“Su propósito (UDI) de avanzar hacia la meta de que Chile sea una nación de propietarios y no de proletarios, extendiendo al máximo las formas de acceso a la propiedad y el número de propietarios. El arraigo social de la propiedad reside en su mayor difusión. Unión Demócrata Independiente postula una economía abierta a la competencia interna y externa donde el mercado sea el asignador preferente aunque no absoluto de los recursos productivos, todo ello dentro de un marco de adecuada defensa de los productores nacionales. Para que el mercado opere efectivamente, el Estado debe impedir las prácticas monopólicas, incluidas especialmente las concertaciones de precios. La Unión Demócrata Independiente destaca la importancia de las pequeñas y medianas empresas, que ellas contribuyen a difundir la actividad empresarial y favorecen significativamente la generación de empleo, objetivos ambos que fortalecen la estabilidad social.”

Sin embargo, en el caso de la Ley de Pesca, la UDI, en forma monolítica apoya entregar, para siempre (cuotas de duración indefinida) y en forma exclusiva, una parte muy importante de los recursos pesqueros de Chile a unas pocas familias para que los exploten, las que se han concertado para cerrar efectivamente la competencia a todo el resto de los chilenos, entre ellos a los pescadores artesanales, pymes pesqueras y medianas empresas.

Además, contrariamente a sus propias objeciones a un sistema abierto de licitaciones, que dice permitirá la entrada de extranjeros a las pesquerías de Chile, en la modificación que apoyan, tampoco le cierran el acceso a los extranjeros, ya que los beneficiados no tienen limitación alguna para vender sus derechos a un comprador cualquiera de China, Uzbekistán o Vanuatu.

Derechos que, bajo la legislación que proponen, serán permanentes y que el Estado de Chile podría rescatar solo mediante expropiación.

Esta dicotomía entre principios y acción, no es extraña en el mundo político y muchas veces pasa desapercibida por falta de información respecto a las declaraciones de principios de los partidos políticos, que normalmente son citados por sus adherentes en forma selectiva.

Por desgracia, la UDI, desde hace probablemente quince o más años, ha dado su apoyo incondicional a las aspiraciones del oligopolio pesquero formado bajo el paraguas de ASIPES Y SONAPESCA, quienes desean tomar propiedad de los derechos de pesca sobre la mayoría de los recursos pesqueros de Chile y, en el proceso, absorber a los pescadores artesanales y empresas medianas.

Si esta política tiene éxito, se puede esperar una concentración aún más aguda de la industria pesquera, la desaparición de los pescadores artesanales de mayor éxito (PYMES por excelencia) y la proletarización de la actividad, todos efectos que van en directa oposición a lo declarado por UDI como su credo y objetivo en política económica.

1.- El ministro mostró una clara intención de hacer la sustentabilidad de los recursos la piedra angular del nuevo proyecto.

2.- Nos comunicó en forma clara y precisa que el Sr. Presidente de la República había impartido instrucciones de incluir en el proyecto la subasta o licitación de cuotas de pesca en la fracción industrial de la cuota global.

3.- La licitación no incluiría a la fracción artesanal de las cuotas globales y por lo tanto no afectaba a los pescadores artesanales.

Posteriormente, al ser nombrado ministro de Economía, el Sr Pablo Longueira, el proyecto del gobierno cambió en forma importante y se mezcló al sector artesanal en la discusión, arguyéndose que era afectado por la subasta o licitación y, por lo tanto, debían ser parte de una mesa de trabajo destinada a obtener el consenso sobre la materia.

La “mesa de consenso” se constituyó en la subsecretaría de Pesca, donde se logró acuerdo entre las directivas de las principales entidades artesanales, las directivas de los trabajadores de la industria y la gran industria pesquera, todos declarados opositores a la idea de licitar las cuotas de pesca.

Como excepción a la regla, se incluyó también a un proponente de la licitación: el representante de PYMEPES, a quien se le dio poca o ninguna oportunidad de defender su posición.

Al ver la composición de esta “mesa de acuerdo”, no es difícil imaginar lo que sucedió: marcha a paso regular de las asociaciones industriales con las directivas artesanales en desfile de oposición a la licitación de las cuotas industriales, con la honorable excepción de un dirigente artesanal, que se retiró de la mesa a pesar que se le ofrecieron importantes “tentaciones” por su apoyo.

Este puchero que ha cocinado el ministro Longueira huele mal, olor que han detectado las bases artesanales quienes se sienten traicionados por las directivas centrales y exigen revisión del proyecto de ley.

El ministro Longueira, en su afán de satisfacer los deseos de su tienda política, estrechamente unida a la gran industria pesquera, no ha visto lo que parece obvio a cualquier observador: los pescadores artesanales no pueden ver con buenos ojos que se les asigne a los mayores industriales pesqueros, a perpetuidad o largo plazo, gran parte de los recursos pesqueros de Chile, bloqueando efectivamente su acceso y el del resto de los ciudadanos a esos recursos.

Esta ha sido, en los pasados veinte años, la triste realidad de la pesca artesanal: el gobierno de turno, influenciado por la gran industria ha propuesto, y ahora propone nuevamente, cambios relevantes que empeoran las condiciones de los pescadores artesanales y que en definitiva los llevará inexorablemente a su extinción.

Así, durante gobiernos anteriores se abrieron las inscripciones de los registros artesanales en tres ocasiones y permitió la entrada de una serie de pescadores “virtuales” asociados a la industria y financiados por ésta.

Así también se estableció el régimen de distribución de cuotas, RAE, que permitió a la subsecretaria de Pesca asignarles cuotas a estos pescadores “palos blancos”, de hecho transfiriendo cuotas artesanales a la industria.

Así, durante este gobierno, se aprobó la llamada ley miscelánea, que permite la transferencia de cuotas artesanales a las industrias. Todas estas iniciativas tienen un solo objetivo: la eventual desaparición de la pesca artesanal.

A todo esto, uno se pregunta ¿dónde están los dirigentes de las asociaciones gremiales artesanales?

¿No se dan cuenta que sus intereses han sido comprometidos a cada paso que se da al respecto?

Curiosamente, con pocas excepciones, han apoyado con entusiasmo casi todas estas medidas.Si no fuésemos mal pensados, creeríamos que el poder de convencimiento de la gran industria pesquera pareciera fenomenal.

En este momento el proyecto de ley es considerado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional y es necesario que los diputados y eventualmente los senadores, vean la realidad de los hechos y corrijan de una vez por todas estas aberrantes tendencias.