforma– bastan para hacerse cargo de los desafíos actuales del país es pensar con los deseos.Las cuentas no cuadran.

Si Chile se situase en la media porcentual de la OCDE que es de un 33%, el Estado dispondría de unos US$ 100 mil millones en el presente año, o sea recursos suficientes para cumplir con lo prometido por Michelle Bachelet durante la campaña presidencial, y algo más. Pero no es el caso.

Los ejes de la reforma tributaria del programa de gobierno pasan por aumentar la carga tributaria, avanzar hacia la equidad tributaria y disminuir la evasión y la elusión.No obstante, durante los últimos años hemos aprendido a leer la letra chica de los anuncios. Frecuentemente la bajada del título dice exactamente lo contrario que el contenido. Las posturas sobre Educación de la candidata de la Concertación durante la campaña presidencial ilustran lo que afirmo.

En un país como Chile no deja de llamar la atención que la palabra Cobre esté ausente de este debate. Es más, en los programas de las dos principales candidaturas presidenciales la palabra Cobre estuvo desterrada. Trágico. Si tuviéramos una ley de transparencia del financiamiento de las campañas más eficiente, sabríamos porqué esta palabra estuvo vetada en los programas de las dos candidatas principales.

Los gobiernos de la Concertación tuvieron 20 años para efectuar cambios al sistema impositivo chileno y hacerlo más justo.Pero el resultado de sus reformas es que hoy tenemos un sistema más regresivo que el impuesto por los Chicago Boys en dictadura. ¿Culpa de la derecha?

De ahí que no sea descabellado preguntarse, ¿hay elementos en la historia de la Concertación, en su programa de gobierno, o en las convicciones ideológicas de sus equipos técnico-políticos que hagan pensar que esta reforma tributaria irá en la dirección correcta?Tengo mis serias dudas.