La programación cultural del museo se nutre de destacadas exposiciones de artes visuales y ciclos de artes escénicas, sumado a una importante línea de publicaciones compuesta por varias colecciones que abordan temas de investigación, memoria, arte y derechos humanos.

Exposiciones en regiones y en el extranjero son parte del quehacer del museo conjuntamente con su participación en redes nacionales e internacionales de archivos y sitios de conciencia. Todo ello, se ha logrado sobre la base de un trabajo intenso de un equipo de profesionales y técnicos comprometidos con el proyecto. No obstante, estos éxitos imponen la necesidad de asumir nuevos desafíos a la institución, los que ya no tienen tanto que ver con su proceso de instalación y conquista de audiencias, sino con su consolidación.

Naturalmente, se trata de una transición en que los principales desafíos serán fortalecer su proyecto educativo, reforzar su carácter de Archivo con la más completa, atingente y accesible colección sobre las violaciones a los derechos humanos en el período 1973-1990, promover la investigación y el debate en torno a los temas de memoria y derechos humanos y proyectar su influencia nacional y regional.

Lo anterior no quiere decir que deba descuidarse las exposiciones temporales e itinerantes, o las tareas de extensión y la invitación a artistas visuales a exponer y trabajar en torno a los temas del museo, ya que con ello el museo permite problematizar y actualizar con diferentes miradas y lenguajes el discurso del guión curatorial, expresado en la exposición permanente, así como presentar aproximaciones a temas que no están necesariamente incluidos en ella, o lo están de manera sólo referencial.

Será también un desafío del próximo período relacionar más explícitamente los temas de la memoria de las violaciones a los derechos humanos en dictadura con los problemas actuales de la sociedad chilena.  El ejercicio de recordar e interpretar esta experiencia dolorosa tiene sentido para que ésta no sea nunca aceptable, para no naturalizar la violencia, para seguir sorprendiéndonos frente a la crueldad.

Por eso no olvidar no es sólo un compromiso con los que cayeron ayer, es sobre todo un compromiso con quienes sufren hoy, con quienes son discriminados, con quienes buscan un nuevo destino entre nosotros, con quienes reclaman respeto a su identidad, con las mujeres y niños víctimas de la violencia y la explotación sexual.

No olvidar es estar atento frente a la brutalidad y ante cualquier atentado a la dignidad humana.

En nuestro país, la amenaza a la libertad de expresión no proviene de un exceso de normas que limiten esa libertad, sino de la fuerte concentración de la propiedad de los medios de  comunicación en manos de unos pocos grupos económicos que presentan la realidad de acuerdo a sus intereses, afectando el derecho a informarse de la mayoría.

Esto lo vimos y lo sufrimos claramente en Dictadura.  La dictadura no necesitó que su oficina de censura presionara a los medios más importantes, ya que éstos se mostraron siempre partidarios de ésta y se sumaron con entusiasmo a operaciones comunicacionales y montajes para cubrir las violaciones de los derechos humanos o para ocultar la corrupción dictatorial.

Han pasado 25 años desde el término de la dictadura y son muchos los reportajes e investigaciones periodísticas que han hecho luz sobre los crímenes de la dictadura.

Como no recordar a Patricia Verdugo o destacar el trabajo de investigación de Mónica González.Con la conmemoración de los 40 años del Golpe, los medios se volcaron a informar sobre lo ocurrido y quizás, por primera vez, a traer al presente el testimonio de las víctimas.

Las nuevas generaciones de periodistas tienen un rol vital en la promoción de los derechos humanos. Para ello es fundamental la preparación en las universidades con cátedras que se orienten a la educación en derechos humanos.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con el Colegio de Periodistas de Chile crearon un reconocimiento para destacar a aquellos periodistas que en los medios masivos aporten con artículos o reportajes sobre memoria y derechos humanos. Se trata del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos entregado el viernes 18 de diciembre.

En su primera versión se premió al equipo periodístico de Raúl Gamboni y Ángeles Pacheco de Informe Especial de TVN por su reportaje “Los montajes de la dictadura”; donde investigaron en los archivos del canal para desenmascarar los montajes realizados para la prensa como el caso Rinconada de Maipú o de la Operación Colombo.

En radio fue reconocido Mario Antonio Guzmán, editor de ADN, quien ha tenido una amplia trayectoria en radios nacionales reporteando causas de violaciones a los derechos humanos en tribunales.

Lenka Carvallo fue premiada en prensa escrita por su entrevista en Revista Caras al abogado de derechos humanos Roberto Garretón: “En Chile no hay una democracia, sino una post dictadura”. 

Con este premio queremos relevar la importancia del género de las investigaciones, reportajes y entrevistas periodísticas, sobre todo realizadas por nuevas generaciones de periodistas que incursionan con valentía y compromiso en el campo de la memoria y los derechos humanos.

Se trata del lugar desde donde fueron secuestrados a punta de pistola por efectivos de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros DICOMCAR, el profesor Manuel Guerrero y el apoderado José Manuel Parada, acción en la cual se baleó frente a los estudiantes al profesor Leopoldo Muñoz, para luego ser asesinados brutalmente junto al publicista Santiago Nattino, todos militantes del partido comunista.  

De hecho, todos los 28 de marzo, desde hace ya 30 años, la comunidad de ex alumnos y profesores del Colegio Latinoamericano, se reúnen, junto a músicos, poetas y amigos, en la esquina de las calles Los Leones y El Vergel en Providencia, para rendir un sentido y afectado homenaje a Guerrero, Parada y Nattino. Se trata de actos pacíficos en los que se recuerda a los tres profesionales desde sus mejores virtudes humanas: personas comprometidas, honestas, querendones, valientes. Esos actos, con o sin memorial, van a seguir existiendo.

Los homenajes y recuerdos de estos profesionales asesinados, así como de tantos otros en diferentes rincones de Chile, forman parte de la vida de una ciudad que tiene memoria, que no quiere olvidar a quienes fueron sacrificados en el altar del fanatismo y la intolerancia; son proyectos de pedagogía pública para no olvidar, para promover el respeto de los derechos humanos, para que el sacrificio de tantos no sea en vano.

No tienen una dimensión estrictamente política, porque teniéndola, quienes se reúnen en torno a su memoria recuerdan no sólo su compromiso, también su humanidad, su trato con sus alumnos y colegas, su sentido del humor, su sencillez, sus esperanzas, sus miradas.

Es bueno que la Municipalidad, la alcaldesa y el concejo municipal, debatan la posibilidad de monumentalizar esa memoria a través de un sencillo pero significativo memorial propuesto por Ciudad Elefante.

Es cierto que podría hacerse sin debate, por simple resolución edilicia dejando así contentos a muchos cercanos a las víctimas, pero la decisión de consultarlo con los vecinos y someterlo al juicio del Concejo es la correcta, porque más importante aún que la existencia del memorial, es la convergencia democrática en torno a la idea de construir una ciudadanía con valores compartidos, especialmente si ellos están relacionados con los derechos humanos.

No hay que violentarse por los argumentos de algunos vecinos que dudan de apoyar el proyecto porque restaría plusvalía a sus propiedades. Vivimos en una sociedad marcada por esos anti valores pero que se debate contradictoriamente y que en algún lugar sabe que el dinero no puede ser todo en la vida.

Lo que corresponde es confiar en las buenas razones, en la capacidad persuasiva de quienes creemos que es posible vivir en una ciudad que respete su identidad, su historia y su memoria.

El Ministro en visita Hugo Dolmetsch estableció con total claridad que el 7 de septiembre de 1986, tras el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, el almirante Merino citó al general Humberto Gordon, director de la CNI, a La Moneda. Acto seguido, Gordon citó al cuartel de la CNI a Álvaro Corbalán y a Manuel Provis, ordenándoles  que debían salir a vengar a los escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía cobrarse con dos vidas por cada escolta muerto.

Los comandos de la CNI  encabezados por Corvalán dieron muerte a Felipe Rivera Gajardo, electricista militante comunista; Gastón Vidaurrázaga Manríquez, profesor y militante del MIR; Abraham Muskatblit Eidelstein, publicista militante del PC y al periodista, editor de revista Análisis y dirigente del MIR, José Carrasco Tapia.

Uno de los misterios que no termina de develarse es porqué los agentes no cumplieron la orden de ejecutar a diez militantes opositores. Se especula que la Policía de Investigaciones se interpuso en su camino arrestando esa noche a dirigentes opositores como Ricardo Lagos Escobar, Germán Correa, Patricio Hales y Eduardo Loyola.

Los autores de estos asesinatos fueron identificados y condenados en 2007. Los jefes recibieron condenas que implicaron cárcel, no así los 11 agentes operativos que si bien fueron condenados no entraron a las cárceles por recibir penas menores.

La memoria de José Carrasco ha sido muchas veces reivindicada por el Colegio de Periodistas, la Universidad de Chile y diversos colectivos de amigos y familiares que lo recuerdan como el hombre consecuente que compartía su vida familiar con su compromiso de periodista y la militancia en el MIR. Dirigente del MDP (Movimiento Democrático Popular) en su momento, fue un impulsor, junto a Jeqar Nehgme, de quienes en el MIR veían que la única salida a la dictadura era política, apoyada en la movilización popular, y no en la insistencia en las aventuras armadas.

José Carrasco fue un firme defensor de las libertades y de los derechos humanos.Como bien dijo Sergio Campos, “es un héroe de la paz, un símbolo de la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares de nuestra democracia”.

La práctica de la desaparición forzada ha sido utilizada en Chile, en América Latina, y en otras regiones del mundo para infundir terror en la población. No se trata sólo de un expediente represivo común destinado a amedrentar a los militantes de una causa, sus cercanos y familiares, sino a toda la población, al conjunto de la sociedad.

Por eso decimos claramente que la desaparición forzada es una práctica del terrorismo de Estado, un crimen contra la humanidad, del cual los responsables no pueden ser excusados por razones de contexto ni por el paso del tiempo. Son crímenes inamnistiables e imprescriptibles.

La desaparición forzada ha sido utilizada por los Estados y las dictaduras de nuestra región, dejando una estela de miles desaparecidos, pero también por grupos que ejercen la violencia organizada.

El más reciente caso es el de los 42 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en donde policías coludidos con bandas narcotraficantes y el alcalde de Iguala asesinaron a 7 estudiantes e hicieron desaparecer a otros 42. Vivos se los llevaron y vivos los queremos ha sido la consigna de todas las personas decentes de México. Lamentablemente, su gobierno no ha estado a la altura para garantizar a los ciudadanos el imperio de la ley.

El caso pone de manifiesto que la desaparición forzada no es un tema del pasado, ni siquiera exclusivamente de los regímenes dictatoriales, sino una amenaza constante que pende sobre nuestras comunidades ya sea por la acción o inacción de agentes del estado o por grupos armados de carácter político o delincuenciales.

El tema de la desaparición forzada está en el corazón de Chile. Es completamente ineludible. Lo ha sido para construir la democracia y lo sigue siendo para construir el futuro Hay que recordar en este día a la muy querida Sola Sierra, cuyo nombre representa esa larga, valiente, a veces solitaria y dolorosa lucha por la verdad y la justicia en nuestro país.

El Informe Rettig y la Comisión Nacional de Reparación hizo un gran trabajo en la construcción de esa verdad, identificando  1.193 casos. También la segunda etapa del Informe Valech el año 2011, que permitió identificar 30 nuevos casos de desaparición forzada.Pero hay un esfuerzo principal que es el que despliegan los familiares, amigos y compañeros de los detenidos desaparecidos.

Recuperar la dignidad humana de las víctimas de la dictadura es la tarea de toda la sociedad chilena. La memoria de estos hechos recorre permanentemente las calles de Chile, a veces para conmemorar, a veces traumáticamente como lo hemos visto en días recientes.

Este pasado sigue estando presente pero no debemos dejar que nos domine. Debe servirnos para educar a las nuevas generaciones en el respeto a los derechos humanos y en el valor de la democracia.

El proyecto responde a una necesidad evidente de nuestra institucionalidad en el sentido de avanzar en la optimización de la gestión pública para la promoción y protección de los Derechos Humanos. La creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), órgano autónomo que responde a las recomendaciones internacionales para la protección de los Derechos Humanos, fue un primer paso muy relevante. Su labor y su autonomía, sin embargo, no ha sido siempre bien comprendida por el mundo político.

La Subsecretaría de DDHH deberá encabezar y coordinar la labor gubernamental en este ámbito. Quedará pendiente la creación del Defensor del Pueblo para cerrar el círculo que nos permita decir que Chile, al menos desde el punto de vista institucional, ha sabido ponerse al día y aprender algunas de las lecciones de su doloroso pasado.

Entre las más importantes mejoras que la Cámara incorporó al proyecto original, enviado por el presidente Piñera, está la incorporación al Comité Interministerial de Derechos Humanos, de los ministros de Educación y Defensa lo que debiera permitir introducir con mayor fuerza, a través del Plan Nacional de Derechos Humanos, la formación en derechos humanos a nivel escolar y en las escuelas de oficiales y sub oficiales de las fuerzas Armadas.

Otra mejora relevante es que el proyecto aprobado integra de mejor forma una consideración de la actual institucionalidad de los derechos humanos. En particular, asume la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya que incorpora la obligación de tener a la vista los Informes y recomendaciones del INDH a la hora de elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos.Por otra parte, se han fortalecido las atribuciones y competencias de la subsecretaría, vinculadas al fomento y promoción de los derechos humanos y a la generación de instancias de diálogo y participación ciudadana.

Por otra parte, el proyecto aprobado traspasa a la nueva subsecretaría los archivos y competencias del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior. Esto significa que deberá promover la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, preservar la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos y promover su reparación.

Siendo esto muy positivo, habría sido esta una buena oportunidad para dejar abierta la puerta para la calificación de nuevos casos de víctimas no consideradas en los Informes Rettig y Valech y para hacer referencia a la memoria histórica y situación de derechos humanos de los pueblos originarios de Chile, tema que resurge porfiadamente y que sin duda también deberá asumir la dicha subsecretaría.

Con todo ello, más las atribuciones que venían definidas en el proyecto original, la subsecretaría pasa a convertirse en una parte relevante del centro de gobierno, esto es,  de los organismos que tienen competencias transversales ya que le corresponderá ejecutar y monitorear un Plan Nacional plurianual y que cruza a prácticamente todos los ministerios y servicios públicos.

Hiroshima no fue la primera expresión de un tipo de crimen de guerra que más tarde vendría a llamarse la “guerra total”, es decir, la ejecución de actos de destrucción masiva contra ciudades o poblaciones civiles que no se encuentran protegidas ni constituyen objetivos militares. Antes de Hiroshima o del bombardeo de la ciudad Alemana de Dresden, la aviación nazi inauguró este expediente el 26 de abril de 1937 dejando caer su furia sobre la ciudad vasca de Guernika.

Para los que justifican el ataque, éste y luego el embate sobre la ciudad de Nagasaki, tuvieron el mérito de poner fin a la resistencia japonesa, que a pesar de estar estratégicamente derrotados, seguían luchando con ferocidad causando miles de muertes en las tropas norteamericanas. Dirán que se salvaron muchas vidas de soldados estadounidenses, a modo de justificación.

Para los que lo critican, el ataque fue injustificado desde el punto de vista militar. La guerra ya estaba decidida. Se trató más bien de una demostración de poderío tecnológico y militar para asentar la ventaja estratégica de Estados Unidos sobre el mundo que sobrevendría a la segunda guerra mundial: el conflicto entre occidente y la URSS. No hay que olvidar que la derrota de Hitler había sido en manos del ejército rojo, por lo que los americanos necesitaban urgentemente demostrar su poderío.

Ciertamente la guerra de los aliados contra el nazismo y el militarismo japonés fue una guerra justa y necesaria. Su derrota liberó al mundo de unas tiranías feroces y criminales. El mundo con razón celebra esa victorias de hace 70 años.

Sin embargo, sigue rondando la pregunta sobre la necesidad de las matanzas de civiles en Hiroshima y Nagasaki. El pueblo norteamericano, especialmente entre los jóvenes,  ha venido modificando su opinión sobre la justificación de estos hechos. El mundo está cada vez más interesado en conocer el testimonio de los sobrevivientes japoneses, antes que los relatos supuestamente heroicos del piloto y tripulación del Enola Gay.

Hoy pocos discutirían que se trata de una de las peores tragedias de la historia humana. Tragedia en el mejor sentido de la palabra: es decir, un conflicto que provoca un desenlace catastrófico que sólo puede dejar lágrimas y sufrimientos para todos los participantes y sus herederos.

El tema ha vuelto a la palestra a raíz de los nuevos antecedentes del caso quemados, pero antes se esgrimió para criticar la existencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos e incluso para cuestionar los informes de verdad y reconciliación, Rettig y Valech.

Quizás lo primero que deba aclararse para dar un paso adelante en relación a este debate es separar la discusión sobre las causas del golpe de Estado de 1973 de las causas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante y con posterioridad al golpe. Al hacerlo veremos que la contextualización no convierte los crímenes en menos graves. Por el contrario, es probable que nos demos cuenta que ni el golpe de Estado era justificado ni mucho menos las violaciones cometidas a lo largo de 17 años.

El origen del Golpe puede ser objeto de un amplio debate político y académico en el cual muy difícilmente los chilenos lograrán un acuerdo, al menos en estas generaciones. El informe Rettig ofrece explicaciones para comprender un proceso complejo que culmina trágicamente, en donde se destacan las responsabilidades de los distintos sectores políticos, de las fuerzas armadas, del gobierno y agencias norteamericanas y de la prensa de la época. Hay también otras perspectivas y cada sector político ha sacado sus conclusiones y actúa en consecuencia. En ese sentido, la falta de acuerdo, en este caso, no ha implicado una falta de aprendizajes.

El segundo tema, sin embargo, ofrece la posibilidad de un debate con lecciones comunes, siempre y cuando no se busque con el pretexto del contexto excusar o justificar las violaciones de los derechos humanos.

Comprender porqué ocurrieron las violaciones de los derechos humanos no es equivalente a excusarlas, sino que puede ser un medio, quizás el único y por cierto bien frágil, para prevenir políticas criminales en el futuro. De hecho, como me lo hizo ver Todorov en una conversación sobre el tema, todo nuestro sistema judicial está basado en la idea que ante un crimen se debe castigar al culpable, y salvo en el caso de la ley del Talión, se busca también comprender porqué el crimen se ha cometido, de manera de establecer normas que permitan evitar que otros individuos en circunstancias similares repitan los crímenes.

En tal sentido parece fundamental reconocer el papel de las ideologías en el desarrollo de los acontecimientos, y muy en particular, como lo hace el Informe Valech en el capítulo justamente llamado Contexto, de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que convierte al adversario político en enemigo interno al cual se debe destruir o neutralizar utilizando los métodos de la contrainsurgencia, “inculcados por las escuelas de adiestramiento militar a cargo de Estados Unidos a generaciones de oficiales chilenos”.  El fundamento doctrinario de la política criminal que utilizaron las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y varios países centro americanos fue el mismo y encuentra allí sus fuentes.

Al respecto, el Informe Valech establece que hubo una  “definición unilateral de una guerra inexistente” con todas las consecuencias humanas, legales y políticas que una arbitrariedad de tal calibre implica.

La memoria de las víctimas es un componente esencial para educar a la sociedad en el Nunca Más, pero como sabemos no es por si sola garantía de no repetición.

Se requiere que la sociedad entera asuma el imperativo moral del respeto a los derechos humanos, como una condición básica de la convivencia, dejando en el pasado las ideologías criminales o los discursos de actores políticos que justifican la violación de los derechos humanos.

Me refiero al diputado Carlos Lorca Tobar, Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Lagos Salinas, Mireya Rodríguez Díaz, Carolina Wiff Sepúlveda, Michelle Peña Herreros, Sara Donoso Palacios y Rosa Solís Poveda.

Es justo representar en Carlos Lorca o Sebastián como era su nombre político, a este valeroso grupo de hombres y mujeres que asumieron la pesada tarea de mantener vivas las estructuras del Partido Socialista tras el golpe de Estado, que trabajaron arriesgándolo todo con total lealtad a la causa que abrazaron.

Lorca ingresó a la juventud socialista en 1965. En 1968 fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile convirtiéndose en un actor relevante de la Reforma Universitaria, ocupando el cargo de Secretario General de la FECH en 1969. En aquellos días conoció y trabó amistad con quien nunca ha dejado de reconocerlo como su mentor: la presidenta Michelle Bachelet.

En 1972 fue electo Secretario General de la juventud socialista y en 1973 diputado por Valdivia, jugando un papel destacadísimo junto a Gladys Marín, Secretaria General de la juventud comunista, en la defensa del gobierno de la Unidad Popular y posteriormente en los primeros años de la resistencia a la dictadura.

De hecho, Sebastián, en 1974 fue uno de los autores del llamado Documento de marzo en el que la dirección en Chile del Partido Socialista proponía establecer una alianza con la Democracia Cristiana para terminar con la dictadura. Esta idea, en ese momento sorprendió a muchos pues las heridas dejadas por las batallas del período de la Unidad Popular aún estaban muy abiertas.

Sin embargo, es evidente que con el correr de los años y con la experiencia de violaciones de los derechos humanos esta tesis se haría carne en la mayoría de las fuerzas de izquierda, logrando así construir una sólida alianza de centro izquierda que se proyecta hasta nuestros días, 40 años después.

Se trata entonces no sólo de actores valientes y consecuentes, sino también lúcidos políticamente. No por nada, Carlos Lorca, con apenas 30 años de edad, se convirtió en uno de los líderes más relevantes del socialismo chileno.

En el contexto actual, también es relevante la figura de Lorca como político dotado de sencillez y humanidad, de valores profundos y convicciones firmes, entregado en cuerpo y alma al servicio público.

Su figura se emparenta con la de los actuales dirigentes estudiantiles que ingresaron desde la lucha universitaria a la Cámara de Diputados. Es un ejemplo digno para las nuevas generaciones, pero duro de imitar.

Pero, la verdad, es que el fútbol, esa llamada pasión de multitudes, no ha sido tan inocente ni neutral como algunos quieren creer. Los escándalos de la FIFA, que al parecer también tocan a la ANFP, lo muestran claramente. La violencia en los estadios es otra cara difícilmente aceptable del deporte rey.

Y para qué decir la utilización política que los regímenes dictatoriales han hecho históricamente del deporte, y del fútbol en particular. Casos emblemáticos: el Mundial de Argentina en 1978 en que la Junta militar logró con éxito hacer olvidar por unos días los miles de crímenes de sus agentes o las olimpiadas de 1936 en que Hitler buscó reivindicar la supremacía aria.

El nacionalismo exaltado y el racismo es una dimensión que muchas veces se dispara desde la cancha o desde la galería. El fútbol es la sublimación de la guerra, es la patria, el fútbol es el pueblo, el fútbol y el pueblo soy yo dirán los dictadores, como recuerda Eduardo Galeano.

No en vano Pinochet se instituyó como Presidente Honorario de Colo-Colo, a pesar de ser del Wanderers;  Ambrosio Rodríguez, abogado de Pinochet, presidía la U en los ochenta y firmaba el contrato de Luis “locutín” Santibáñez en el mismísimo Palacio de La Moneda.

Tampoco es neutral nuestro Estadio Nacional, lugar que conserva los recuerdos de más de siete mil presos políticos, el mayor campo de detenidos habido en la historia del país.Entre los detenidos, Hugo Lepe, sindicalista del fútbol y defensor de Colo-Colo.

Pero también hay ejemplos, y muchos, en que el deporte sirve las buenas causas. Sin duda el más emblemático es el mundial de Rugby que se jugó en Sudáfrica en que  Nelson Mandela, como lo hace ver el periodista John Carlin en su magnífico libro El Factor Humano, vio la oportunidad de hacer ver a los blancos-fanáticos del rugby- que los negros no eran sus enemigos y que ambos podían abrazarse en la celebración (y reconstrucción) de su país.

Entre nosotros, vale la pena recordar el gesto solidario de los jugadores de la selección chilena que el día que partían al mundial de Alemania, pidieron detener el bus en la Penitenciaría para visitar al doctor Álvaro Reyes, médico de la selección y militante comunista detenido en la Posta Central, enviado al Estadio Chile y luego a la Penitenciaría.

Ojalá los chilenos sepamos aprovechar positivamente la Copa América para saludar a nuestro vecinos con los que hemos estado en discordias. Saludar al equipo boliviano como hermanos nuestros que son. Salir un poco del clima de pesimismo y sospecha generalizada y reencontrarnos con la alegría de compartir logros comunes, o aceptar con dignidad, respeto y admiración la superioridad de algún rival.

El tipo de presencia que desarrollan la Fuerzas Especiales, el uso desmedido de gases lacrimógenos, la acción inmediata, de oficio, y casi siempre excesiva frente a eventos de protesta social en un tema que llama muchísimo la atención de las personas que visitan nuestro país y frente al cual desgraciadamente los chilenos parecemos haber perdido nuestra capacidad de asombro. 

La violencia ejercida el 21 de mayo recién pasado contra estudiantes que se manifestaban a cara descubierta, en que la joven Paulina Estay fue brutalmente agredida y el estudiante Rodrigo Avilés quedó entre la vida y la muerte, nos obligan a volver a reaccionar frente a a estos hechos, que ya se tornan demasiado recurrentes.

Por otra parte, es evidente que la labor de la policía carece de lo que en términos policiales se denomina inteligencia, o parece no interesarse en la protección de los ciudadanos que protestan pacíficamente. Su  ineficiencia para enfrentar a los grupos delincuenciales que se infiltran en las manifestaciones pacíficas es de antología.

Los llamados “encapuchados”, a pesar de ser un pequeño grupo, actúan con total libertad desarticulando las manifestaciones y provocando daño no sólo a la propiedad pública y privada, sino a la legitimidad de las demandas de los manifestantes.

No es admisible que estas situaciones sigan repitiendose. Generar un debate amplio acerca de si los criterios de utilización de la fuerza policial en la mantención del orden público están cumpliendo con los estándares constitucionales y legales vigentes es una cuestión prioritaria en el contexto actual en que miles de jóvenes salen a las calles a manifestarse.

Al respecto, el país haría bien en escuchar las recomendaciones que han formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con las relatorías de Derechos de la Niñez y de Libertad de Expresión, que al igual que INDH y la UDP han recordado que la protesta social implica el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de reunión, y que muchas veces la protesta es el único recurso del que disponen grupos sociales para expresar sus demandas.

De hecho, en el último Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, el año 2014, las naciones recomendaron a Chile sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones sociales.

El Gobierno tendrá que enfrentar el problema.

Manuel Bustos unió su nombre a los de Luis Emilio Recabarren y Clotario Blest, como uno de los líderes indiscutidos de la construcción del movimiento sindical en el país. El Grupo de los Diez, la Coordinadora Nacional Sindical, el Comando Nacional de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores le deben su existencia en gran medida a Manuel Bustos.

Manuel nació en un entorno rural, por eso quizás le decían el huaso Bustos. Fue adoptado por Armando Bustos y Florencia Huerta ante la imposibilidad de sus padres biológicos de asumir su crianza. Siendo muy joven se trasladó a Santiago donde desarrolló diversos oficios hasta entrar en la industria textil Sumar, donde, además de vincularse a la Democracia Cristiana e iniciar paralelamente estudios de economía en Ilades y de formación sindical en la Vicaría de la Pastoral Social, se convirtió en dirigente sindical de la empresa y de la CUT.

Su vida estuvo marcada por los mismos dolores que afligieron al pueblo de Chile desde el 11 de septiembre de 1973. Apresado el mismo 12 de septiembre fue enviado al Estadio Chile, luego al Estadio Nacional y finalmente permaneció 15 meses recluido en la cárcel pública. Conoció también el exilio al ser expulsado de Chile en 1982 y la relegación durante 8 meses en 1988.

Personalmente lo conocí y compartí momentos importantes con él. Estuvimos juntos en la Penitenciaría de Santiago cuando los dirigentes sindicales y estudiantiles fuimos arrestados y sometidos a proceso por convocar a las protestas nacionales en 1985. De hecho, uno de los documentos que hoy recibimos en el museo es justamente la declaración o manifiesto llamado “Manos Limpias”, que firmamos en esa ocasión desde la cárcel.

Me siento muy honrado de recibir en nombre del Museo de la Memoria los archivos de Manuel Bustos. Un hombre que admiré en vida, que fue un referente para todos los que lucharon contra la dictadura. Un chileno ejemplar cuyo testimonio podrán conocer las nuevas generaciones a través de nuestro museo.