So pretexto de una mera e irrestricta defensa a la soberanía y el derecho a vivir (que se explican por aquel acontecimiento de hace 70 años, pero que en virtud de las condiciones actuales, parece vaciar a aquellas palabras de todo contenido), el Estado de Israel ha desplegado ya de manera continua una serie de ofensivas militares en la Franja de Gaza que, aunque con matices de observación, bien podrían ser catalogadas (a la luz de su casi efectiva unilateralidad) como de brutalidad y ensañamiento. Diversas son las fuentes en que se reporta acerca de los aparentemente irrefrenables atropellos que el Estado de Israel ha llevado a cabo en la Franja de Gaza.

Diversas también han sido las muestras de desaprobación y rechazo (a pesar de que se mantienen por el momento nada más que como palabras de buena crianza) el ataque de dicho Estado que, si bien nace como respuesta o corolario a una deliberada persecución y aniquilación, ahora parece erigirse como el armatoste posibilitador (detonante) de similares prácticas vestidas con otros ropajes.

No sólo la ONU y Chile (entre muchos otros) han tomado posición en estas materias, sino que también incluso el Presidente de los Estados Unidos (histórico aliado del Estado israelí) ha rechazado hace pocos días (no obstante su continuo e inconsecuente apoyo armamentístico) de manera clara los ataques ya referidos.La Comunidad Internacional ha reaccionado, si bien aún demasiado tibiamente, de manera general con una actitud de rechazo (por lo menos discursiva), para lo cual sólo cabe una (o al menos una notable) excepción: Alemania.

Sin perjuicio de que hace algunos días el Secretario de Estado Markus Ederer se refirió por primera vez al conflicto con matizadas palabras de desaprobación frente al Gobierno de Israel, la posición del Gobierno de Angela Merkel (y la cosa no se circunscribe solamente al gobierno) ha sido la del silencio.

El rol de victimario que Alemania jugó hace 70 años con respecto (entre otros) al pueblo judío (que, valga la aclaración, no puede ser equiparado al Estado ni al Gobierno de Israel) ha llevado a sus gobiernos y parte de sus organizaciones intermedias,si no a parte importante de su población a una imperiosa búsqueda por abstenerse de emitir juicio.

Incluso organizaciones políticas de izquierda como Antifa, caracterizadas por su rechazo activo a acciones imperialistas de este talante han tomado distancia, como expresión de su división interna en estas materias. Y es que al respecto sólo se puede perder, y más vale callar,como dijo un amigo hace un par de días.

La lectura es más o menos clara: si Alemania u organizaciones alemanas aparecen condenando las acciones militares cometidas por el Estado de Israel, corren el riesgo (como en Chile también se ha podido apreciar) de ser catalogados como de antisemitas.

Algo que luego de un proceso de 70 años de trabajada“purificación” (desnazificación) aparecería como inaceptable.Más vale callar entonces y tratar de pasar desapercibido frente a hechos que ocurren a terceros, que hacerse parte, al menos, discursivamente del conflicto, y pasar simultáneamente a materia activa de debate. Algo que puede verse de pasada también en la incomprensible secundariedad que el tema ha tenido incluso en medios de prensa como Spiegel.

Sin embargo, lo que el gobierno y aquellas organizaciones alemanas no parecen entender (o sólo a veces), es que el silencio comunica, y mucho.

El pasado 20 de Julio, día en que 4 niños palestinos fueron asesinados en una playa por la milicia israelí, se conmemoró en Alemania el día del atentado organizado por Claus Schenk Graf von Stauffenberg a Hitler, ocasión en la que el Bundespräsident Joachim Gauck abogó por la lucha por la democracia y afirmó rememorando a la Alemania nazi que “todos tienen una elección entre actuar y no actuar, entre hablar y callar”.Ni una sola palabra para lo que ocurre en la Franja de Gaza.

El escenario es, como he señalado, de alta complejidad. Alemania no quiere ser vista (al menos de manera políticamente clara) como crítica de Israel, para no ser afectada en su reputación por las abiertamente hostiles imputaciones de antisemitismo.

Sin embargo, lo que está en juego es, como también se ha dicho, de enorme valía. Si Alemania mantiene una línea silente respecto de las acciones militares del Estado de Israel, no sólo respalda con su omisión lo que allí ocurre, sino que además probaría de manera simultánea que, a pesar de sus intentos, no ha aprendido de la historia, esto es, la necesidad de defender los derechos humanos, cualquiera sea el origen de los mismos, como soporte fundamental y primario de la humanidad, cueste a quien le cueste.

Aquel silencio cada vez más ensordecedor vendría a corroborar que no resulta tan relevante el saber que seres humanos sean eliminados de manera deliberada y organizada, como el saber quiénes serían aquellos.

Ahí está puesta la paradoja del silencio alemán, para intentar lidiar con las consecuencias de lo realizado hace 70 años se apoya con la omisión práctica que bien parece recrear en la actualidad aquellos años 40´.La solución parece haberse convertido una vez más, como decía Watzlawick, en el problema.

Si antes se debatía en reuniones de socios e hinchas respecto de los caminos que las diferentes instituciones debían seguir (no sin problemas, aunque de índole sobretodo económicos), el paradigma ha cambiado con tal brutalidad que (como nos advierte el viejo Watzlawick) la solución parece haberse convertido en el problema.

En pos de asegurar condiciones económicas estables, se ha introducido ya de manera radical este nuevo sistema de sociedades anónimas que, justamente, lo que persigue es liberar de identidad y raigambre fundamentales aquellos recipientes de sentido que suponían los clubes de fútbol, para imponer criterios puramente económicos en los mecanismos de decisión internos y externos.En buen lenguaje de estadio, para llenarse los bolsillos de plata.

Ejemplos como los de Sebastián Piñera (hincha de la U. Católica) y Leonidas Vial (hincha de la U. de Chile) en la directiva de Colo Colo o de Rangers y San Felipe como modelos de “paraísos fiscales en el fútbol”, entre muchos otros, vienen solamente a solidificar esa imagen de que los directivos de los clubes tienen por primer objetivo velar por condiciones económicas favorables para los privados que ahí invierten, dejando por tanto idiosincracias y objetivos sociales-deportivos como elementos puramente secundarios.Y es claro, si existe ganancia, todo lo demás pierde valor.

Desde un punto de vista organizacional-general este escenario encontró su mayor expresión o corolario en lo ocurrido hace un par de años con la salida de Harold Mayne Nicholls y Marcelo Bielsa que, para suerte de los responsables, aún goza del analgésico que las victorias deportivas actuales generan.

Sin importar si es que la gestión se había llevado a cabo de manera ejemplar; si los hinchas habían desarrollado fuertes lazos identitarios con lo ahí realizado (podría decirse que el 2011 la selección era la única materia que proveía de un consenso general a la sociedad chilena);o si es que los logros deportivos justificaban continuar con lo ya emprendido, un grupo de directivos de las diferentes sociedades anónimas (entre las cuales destacan por supuesto Colo Colo, U. de Chile y U. Católica) interpusieron motivos económicos (si es que no también políticos) para dar fin de manera unilateral a un proyecto que a todas luces sobrepasaba lo puramente deportivo.

Pues bien, este modelo de gestión (como les gusta llamarle a quienes generan ganancia con el) ha demostrado una vez más su alto grado de autoclausura y sordedad para lo que no tiene traduccion monetaria, con la reciente salida de Milovan Mirsosevic de U. Católica.

Y esto no debe sorprender. En una sociedad como la chilena, en la que el sistema económico y por sobretodo la semántica económica tiene tanta relevancia, cuestiones relativas a sentido de pertenencia, modelos de comportamiento a seguir (y en esto deben haber pocos como Milovan Mirosevic), perseverancia, lealtad, etc. sencillamente no tienen cabida.

Incluso el viejo discurso de los “caballeros cruzados” (que ya era altamente clasista y de religioso paternalismo), cae aún más abajo al interior de este modelo de anonimatos.

El dinero no tiene cara, y las decisiones se pierden tras los títulos gerenciales y directivos.

Bajo este esquema, parece no quedar nada más por hacer que conformarse con la sola probabilidad de ganar de vez en cuando un título deportivo (es decir abocarse solamente al afán por el éxito) y renunciar a la función social que el fútbol tenía dentro de la sociedad.

Si un jugador como Mirosevic, que llegó a U. Católica a los 9 años, es tratado como lo fue, es porque algo anda mal.

O bien buscamos transitar a un paradigma que incluya a los hinchas de manera vinculante en la toma de decisiones (para que la función social no se extinga y sucesos como estos no se repitan), o nos resignamos a la definitiva desvirtuación o desustancialización de lo que alguna vez fue el fútbol como intitución social.

Desde distintos balcones, dirigentes de ambas coaliciones intentan avizorar fórmulas para hacer frente de manera fortificada a un escenario socio-político que destaca hoy más que nunca por la alta dosis de incertidumbre detonada por el movimiento estudiantil, según el cual el “orden” previo parece ser el único terreno que propicia seguridad.

A propósito del “orden” público que debe primar en nuestro país, y por recomendaciones de la Cámara Nacional de Comercio (que vela por el “orden” comercial), el Gobierno ha decidido enviar al parlamento un proyecto de ley orientado a limitar veladamente el accionar de los movimientos sociales, y en particular, el estudiantil.

En la medida en que los estudiantes se erigen como lagunas aisladas de acervo intelectual, cultural y político, socavan los procesos de avanzada despolitización de las masas, que el Gobierno ha intentado cuidar con extremo recelo.

Más vale fortalecer programas y medios de comunicación de prensa rosa (de ahí la amplia visita de personeros de Gobierno a emisiones televisivas ligadas a la farándula), que bajar los impuestos al libro e incentivar la identidad político-social. No hay donde perderse.

Por el lado de la Concertación, en la búsqueda por mantener el “orden” político interno, los jefes y principales dirigentes de partido han realizado recientemente una publicitada ceremonia de declaración de amor a la ciudadanía, que permita a sus operadores al menos por un tiempo más, seguir gozando de sus posiciones de privilegio (o como diría un viejo Presidente, de sus ya usuales granjerías).

La lectura de los dirigentes de la Concertación es tan clara como la de la Alianza.

La ex Presidenta Michelle Bachelet cuenta con un capital de popularidad capaz de asegurar la vuelta al poder.

De ahí que carece de importancia una real interrogante por las posibilidades de representar a la ciudadanía en sus auténticas demandas.

Es más, aquello sería demasiado aventurado si consideramos que sus principales representantes hasta hace poco se turnaban entre el trabajo parlamentario y el ministerial.

En esa lógica, conviene entonces quedar bien con ella (proclamarla por adelantado), que abrir el debate hacia la población.

En este contexto, como es posible de observar, tanto el oficialismo como parte importante de la institucionalidad opositora parecen quedarse empantanados en visiones altamente apologéticas del “orden” en el cual se han movido durante ya más de 20 años.

Y de ahí su choque cosmovisional con las demandas ciudadanas.

La población que sale a las calles, colisiona frente a una clase política beneficiaria entre otras cosas de:

a) un sistema neoliberal que les ha permitido compatibilizar política con empresariado;

b) un sistema comunicacional que les blinda invisibilizando las estructurales desigualdades;

c) un sistema binominal que les ha permitido asegurar la baja representatividad ciudadana y la consiguiente sobre-representatividad político-partidaria en épocas electorales.

Esta santísima trinidad que supone beneficios económicos, blindaje comunicacional y ostentación del poder político, explica por tanto la alta improbabilidad de que aquellas coaliciones puedan sintonizar con las demandas generalizadas de la población.

Es por ello, que más vale llevar a cabo exaltaciones retóricas de la democracia, que echarla a andar en sentido estricto.

Quizás aquello explique que para nuestra clase política gobernante (ya sea Alianza o Concertación) no hay mejor democracia, que la que se predica y no se practica.

Y es que, parafraseando a Víctor Hugo: ‘Hay hombres y naciones que por conservar su pasado presente, pierden su futuro’.

La sociedad civil en sus diferentes niveles clama por una respuesta que no pasa por cambios cosméticos a los cuales la Concertación parecía tenernos acostumbrados (y según la cual la Alianza ha sido su mayor aprendiz), sino por modificaciones de caracteres estructurales, que ataquen los fundamentos sobre los cuales se ha sustentado el “modelo” educativo chileno.

Diversas encuestas, la mayoría incluso de tendencia política oficialista, han corroborado que las demandas estudiantiles son representativas (en sus contenidos y formas) de una mayoría indiscutible.

No obstante tales datos, (valorados usualmente por la clase política casi al nivel del sufragio universal), las tratativas para poder componer la mesa de diálogo han sido tan numerables como infructuosas, según lo cual destaca el rechazo a la conformación de dicha mesa por parte del Gobierno la semana pasada.

Frente a este último evento, parte importante de la clase política, de las autoridades religiosas, de las autoridades universitarias y de la ciudadanía en general, se ha manifestado pidiendo buena voluntad de las partes para la definitiva estructuración de dicha instancia.

Sin embargo, ¿alguien se ha detenido a pensar realmente que supone (y qué consecuencias podría tener) el que la sociedad civil (incluyendo a sus autoridades) deposite en la sola buena voluntad al diálogo una salida que para la mayor parte de la población aparece especialmente clara (no más lucro, no más segregación social, no más desigualdad, etc.)?

El panorama no es tan difícil de visualizar. Nuestro sistema “democrático” bien parece acercarse a la monarquía descrita y adorada por Thomas Hobbes en el siglo XVII, a partir de lo cual el poder absoluto reside en un soberano que ostenta las facultades de hacer y deshacer con ancha voluntad, y al cual la población le debe rendir pleitesía.

En esa línea, como solución al conflicto educacional, nuestras distintas autoridades (y muchos ciudadanos mal acostumbrados al paternalismo de las élites) ruegan por el don de la buena voluntad a nuestros mandos gubernamentales, para avanzar hacia lo que la sociedad chilena considera necesario.

¿Es acaso admisible que una sociedad que se dice democrática (esto es, que respeta y hace prevalecer las voluntades de las mayorías, las que a su vez proveen de legitimidad al orden político) se ordene y gobierne a sí misma a partir de la sola buena disposición de sus gobernantes?

A mi juicio el problema en estas materias es de particular significancia, ya que institucionalmente pone una bomba de tiempo para el concepto que abriga el sistema democrático chileno.

Si el descontento y las demandas señaladas por la población en materia educativa carecen de eco para las prácticas de nuestros gobernantes (y por tanto éstos siguen poniendo cortapisas para la búsqueda de la solución que la ciudadanía desea), se pone en tela de juicio la función representativa de la democracia, posibilitando consecuencias para las cuales basta con echar a correr la imaginación. Y esto no es menor.

La semántica del saber técnico (de que, por ejemplo, basta con el pensamiento economicista para gobernar un país) que les ha permitido tanto a la Alianza como a la Concertación jugar a la “democracia” vedando los vasos sanguíneos que le otorgan vida y legitimidad a la misma (esto es, la ciudadanía), parece al fin comenzar a situarse en su lugar.

En ese espíritu, nuestras autoridades debiesen comprender hoy más que nunca, que la democracia no se trata solo de votar de vez en cuando, sino además de perseguir siempre representar a la población.

Una real democracia siempre quiere más de sí misma.

Idealidad dialógica

La problemática del diálogo no es nueva. En la segunda mitad del siglo pasado los filósofos Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel desarrollaron la denominada ética del discurso, teoría de la argumentación destinada a la conformación de normativas procedimentales (ideales) que permitirían hacer medible el desarrollo fáctico de diálogos orientados a la consecución de acuerdos comunicativos. Al interior de este marco teórico destacan pues dos principios básicos para el desarrollo de toda interacción comunicativa:

Primero, la ausencia de coacción por parte de (y hacia) los hablantes. Es decir, no puede existir represión para quienes participan del diálogo en tanto aquello viciaría la comunicación y la toma de posturas al interior de ésta. Las únicas armas aceptables serían “las buenas razones”.

Segundo, la simetría entre los participantes de la interacción. Esta horizontalidad comunicativa aboga por la igualdad entre los hablantes, por la capacidad de argumentar y criticar libremente, y por tanto, en definitiva, por no tener monopolizado el canal de interpretación en el devenir comunicativo.

Una vez aseguradas dichas condiciones previas, la generación del consenso descansaría luego en la libre discusión y en el reconocimiento recíproco de pretensiones de validez susceptibles de ser criticadas.

Estas son:

a) que los hablantes ostentan lecturas reales acerca del estado de cosas puesto en discusión (verdad).

b) que lo enunciado por éstos se adecua al contexto normativo vigente (legitimidad).

c) que los actores actúan de manera veraz, haciendo concordar intenciones y emisiones comunicativas (veracidad).

Al ser estas pretensiones, no aseguran verdad, legitimidad y veracidad en la interacción, pero sí permiten suponer que ‘el otro’ actúa de tal forma, lo que admite luego que la conversación se dirija racionalmente hacia una construcción común de la convención. Y al ser susceptibles de crítica, se deja abierta la posibilidad de identificar y corregir errores, es decir, de aprender de ellos.

De tal forma, desde el punto de vista de una ética del discurso, los consensos así construidos tendrían la capacidad de resolver disputas a través de la comunicación, de suerte que aquel acuerdo final integraría las interpretaciones de los implicados, pero donde el mejor argumento sería finalmente el que primaría.

Aquello tiene por implicancia fundamental: el cumplimiento de lo acordado con posterioridad al término del diálogo. Los resultados de un escenario de deliberación no pueden ser luego soslayados a voluntad.

Si las partes están dispuestas a discutir racionalmente en torno a una temática en particular (sin el veto de temas a priori), además de tener que estar dispuestos a ser convencidos, deben de cumplir y hacerse cargo respecto de lo ahí dirimido.

Realidad contextual

Hemos visto algunos principios teóricos fundamentales para que todo diálogo que se entabla pueda orientarse a la conquista de un acuerdo colectivo, y en ese sentido, a la resolución de conflictos.

Sin embargo, al analizar de cerca el escenario actual de la posible constitución de una mesa de diálogo entre (al menos) el Gobierno y los estudiantes, tal estructura dialógica se vuelve altamente problemática, según lo cual pareciendo advertir aquello, los estudiantes han decidido ser cautelosos respecto de las condiciones y posibilidades de tal procedimiento.

Pero ¿por qué tal escepticismo?

Las tres peticiones requeridas por el movimiento estudiantil para conformar una mesa de diálogo resultan bastante expresivas.

En primer lugar, el cese de la represión policial (a lo cual sería posible de agregar las descalificaciones verbales del mismo Presidente y Ministros respecto del movimiento estudiantil) tiene como objetivo directo restablecer el primer principio básico de todo diálogo: la ausencia de coacciones, según lo cual el debate debe establecerse solamente a partir del intercambio de argumentos racionalmente discutidos.

Si el Gobierno continúa en la dinámica de “demonización” del movimiento, el diálogo pierde el sentido, y se petrifica entonces el debate en torno al problema educacional como tal.

En segundo lugar, la detención del envío al Parlamento de los proyectos de ley carentes de consulta a los actores sociales persigue corregir el segundo principio básico de todo diálogo: la condición de simetría entre las partes.

Si el Gobierno envía dichos proyectos, la mesa de diálogo carecería de tal horizontalidad, en tanto parte de las soluciones estarían prefijadas con anterioridad a la discusión, lo que cauteriza el libre ejercicio argumentativo y fortifica el monopolio interpretativo por parte del Gobierno.

En tercer lugar, el necesario pronunciamiento del Gobierno respecto de los “doce puntos” solicitados por el movimiento estudiantil en materia educacional busca anticiparse a las implicancias finales que tiene reunirse y trabajar en una mesa de diálogo.

Si el Gobierno oculta sus reales propósitos y puntos de vista respecto de las demandas estudiantiles, al ser vinculantes los resultados de una instancia como esta, el movimiento estudiantil podría correr el riesgo de sentarse a discutir (y por tanto legitimar) una temática “sin futuro” promisorio, en tanto el Gobierno podría vetar de facto ciertos temas una vez comenzado el diálogo.

En virtud de lo anterior, el escepticismo expresado por los dirigentes estudiantiles luego del llamado a diálogo por parte del Gobierno obedece antes a la búsqueda de garantías que permitan solidificar esa instancia comunicativa (la anterior experiencia dialógica con la Concertación fue claramente estéril), que a un arrebato de intransigencia como algunos lo han querido señalar.

Es evidente la condición asimétrica que existe entre el Gobierno y los estudiantes. Sin embargo, también es clara la desproporción de legitimidad respecto al problema educacional que ambas partes ostentan.

Si el movimiento estudiantil quiere mantener ese mayoritario respaldo ciudadano y llegar a buen puerto, bien parece recomendable asegurar las condiciones del debate, antes que prestarse para ser el salvavidas de un Gobierno que no sabe hacia dónde navega.