A esta altura, más que preguntarse por la salida del conflicto, resulta pertinente y necesario reflexionar acerca de las lecciones que deja y de si saldremos de el habiendo ganado como país.

Eso no es otra cosa que haber aprovechado la oportunidad que nos da esta crisis para realizar los necesarios cambios estructurales requeridos por nuestra educación, la que se encuentra desafiada por nuevos y demandantes problemas.

Si bien no es el fin de este artículo, no podemos dejar de mencionarlo, se hace cada vez más evidente en que consistirá la salida.

Con el diálogo gobierno- movimientos sociales fracasado, lo que al parecer era el objetivo de los “duros” de ambos sectores, es claro que todos los temas en disputa se trasladarán al Congreso y allí, oh paradoja, se producirá un debate y se lograrán acuerdos que alinearán bastante a las soluciones encontradas con las demandas estudiantiles. Sin embargo, los estudiantes no quedaran satisfechos.

Un observador despistado se preguntará por qué este desperdicio. Una posible respuesta es que estamos frente a una prueba de fuerzas o un “gallito” entre dos sectores en que se imponen los duros de ambos bandos, algo innecesario y además perjudicial para el país.

Por una parte está el gobierno que es el principal responsable, ya que tiene todas las condiciones para actuar y resolver más que ningún otro actor.

Al parecer aún no comprende en qué consiste el arte de gobernar, que precisamente se trata de interpretar el sentir de las grandes mayorías, escuchando e incorporando ideas de otros. El gobernante al hacer eso, no traiciona su ideario, más bien actúa como el promotor del bien común, que en definitiva es la misión que la ciudadanía encomendó al elegirlo.

Así, comete dos pecados capitales, el de la soberbia y el de la pereza, ya que asume que conceder significa poner en juego su autoridad y consistencia y, al mismo tiempo, no se da el trabajo de innovar e inventar con flexibilidad soluciones, repitiendo, aunque con distinto envoltorio, siempre la misma cantinela: el GANE.

Decimos soberbia, porque actúa de manera ideologizada, poniendo en un altar a las ideas propias y asumiéndolas como la “verdad”, ello por sobre lo más preciado, gobernar sabiamente para el pueblo, es decir considerando sus demandas y aspiraciones y convenciendo en su comunicación y acción que las toma muy en serio.

Sostenemos que actúa con pereza, porque no imagina múltiples soluciones y, si las busca, ello no se observa por la ciudadanía, ya que lo hace erráticamente y con muy poco sentido de realidad no dándose el trabajo de empatizar. Finalmente cree que superará el problema demostrando fortaleza y desgastando al movimiento, al mismo tiempo que muestra una capacidad de escucha y flexibilidad similares a las de una “pared”.

Es posible que el conflicto amaine y que finalmente otros sean los encargados de superar los nuevos potenciales problemas que se generarán al resolver mal demandas demasiado instaladas en la agenda pública.

Sin embargo al ver así las cosas, el gobierno no se hace cargo del largo plazo y de las consecuencias que tendrá el postergar la solución a un problema ampliamente compartido por los ciudadanos. Postergar el abordaje de esta agenda es negativo para el país y su futuro.

Por otra parte, el movimiento estudiantil, fruto de su propia experiencia como heredero del movimiento pingüino del 2006, tiene ciertas convicciones que le impiden convertirse en un articulador de acuerdos.

Primero, posee un diagnóstico sin matices de que en la crisis anterior fue traicionado por la clase política, quienes habrían realizado una negociación compleja, no suficientemente comprendida por ellos y poco transparente, la que finalmente se tradujo en una completa derrota del movimiento.

Nada positivo habría salido de esa negociación, cuestión que afirmamos no es real, aunque abordar este tema es materia para otro artículo.

La conclusión que sacan de esta situación es que no se pueden desmovilizar en ninguna de las formas en que lo han estado, ya que ello significaría perder capacidad de presión e influencia.

Esta lectura es incompleta y, según sus propias normas, tan errada como la anterior. Antes se desmovilizaron ahora se hipermovilizan y sabemos que esta última estrategia también esta condenada a la derrota, es solo cosa de tiempo y el gobierno lo sabe.

Segundo, el movimiento posee en su base un problema de confianza. Ello finalmente les inmoviliza, impidiéndoles avanzar y consagrar los grades éxitos y logros que se les reconocen por todos.

Consideran que negociar es “antiético” y que cualquier concesión respecto de su ideario es traición. Una visión purista y simplonamente idealista, pero que también se puede leer como intolerante.

En la forma, algunos de los dirigentes son extraordinarios comunicadores pues no trasmiten la intolerancia en sus vocerías. Sin embargo y en el fondo, no pueden soslayar que intentar imponer las propias ideas desde la partida del diálogo es de todas maneras una postura intolerante,obviamente esto aplica también para el gobierno.

Además, los dirigentes del movimiento no pueden actuar como representantes, son sólo voceros, verdaderos megáfonos de unas asambleas que serían las depositarias de una soberanía que jamás es delegada a nadie y que, a la primera de cambio, si esos dirigentes exceden los límites de lo que pensaría esa “asamblea”, no sabemos que tan representativa, terminarán sancionados e incluso expulsados del movimiento.

Es decir manda Fuente Ovejuna pero ¿cómo se negocia con Fuente Ovejuna? ¿Cómo se negocia con miles de personas, que además están mediadas por dirigentes que no pueden ejercer su rol de representar?

Así las cosas, en el escenario de diálogo se estaba ante un empate catastrófico y por esa razón, tácita o explícitamente, ambos sectores apostaron a abortarlo.

Algunos parlamentarios de gobierno desde el principio señalaron que no debía haber diálogo y consideraron un error que el presidente lo haya convocado. Desde el movimiento, las voces más duras aceptaron a regañadientes concurrir a ese diálogo, sin embargo sabían que si algún dirigente-vocero concedía algo, sería acusado de traidor y perdería su rol en el movimiento.

¿A esta altura, es importante quién gane? Creo que para nada y aquí la primera responsabilidad la tiene el gobierno.

El que debe ceder es el gobierno, ya que es a éste al que se le debe exigir capacidad de conducir y liderazgo, mostrando a los estudiantes que el sistema político es capaz de procesar sus demandas y de que los movimientos inspirados en causas justas pueden ganar en democracia.

Esto es importante porque los adultos sabemos en qué puede terminar todo si los jóvenes se convencen de que los canales institucionales de la democracia son inútiles.

Hay que recordar que no se necesita que muchos jóvenes lleguen a la convicción de que son más efectivos métodos no democráticos para luchar por sus ideales. Los adultos y demócratas debemos reaccionar y actuar ahora para evitar que ello ocurra.

Resulta paradójico este inútil “gallito” más si, cuando se discutan las demandas estudiantiles en el parlamento, ocurrirá algo muy similar a lo que ya paso con el Pos-Natal y el 7% de los jubilados, es decir se conseguirán avances que nos aproximarán de manera importante a las aspiraciones de los estudiantes y sus familias.

Ya muchos parlamentarios hablan que lo justo sería que el 60 a 70% de los estudiantes tuvieran acceso gratuito a la educación superior a través de becas; ya es un hecho la baja de las tasas de interés del crédito con aval del estado (CAE), el que se hace similar al crédito solidario (2% anual); ya muchos parlamentarios plantean que habrá que regular el valor de los aranceles universitarios, y el propio ministro del ramo anunció su congelamiento, al menos para el próximo año; que será parte del debate parlamentario si el CAE se asimila al crédito solidario y se hace por ejemplo contingente al ingreso y también se asimila en sus plazos de pago.

Además, qué duda cabe, será parte del debate presupuestario el abordaje del tema de los aportes basales a las universidades tradicionales, muy probablemente contra metas y exigencias para mejorar su calidad y resultados.

La lista es larga y se puede seguir.

Se ha postergado para noviembre un proyecto de ley que desmunicipaliza la educación escolar, otra sentida demanda de los estudiantes; se encuentra comprometida una superintendencia de educación superior, que entre otras responsabilidades deberá fiscalizar que las universidades no lucren y, además, está la creación de una subsecretaría para ese nivel educativo. Estos dos últimos proyectos debieran ser enviados antes de fin de año.

Solo para agregar otro elemento, mencionamos una moción parlamentaria que elimina el lucro de la educación financiada por el estado.

Se debate hoy como regular o eliminar de la educación que opera con recursos públicos, ya sea parcial o completamente, el hecho que los sostenedores puedan obtener rentas sobre los recursos excedentes de la acción educativa de los establecimientos a su cargo.

En ello también debieran producirse avances, tal vez no tal cual aspiran los estudiantes, pero si en la dirección que ellos demandan.

Si se desea, por el bien del país, que los estudiantes sientan que son escuchados y evitar que avizoren que su única salida es radicalizarse.

Si se afirma, como el presidente los señaló en Naciones Unidas, que las aspiraciones estudiantiles son “nobles” ¿Por qué entonces no se adelanta un resultado previsible?

No existe explicación plausible, salvo que el gobierno esté más preocupado de las encuestas y de su electorado, sobre el cual teoriza puede recuperarlo, si impone la autoridad y establece el orden de la manera más clásica como lo entiende la derecha.

El drama es que ello deja en segundo plano al país y su futuro. Al parecer se sigue la vieja y egoísta máxima real francesa “después de mí, el diluvio”.

Existe una segunda lectura respecto a los procedimientos con que se está abordando la importante cuestión acerca de qué deben aprender estudiantes chilenos de 1° a 6° básicos.

Tanto porque las autoridades del Mineduc plantean que el cambio de estructura curricular de la LGE es una de las razones para elaborar las nuevas bases curriculares, como porque se muestra gran celeridad para abordar este aspecto de la LGE  y una  gran lentitud en otros. En las próximas líneas nos referiremos a lo inadecuado de realizar ahora un cambio curricular si no se han resuelto otras cuestiones que son requisitos para operar en el nuevo contexto de oportunidades que ofrece la LGE.

La Ley General de Educación (LGE) estableció que a partir de su octavo año de vigencia (2017), la estructura curricular chilena cambiará desde la actual que considera 8 años de educación básica y 4 de educación media, a una de 6 años de básica y 6 de media, en esta última 4 de formación general y 2 de diversificada.

Como se comprenderá la modificación de la estructura curricular es uno de los cambios más complejos y singulares en la historia educativa y curricular de los países, normalmente se da como resultado de complejos procesos de acumulación de nuevas oportunidades educativas para la población, las cuales no ocurren habitualmente.

Chile no es la excepción y solo para tener una referencia, el último de estos cambios ocurrió durante la reforma de los 60´ (Frei Montalva) que extendió la antigua educación primaria de 6 a 8 años de educación básica. Con ello se amplió la educación básica obligatoria a toda la población y se redujo la antigua secundaria de 6 a 4 años. A su vez, esos niveles habían permanecido vigentes con muy pocos cambios desde fines de la década del 20´.

Ahora ¿Por qué la LGE planteó que el país podía hoy afrontar tamaño desafío?

Solo muy recientemente en una reforma constitucional (2003), se hizo deber del Estado asegurar 12 años de escolaridad a toda la población y ello abrió posibilidades para el cambio de estructura comentado.

Desde el cambio constitucional de 2003, la educación básica y común que buscamos ofrecer a nuestra niñez y juventud son 12 años. Ello abre la posibilidad de repensar como organizar esos 12 años con la claridad que no serán solo 8 los años de educación que podremos garantizar a todos. Así se puede realizar el corte entre la educación básica y la educación media en una edad más oportuna, se puede adelantar la presencia de profesores especialistas de educación media al séptimo básico y se puede fortalecer la educación media, que ahora es masiva, mejorando la diferenciación al término de este ciclo.

Por ser este un cambio de gran escala debe ser bien preparado, por ello la LGE estableció un plazo de 8 años contado desde el momento de su entrada en vigencia y así permitir la adecuada preparación del mismo. Para llevarlo a la práctica se requiere de un conjunto de pasos previos siendo a todas luces las nuevas bases una de las últimas incitativas de ese cambio y no la primera de ellas.

Para dimensionar lo anterior es dable señalar que el cambio de estructura plantea problemas referidos a:

-La infraestructura e instituciones que ofertaran los niveles ¿Qué pasará con las escuelas que hoy ofrecen 8 años de escolaridad y que con ese cambio pasarán a ofrecer 6? A la inversa ¿Qué ocurrirá con los liceos, que atenderán  6 años y no 4? ¿Se mezclará la oferta y las instituciones podrán ofrecer parte de esos nuevos niveles?

-Respecto de los docentes en servicio ¿Qué docentes tenemos, cuántos generalistas para la nueva básica y cuantos especialistas para la nueva media? ¿Qué ocurrirá con los generalistas que se desempeñan en séptimo y octavo básico? ¿Cómo se desarrollará ese proceso de ajuste de las dotaciones de docentes? ¿Qué ocurrirá con los contratos de los docentes ¿Se tiene un estado del arte en cuanto a la disponibilidad de docentes especialistas, sabiendo que abundan los generalistas?

-Respecto de la formación inicial y el impacto en las mallas formativas de las instituciones formadoras de docentes. Está demás decir la importancia que reviste este cambio para las instituciones formadoras de maestros y se abren  otras preguntas :

-¿Cómo se acoplarán los cambios de estructura con el desafío de mejora de la calidad de la formación de nuestros docentes? ¿Desarrollar o no experiencias de anticipación en la formación de estos profesionales para cuando opere el cambio de estructura? ¿Qué pueden hacer las facultades para con los profesores en servicio que tendrían problemas de competencias y acreditación para servir en los respectivos nuevos niveles?

-Por último, este cambio posee consecuencias en el financiamiento del sistema escolar, el cual prevé un valor de subvención distinto y menor para la educación básica que para media, ello representará un incremento importante de la subvención para los grados 7° y 8° básicos, el cual se debe prever.

Así, una vez aclaradas la serie de cuestiones mayores antes mencionadas corresponde abordar el cambio curricular para la nueva estructura. Por ello no resulta válido señalar que el cambio curricular obedece al cambio de estructura, cuando en la práctica este no se verificará hasta que exista una política diseñada para llevarlo a la práctica.

Se desconoce si algo de lo mencionado se está al menos estudiando o se ha estudiado antes de embarcarse en el cambio curricular que está en consulta

Al discutir la LGE se previó sería tarea de la administración actual y luego de la que le suceda ,preparar el cambio ,y con toda seguridad de esta última llevar a la práctica en plenitud el complejo cambio de estructura del sistema. Para ello, esa administración debería disponer de un cúmulo de estudios y experiencias previas para hacer viable el cambio. Si no, existe el riesgo permanente  que lo enunciado en la LGE se quede en la mera voluntad y tenga que ser postergado permanentemente.

Por otra parte y también en el plano de los procedimientos, induce a sospechar el hecho de que esta administración se embarque en un cambio en el que deben aprender nuestros niños y niñas sin haber primero cumplido con un requisito anterior y muy básico que establece la LGE para operar en régimen, ello luego de un año y medio de vigencia.

La institución que es el órgano que debe aprobar las bases curriculares, el Consejo Nacional de Educación, aún no se constituye en forma, no habiendo sido nombrados sus miembros de origen distinto y más participativo que los actuales, que solo se encuentran actuando en carácter transitorio. Resulta inentendible que se otorgue urgencia al cambio de bases y no se haya renovado aún dicho Consejo, cuestión mucho más urgente que la anterior. Ese solo hecho, podría invalidar socialmente la aprobación de las nuevas bases.

Escribiremos otros artículos, referidos ahora a las dudas que surgen respecto de los contenidos sustantivos de la propuesta de nuevas bases curriculares.

Consideramos que por su importancia este tema, referido a la letra grande y que requiere de amplios acuerdos sociales y políticos, no puede pasar inadvertido por la utilización de procedimientos que se percibe poseen mucha letra chica.

Eso es todo lo comunicado oficialmente al sistema escolar. Se sabe además de reuniones que se estarían realizando con expertos, consultas a través de focus group a docentes y académicos formadores de profesores.

No se conocen otras razones y cabe señalar que la LGE no establece un plazo para la elaboración de las nuevas bases, así que esta no es una razón válida para elaborarlas. Sin embargo lo anterior, la propuesta se realiza suponemos sabiendo que este es cambio muy importante, ya que se refiere a ¿qué deben aprender y qué se les debe enseñar a los estudiantes chilenos de 1° a 6° de educación básica?

Lo que ocurre es más preocupante aún porque el país se encuentra realizando la instalación de un reciente ajuste curricular, y las mismas  autoridades ya han elaborado y aprobado el año pasado programas  de estudio para 5° y 6° básico. Y ahora, un año después, pretenden otra vez cambiarlos. Esto último pudiera ser calificado de chapucería e improvisación o simplemente intenciones no declaradas, si no se aclara explícitamente el sentido que las autoridades actuales dan a los cambios, por qué se consideran una mejora necesaria yendo más allá de señalar a una obligación legal que en realidad no existe.

Esto se ve agravado porque el proceso de consulta es express y de bastante bajo perfil. Más aún, se comete la imprudencia de informar por un medio de comunicación (La Segunda, 29-04-11) que un programa que se iniciará este año para el mejoramiento de la enseñanza del inglés, se basará en estas bases en pleno proceso de consulta y no en las oficiales y legales.

Por ello decimos que se intenta modificar ahora la letra grande, nada menos que lo que deberán aprender nuestros niños y niñas, con procedimientos poco claros y en los que al parecer existe mucha letra chica.

Lo que se pretende resulta extremadamente preocupante, más aún, si consideramos por su discurso que las autoridades encargadas de este tema en el ministerio (Unidad de Curriculum y Evaluación) tienen la voluntad de hacer oficiales estas nuevas bases durante el presente año, ello luego de un muy breve tiempo de consulta. Es útil recordar que el proceso de ajuste curricular que ahora se busca modificar se basó en estudios sobre la implementación del currículum de la reforma, en el análisis de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales y consideró casi 3 años de consultas, con reuniones con profesores en todas las regiones del país.

¿Cuál es entonces el propósito de estas nuevas bases? ¿Por qué se hacen, si lo razonable era continuar la instalación del ajuste en curso? ¿Cuál es el calendario real de esta consulta? No lo conocemos ¿En qué plazos se busca esté operativa? ¿Cómo se intersecta con los niveles del sistema escolar que ya comenzaron la implementación del ajuste curricular? ¿Cómo se alinean estas nuevas bases con una serie de instrumentos y políticas clave para el desarrollo educativo nacional? ¿En qué plazos? De todo ello, por el momento, nada sabemos.

Se ha dicho casi nada respecto de la finalidad de la propuesta, pero las autoridades ministeriales saben que unas nuevas bases impactan en factores relevantes para la política.

Así, por ejemplo son señales fundamentales para el quehacer de los docentes en la sala y todo lo que ello implica (por ejemplo cómo usar el tiempo de trabajo escolar); son un material fundamental para el diseño de los programas de formación inicial docente; comprometen ya sea definiendo o redefiniendo el carácter y contenidos de una serie de otros instrumentos de política claves al logro de la calidad, como son los estándares de contenido o mapas de progreso del aprendizaje de los alumnos y su uso en el diseño del curriculum, los estándares de desempeño o Niveles de Logro que utiliza el SIMCE en las evaluaciones nacionales.

Si se cambia el referente curricular los niveles de logro deberían cambiar, ¿Cómo se asegurará la comparabilidad interanual? ¿Serán igualmente exigentes los estandares o mejoraremos los resultados respecto de estándares de menor exigencia?

Por otro lado este cambio afecta a los instrumentos utilizados para la evaluación de los docentes municipales, que desde la reciente ley de calidad y equidad pasan a tener extraordinaria importancia, ya que poseen consecuencias mayores respecto de la estabilidad laboral de los docentes; impactan también a los estándares al egreso de la formación inicial de los docentes de educación básica, ya que éstos están siendo utilizados por la evaluación INICIA y que la misma ley mencionada antes vinculó a nuevos incentivos; en fin, el listado es muy largo.

Sobre todo lo anterior se abren preguntas mayores ¿Han pensado las autoridades ministeriales en este campo todas esas consecuencias? ¿Cómo se prevé abordarlas? ¿En qué plazos y gradualidades? ¿Dónde nos podremos informar y opinar acerca de aquello?

Un cambio curricular es una modificación de envergadura para el sistema educativo, que requiere de cierta gradualidad, para resguardar la coherencia de la secuencia curricular de los estudiantes que están cursando la escolaridad. No es casual que estas transformaciones ocurran con poca frecuencia y no con la que nos anuncia este cambio (menos de 2 años).

En esta primera parte hemos visto varios y graves peros respecto del procedimiento que se está empleando para validar una propuesta de nuevas bases curriculares. Que no se aclaren bien puede inducir a muchos a sospechar que en realidad y adicionalmente a los propósitos públicamente explicitados, habría otros, ahora implícitos, los cuales el grueso de los ciudadanos desconocemos.

Por la relevancia del tema, el cual siempre tendrá enormes consecuencias valóricas e ideológicas, por la necesidad de construir de verdad los consensos amplios que en esta materia se requieren, se debe exigir la mayor de las transparencias en relación a aspectos tan relevantes como: el sentido de la propuesta, la pertinencia de su oportunidad, más aún si dado el reciente ajuste pareciera inoportuna,  procedimientos y plazos más idóneos para validarla. Todas estas cuestiones a la fecha resultan poco claras.

En un segundo artículo plantearemos nuevas preguntas y dilemas que se han abierto respecto  del procedimiento de consulta sobre las nuevas bases curriculares para la educación básica de 1° a 6° grados, el cual merece severos cuestionamientos. Más adelante y en otros artículos, nos referiremos a los aspectos sustantivos de la propuesta, sobre lo cual también tenemos importantes dudas.