Su rabia era con las clases ociosas, herencias del régimen tradicional o poseedores del capital, y que explotaban a las clases laboriosas apropiándose de la mayor parte de lo que producían. En esto cabían obreros, artesanos, científicos, artistas.

Poco después, Marx y Engels vieron en la capacidad productiva del capitalismo su aporte al avance histórico, el que crearía condiciones para el comunismo, estadio posterior, marcado por grados altos de abundancia. Realidad donde el reino de la libertad sucedería al reino de la necesidad y donde cabría esperar de cada uno según sus capacidades y otorgar a cada uno según sus necesidades. En que el trabajador, además, no solo sería concebido como costo y fuerza productiva alienada y explotada, sino, también, sujeto de la economía y de la historia.

Ya en el terreno de las experiencias históricas, los socialismos reales de la URSS y de Europa Oriental rápidamente ponen al desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de riqueza  como un objetivo supremo dado que se definían partiendo de sociedades pobres no modernizadas previamente por el capitalismo. Por ello mismo, asumidos y divulgados como un atajo al crecimiento de la producción y la riqueza por una vía alternativa al capitalismo (y a lo cual otros grandes objetivos del socialismo terminan subordinándose).

La propia gestión de esos socialismos se plantea en un cierto momento la pregunta por la preponderancia o combinación entre estímulos materiales o estímulos morales como herramientas para lograr que las conductas laborales cumplieran con las necesidades y objetivos de la planificación.

Es quizás el socialismo latinoamericano bajo la influencia cubana, el ejemplo ético del Che Guevara y la existencia de corrientes cristianas que connota al socialismo de algo más austero y menos marcado por el desarrollo de las fuerzas productivas y la producción de riqueza. Es el valor supremo de la igualdad y la emergente critica a la sociedad de consumo que se hacen ya más importantes y características.

Las experiencias del socialismo africano que buscan combinarlo con las tradicionales estructuras comunitarias campesinas como en Tanzania y Madagascar marcan también una relación menos decisiva en la capacidad de producción de riqueza y crecimiento. Pero esto estará siempre presente para dejar atrás el atraso.

Todo lo anteriormente señalado es solo para mostrar que hay una historia larga y compleja en la relación entre riqueza, socialismo y socialistas. Pero ello nunca pasaba por la idea del enriquecimiento personal de un socialista. Había una ética, una historia, un entorno socialista, que actuaban de contenedores para una tal conducta.

Eso era parte del ADN del socialismo y los socialistas pues aparecía opuesto al valor supremo de implantar dosis efectivas de igualdad entre las personas. Por algo, en el momento de su derrumbe los sistemas socialistas, con algo de caricatura, fueron desprestigiados recurriendo a la figura de la existencia de unos jerarcas y elites que habían consumido parte de la riqueza que generaba ese sistema. Eso era enrostrarles que habían ido en contra de lo que encarnaban y que sus elites o dirigentes no eran distintos a otras.

La existencia y conducta de Dávalos y esposa, militantes socialistas, parecería mostrar el deterioro de aquellos principios, pero no solo en él, sino también en un entorno próximo que no jugaba el rol de controlador y deslegitimador, de ese tipo orientaciones al enriquecimiento y el lujo.

Lo dijo hace un tiempo un diputado de esa corriente, más o menos así: se ha pasado de una lejanía y crítica al deseo de enriquecimiento, al predominio de la idea que se es “un tonto” sino se aprovecha una oportunidad para serlo. En este caso, incluso, sin la dignidad de la producción de algo real, sino en una de las actividades más bastardas de apropiación de valor, como es la especulación inmobiliaria.

Es en ese nuevo ethos “socialista”, proclive y aceptador del enriquecimiento, que parece estar avanzando–aunque velado y en tensión por un discurso que no puede ser transparente en esa dirección-  Dávalos pareciera ser no el mal hijo de una presidenta, sino el buen hijo de una época.

Criatura, actor y sujeto de ese contexto. Un “nuevo socialista” que deja atrás aquello que en otro momento fue parte de su esencia valórica y que más bien queda como lastre a superar, aunque se le necesite como retórica para llegar al poder.

Si así de grave fueran las cosas, el tema es serio y profundo. No cabe aceptar las palabras del presidente del partido socialista que “valora” su renuncia; o de un ministro que “valoró” la declaración de su patrimonio y de otro ministro que “valoró” su renuncia al cargo público que tenía.

Yo prefiero acusarlo del descredito que le confiere a algunos de los mejores idearios de la modernidad y al que espero que el ideario socialista siga aportando propuestas: el mejoramiento de la vida  junto a las de los otros; a la igualdad con diversidad. De las declaraciones citadas pareciera desprenderse que este es un tema demasiado importante como para dejarlo en las manos de los dirigentes de los partidos que se llaman socialistas.

Solo el sorbo de algunas de las palabras y gestos de despedida de José Mujica –aquí, dentro del “barrio”, como les gusta decir a tanto economista chileno “de mundo”- llamando a la austeridad sin pobreza, y devolviendo parte de su salario presidencial, pareció ser un fresco antídoto frente a esa desmesurada vocación de riqueza.

Con mucho simbolismo, se presentó, también una primera cooperativa de inmigrantes ecuatorianos en el campo del arte textil.

El encuentro buscó aumentar lazos y conexiones entre esas unidades y experiencias económicas y pensar formas de robustecerlas y expandirlas.

Interrogarse cómo principios de  asociatividad, cooperación  y autogestión, pueden llegar a ser más significativos en las relaciones económicas de Chile y más allá.

Cómo avanzar y perfilarse como un sujeto de la economía nacional, con valores que unifican pero, a la vez, permiten una alta diversidad y libertad interna. Todo ello involucra poseer discursos identificatorios pero también fortalecer relaciones materiales concretas entre experiencias, generando, por ejemplo, circuitos económicos locales y regionales de tipo solidario.

También se discutió con representantes estatales el cómo estas prácticas económicas deben ir siendo sujetos de reconocimiento constitucional y de políticas de apoyo y fomento de parte de los gobiernos centrales, regionales y municipales.Esto, sin perder  la autonomía respecto del aparato del Estado, lo que es entendido por estas corrientes de la economía como parte de su esencia y modo de ser.

Al respecto, un creciente interés se ha despertado entre estas organizaciones por conocer los enunciados y los efectos de medidas que en otros países se han ido dando el último decenio,  como en Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia. En estos ha crecido el reconocimiento de una Economía Social, Solidaria, Comunitaria, Cooperativa  y Popular, ya sea en el plano constitucional o en el plano de entidades y políticas gubernamentales de apoyo a dicho sector.

Frente a esos procesos, Chile, orientado desde mitad de los años 70 por un liberalismo económico radical y precoz, y pese al surgimiento de muchas experiencias de la economía a la que hacemos referencia, aparece aún lejano  a ese tipo de iniciativas institucionales.

Pero no sólo por ello la evaluación del “modelo chileno” es críticada por este sector de la economía. También porque las formas dominantes de funcionamiento de la economía y del Estado ha favorecido a los grandes grupos económicos y su  comportamiento voraz.

En la medida que muchas de estas experiencias alternativas establecen relaciones con la economía general a través del mercado, se hace parte de su propia defensa la necesidad de lucha contra sus formas concentradas, monopólicas y a su acumulación por desposesión como ha señalado David Hurvey.

En el Encuentro destacó la presencia de representantes de siete universidades que señalaron el cómo se han vinculado con este sector de la economía, a través de la formación, la extensión y la investigación, abriéndose una discusión hacia delante sobre las formas deseables de esa relación dentro del objetivo de buscar alternativas económicas al “modelo” socio-económico actual.

Aún más, esto comprendió la discusión de las formas en que el conocimiento debe ser producido y los saberes que están presentes en estas experiencias de la economía. Mostró también como en espacios universitarios, entre estudiantes y docentes, han surgido diversos grupos interesados en promover, reflexionar e investigar formas económicas autogestionadas, cooperativas solidarias, como parte de la economía real y de la economía posible.

Por supuesto, en todo este heterogéneo mundo de empresas, asociaciones, unidades y experiencias, hay horizontes distintos. Algunos ven la posibilidad de una alternativa global al capitalismo; otros, la posibilidad de fortalecer un tercer sector “social” de la economía, junto al privado y al público; otros, “simplemente”, crear espacios alternativos de economía movida por otros valores y propósitos que los de la ganancia y la acumulación.

Desde una mirada histórica, allí conviven antiguas vertientes cooperativistas que atravesaron el siglo XX; tipos de organizaciones de tipo económico popular emergidas en la dura crisis socio económica (bajo dictadura) de los años 80; experiencias expresivas de nuevas sensibilidades, opciones y propuestas, frente los problemas ambientales, de biodiversidad, de cambio climático, del consumo, de la salud; expresiones comunitarias propias del modo de vida de pueblos originarios y que enfatizan la defensa de otras formas de relación con la naturaleza y las críticas a un progreso entendido de manera individualista y materialista. Todo ello, conforma una compleja dinámica de unidad y diversidad.

Con todo, se puede decir que en toda esta corriente de formas de hacer economía, en su hondura mayor, está presente, primero, una búsqueda de autonomía y libertad personal combinada con creación de lazos y sentido comunitario; segundo,  un rescate de valores modernos como la igualdad y  fraternidad, junto a una crítica a la modernidad en su relación con la naturaleza y lo comunitario y tercero, una mirada de la importancia de lo económico como dimensión donde se generan y determinan relaciones sociales (verticales y de explotación u horizontales e igualitarias) y una distancia de lo económico como practica solo analizable desde la productividad, la eficiencia y la ganancia.

Esto cobra expresiones límites como el invento de semillas estériles en la segunda generación que evita que se transformen en propiedad y uso difundido y son pasos hacia la privatización y mercantilización completa.

También está la preocupación por el destino del planeta, la revalorización de modos de vida más comunitarios, la valoración de la necesidad -junto a la redistribución para enfrentar desigualdades altísimas- de orientaciones individuales y colectivas del tipo de la reciprocidad, el don, y la gratuidad, siempre presentes en la vida económica y social.

También es una reacción a la popularizada afirmación de “la tragedia de los comunes” de G. Hardin (1968) de acuerdo al cual todo lo que es de propiedad y uso común tiende a la sobre-explotación y degradación al no existir alguien que tenga aliciente para protegerlo o cuidarlo. De allí se deduce que solo la claridad de los derechos de propiedad (privada) puede cumplir con ese propósito, lógica que podemos encontrar en la Ley de Pesca chilena.

Sin embargo, como lo ha señalado Eliner Ostrom, cuando hay bienes comunes y se establecen y comparten reglas democráticas que definen derechos y responsabilidades en la gestión de eso común, las personas no resultan ser el lobo para las otras. Al contrario, hay una serie de ventajas que pueden obtenerse de esa propiedad y gestión común lo que puede desembocar en la realidad de “la virtud de los comunes”.

Definir lo que son o pueden ser los bienes comunes no es fácil. Algo básico es que un bien común es distinto a “un bien de nadie” que parece ser lo que Hardin en su tragedia de los comunes tenía en mente.

Se trata de una noción que se distingue de los bienes privados y los bienes públicos, aunque estos pueden entenderse como bienes comunes delegados al Estado, en su gestión.

Por otro lado, el carácter de potencial bien común está en una serie de bienes imprescindibles para la reproducción de la vida: el aire, la luz del sol, el agua, la tierra.Su daño o apropiación excluyente pueden afectar la reproducción de otros seres vivos. Ello puede conformar un “patrimonio común”, el que, sin embargo, no se reduce a lo natural sino que puede abarcar lo cultural o social como el conocimiento acumulado, comprendido como un “legado”.

Justamente, una complejidad y enriquecimiento para la definición de bienes comunes está relacionada con las preguntas que abre Internet relacionadas con el acceso libre y lo común.

Más allá de la cualidad de los bienes específicos que pudiesen constituir el campo de los bienes comunes, estos parecen ser definibles como el resultado de una relación social que condiciona sus formas de propiedad, de uso y de acceso.

Es decir, el carácter de común viene “desde fuera” del bien, desde sujetos que así lo definen a partir de una relación social entre ellos. El bien común es más una construcción humana de tipo institucional, de gobernanza, de administración, y de institucionalidad, que hace parte de la necesidad de gobernar la vida en común.Allí podrán estar comprendidas bibliotecas, parques, calles; lagos, bosques, vida silvestre; atmosfera, agua, biodiversidad; ciencia, conocimientos.

Esos bienes los podemos hacer comunes de acuerdo a valores, ideologías, ventajas e intereses, a las distintas escalas en que ocurre lo social: barrios, comunas, regiones, países, continentes, mundo.

Así, podemos hablar de los bienes comunes globales, como el equilibrio ecológico, la biodiversidad o la paz. Esto implica tensionar a los Estados nacionales, a los que obliga a asumir que son parte de una legislación que los condiciona o debiese obligar a determinadas políticas.

La cualidad de los bienes comunes debe definir una regulación distinta, respecto de los bienes privados. Suelen ser usados o dañados por agentes privados sin que el mercado lo registre, como acuíferos usados gratuitamente por embotelladoras de agua.

Otra serie de bienes no pueden gestionarse bajo la forma de una gobernanza de mercado: la belleza de la naturaleza, el valor de la vida silvestre, o las normas y valores que defienden a una comunidad. Sin embargo, la gobernanza privada de mercado ha penetrado en esos aspectos, ampliando, privatizando o mercantilizando la realidad.

A su vez, la diversidad de bienes comunes debe ser la base de diferentes tipos de gobernanza. Esta parece depender en gran medida de la naturaleza de un recurso compartido y de la comunidad especifica que lo comparte.

Respecto de lo primero hay grandes diferencias entre recursos que pueden destruirse con mucho uso, caso de los bosques, con el caso de un software, o de la información y la cultura que no se pueden agotar y se amplían con su uso. Es lo que se ha llamado la “comedia de los comunes”. Pero, también, hay bienes comunes que los puede administrar de manera autogestionaria una propia comunidad, como una caleta pesquera, o ello puede ser delegado a los gobiernos, como la gestión del espacio radio-eléctrico.

El levantamiento de la importancia de promover lo común significa un proyecto que busca limitar la propiedad o apropiación privada de la realidad y, por ello, define un periodo de reversión de la privatización, en dirección a lo común.De signo opuesto a lo que fue la gran cruzada neoliberal a favor de lo privado y contra lo público de los últimos decenios.

Es una tarea de envergadura y tiempo histórico extenso en el que habrá que ir reconociendo, revalorizando y generando experiencias de gestión de lo común, bajo diferentes modalidades y escalas, sin que desaparezcan lo público y lo privado.

Esto comprende la importancia de las dimensiones jurídicas en cuanto a la creación del espacio de los bienes comunes y su distinción respecto de otros tipos de bienes.

Queda claro, que la promoción de los bienes comunes está en el cruce de la ética, la economía y la política de desarrollo y en el debate entre liberalismo y el comunitarismo. Parece situarse en un reconocimiento del valor moderno de la libertad y autonomía individual pero sin contraponerla a buscar formas más comunitarias y solidarias de existencia social.

Ellas suelen sacar la cabeza sobre la superficie en tiempos de elecciones presidenciales, de encuestas CASEN, de algún informe de la OCDE o de las periódicas catástrofes “naturales”.Todas ellas ponen más al desnudo las diferencias socio-económicas del país, marcadas no solo por la pobreza sino también por la “extrema riqueza”.

Ha estado de moda afirmar que la opción de los pobres y frente a la desigualdad, es que aquellos aumentan su “capital humano” propio, que “inviertan” en ellos mismos.Pero sabemos que sin una acción pública reestructurante la educación reproduce la desigualdad heredada.

Adicionalmente, esa eventual formación de capital humano de los sectores de menores ingresos, solo puede realizarse si se encuentra con una estructura de empleo que permite que ese mayor potencial de productividad se pueda concretar en trabajos calificados. Pero la estructura chilena de empleo ya ha sido criticada por la enorme cantidad de empleos de baja calificación y la falta de una política sustantiva que cambie la matriz productiva asentada en buena parte en una estructura exportadora de escaso valor agregado, basada en la renta de recursos y condiciones naturales.

Y aun cuando esta estructura de empleo fuese mejor, la desigualdad no disminuiría si en esos mejores empleos, con mayor productividad, los trabajadores no tuviesen capacidad de que se transforme en mejores salarios relativos, lo que tiene que ver con las condiciones de negociación y de poder que puedan tener.

Aun con lo complejo de lo anterior, ello es solo una parte del problema total, pues tampoco podrá haber más igualdad sino se actúa sobre la impresionante concentración de activos económicos: empresas, tierra, financieros que sigue teniendo lugar en Chile; si no se actúa sobre un sistema tributario regresivo; si no se actúa sobre la forma concentrada de los mercados que permite la extracción de excedente desde las pequeñas empresas hacia las grandes y la precariedad de los trabajadores de las primeras; sino se actúa sobre discriminaciones de clase, de apellido, étnicas, de género y de lugar.

Actuar sobre todo ello, imposible de esquivar si se quiere producir igualdad, es cambiar orientaciones centrales del estilo de desarrollo.

Ello no es fácil, pues también son parte de la realidad otros “datos duros”. Para el liberalismo radical, que modeló la economía chilena “desde arriba” a partir de 1975, la igualdad no es un objetivo buscado. Al contrario, ve en la preocupación por ella la fundamentación de políticas distributivas que detienen el crecimiento y a lo cual denomina, sin mucha sutileza, populismo.

Aun más, la desigualdad es vista positivamente como fuente de esfuerzo individual para alcanzar a los que están más arriba; la emulación de la riqueza como fuente del emprendimiento.

Para tener un discurso en “lo social” contrapuso la búsqueda de mayor igualdad con la superación de la pobreza, pues lo primero llevaba al estancamiento y con ello a más pobres, y lo segundo significa crear el mejor clima a los empresarios que así crearán empleo.

La preocupación proviene solo cuando grados altos de desigualdad parecen estar a la base de movilizaciones y de futuras y amenazantes inestabilidades que pueden poner todo el sistema en cuestión.

La mirada fría de los últimos 3 a 4 decenios de la historia económica nacional debe hacernos concluir que más allá de discursos y promesas, el crecimiento ha estado asentado en la desigualdad. Esta no ha sido una anomalía, sino una condición y una resultante del tipo de expansión económica de Chile.

Esta expansión no puede explicarse al margen de la privatización de la economía, de la inmensa cantidad de capitales acumulados y concentrados, de la consolidación de “grupos económicos”, de la oligopolización de innumerables mercados, de la gran presencia del capital extranjero. La mayor política social de los decenios más recientes, posible por los mayores recursos estatales de la propia expansión económica, solo ha logrado evitar que la desigualdad de ingresos crezca aún más.

Por tanto, asumido en serio, el cambio de esa desigualdad instalada en la anatomía y fisiología del funcionamiento de la economía chilena supone actuar sobre factores en buen grado intocados en las propuestas de mayor igualdad que por ello se transforman en retórica y velan sus causas mayores.

Intervenir en serio sobre la desigualdad no es por ello cuestión de “buena onda”, buscando no producir efecto en la sensibilidad epidérmica de grupos que se opondrán a ello por principio y por intereses; porque saben que una mayor igualdad real produciría remezones mayores a la forma en que ha funcionado la economía y la sociedad.

Dado el poder de dichos grupos en el mercado, en el manejo del capital, en el sistema político, en los medios de comunicación, en el imaginario medroso a crear frente a no importa cual política igualitaria, toda reforma sustantiva solo puede provenir y sostenerse desde una gran base social y política.

En su lectura optimista todo ello sería la expresión de los propios avances -en definitiva al éxito- de una sociedad modernizada que ha hecho surgir nuevas necesidades. La tensión se expresaría como desapego, distancia y franca hostilidad a las instituciones actuales.

De allí, a la vez, la preocupación entre ciertas elites que han visto la fuerza de esa institucionalidad como el gran capital de Chile y su distinción frente a la caótica América Latina.

La representación de un nuevo ciclo comprende bien, sin duda, parte de la realidad de lo que ocurre.Sin embargo, esconde también otra parte, distorsionando la historia que hemos vivido.

Deja entrever que hasta la emergencia reciente de esta corriente social crítica, los consensos en Chile habían sido altos y el país había avanzado ordenado, con las naturales diferencias menores de toda sociedad. Sin embargo, esta visión era bastante elitista.

Podríamos decir que había sido una construcción social de buena parte de las elites.Es necesario considerar que los ejes del modelo socio-económico se instalaron en Chile en los 70 y 80 por -y en el contexto de- una dictadura que incluso debió derrotar grupos de la elite militar, empresarial y pasar por alto intereses de amplios sectores medios anti unidad popular y, por supuesto, reprimir a un vasto sector social popular atraído por perspectivas socialistas.

Eso significó generar una “hegemonía fáctica” en que para una buena mayoría solo quedó el adaptarse al nuevo escenario instalado con relación a la arquitectura de la educación, salud, previsión, régimen laboral, de la política, de lo organizacional, y más transversalmente, a los grados de privatización y mercantilización de la sociedad.

Es cierto que el crecimiento del trabajo, de los ingresos, del consumo –generalizado y desigual- desde fines de los años 80 hasta fines de los 90 integró a porciones de la sociedad que vieron mejorar su situación socio-económica especialmente por un segundo empleo e ingreso familiar y mejorar la capacidad del Estado para realizar políticas sociales.

Ello, desde situaciones enormemente deterioradas desde mediados de los 70 que se expresan, entre otras, en el hecho que el salario medio chileno de 1970 fue recuperado recién a principios de los 90.

Me interesa afirmar, sin embargo, que nunca ese modelo liberal radical, en sus dimensiones diferentes, gozó de una evidente hegemonía o consenso. A lo más de un consenso pasivo.

Señalar que ese consenso existía fue una de las grandes construcciones ideológicas de principios de los años 90 por parte de sectores empresariales, políticos e intelectuales de las grandes coaliciones que manejaron el poder.

Ello se expresó en la representación de que por fin Chile, luego de la intensa conflictividad que lo había caracterizado desde los años 60 en adelante, había llegado a una madurez y a estar de acuerdo en las grandes orientaciones.

Para dicha elite, esa idea fue su apuesta política, su deseo y expresó su propia mirada e interés, pero lo que estaba al otro lado de la calle, era en buena medida, más bien una población adaptada, de caminar rudo hacia delante, de escupir para el lado, y de importante malestar que acompañaba la sobrevivencia cotidiana.

Además, con baja expectativa de poder cambiar cosas y baja seducción por discursos ambientalistas, humanistas, y socialistas no oficiales.

Todo esto para culminar diciendo que este ciclo político que se abre no es sólo el resultado del avance modernizador, de las nuevas demandas que esto genera, de la irrupción del ciudadano. Y de indudables cambios culturales que está viviendo Chile.

Es también hijo de una historia en el seno de la sociedad, que ha experimentado malestares, injusticia, abusos, acumulados de manera implosiva y trasmitida de costado en muchos espacios.

El movimiento estudiantil es así, por ejemplo, al mismo tiempo, emergencia y expresión de un habla colectiva que viene con la historia y que, en este caso, nunca comprendió que la educación podía ser una cuestión privada de oferentes y demandantes sino que pertenece a la esfera de lo público.

Se insistía en lo peligroso de esas medidas pues la reacción del herido Repsol la hará contraproducente. El mensaje de siempre: llamado al realismo que significa adaptarse a los poderosos, a sus intereses.Aunque ese poderoso no lo es tanto y que Argentina para España es demasiada buena plaza para una reacción radical y tampoco la Unión Europea comprometerá la importancia argentina para su economía.

Esos antecedentes no se consideraron pues hubiesen mostrado bases de negociación de dicho país y menos clara la argumentación. Hoy las empresas españolas en Argentina se están llevando poco menos de US$ 30.000 millones al año; Telefónica, Santander, BBVA, DHL, Endesa, Prosegur, Santillana, y otras, no quieren perder esa plaza de negocios.

Pero si Argentina debe enfrentar litigios internacionales -lo más probable- un país convencido de salvaguardar el interés nacional, que tenga sostén popular, sencillamente tendrá que hacerlo.

Siempre se pagarán precios por enfrentar intereses multinacionales. Pero es mayor el que permanentemente se paga por nunca hacer nada; ya sea por el peso de intereses locales beneficiados o por miedo, abundantemente alimentado por coros de economistas prestos a alertar sobre los peligros de molestar al capital extranjero.

Se apela -también como siempre- al deterioro de la imagen del país, generando incertezas a quienes llegan con sus capitales y serían un motor del desarrollo nacional. Con ello, provocando los consecuentes costos a pagar por la población.

Similar a lo que economistas chilenos dijeron cuando el gobierno argentino desafió la política del FMI para la crisis del 2001. Se omitió después señalar que gracias a ello Argentina logró salir del profundo pozo en que estaba. La apelación a la imagen del país, refleja una posición ideológica opuesta a todo lo que signifique desfavorecer a los inversionistas mayores. Ello es algo considerado anacrónico para una ideología que ve en una globalización gobernada por el mercado, obviando sus niveles de concentración y asimetría, la solución a todo.

Siendo verdad el recurso multinacional de la deslocalización para escapar a políticas más celosas del interés nacional, ese argumento no puede ser llevado al absoluto y negar margen de maniobra al Estado Nacional.

Al invertir en un país, las empresas generan “costos hundidos” que les impide irse “así no más”. Pero aun, si así lo desearan: ¿dónde se van a ir? ¿A países nórdicos? Quizás aumenten su “seguridad jurídica” pero, a la vez, las exigencias son mayores y menos las posibilidades de ganancias extraordinarias.

Chile, desde una disposición construida con el protagonismo de ese tipo de economistas, apuntó acusadoramente durante los últimos decenios, cualquier acto de imponer condiciones a las grandes empresas. Solo se celebraba su llegada.

Recién hoy se comenzó a “descubrir” que múltiples contratos de concesiones habían sido “pésimamente mal hechos” o que “habían sido dañinos al interés general”. Ello en medio de otros vientos que entraron en la sociedad y que expresan un aumento de malestares y reclamos sociales. Pero no estaban mal hechos. Obedecieron a la manera de ver las cosas, a la ideología y los intereses predominantes.

Ninguno de los entrevistados realizó alguna mención sobre las características de esa empresa victimizada: varias filiales en los países considerados “paraísos fiscales” y tributa en España menos de la cuarta parte de los beneficios de escala mundial.

El ejecutivo argentino la había acusado de girar utilidades a otros países sin invertir lo necesario, de la proporción entre utilidades distribuidas y no distribuidas, del uso de sobreprecios y del anuncio de nuevos descubrimientos con finalidades de ganancia financiera más que de explotación.

Finalmente, nadie dijo que en la década del 2000, después de casi dos décadas, Argentina debió importar hidrocarburos, que YPF bajó su producción relativa de manera notable y, sin embargo, las utilidades de Repsol aumentaron y eran las mayores que obtenía en el mundo.

Esta reacción espontánea de economistas chilenos se ubica en el marco más amplio de su completa abstracción crítica del fenómeno de las multinacionales. No parece ser importante para el análisis económico la enorme concentración y poder económico de aquellas y de los grupos económicos mundiales.Esto en consonancia con las privatizaciones en América Latina, en medio de dictaduras o de gobiernos civiles.

En este último caso nunca eran anunciadas en los programas políticos de los candidatos que luego elegidos las realizaban, como el caso de Carlos Menem. No está la pregunta rigurosa si esa inversión extranjera está provocando un efecto significativo en términos de empleo, conocimiento científico, mejoramiento socio-económico.

El caso del cobre en Chile valida esa pregunta. Bajo la mayoritaria propiedad extranjera durante su historia, actualmente funciona con un porcentaje bajísimo de insumos nacionales; es mayoritaria y creciente la exportación de cobre en estado bruto (concentrado) y no refinado, es decir con menos valor agregado; la manufactura de cobre en el país es marginal.

En Antofagasta la minería del cobre genera alrededor del 60% del producto regional pero solo el 12% del empleo directo. Somos, finalmente, un país que produce y exporta cobre desde el siglo XIX; pero sin importancia significativa en la producción de conocimiento y tecnología, pero las utilidades extraídas por corporaciones trasnacionales son extraordinarias y los impuestos pagados bajísimos.

Si se parte de allí y con la historia de los últimos tres decenios en el cuerpo la medida Argentina debiese ser mirada como un aporte a un mayor equilibrio de poder en el futuro entre Estados nacionales y agentes trasnacionales.

Los países no pueden quedar librados a las políticas de esas grandes trasnacionales y, al mismo tiempo, condenados a la ley del silencio o la paz de los cementerios como la otra cara del chantaje de grandes inversionistas y del entreguismo de una disciplina económica que ha sido cómplice de las desigualdades de poder y de riqueza, que más que hablarle al poder ha hablado desde el poder.

Es necesario afirmar una etapa pos-neoliberal en que se vuelva a afirmar el derecho de los países de la Región sobre sus recursos básicos y en que las ganancias de los grupos privados deben estar sometidas a eso.

La soberanía sobre los recursos básicos no es un nacionalismo estrecho o anacrónico sino que debe reinscribirse en la continuidad de tradiciones políticas democráticas y en el sentir de la gente. Por ello es importante el recuerdo que la presidenta Fernández hizo en un discurso reciente acerca de que “las dueñas del subsuelo son las provincias, las empresas petroleras son apenas concesionarias”.

Esto no significa concederle al Estado ni a las clases políticas un fuero que por lo demás, en buena parte del continente, han tendido a perderlo justamente por su falta de independencia, sus cruces de intereses con los económicos y por su accionar como grupo corporativo.

Una nacionalización no puede ser el botín de un grupo que ocupa al Estado. Por ello, la soberanía nacional representada por el Estado no basta; supone también una sociedad fuerte y digna.

Clases y grupos con sus intereses se movilizan y son capaces de amenazar el orden social vigente. Pero una determinada realidad económica es insuficiente para explicar linealmente la existencia de conflicto social. Movimientos o alzamientos históricos ocurren en periodos de crecimiento y no siempre hay protesta social en situaciones de estancamiento o crisis.

Siempre existe una dimensión subjetiva que provoca que una realidad económica sea procesada de manera más o menos colectiva como negativa y pueda ser la causa de expresiones sociales de descontento.

Si relaciones sociales asimétricas se convierten en conflicto social es porque ha mediado un proceso subjetivo, que contiene aspectos éticos y valóricos, que las ponen en cuestión y se oponen a su continuidad.

Tambien median aspectos de ese orden para que un conflicto potencial y latente se transforme en uno real y manifiesto, es decir, el pasaje a la acción.

Junto a esta dimensión de la distribución de los bienes, los conflictos sociales expresan los deseos y las luchas por el reconocimiento, que rompan situaciones previas, en que existe el desprecio, la humillación y la ignorancia, respecto de grupos determinados.

Entre ambas dimensiones existen intersecciones amplias. Las luchas obreras del siglo XX por mejores condiciones de vida fueron tambien luchas por el reconocimiento de su importancia social, sin lo cual las primeras hubieran carecido de la fortaleza que tuvieron.

Las luchas actuales del movimiento gay son de reconocimiento cultural, pero a la vez, ese reconocimiento tiene implicancia en la vida material, particularmente en la inserción laboral de sus protagonistas. La lucha por la tierra de los grupos étnicos tienen significado económico y de afirmación identitaria.

La mercantilización

El malestar social que cruza al Chile de las manifestaciones actuales se mueve entre ambas dimensiones.

Una de sus bases es el vacío de regulación económica. El desmontaje más o menos radical de un Estado con signos desarrollistas, de bienestar y keynesiano, significó una orientaciòón marcada hacia la acción privada y relaciones económicas gobernadas por el mercado.

Esa nueva cancha acumuló situaciones que aportaron a ese malestar: falta de transparencia de los mercados; condiciones de asimetría de información; diferencias de poder en que ocurren los contratos entre personas y agentes económicos.

Ello se experimenta en las pensiones, en los créditos comerciales, en la relación con los bancos, en las cuentas de servicios, en los medicamentos, en los contratos de trabajo.

La percepción social es que a veces “no se respeta ni la ley de la selva” como dijo alguna vez Nicanor Parra. A la clase tecno-política se la percibe no como contra-poder de las prácticas abusivas sino como agente facilitador o cómplice.

El crédito y el endeudamiento han simbolizado en el último tiempo esta forma de funcionamiento asimétrico de los mercados.

Se alejan de una percepción benigna como la proveniente de haber facilitado el consumo de masas y de bienes durables en los países centrales entre 1945-1975 o como la vía para adquirir casa a través de créditos hipotecarios en muchos países.

En Chile, por el contrario, han ido mostrándose crecientemente como modalidad de extracción de valor a personas y empresas; como pérdida de la libertad de los individuos endeudados; como uso en ámbitos que debiesen estar regidos por otros principios (como la educación); y como campo de sobreganancias inmorales a través de repactaciones unilaterales.

La conflictividad social naciente en el vacío regulatorio está envuelta en otro aspecto más hondo que es la mercantilización excesiva de la economía y la sociedad chilena.

Recordemos que el mercado es una institución antigua de la humanidad, muy anterior al capitalismo y no podemos sino imaginar que seguirá existiendo en una eventual sociedad post-capitalista.

Lo singular es que en la sociedad capitalista moderna adquiere primacía como forma de organización económica y con ello mercantiliza la sociedad, incluyendo la tierra, el trabajo y aun el propio dinero, como nos hace notar K. Polanyi.

El movimiento liberal mercantilizador fue fuerte en el siglo XIX y aquel mismo autor interpreta una serie de movimientos diferentes de los primeros decenios del siglo siguiente -socialdemocratas, socialistas bolcheviques y nacional socialistas- como resistencia a esa utopía mercantilista.

Sin embargo, la historia también nos muestra que el grado de mercantilización en la modernidad ha estado en permanente disputa, no tratándose de un proceso lineal siempre en expansión.

La sociedad a través de la política y la ética ha solido intervenir para regularlo. La idea de derechos económicos sociales a través de la gratuidad total o parcial, las legislaciones laborales, parte de la economía pública, desarrollados durante el siglo XX, son expresiones de ello.

Reproducción de la desigualdad

Dentro de esa historia conflictual la sociedad chilena de los últimos decenios fue una expresión precoz y radical de una renovada fuerza mercantilizadora de las actuales economías y sociedades.

Ello lleva asociado el promover el móvil del lucro como el principal para la acción de los sujetos y prácticas económicas y provisión de servicios. Las instituciones se van creando para que favorezcan conductas competitivas, mercantiles, orientadas a la obtención de ganancia.

Bajo esa realidad, pueden hacerse inteligibles y justificables expresiones sociales antimercantilizadoras de la vida social.

Surgen así “cuasi sujetos sociales”deudores;pensionados; consumidores, subcontratados, apoderados, ambientalistas, que claman por una “otra mirada de las cosas” en los que se combinan demandas de regulación de los mercados con planteamientos decididamente antimercantiles.

Pero el malestar del vacío de regulación y exceso de mercantilización adquiere su peso efectivo cuando para el “ojo social” el resultado de toda esta mecánica de funcionamiento es la reproducción permanente de la desigualdad.

Esto se consolida como sentimiento y rabia colectivos, a pesar de la ganancia que en la sociedad había ido teniendo una ideología meritocrática de que cada uno debía ser recompensado de acuerdo a sus esfuerzos y que se aceptasen grados de diferencia provenientes de esfuerzos diferenciales, aunque matizado por la importancia de asegurar condiciones mínimas de existencia.

Va predominando, finalmente, la visión que se vive en medio de enormes desigualdades con una brecha importante entre esfuerzo, expectativas y realidades; en que se experimenta una movilidad social restringida y oportunidades limitadas; en que se experimentan con fuerza las rigideces de la estructura social y económica y los bloqueos sistémicos para un progreso decidido, sólido y con grados de movilidad vertical..

Ello re-envía hacia la realidad del empleo y trabajo. La denuncia de los grados del endeudamiento en la educación no solo muestran explícitamente el valor inusitado de esas cifras sino, también, implícitamente, la fragil estructura de oportunidades y empleos que se abren para los egresados endeudados, en relación con esas deudas.

Estudios recientes muestran tras los éxitos cuantitativos que oficialmente se publicitan respecto del empleo, que dos de cada tres empleos creados son trabajos “por cuenta propia”, “personal de servicio doméstico” o “familiar no remunerado”, no cubiertos por sistemas de protección.

Así, el 90 por ciento de los nuevos trabajos por cuenta propia se encuentran bajo la modalidad de jornada parcial y los nuevos empleos asalariados son principalmente de tipo parcial, subcontratado y suministrado.

Esto está asociado a la estructura productiva y estructura de empleos que genera la economía chilena, la que constituye un factor clave para entender la restricción de la movilidad vertical y la heterogeneidad de ingresos.

No hay así resolución del problema educacional sin considerar cambios en el estilo de desarrollo.

De manera explícita, aunque desde otro ángulo, ello aparece en el descontento social respecto de los impactos ambientales, centrado en el último tiempo en la cuestión energética.

Allí se expresa una tendencia que apunta a defender la existencia de energías limpias y que se enfrenta a empresas y políticas gubernamentales y adquiere notoriedad mayor cuando contiene la defensa de comunidades territoriales. Pero tambien se expresan en ello tendencias más radicales que ponen en cuestión el propio estilo de desarrollo y las pautas de consumo y modernización, existentes.

Ya no sería solo la cuestión de la distribución de los beneficios del sistema, sino tambien la puesta en cuestión del crecimiento mismo y del bienestar material, ilimitados, como horizonte del desarrollo.

Desde esta mirada que recorre lo que origina, comprende y hace emerger la sacudida presente en el Chile actual, no puede sino concluirse que junto al salto en la presencia de la sociedad en su propia historia, están constituyendose ejes de su demanda y horizonte para el país.

Lo que ocurre en la sociedad ha comenzado a ser un componente clave de su propia representación, antes puramente fragmentaria y sin elementos unificadores.

Un malestar social se ha expresado y ha buscado hacerse visible en la Región Metropolitana pero también en diversas ciudades de Chile. No es solo la Educación la que ha aglutinado y ha hecho explotar manifestaciones,  aunque haya cumplido un impresionante rol articulador.

Hace varios años, el sociólogo francés Alain Touraine señaló que Chile era una sociedad implosiva. De aquellas que durante un tiempo traga y guarda aquello que no le gusta.

Lo implosivo, si alcanza una magnitud puede superar la capacidad de carga que tiene una sociedad y cada persona y lo que está comprimido se comienza a liberar.

Hace ya un tiempo que en Chile se hablaba del malestar social. Esto lleva a recordar algo señalado por A. Hirschmann, economista norteamericano, con referencia a sociedades y economías que han estado en dinámicas fuertes de creación de riqueza e ingreso: el “efecto túnel”.

Durante un tiempo, las personas conviven con el movimiento de ascendencia y modernización que atraviesa la sociedad.

Lo que está ocurriendo con sus ubicaciones socioeconómicas relativas no constituye el problema principal a ser manifestado políticamente. Siguen centradas en el propio trayecto.

Pero ese efecto túnel termina y la realidad más general se hace visible y se puede transformar en intolerable para muchos, si se tiene la percepción de que los esfuerzos y beneficios se distribuyen de manera muy injusta y que se está del lado de los perjudicados y amenazados.

Se experimentan fuertemente, en medio de un trayecto que había significado mejoramiento y apertura de oportunidades y expectativas, las rigideces de la estructura social y económica y los bloqueos estructurales para un mejoramiento más decidido y sólido.

Es lo que puede ejemplificarse con que, a la vez, siete de diez estudiantes que entran a la educación superior sean primera generación y que cinco de diez no terminan.

Es el momento en que el grado de desigualdad se hace insoportable; se acaba la tolerancia a la diferenciación de oportunidades y beneficios.

En ese clima, en que emergen iras y rabias, implosivamente guardadas, actúa, también, un “efecto contagio”; la retroalimentación entre la manifestación de unos y la de otros.

La expresión colectiva devuelve destellos hacia sí misma, ensanchando sus posibilidades.

Esa realidad  de efervescencia social, se encuentra con una clase política conservadora y deslegitimada; aunque sabedora de las desigualdades, acomodada a la inacción colectiva, en las alturas y despegada de la sociedad.

Esto puede representarse como una vasta humareda que circula en las partes bajas de aquella y se encuentra con un delgado y frágil tubo político-institucional para recepcionarla y procesarla en las instituciones existentes.

El humo se continúa acumulando en la sociedad. Los canales político institucionales carecen de la anchura de representación política a la altura de los requerimientos sociales; presentan demasiados límites ideológicos para asumirlos.

Esto tiene dos efectos principales. Por un lado, ayuda a la sociedad a fortalecerse, en tanto tiene más tiempo para madurar, para alimentarse a si misma y no ser fácilmente cooptada.

Por otro, puede generar un vacío socio-institucional para abrir un camino concordado de tipo amplio.

Si asumimos que en algún punto debe darse origen a un nuevo orden de cosas, ello nos habla de nuevos pactos socio-políticos que hagan visibles y expresen a los grupos sociales que han estado en esa situación implosiva, acumulando malestar y que ahora reaccionan ante una sociedad en extremo mercantilizada y privatizada, con mucho abuso, fuertes asimetrías de poder y poca democracia y transparencia.

Tal capacidad política debe, además, considerar que se actúa en medio de sensibilidades juveniles donde las orientaciones de “antipoder” son significativas y reaccionan frente a todo tipo de institucionalización representativa que amenace con enajenar el poder y burocratizar las decisiones.