En primer lugar, la comunidad se ha pronunciado contra el llamado realizado, extensamente y casa por casa, por el municipio para aprobar toda la Enmienda, y contra la propuesta de otros sectores a rechazarla . La comunidad mayoritariamente optó por acoger nuestra propuesta. Esta situación hay que leerla con detenimiento, la comunidad no comulga con ruedas de carreta, está alerta, sabe que la comuna está amenazada y que debe movilizarse.

Adicionalmente, la presión ciudadana  convirtió una consulta (que en derecho no es por ahora vinculante) en consulta vinculante de hecho, gracias al peso abrumador de la amplia mayoría de quienes participaron. El Concejo Municipal debió pronunciarse a favor de lo manifestado por los vecinos, con la excepción de los concejales UDI, Edwards y Palacios, quienes ciertamente están a favor de los negocios inmobiliarios que nos amenazan. Este hecho sienta un precedente muy importante, la autoridad municipal debe entender que ya no es posible tomar decisiones de relevancia para la vida de la comunidad sin procesos de participación ciudadana vinculante.

Ciertamente, y no hay dos lecturas, aquí el único ganador es la comunidad de La Reina que ha logrado por esta vez incidir y evitar se materializara una Enmienda que de haber sido aprobada integralmente, habría significado en la práctica no avanzar nada. La autoridad municipal debe saber hacer la lectura, la comunidad se siente amenazada, reacciona frente a ello y no quiere cambios formales para dejar contentos a moros y cristianos.

Cabe recordar que no es la única oportunidad en que los vecinos de La Reina resisten y ganan una lucha contra gigantes.  Así ocurrió con la oposición a los proyectos de diferentes gobiernos para la Autopista Américo Vespucio Oriente, que finalmente llevó al MOP a instalar una mesa técnica con las Coordinadoras Vecinales de La Reina y Peñalolén; posteriormente con la movilización contra el proyecto de Ensanche de las calles Pepe Vila y Vicente Pérez Rosales, cuyo único propósito era llevar hacia los centros comerciales de Avda. Kennedy a los cientos de miles de clientes de Puente Alto, La Florida, Peñalolén y La Reina, y en varias oportunidades cuando las empresas que instalan torres de antenas para celulares han debido suspender los proyectos o cambiar de ubicaciones las torres como resultado de las protestas de vecinos.

Otros casos de amenaza, cuyos resultados están pendientes son el intento de demolición del Colegio Las Américas para construir edificios de altura, donde incluso se ha involucrado el Concejo de Defensa del Estado, y el proyecto de instalar un Lava Lubri Centro en la Plaza La Reina, espacio emblemático de la comuna donde los vecinos junto con decenas de movilizaciones,  han recurrido a diferentes tribunales para evitar se consume este proyecto ampliamente rechazado por la comunidad.

Está el caso del Mall Plaza Egaña, este mega centro comercial, cuya instalación fue resistida por muchos vecinos pero que, virtud de la modificación al Plan Regulador Comunal realizada entre gallos y medianoche por el Alcalde Montt el año 2010,  terminó por aprobarse (menester es reconocer que muchos vecinos querían un centro comercial, pero nunca de las dimensiones del que terminó por autorizarse por el municipio de la época).

El mall en cuestión ha generado entre otros problemas, tacos interminables en Avda. Larraín producto de los desvíos para asegurar sus accesos (los llaman medidas de mitigación) niveles de delincuencia nunca antes conocidos y distracción de carabineros que han debido desatender otros sectores por el gran aumento de la delincuencia cinco cuadras a la redonda del mencionado centro comercial.

Al acecho está el proyecto impulsado por el Alcalde de La Maza y que cuenta con el apoyo de otra autoridad edilicia, de licitar la instalación de un mega-centro de eventos (tipo Arena) en el parque Padre Alberto Hurtado. No hay que ser muy ingenioso para percibir el impacto en la calidad de vida de quienes vivimos en La Reina, significaría una intervención urbana de esa característica y magnitud.

La pérdida de seguridad se ha precipitado hace alguno años, desde el 2010 para ser más precisos, y hoy debemos reconocer que hay barrios donde las casas, los vehículos, las visitas de nuestros vecinos han sido robadas en múltiples ocasiones.

Las patrullas de seguridad ciudadana y el Plan Cuadrante no dan abasto. Los vecinos sabemos muy bien que además es inútil denunciar pues las Fiscalías solamente notifican luego de un par de meses, que no se ha encontrado a los culpables por falta de pruebas.

Podemos decir entonces que La Reina está amenazada, y que a pesar de los esfuerzos y denuncias, seguimos en estado de indefensión.

Los vecinos forman comités de seguridad, se organizan por cuadra, desarrollan diversas formas de coordinación y comunicación para enfrentar estas amenazas, pero son demasiado poderosas e invisibles, y no basta con dichas acciones espontáneas.

La batalla contra las inmobiliarias ocurre en toda la comuna, si no son edificios en altura  (que en los bordes de Vespucio ya son varios los proyectos terminados, en ejecución y aprobados antes de la Enmienda) son condominios con muchas viviendas y estacionamientos insuficientes, trituran nuestros barrios y nos atiborran de autos. Lo mismo  que con la delincuencia. Las “medidas de mitigación” para la amenaza inmobiliaria (cuando las cumplen las inmobiliarias) son a todas luces insuficientes para aminorar los aumentos de congestión y contaminación.

En el caso de la delincuencia, claramente la comunidad ha debido tomar el problema en sus manos avanzando en ocupar los espacios públicos restando libertad al accionar de la delincuencia

No es exagerado decir entonces que La Reina está amenazada, nuestra tierra, nuestros barrios, nuestros comercios cercanos, nuestra forma de vida, nuestra seguridad y posiblemente nuestra vida, si acaso llegamos a vivir episodios violentos como en las comunas vecinas.

Eso no puede seguir. Es un tema que ninguna autoridad puede soslayar y no vemos que se esté haciendo toda la “pega” necesaria. Advertimos hace varios años de las consecuencias de las políticas que se aplican. Esto debe cambiar.

Para entender estas cifras, y qué significan, debemos remontarnos a la década del 70, en ella, la dictadura militar encabezada por Pinochet decide implementar en Chile un modelo económico ultra liberal que tenía como supuesto (por lo menos en su declaración), que la iniciativa privada era el mejor motor para hacer crecer la economía, y que el Estado debía tener solo un rol subsidiario facilitador de la actividad privada. En ese contexto, la dictadura decide “vender” las empresas del Estado a privados.

El proceso de venta, o privatización como se ha conocido más popularmente, ha sido analizado en múltiples artículos, bástenos decir que sus características generales más importantes eran sucintamente.

Precios de venta muy inferiores incluso al valor libro de las Empresas, en muchos casos, el mismo Estado a través del Banco del Estado facilitó los recursos para que los compradores “pagaran” las empresas compradas a vil precio, en un porcentaje importante las cuotas comprometidas no se pagaron, muchos compradores fueron ex Ejecutivos del estado (como por ejemplo y para nombrar solo algunos de los más conocidos, los ex funcionarios de Corfo, Julio Ponce Lerou yerno de Pinochet (Soquimich), Roberto De Andraca (CAP), Bruno Phillipi (actual presidente de la Sofofa), José Yuraszeck (Endesa).

Se calcula (según datos de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados), que solo en 30 de las empresas “privatizadas”, el Estado Chileno, (Chile, todos nosotros) perdió por concepto de venta bajo su valor real, prestamos excesivamente blandos y cuotas no pagadas, en dinero de los años en que se privatizaron,  más de 2.200 millones de dólares  es decir entre 1.400.000 y 2.000.000 de millones de pesos ( osea,  entre 350 y 500 veces los valores defraudados al fisco por Penta y Soquimich).

Estas operaciones, más el traspaso a los principales grupos económicos de los fondos previsionales de los trabajadores en el año 1981 significó la consolidación de un proceso cuyo resultado fue dejar literalmente  la economía chilena en unos pocos bolsillos de empresarios afines al régimen dictatorial, es decir, se une Poder Económico con Poder Político como nunca antes en la historia de Chile, de ahí en adelante ya no se podrá, en rigor estricto, hablar de derecha política y derecha económica.

Lo que viene a continuación es conocido, a fines de la década de los 80, a la dictadura se le hace difícil seguir operando, el malestar en el país crecía día a día, las movilizaciones se multiplicaban, el rechazo mundial desde su instalación nunca dejó de crecer, ya no le servía a los grandes grupos económicos (habían estrujado al Estados chileno dejando solo migajas) y el empresariado-político decide que es necesario buscar una forma de reemplazo que les permita seguir acumulando ganancias.

Se acuerda entre Derecha e “Izquierda” un camino de salida con la venia del Departamento de Estado de los EEUU y el Vaticano, y se inicia la famosa transición a la democracia.

Conocemos los 20 años de Concertación, democracia de los acuerdos,  cambios en la medida de lo posible, en general, nada que afectara de manera siquiera leve las bases del sistema, los empresarios-políticos (esencialmente de derecha) sabían desde  el principio que mantener todo tal cual tenía un límite, desde siempre supieron que los niveles de concentración de la riqueza en algún momento iban a empujar estallidos sociales y que había que prepararse para ello.

La Constitución de 1980, las modificaciones acordadas con la dictadura en sus últimos días y los cambios cosméticos en el gobierno de Lagos fueron un primer paquete de medida de prevención; por supuesto el Sistema Binominal era una de las piedras angulares para mantener la “democracia de los acuerdos”

Necesitaban tener también una “cara política”, alguien que hablara por ellos y dijera lo que ellos querían que dijeran. Naturalmente esa cara quien mejor podía representarla, eran los políticos de derecha y entre ellos los con más liderazgo; sin embargo, no estaba demás tener amigos, mientras más mejor, también en la “izquierda”. Altos sueldos y prebendas para los diputados y senadores  es una segunda medida muy importante para bloquear el cambio al binominal o para atenuarlo en caso de que fuera imposible parar todo tipo de cambios.

Muestra de lo bien que digitó sus interés el gran empresariado, es que durante el gobierno de Frei, se continúa la venta de las pocas empresas que aún mantenía el Estado, entregando a privados prácticamente todo el sector de agua potable y sanitarias (solo se dejó un poquito para que lo privatizara Piñera) y durante el gobierno de Lagos se entregan a privados una inmensa cartera de obras públicas que incluye autopistas y cárceles.

Terminados los 20 años de Concertación, en el Gobierno de Piñera se marca el punto de inflexión del paraíso para la derecha económico-política, los movimientos sociales se expresan de mejor manera y se empieza a hacer evidente el inmenso descontento social por la gran inequidad existente.

Los empresarios-políticos toman nota, se empieza a hablar de cambios de verdad, se cuestiona como nunca la legitimidad de la Constitución, se empieza  a hablar de democracia participativa, el clima se les complica, se avecinan nubes y a lo mejor algún temporal.

2010-2011, posiblemente son los años en que se realiza la mayor “inversión” de estos empresarios políticos: Penta liderado por empresarios más tipo  confesional, apuesta principalmente a la UDI, Soquimich, liderado por el pragmático Ponce Lerou, reparte a diestra y siniestra, más a la diestra, pero algo también al centro y a la izquierda, con esos dineros, no solo se compran favores (a lo mejor no los necesitan con el inmenso poder que ya tienen), sino, y principalmente, se les compromete, es algo así como una especie de pacto de sangre.

¿Por qué sale esto a la luz pública?, no es fácil determinar una sola causa: las inmensas inequidades existentes en el país, las exclusiones de todo a las que se ve sometida la mayoría de la población de un país “exitoso”, la presión por los cambios surgida desde los movimientos sociales, un gobierno más sensible que los anteriores a esa presión, un programa de gobierno que compromete cambios, una derecha sin propuesta atractiva de continuidad, operadores que “se van de lengua”, ex ejecutivos heridos por el mal trato de sus socios-patrones, en fin la respuesta certera es todas las anteriores.

Es evidente por otro lado que, mientras no se cambie la Constitución, se regule el poder de los grandes empresarios y se le restituya al Estado su rol como agente no solo regulador sin también productor en las áreas más  estratégicas de la economía (energía,  agua, comunicaciones, gran minería del cobre  por señalar lo más urgente), será muy difícil evitar que el Partido de los Grandes Empresarios siga digitando lo que se hace y lo que no se hace en el país.

Podrán hacer cambios, pero solo en la medida de los posible, y lo posible estará como hasta ahora, también determinado por ellos.

Por todo lo anterior es que la salida de la crisis no es fácil, la “democracia de los acuerdos” no da el ancho, una salida negociada de borrón y cuenta nueva ya no es posible, la sociedad no aceptará la impunidad, los grandes empresarios, responsables principales de esta crisis no atinan en dar una respuesta, los movimientos sociales no son lo suficientemente fuertes, unidos y movilizados como para presionar y lograr desde la calle que se generar un proceso constituyente para refundar la institucionalidad del país.

Es por lo anterior que el Gobierno tiene una oportunidad de oro para que la Presidenta retome el liderazgo,  reconocer la crisis política por la que atraviesa el país,  señalar que se requieren cambios profundos a la institucionalidad y plantear que, junto con un paquete de leyes pro probidad  se trabajará el cambio de la Constitución y la manera de hacer ese cambio se definirá  en un Plebiscito en que los chilenos decidiremos si queremos que el cambio se realice en el parlamento o mediante un proceso constituyente desde la base de la sociedad misma.

Pinochet y la UDI se encargaron de estructurar una institucionalidad que les permitiera  mantener  el estado de cosas que habían construido durante los 17 años de dictadura (liberalismo económico, estado reducido a su más mínima expresión, movimientos sociales desarticulados, individualismo exacerbado, consumismo desenfrenado), en lo esencial, su propósito era mantener la institucionalidad política igual, independientemente de quienes gobernaran, y de la composición política del Congreso.

La Constitución de Jaime Guzmán, fue preparada en ese sentido, lo que la derecha “transó” con la Concertación al inicio de la transición fueron más bien cuestiones de forma  que de fondo. En la legislatura de los 20 años de Concertación y 4 años de Alianza, el lugar común es la mantención de la institucionalidad política definida por la dictadura, sistema presidencialista, binominalismo en el parlamento para que el 35% fuera igual al 65%, quórums inalcanzables para reformas verdaderas, inexistencia de mecanismos universalmente democráticos como el Plebiscito vinculante para resolver importantes controversias nacionales, nada de participación ciudadana en los territorios, comunas ni menos regiones, negociación colectiva sindical amarrada.

Este tipo de institucionalidad política es la que “definió” el dictador Pinochet cuando habló con desprecio de “los señores políticos”, cuando mandó a los “políticos a sus covachas”, cuando Merino habló de los comunistas refiriendo a ellos como “Humanoides”.

No es de extrañar entonces el conjunto de “incentivos” económicos que se establecieron para los honorables diputados y senadores, la idea es que estuvieran contentos con las cosas, “tal como estaban”, que trabajaran por hacer cambios, pero solo “en la medida de los posible”. Con los incentivos se garantizaba un “verdadero”  pero sobre todo permanente interés por mantenerse en sus posiciones por mucho tiempo resguardando la “estabilidad” del sistema, buenas rentas y el sistema binominal les aseguraba la permanencia en sus cargos, la inexistencia de mecanismos revocatorios de mandato y fueros extremadamente generosos,  les garantizaban un importante manto de impunidad.

Si a lo anterior agregamos la cultura neoliberal instalada en la sociedad,  la sacralización de lo privado y la demonización de lo público, un Estado jibarizado y sin capacidad de fiscalizar ni menos sancionar conductas ilegales, y el paradigma mafioso del Padrino “son solo negocios” establecieron una cancha demasiado amplia para la precarización moral, y pudrición de buena parte de los actores oficiales (para no decir rentados) de la institucionalidad política.

Por el lado de la ciudadanía, organizaciones sociales débiles, falta de liderazgos sociales en los territorios, partidos políticos más preocupados de sobrevivir y de mantener sus cuotas de poder que de educar a los dirigentes sociales y fortalecer sus liderazgos y sus organizaciones, explican entre otras causas el lento y dificultoso desarrollo de los movimientos sociales.

La situación está llegando a un límite crítico, menos del 50% del padrón electoral vota en las elecciones de diferentes tipos, la calificación pública de los partidos políticos es desastrosa y la gente manifiesta en todos los tonos su desazón. La reacción (esperable) del autoritarismo y del conservadurismo es  ¡hay que volver al voto obligatorio!  Nada más lejos de un camino real de recuperación de la dignidad en la política.

Aventuraré algunos temas que nos podrían ayudar en este camino. Desde luego, y a mi juicio lo más importante, el desarrollo y generación de nuevos liderazgos sociales sólidos, consistentes, que den lugar luego a nuevos liderazgos políticos, acompañado esto con el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones del mundo social, partiendo por los trabajadores, las mujeres, los pobladores (hoy llamados vecinos y/o ciudadanos en su condición de habitantes de las ciudades), los estudiantes, los intelectuales, los artistas, los profesionales, los técnicos, las etnias, la diversidad sexual, los medioambientalistas y todos los grupos de interés que existan.

Estos liderazgos sociales y organizaciones empoderadas deben tener como fin claro la conquista de espacios de poder a nivel territorial, comunal regional y su motor debe ser la exigencia de participación vinculante como mecanismo de decisión en materias relevantes.

En el ámbito de la institucionalidad propiamente tal, y teniendo presente que ella misma hará todo lo posible por mantenerse tal cual está, pero confiando en la capacidad del mundo social por presionar cada vez más por cambios en ella, deberíamos dar pasos ciertos en el camino a la Asamblea Constituyente para generar una Nueva Constitución.Solo un marco jurídico plenamente democrático, definido por la ciudadanía tendrá la credibilidad y legitimidad que necesita una nueva y digna institucionalidad política,

Por de pronto, avanzar en todos los espacios y particularmente en los territorios y comunas fiscalizando a concejales y alcaldes, presionando por más y mejor participación vinculante nos permitirá empezar a construir este camino  de dignificación de la política para que sirva a la gente y no se sirva de ella.

En la escritura de cesión se registra: Cláusula Tercera“…el terreno destinado a equipamiento comunitario y áreas verdes individualizado”y, como si no fuera suficiente, agrega: Cláusula Cuarta “el inmueble…será destinado única y exclusivamente al desarrollo de un plan de servicio a la comunidad traducido en el “Complejo Aldea del Encuentro”. La cesión de terreno se efectúa bajo la promesa expresa por parte de la Corporación Municipal de “no alterar su destino.”La validez de estas cláusulas es ratificada en acuerdo unánime número 638 del Concejo Municipal de La Reina de fecha 28 septiembre de 1999.

El 26 de abril de 2000 el municipio de La Reina vende parte del terreno al Club de La Republica, para la construcción de un Colegio, fin que se estima coherente con el Proyecto Aldea del Encuentro.

El 14 de agosto de 2001 el referido colegio está construido, funciona hasta el año 2012, fecha en la cual, después de diferentes intentos para remontar difíciles situaciones económicas derivadas de la baja matricula (siendo la última gestión la de los hermanos Parisi) el Club de La República decide cerrar el establecimiento.

En el año 2013, representantes del Club de La República y de la Municipalidad de La Reina sostienen reuniones en las que el Club manifiesta su interés y necesidad de vender, y la Municipalidad manifiesta su interés de comprar dicho terreno debido a la escasez de suelos disponibles y las múltiples necesidades sociales de la comuna.

El primer uso contemplado era aprovechar el edificio para mejorar la infraestructura educacional municipal, existiendo también otros usos posibles desde Edificio Consistorial, Sede Organizaciones Comunitarias, Centro Cultural Recreativo y otras actividades que respetasen las cláusulas modales que dan origen al Proyecto Aldea del Encuentro.

Durante el año 2013 también los hábiles Arquitectos-Bróker “ARQ arquitectos Asociados y Compañía Limitada”,informados de la intención del Club de La República de vender el terreno donde se emplaza el Colegio Las Américas, inician un elaborado camino para burlar las cláusula modales y conseguir comprar el terreno, averiguan en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de La Reina si es posible construir viviendas, a lo que se le responde que no, (basándose el Director de la DOM en el acuerdo unánime número 638 del Concejo Municipal de La Reina de fecha 28 septiembre de 1999), apelan a la Seremi de Vivienda y luego de ello,sin mediar explicación alguna, la DOM cambia el criterio(¿?) y responde que sí se puede construir.

El 24 de diciembre de 2013, los Arquitectos-Bróker,con el propósito de conseguir la Aprobación del Anteproyecto por parte de la DOM, consiguen firmar una promesa de compraventa con el Club de La República en cuya Cláusula Quinta toman la precaución de señalar.

Quinta. Condiciones. “El otorgamiento de la compraventa definitiva, queda sujeto al cumplimiento copulativo de las siguientes condiciones: …que se certifique la extinción de la cláusula modal referida a los inmuebles derivada de la escritura pública de adquisición de fecha 22 de abril de 2002.”

Evidentemente los sagaces abogados de losarquitectos-bróker tenían claro que su operación estaba al borde de la legalidad y que debían tomar resguardos. Es necesario señalar para que quede registrado, que nunca se ha certificado la extinción de la cláusula modal referida a los inmuebles derivada de la escritura pública de adquisición de fecha 22 de abril de 2002.

El 13 de Junio de 2014, la DOM aprueba el Anteproyecto y da luz verde al negocio. El 25 de Junio, el Club de la República  vende a Arquitectos y Cía. Limitada la propiedad en UF 125.000 sin incluir la cláusula modal que le exigía contemplar la escritura de compraventa con la Municipalidad de La Reina. Ese mismo día en la tarde, y en la misma Notaría (en la que actuaba como notario suplente un hermano de uno de los socios de ARQ Arquitectos) ARQ vende la propiedad comprada en la mañana en UF 125.000  a la Sociedad Constructora e Inmobiliaria Monvel S.A en UF 165.000 realizando en horas una ganancia de UF 40.000, es decir aproximadamente $ 1.000.000.000

Esta situación sale a la luz pública en Noviembre de 2014, cuando se advierte el intento de iniciar la demolición, y los vecinos empiezan a movilizarse.

El 19 de noviembre la DOM a petición del suscrito en mi calidad de vecino y concejal de la Comuna de La Reina, y teniendo en consideración que la demolición no estaba autorizada, ordena paralizar las faenas. En el mismo mes de noviembre el Concejo Municipal en pleno y por unanimidad, acuerda rechazar  el proyecto y por sobre todo, la demolición del Colegio (que está en excelentes condiciones) y contratar un estudio de abogados para defender los intereses del municipio. El Alcalde envía carta a la ministra de Vivienda y se realizan reuniones con el Seremi de Vivienda.

El 29 de diciembre Inmobiliaria Monvel ingresa formalmente solicitud de demolición para ejecutar el Anteproyecto.

En el Concejo Municipal del 19 de Enero del 2015 el Alcalde informa que se ha implementado el acuerdo de Concejo contratando al Estudio de Abogados de Carlos Mackenney y José Ramón Correa.

En estos momentos hay muchas actores involucrados y comprometidos con evitar que este proyecto se realice; una comunidad movilizada y decidida a hacer todo lo que sea necesario para evitar su materialización,Fundación Defendamos La Ciudad, Coordinadora Vecinal La Reina, Colegio de Arquitectos, Concejo Municipal en Pleno encabezado por el Alcalde, ministra de la Vivienda, ministro Secretario General de Gobierno, Seremi de Vivienda, todos los actores coinciden en algo. Hay que detener la demolición.

Por más “legal” que fuere el proyecto y los objetivos de rentabilidad perseguidos por los bróker y la inmobiliaria, no se puede pasar por sobre los intereses de toda una comunidad y después de demoler decir que fue un “error involuntario”por eso la tarea hoy es No a demolición colegio Las Américas

Será tarea de la sucesión de propietarios del terreno, la Municipalidad de La Reina y las instancias gubernamentales pertinentes, generar con creatividad una salida satisfactoria a esta ingrata situación.

La venta del establecimiento educacional, con poco más de 10 años de construcción y en excelente estado,  a  ARC Arquitectos y Compañía Limitada por el Club de la República, omite la cláusula establecida en todas las escrituras anteriores que señala que dicho terreno sólo puede utilizarse para construir establecimientos educacionales, de salud, o para otros fines sociales.

Además de la gravedad basal de esta operación, se suma el carácter  absolutamente reñido con la más mínima decencia de la referida operación: el Club de La República, que a mediados del año 2013 ofrece la propiedad a la Municipalidad de La Reina  en aproximadamente UF 200.000, pasado un año, y según fuentes del mismo Club, al no tener respuesta de la Municipalidad y estar muy presionados económicamente, debe vender en UF 120.000  la propiedad a ARC Arquitectos y Compañía Limitadala que, sin ningún pudor, la revende en la misma tarde a la Inmobiliaria Monvel S.A.en UF 165.000.

Se generan, así, aproximadamente $ 1.000.000.000 de utilidad para el vendedor  y una reducción de impuestos de $ 250.000.000 para el comprador.

Esta comuna, una de las más jóvenes del sector oriente de la capital, es la comuna con menos edificación en altura (edificios sobre 4 pisos) y sus habitantes  la han elegido por su tranquilidad, su cercanía a los barrios de antaño, con comercio local, poco tránsito de vehículos motorizados, áreas verdes, espacios públicos amplios y seguros, es decir, una comuna a escala humana, donde las personas sean más importantes que los vehículos y las edificaciones, donde el cuidado del medio ambiente prime sobre el “desarrollo” o mejor dicho, que el desarrollo sea sustentable y no depredador, donde sus hijos crezcan en contacto con la tierra y no solo con el cemento y el acero.

El año 2006, las inmobiliarias, con la aprobación del Alcalde Montt, intentaron modificar el Plan Regulador Comunal (como se dijo en esa fecha, ñuñoizar a La Reina al estilo Sabat)  para edificar en altura en las principales vías comunales. La movilización ciudadana logró detener esa propuesta. Esa fue la primera vez que La Reina hizo noticia en la agenda nacional con un tema ciudadano; luego de eso, vendrían múltiples movilizaciones para impedir la instalación o exigir que se bajaran antenas para celulares.

En el año 2009 se suma un nuevo intento de modificar el PRC de la comuna; en esa oportunidad, la comuna, liderada por la Coordinadora Vecinal La Reina, junta casi 3.000 firmas para exigir plebiscito, pero el mismo  alcalde Montt logra, en complicidad con el Intendente Echeverría, designado por la Cámara Chilena de la Construcción (de la cual fue su presidente anteriormente), una “aprobación exprés” de dicha modificación, la que permite al Grupo Plaza (Falabella y asociados) presentar un proyecto para construir un mega mall para 600.000 personas en la entrada de una comuna de poco más de 90.000 habitantes ( el proyecto inicial que contaba con la aprobación mayoritaria de la comuna era de un mall para 300.000 personas).

Pelea perdida por la comunidad: el mega mall (autodefinido como el 1er mall “sustentable” ¿ ?) se construye y durante sus casi 3 años de construcción una parte muy importante de la comunidad reinina debe soportar la contaminación y perturbación del tránsito asociados. Su puesta en marcha significa la muerte de gran parte del comercio de barrio y naturalmente aumento de la congestión vehicular.

En el año 2012, en plena campaña municipal, reflota el tema de la Autopista Vespucio Oriente comenzado en 2007. El empresario-ministro Laurence Golborne “inventa” una nueva opción para bajar costos a las concesionarias: Intervenir las comunas de La Reina y Peñalolén, expropiando alrededor de 1.000 viviendas y microempresas para desviar por un by pass dicha autopista.

Nuevamente La Reina (esta vez conjuntamente con Peñalolén) se hace presente en la Agenda: movilizaciones, cortes de calles, Fuerzas Especiales estacionadas en la comuna, manifestaciones frente al MOP y a la Moneda, reunión con la Comisión de OOPP de la Cámara de Diputados, reportajes de prensa.

Se detiene parte del Proyecto (al menos lo relativo a las comunas de La Reina y Peñalolén) pero en las postrimerías del gobierno, el MOP de Piñera logra licitar cerca de U$D 1.000.000.000 en obras para el tramo Bilbao – El Salto. La Reina y Peñalolén se salvan por el momento.

El año 2013 se inicia con la amenaza de un Proyecto para construir una  Vía Rápida en las calles Vicente Pérez Rosales y Pepe Vila. Nuevamente, movilizaciones, demandas ciudadanas, protestas. El estudio de ingeniería culmina en junio de 2014, pero la Seremi de Vivienda informa que no se considera el referido proyecto en las inversiones para el 2015. La amenaza sigue latente para el 2016.

El  año 2014 se inicia auspicioso, pareciera que La Reina puede volver a dormir en paz. El recién nombrado Ministro de OOPP Alberto Undurraga recibe a las organizaciones sociales, alcaldes, concejales, diputados y senador Montes para dar inicio a una mesa de trabajo conjunta para resolver la modalidad de construcción de la Autopista Vespucio Oriente en el tramo Bilbao-Avenida Grecia.

Tras casi un año de trabajo, hay ya consenso en que la modalidad de construcción será en túnel minero en todo el tramo La Reina Peñalolén, faltando por definir aspectos del diseño del corredor de transporte público (también logro ciudadano), de las áreas verdes en superficie y de la solución a las vías elevadas existentes en la Rotonda Grecia.

Sin embargo, dos intervenciones, ambas en el segundo semestre, ensombrecen nuevamente el panorama: el intento de construir un gran lava-lubricentro al lado de la Parroquia San José, frente a una de las plazas más emblemáticas de la Comuna (Plaza la Reina), agravando el daño ya causado en su entorno por un Centro Comercial que da su espalda a la plaza (estacionamientos de carga y descarga, suciedad, etc.) y por una mega torre para antena para celulares instalada en el centro de la plaza.

Terminamos el año con  el caso de la venta del colegio Las Américas.

El balance de los logros alcanzados y la conciencia de la fuerza propia construida, nos permite enfrentar estos dos últimos proyectos con optimismo. Sencillamente, no permitiremos que se lleven a cabo.

Esto es,proveedor de servicios básicos de calidad a la población, y generador de OOPP,para transformarlo en apoyador del desarrollo de la gran empresa privada (minería, generación y distribución de energía, servicios de agua potable y alcantarillado, gran manufactura, atracción de capital extranjero) y en comprador de servicios a privados en salud, educación, vivienda, servicios carcelarios, infraestructura de OOPP.

Es así como se creó el DL 600 para atraer inversión extranjera, también para estimular la inversión durante el reacomodo de la economía chilena entre los años 75 y 82, se estableció el Fondo de Utilidades Tributarias(FUT), se reprivatizó la gran minería del cobre (por decisión unánime del Congreso en 1971 solo explotable por el Estado), permitiéndose a privados la explotación del mismo.

Se facilitó la privatización de la gran mayoría de las actividades productivas del Estado, se subsidió a privados para crear infraestructura educacional, se regaló en la práctica ingentes recursos a la banca privada en la crisis de 1982, se generaron diversos mecanismos para transferir garantías financieras a la empresa privada.

Bajo la lúcida y perversa creación de José Piñera hermano del ex presidente Piñera, se crearon las AFP, mecanismo que permitió que miles de millones de dólares de propiedad de los trabajadores fueran transferidos a la gran empresa privada no solo a costo cero, sino que pagándoles a los administradores de esos fondos por su gestión, independientemente lo hicieran bien o mal.

Por otro lado y bajo el manto de la mal llamada “Economía Social demercado”, nombre engañoso para implementar el modelo más ultra mercadista existente en el mundo, la dictadura de Pinochet decreta la muerte de la manufactura nacional para dar paso a la invasión de bienes producidos en otras latitudes con costos bajísimos.

Se empieza a desarrollar en Chile con fuerza un industria financiera que es apoyada de diversas maneras por el Estado, una industria importadora también apoyada nuevamente con recursos de todos los chilenos, se suscriben tratados de libre comercio con decenas de países llevando las tasas de importación literalmente a cero en la gran mayoría de los productos, lo que significó renunciar a los impuestos por importación de bienes y servicios.

Adicionalmente, el Estado, producto de la creciente concentración de la riqueza cada vez en menos manos, el empeoramiento de la distribución de los ingresos,y su incapacidad para influir en un proceso de desarrollo económico que mejorara los ingresos del trabajo de la mayoría de los chilenos, debe empezar a entregar cada vez más subsidios (a los más pobres primero y a las capas “medias “ después), con lo cual agota los escasos recursos que podía disponer,esencialmente impuestos y los ingresos del cobre.Codelco representa ahora aproximadamente un tercio de la gran minería del cobre en Chile.

Ese es el país que tenemos en los inicios del siglo XXI, un Chile que ha crecido pero basándose principalmente en la extracción por parte de la empresa privada de sus recursos naturales (cobre, celulosa, recursos marinos, fruta), un país que destruyó, a partir de 1975, su industria manufacturera, que quiere convertirse en el Singapore de América Latina, un país que se ufana de sus tasas de crecimiento pero que no menciona con que costo social se logran, un Chile de grandes números y grandes inequidades, una nación que después de haber sido líder en educación se convierte en uno de los países con la peor educación del mundo, con una salud publica cada vez más deteriorada, un país en el que el Estado paga a los privados para que construyan casas de bajísimos estándares para los pobres, donde hasta los servicios carcelarios son privatizados.

Pero como dice el dicho, no hay mal que dure cien años ni chileno que lo aguante, los movimientos sociales empiezan el año 2008 a manifestarse, ya el país no quiere seguir con una educación cara y mala, una salud privada cada vez más deteriorada en su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la población, una política de vivienda que no resuelve con una calidad mínima las necesidades de techo de los sin techo, un Chile glamoroso para el 5% de la población y gris cargadito a negro para el otro 95%, el de la “pobreza dura”(como si hubiera pobreza blanda), el Chile de los “desvinculados”, de los “en situación de calle”, de los “vulnerables”, donde las cifras de pobreza no son mayores sino “no menores”

Este Chile con un ingreso “promedio” bordeando los U$ 20.000 dólares anuales ($920.000 mensuales por cada persona es decir 3.700.000 mensuales en una familia de 4 personas), donde en realidad más del 80% de las familias viven con menos de $800.000 mensuales, es el tipo de país que la mayoría no quiere.

La gente quiere que el bienestar no sea sólo una estadística, quiere que el bienestar sea una realidad concreta en su caso, educación gratuita y de calidad, salud pública gratuita y de calidad, buenas pensiones, viviendas dignas, alimentación de calidad, acceso a todas las expresiones de la cultura, acceso al deporte la recreación y el esparcimiento.

Esto es lo que votaron los chilenos en la elección presidencial de 2013, y en esta línea es el mandato que entregó la ciudadanía a la presidenta Bachelet.

Y para avanzar en ello, es que se requieren los recursos que la Reforma Tributaria persigue. Los que más ganan, como era de esperar, se resisten y resistirán, sus representantes en el mundo de la gran empresa (CPC, Sofofa, SNA, SONAMI, CNC), sus representantes políticos (UDI, sectores de RN) y uno que otro comentarista, politólogo, lobistas de grandes empresas intentaran convencer al país que esta reforma es mala para los más pobres, como en su tiempo nos dijeron que las AFP iban a mejorar las pensiones de los más pobres, que perjudica a las pymes (después que las han reducido a su mínima expresión con sus abusos y prácticas depredatorias de la gran empresa principalmente financiera e importadora), que afecta a las clases medias, cuando en realidad no son las clases medias precisamente quienes son accionistas de las grandes empresas que si serán afectadas por la Reforma Tributaria.

Chile está acostumbrado a estas lágrimas de cocodrilo, para el gran capital nunca las granjerías que les entrega el Estado serán suficientes, siempre querrán más, y cuando un gobierno se atreve a disminuir un poquito sus inmensos beneficios, ponen el grito en el cielo.

Por último, la amenaza más dura “bajará la inversión”, no tiene ni un centímetro de piso en el cual afirmarse, las tasas de rentabilidad que obtiene la gran empresa en Chile, sumado a la tranquilidad del país y a la seguridad de las inversiones, no las obtiene en ningún otro país del mundo, y la gran empresa no se equivoca.

Evidentemente esta Reforma Tributaria no da cuenta de todas las inequidades existentes en la distribución del ingreso, a muchos nos habría gustado reducir más las brechas gravando más la extracción de recursos naturales, no solo no afectar sino bajar la carga tributarias de las mipymes.

Sin embargo, es menester reconocer que es, efectivamente, la Reforma Tributaria más profunda de los últimos decenios.

Antes de entrar en materia, vale la pena volver a preguntar a estos señores, ¿quién les dio la vocería de las Pymes?, justo ellos, los grandes empresarios que en muchas oportunidades abusan con prácticas de pago que rayan en la delincuencia con sus proveedores Pymes ¿se erigen en embajadores de las Pymes?

Pero vamos a lo medular, la Reforma Tributaria planteada por el ejecutivo, tiene dos grandes objetivos, aumentar la recaudación fiscal en un país con un estado jibarizado después de la retroexcavadora neoliberal que operó sin ninguna restricción de tránsito y con combustible gratis los últimos 40 años, y avanzar algo en la redistribución del ingreso en uno de los países con peor distribución del ingreso del mundo (si, así como suena, Chile).

Para lo anterior, se plantean dos medidas de fondo y varias complementarias.La primera medida de fondo es el aumento del impuesto a la Renta (desde un 20% a un 25%), que grava principalmente a la gran empresas (del total de las ventas nacionales, la gran empresa concentra cerca del 90%, dejando a la micro, pequeña y mediana poquito más del 10%), y la eliminación progresiva del FUT (Fondo de Utilidades Tributarias) que fue un mecanismo establecido hace décadas para incentivar la inversión pero que degeneró en una forma legal de dejar de tributar.

Algunas estimaciones cifran en más de 200.000 millones de dólares la evasión “legal” generada por esa vía.

Los voceros de la gran empresa afirman que esta reforma tributaria afecta principalmente a las Pymes, ello no es efectivo, el principal efecto será para quienes tienen utilidades y deben por tanto pagar impuesto a la renta (las grandes y mega empresas) y en quienes tienen FUT (nuevamente las grandes y mega empresas).

La segunda línea de argumentación en contra de la Reforma Tributaria es que ella desincentivaría la inversión y el empleo, (esta canción parece que la hemos escuchado antes con ocasión del reajuste de los salarios).

Nada más falso, mientras en Chile las empresas mantengan las tasas de rentabilidad que tienen -que en la mayoría de las industrias son bastante más altas que las tasas internacionales-, ningún capital se moverá y por el contrario seguirán invirtiendo, lo que interesa es la última línea del balance, mientras ella siga siendo mejor que en otras latitudes, seguirá reproduciéndose.Si las inversiones no se afectan, no hay razón para pensar que por dicha causa se afectará el empleo.

Las reformas complementarias tienen que ver principalmente con dos medidas también, la depreciación acelerada (quien invierte puede cargar a costo en el mismo ejercicio el valor total de la inversión) con lo que baja la utilidad en el monto de la inversión real (estímulo a la inversión); y el cambio del agente pagador de IVA en las compraventa entre grandes y pequeñas empresas evitando a las Pymes tener que pagar el IVA de sus ventas a las grandes empresas antes que ellas les paguen.

La Reforma Tributaria es una Política sin lugar a dudas noble, qué más noble que generar recursos para mejorar la calidad y el acceso a la educación, es noble también porque hace lo anterior principalmente con recursos de los que tienen más.

¿Es perfectible?, pero por supuesto, por ejemplo podría modificarse en el trámite legislativo que el impuesto a la renta fuera progresivo , menos impuesto a las empresas más chicas, mayores a las empresas grandes , de esa manera el pequeños porcentaje de empresas pequeñas que tiene utilidades tendría un mejor pasar con muy poco costo para las grandes empresas.

La ciudadanía espera un trámite rápido de este Proyecto de Ley, es urgente avanzar en cambios estructurales en educación, y hacerlo con los recursos de los que más tienen.

A días de su despedida como Presidente, ha puesto el énfasis en dos conceptos, la creación de casi un millón de empleos de calidad y haber convertido a Chile en país de emprendedores de clase mundial

Conversemos de la promesa de acabar con el desempleo.En este ámbito, Piñera se jacta de haber creado casi un millón de “empleos de calidad”, definamos primero que sería un empleo de calidad.

A mi juicio, un empleo de calidad es un empleo estable, con trato digno, remuneración superior al mínimo ético, con contrato, con leyes sociales al día y que además genera valor en la organización donde se desarrolla.

Veamos las cifras. De los 985.000 empleos que informa el INE, 335.000 corresponden a empresas de 1 a 5 trabajadores formales e informales; es decir empleos sumamente precarios.

Entre ellos se incluye a 25.000 empleadores, 30.000 familiares no remunerados de los empleadores, muchos sin contrato, muchos sin leyes sociales, la gran mayoría en valores cercanos al mínimo legal y muy poco estables (las empresas más pequeñitas tienen altos índices de fracaso), 48.000 corresponden a empresas de 5 a 10 trabajadores, 55.000 a empresas de 11 a 49 trabajadores, 169.000 a empresas de 50 a 199 trabajadores y 378.000 a empresas sobre 200 trabajadores.

Hasta aquí podríamos decir que ya no hablamos de 1 millón de empleos de calidad sino más bien de 546 mil (empresas con más de 50 personas), cifra a la que debemos descontar los trabajadores a honorarios sin contrato de plazo fijo tanto del sector público como privado.

En el sector público hay decenas sino cientos de miles de trabajadores a contrata o simplemente a honorarios, y situación similar pasa en el sector privado.

Analizando las cifras desde otro ángulo, los 985.000 empleos se desglosan en 25.000 empleadores, 30.000 familiares de empleadores no remunerados, 247.000 trabajadores por cuenta propia, y 684.000 asalariados: con contrato y sin contrato, jornadas parciales,y completas, microempresas familiares, pequeñas, medianas y grandes.

Nuevamente, los empleos de “calidad” serían solo un subconjunto de los 684.000 asalariados,dentro de los cuales están los de jornada parcial, los a contrata y a honorarios, los empleo con salarios a la negra, es decir. un subconjunto no menor de empleos de mala calidad.

Por otro lado, si revisamos donde se generan estos “empleos virtuosos”, encontramos que el sector más “dinámico”, es el de los servicios de educación, más de 200.000 empleos, que bien sabemos son poco estables, y no precisamente bien remunerados; construcción, más de 140.000 empleos que son por definición temporales (mientras duran las obras) y más de 140.000 en el comercio, bien sabidas son las malas prácticas de trato laboral de muchas tiendas de retail quienes concentran la mayor cantidad de nuevos empleos.

En cuanto al emprendimiento, como primer y quizás más importante antecedente, hay que hacer notar que durante el gobierno del presidente Piñera, la micro y pequeña y mediana empresa continuó bajando su participación en la ventas totales alcanzando las más baja participación en la historia en el total de ventas nacionales.

Nada se habla acerca del pobre desempeño de las nuevas micro y pequeñas empresas, no se publican la cantidad de fracasos y el costo de ellos, no se conocen los niveles de ingresos de estos emprendedores.

Se publica la tasa de emprendimiento del 23 % de la población económicamente activa del país, cifra muy alta al compararla con el 13 % de Estados Unidos, y con 8% promedio de los países OCDE.

Sí, efectivamente son tasas altas, pero ¿cuál es la calidad de esos emprendimientos?, ¿han ganado o perdido calidad de vida la mayor parte de esos emprendedores?, ¿cuál es el valor que han agregado a la economía?, ¿han disputado mercados a los grandes de la economía?

¿Cuántos “emprendimientos de clase mundial” podemos mostrar?

Si hemos casi triplicado los índices de emprendimiento de los países OCDE, (economías más desarrolladas del mundo), y estamos casi en el pleno empleo cómo no se refleja para nada eso en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

Lo que está detrás de todas las afirmaciones es el intento de esconder lo que verdaderamente sucedió en la economía.

Crecimos, sí es efectivo, pero crecimos también en concentración económica e inequidad.

Crecimos pero en medida importante gracias al precio del cobre, crecimos también en dependencia, creció la brecha entre empresas pequeñas y medianas versus empresas grandes.

Creció la cantidad de empresas pequeñas, pero aumentaron también los malos resultados de esas empresas, se destinaron recursos al emprendimientos, pero dicha inversión se tradujo en más empresas, pero no en más y mejores ventas del sector expresadas estas como porcentaje del total de ventas de las empresas.

La ciudadanía tiene el derecho a ser bien informada, la autoridad gubernamental tiene la obligación de entregar TODA la información, no solo aquella parte que la favorece frente a la opinión pública, todos tenemos la obligación de construir un país de verdad y para ello, es imprescindible partir de datos reales, por duros que ellos sean.

En empleo, se ha avanzado, pero aún falta mucho, es necesario mejorar los cientos de miles de empleos parciales, precarios (estabilidad, leyes sociales, remuneración, trato, pensiones), y ello sólo se logrará cuando el Estado intervenga controlando a los grandes abusadores, garantizando competencia real en los mercados, creando condiciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas sean empresas de verdad, productivas, con mercados en los cuales puedan desarrollarse, con accesos y a costos competitivos al financiamiento, con acceso a la información y a la tecnología.

El Chile de 1990 tenía en su ADN el miedo, el temor, el deseo de poder dormir en paz sin despertarse con agentes de la seguridad o militares en la puerta de sus casas, el Chile de los años siguiente fue el Chile de “no molestemos a los militares”,el Chile de “hagamos lo que se pueda”, el Chile del pedir permisos a las grandes empresas, el Chile de avanzar en reducir la pobreza extrema (entendida como las super pobreza extrema), el Chile de arreglar algo la educación y la salud, el Chile de no hablar ni menos tocar la Doctrina de Seguridad Nacional, el Chile de intentar “humanizar “ la economía neoliberal, el Chile de los Bonos, el Chile de las Ayudas.

Chile 2013 tiene en su cuerpo, en su ADN, a los estudiantes, a Aysén, Freirina, Rengo, Magallanes, Calama, La Reina, El Bosque, Panul, Arica, Hidro-Aysén, todas las etnias, Castilla, Peñalolén, la diversidad sexual, la nación mapuche, las huelgas de los fiscales y de los municipales, del cobre y del Retail, de las cadenas de farmacias y del Registro Civil.

En este nuevo Chile que está surgiendo, los pobres no son sólo los de la franja del hambre extremo, son el 90% cuyos ingresos familiares son inferiores a los $600.000 mensuales, el Chile de los endeudados por “acceder” a la educación superior pagada, el Chile de los que viven para pagar las tarjetas de crédito, el Chile de los deprimidos, el Chile de los tristes, el Chile de los que aún no tienen casas y de los que no pueden pagar las casas que compraron con crédito.

Este nuevo Chile, está empezando a creer que otro Chile es posible, urgente y necesario.

Nadie quiere más de lo mismo, muy pocos quieren cambios solo en la medida de lo posible, si lo posible es definido por la autoridad de turno.Lo posible solo debe determinarlo la fuerza de los movimientos sociales y su capacidad de incidir en el quehacer político, por eso nos estamos jugando, ahí radica nuestra verdadera fuerza, esa es la clave de la construcción de mayorías con vocación de poder.

La gran mayoría entendemos los Programas presidenciales como un punto de partida no como una meta final, queremos construir desde ese punto y con la fuerza de las mayorías expresadas en la calle, pero también en la Cámara de Diputados, en las plazas pero también en el Senado, en las organizaciones sociales y también en los Gobiernos Regionales con Cores elegidos democráticamente hoy, Intendentes también elegidos democráticamente mañana.

Por eso y mucho más, no da lo mismo votar que no votar, y no da lo mismo solo votar, que votar y poner AC (Asamblea Constituyente) en la esquina superior derecha del voto presidencial.

No debemos trasladar mecánicamente el Chile del 90 o del 94 o del 2000 o del 2006 o del 2010 al Chile de hoy, el país, principalmente su gente, está cambiando y empieza a creerse el cuento, hoy podemos y juntos podemos avanzar más, en la construcción de un Chile más justo, un Chile para todos.

El Chile que debemos construir es un Chile sin exclusiones, un Chile de todos para todos, sin las oprobiosas inequidades existentes, donde la concentración económica no sea la base del crecimiento económico, donde el desarrollo no sea solo crecimiento, sino crecimiento sustentable y con equidad, un Chile donde la Educación, la Salud, la Vivienda y la Previsión no sean mercaderías sino derechos, un Chile donde el Estado asuma labores productivas y no quede marginado al papel de simple observador de los que el mercado (bueno o malo o pésimo) haga.

Un Chile que se preocupe de sus mayorías pero también de sus minorías, un Chile donde los niños y los mayores sean discriminados positivamente de verdad, un Chile donde mujeres, hombres y homosexuales tengan los mismo derechos y deberes, un Chile donde trabajar sean una actividad digna, decente y bien remunerada, donde jubilar no sea un martirio sino un alivio, donde vivir feliz no sea una utopía sino una meta realista y alcanzable.

Construir ese nuevo Chile no es tarea fácil, se oponen desde luego los que detentan hace 40 años el poder, los dueños de los grupos económicos y los empleados de la cúspide de sus empresas, los representantes del gran capital financiero internacional,los representantes políticos de esa derecha económica híper poderosa.

Sin embargo, esa oposición también tiene raigambre popular, 40 años de dominación ideológica instalando el individualismo, el consumismo, la fantasía de que todos podemos llegar a ser millonarios si “nos esforzamos”, conceptos sacralizados como “mercado”, “competencia”, “esfuerzo”, “empeño”, “pastelero a tus pasteles” sin lugar a dudas han calado hondo, Pinochet dejó la Moneda con más de un 45% de apoyo, y la derecha ha oscilado en estos 24 años de transición entre un 45% y un 50%.

Hoy existe la posibilidad cierta de que la derecha tenga una derrota de proporciones en la elección presidencial y pierda una parte de su poder en la Cámara de Diputados y en el Senado, esa derrota, sin embargo, no cambiará la correlación de fuerzas centro Izquierda 50%-55% derecha 45%-50%

Por todo lo anterior, es muy importante construir mayorías en todos los ámbitos, este fin de semana en la Presidencia, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los Concejos Regionales, al día siguiente seguir construyendo mayorías en el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, los movimientos ciudadanos, las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, los movimientos ambientalistas, los movimientos étnicos, la diversidad sexual todas y cada una de las formas en que se exprese la ciudadanía.

Porque es imperativo construir mayorías no solo cuantitativamente amplias sino que cualitativamente superiores, no da lo mismo votar que no votar, y no da lo mismo por quien votar dentro de cada coalición.

Ese día se quebraron en mil pedazos los sueños de toda una generación, que creyó posible construir una sociedad más justa utilizando solamente los cauces institucionales establecidos.Y fue reemplazado por un Orden Constitucional antidemocrático y cuyo propósito era justamente impedir dichos cambios.

Ese día, se convirtió en una larga noche de 17 años, y un amanecer de más de 23 que aún no termina, para dar paso a un nuevo día.

El Proyecto encabezado por Salvador Allende Gossen y respaldado por la Unidad Popular, constituida por el Partido Comunista (PC), Socialista (PS), Radical (PR), Unión Socialista Popular (USOPO), Izquierda Radical (PIR), Mapu, Izquierda Cristiana (IC), Acción Popular Independiente (API), la Central Única de Trabajadores (CUT) y las principales organizaciones nacionales del campesinado (Ranquil, Unidad Obrero Campesina), se planteaba objetivos profundamente democratizadores.

Organizar la economía nacional en 3 sectores, el área de propiedad social compuesta sólo por 91 empresas consideradas estratégicas para el desarrollo y la seguridad nacional (energía, agua, telecomunicaciones , acero, cemento, Gran Minería del Cobre, entre otros); el área mixta que estaría formada por empresas en que se asociaría el capital privado y el capital social y el área de propiedad privada donde se mantendría el 99,9% de las empresas.

Este mismo programa proponía la nacionalización de nuestras riquezas básicas, principalmente el cobre, que se logró con la aprobación unánime del Congreso Nacional, la profundización de la Reforma Agraria, y el control de precios de los productos de consumo básicos para la familia chilena.

El Programa de Salvador Allende era ambicioso también en metas de mejora de la productividad de los factores productivos, y el aumento de la inversión pública y privada.

Consideraba el perfeccionamiento de los canales y mecanismos de distribución de los productos de consumo básico, la creación de la Distribuidora Nacional DINAC, para asegurar la provisión de productos al comercio detallista, todo lo cual se traduciría en importantes aumentos de la producción, y por tanto de disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer la demanda creciente que se generaría como consecuencia de políticas salariales tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los sueldo y salarios

Sin embargo, los enemigos de Allende consideraron que ese Programa Básico era mucho, decidieron que no estaban dispuestos a aceptar que un gobernante socialista mostrara al mundo que, habiendo llegado al gobierno a través de elecciones, era capaz de organizar la economía de mejor manera que los grupos económicos internacionales y nacionales que la manejaban hasta ese momento.

Para la reacción chilena y para el imperio, el peligro de que un Gobierno generado en las urnas, avanzara significativamente en materias económicas y sociales (en 1971, el PIB creció más del 7%, y el desempleo se asomó apenas sobre el 3%), era evidente y había que activar todas las medidas y planes para evitarlo.

Y empezó el boicot, la guerrilla económica a nivel nacional primero, luego la campaña del terror iniciada en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Montalva y acrecentada desde el inicio del gobierno de Allende; ralentización de la producción de bienes básicos, acaparamiento, distribución de bienes y servicios por fuera de los canales normales de comercialización, y por consecuencia, mercado negro, carestía y alta inflación.

A nivel internacional, negación de créditos del Fondo Monetario Internacional, condicionamientos del Banco Mundial, dificultades de abastecimiento en los mercados occidentales proveedores de bienes de consumo e insumos productivos.

Como no les bastara con el descarado boicot económico, las cabezas políticas de la derecha criolla, digitadas y financiadas por la CIA , desataron una guerra mediática jamás vista.

El control casi exclusivo de los Medios de Comunicación (superado sólo en y después de la dictadura pinochetista) les permitió empezar a instalar en la opinión publica una sensación de crisis sin salida, la idea fuerza era preparar a la población para el golpe militar que habían planificado incluso antes de que Allende asumiera, cuyo preámbulo fue el asesinato, por un comando terrorista de derecha, del Comandante en jefe del Ejército General Rene Schneider.

A lo anterior se suma que, Brigadas de Patria y Libertad, del Partido Nacional Socialista y del partido Nacional iniciaron una ola de atentados a puentes, torres de distribución eléctrica, corte de carreteras, avenidas y calles, apagones y amenazas a los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular. Una de las muchas expresiones de dicha barbarie terrorista fue el asesinato, en el balcón de su casa, del Edecán Naval del Presidente Allende, Comandante Araya.

El de Allende era, sin lugar a dudas, un Programa Democrático, así lo recoge la Historia. El gran déficit del Gobierno de la Unidad Popular no fue económico, fue político, no alcanzó a generar la mayoría política necesaria para impulsar los cambios imprescindibles en la institucionalidad política, no llegó a consolidar las alianzas imprescindibles para transitar por los difíciles caminos de los cambios profundos y, por supuesto, los esfuerzos necesarios para modificar una Constitución que fue un tapón para dichos cambios, no alcanzaron ese fundamental objetivo.

Es muy probable que las próximas elecciones presidenciales sean ganadas por la Nueva Mayoría, alianza que representa a sectores de centro izquierda y de izquierda, lo que significa reunir a cerca del 60% a 70% de la población. Seguramente la nueva mayoría también mejorará su posición en ambas cámaras.

El éxito del próximo gobierno depende de manera importante en tener presente esa dolorosa experiencia.

Gobernar es dirigir el país, establecer alianzas, generar una gran capacidad de negociación, pero fundamentalmente, es ser fieles a quienes elegirán al próximo gobierno.El pueblo chileno, no quiere más de lo mismo, ni tampoco cambios sólo en la medida de lo posible, si en la definición de lo posible no se considera la fuerza de los movimientos sociales.

Debemos saber avanzar desde el gobierno, desde el parlamento, desde la calle, presionando, negociando, estableciendo alianzas, empujando. Debemos gobernar bien, pero sin vacilaciones, y para ello, la fuerza del pueblo informado, organizado, consciente y movilizado es imprescindible.

El estallido social en Brasil fue gatillado por un alza de tarifa del transporte público, (¿se acuerdan del Transantiago?), sin embargo hoy día ése no es el único motivo de la manifestación, la población reclama estar cansada de la corrupción, de los privilegios de los políticos, de la ineficiencia en la educación y en la salud.

En un artículo de prensa, un entrevistado manifiesta “tenemos que cambiar un país entero, no sólo el boleto de ómnibus”. Las manifestaciones han ido expandiéndose a más personas y ciudades, aumentando los episodios de violencia.

La pregunta que ha surgido en los círculos de poder y en la academia es ¿por qué aumenta la protesta popular en un país que era presentado como modelo de progreso económico y social? y ¿ cómo se debe y puede enfrentar esta situación?

Hasta ahora ninguna de las dos preguntas tiene respuesta simple para las autoridades brasileñas.

Esta semana, en Río, Sao Paulo y otras ciudades del país se anunciaron rebajas de las tarifas de transporte colectivo. Sus alzas fueron el detonante de un estallido social que al parecer tiene causas mucho más profundas. La variedad de demandas actualmente es amplia y los propios manifestantes admiten que su resolución será más compleja que un simple replanteamiento de una medida impopular.

El común denominador de las protestas es el descontento con los gobernantes y con la clase política brasileña en general, por esa razón muchas de las últimas manifestaciones se dirigieron contra símbolos de poder. En Brasilia hacia el ministerio de Relaciones Exteriores, en Río las 300 mil personas marcharon hacia a la sede de la Alcaldía.

Si miramos a nuestro país, vemos que manifestaciones y represión son el pan nuestro de cada semana, el descontento crece y la institucionalidad política no es capaz de buscar una solución, y menos de construir un camino de diálogo y avance.

Sociólogos y politólogos brasileños advierten acerca del divorcio entre los partidos políticos y los movimientos sociales, destacan también el deterioro de la gobernabilidad en Brasil, y en esa línea postulan la importancia de una reforma política que dé cuenta de las principales demandas concretas de la gente y su expresión en el plano político.

En Chile, día a día aumentan los partidarios de romper los cerrojos de la actual Constitución que impiden cambios de fondo en la educación, salud, economía, protección de los recursos naturales, democratización de la sociedad.

Día a día se instala la necesidad de un proceso constituyente que de paso a una Asamblea Constituyente en la cual los movimientos sociales y la gente de a pie sean los principales protagonista de la generación de una nueva Constitución

Por el lado de los manifestantes, en Brasil, la falta de un liderazgo claro y de una estructura orgánica del movimiento hace difícil su conducción, la priorización de las demandas y la identificación de interlocutores válidos con la autoridad. En nuestro país, hasta ahora, muchos de los movimientos sociales han actuado sin coordinación, aun cuando cada uno de ellos tiene liderazgos definidos, hasta ahora no hay una clara convergencia orgánica entre estudiantes, trabajadores, movimientos ciudadanos, medioambientalistas, etnias, diversidad sexual, género.

El lugar común de nuestros países es un modelo de desarrollo, basado fundamentalmente en la mejora de la productividad de la gran y principalmente mega empresa privada, un Estado al servicio de esta meta y el perfeccionamiento del marco legal y económico para favorecer este proceso. Evidentemente, no se han considerado los efectos depredadores sobre los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el aumento de los abusos contra las personas y la grave y creciente desigualdad en la distribución del ingreso de nuestra población.

En ambos países los estados se han limitado a administrar los pocos elementos reguladores disponibles de la economía, a subsidiar en muchos casos a la gran empresa y en el ámbito social a la entrega de bonos a los sectores más pobres. El resultado de esta política es la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, regímenes políticos excluyentes y una institucionalidad completamente separada del pueblo.

De una crisis de esta naturaleza sólo pueden esperarse estallidos sociales, es necesario que la autoridad entienda que la solución no es la represión, muy por el contrario, la solución debe contemplar sentarse a conversar, acoger las principales demandas, y enmendar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

La presidenta Dilma Rousseff saludó las protestas como positivas para la democracia y ha anunciado un llamado a  plebiscito para iniciar un proceso Constituyente. Esta decisión sin lugar a dudas va en la dirección correcta, sin embargo, es necesario advertir que este proceso no puede ser si no a través de una Asamblea Constituyente con los movimientos sociales y la gente de a pie como sus principales actores. Pensar en soluciones generadas solo desde la actual institucionalidad tanto en Chile como en Brasil es pecar de ingenuidad

La futura presidenta Bachelet debe tomar nota de esta situación, lo más probable es que en Chile, por las mismas causas y con los mismos actores, las movilizaciones se produzcan como forma de presionar al gobierno a efectuar transformaciones más de fondo que las que planeó la concertación en sus cuatro períodos de gobierno. La necesidad de cambiar la Constitución, será entonces más que evidente, y la Asamblea Constituyente el camino para garantizar un Nuevo Orden Social que de Gobernabilidad y Desarrollo Inclusivo, Equitativo y Sustentable al país.

Las trabas están tan entrelazadas, que no se puede imaginar un cambio a la Constitución, sin cambiar el modelo económico, el sistema educacional y de salud pública, reformas tributarias y de propiedad de las riquezas básicas y recursos naturales. Los grandes intereses económicos y la derecha política que los representa y defiende así lo entienden.

Estamos frente a una situación histórica de cambios, que requiere sabiduría y la fuerza de la mayoría, la madurez para usar la unidad como la base de esa fuerza y la movilización social como la manera específica de empujar y de sostener los cambios.

Sin duda que, movimientos ciudadanos como los de Aysén, Frerina, Calama y Rengo, las movilizaciones de los trabajadores portuarios, del cobre y del retail, los movimientos medioambientalistas, los movimientos por la diversidad étnica y por la diversidad sexual, y los movimientos territoriales por la defensa de la ciudad y la calidad de vida, que han ido instalando crecientemente sus demandas, han dado paso sin lugar a dudas, a una presencia más solida del mundo social en la agenda pública.

Y son los estudiantes, con su demanda de educación universal gratuita y de calidad, y término del lucro en la educación, los que han consolidado la posición de los movimientos sociales. En su discurso cobró mucha fuerza la queja y en algunos casos hasta el desprecio por la denominada “clase política”. Suponemos que se refieren a parlamentarios, Presidente de la República, ministros, dirigentes, jefes de partidos, y la protesta es por la forma en que hacen política, sobre todo, por la poca transparencia de su actuar.

Que la institucionalidad política chilena tiene mal olor es algo más que obvio. Nos rige una Constitución hecha por la dictadura para instalar un sistema político y económico que le garantizara a la derecha la “continuidad” de la obra “del general”.

Un sistema político donde 35% es lo mismo que 65%, supuestamente para generar “estabilidad” (que los poderosos definen de acuerdo a sus particulares intereses). Un sistema económico que privilegia y discrimina a favor de los grandes empresarios considerados “motor del desarrollo”.

Esta institucionalidad, hecha a sangre y fuego, que ha sido modificada pero sólo en aspectos no esenciales por los gobiernos de la Concertación, con todos los candados de la dictadura intactos, es la que irrita al mundo social, a una parte de los dirigentes políticos y a unos pocos parlamentarios.

La política en Chile, desde el término formal de la dictadura se ha definido por metas “en la medida de lo posible” (mediante la política de los consensos instalada en mesas de diálogo, con los mismos actores de siempre) y por programas que ofrecían básicamente “más de lo mismo”. El “realismo político” aconsejó a los gobernantes de la Concertación no embarcarse en tareas para las cuales no iban a contar con el apoyo parlamentario de la derecha, ni menos en reformas que supusieran cambios constitucionales de fondo.

Los movimientos estudiantiles nos han mostrado (y en general las movilizaciones sociales cuando son masivas, también), que la fuente del poder para realizar cambios, no está sólo en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino también en la calle, y cuando la calle está activa, se hace visible para los controlados medios de comunicación.

Los movimientos sociales nos han enseñado que la barrera de lo posible, puede ser corrida más adelante si los gobernantes se apoyan en la gente y sus organizaciones, pero además han señalado que ya no quieren más de lo mismo, que quieren participar e incidir en la definición de qué tipo de país, qué tipo de desarrollo, qué tipo de sociedad, qué tipo de forma de vida deseamos construir, este es un dato clave para la gobernabilidad futura de Chile, los movimientos sociales llegaron para quedarse y se hace imprescindible gobernar con ellos.

Cuando dirigentes como Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Camilo Ballesteros, Gabriel Boric deciden dar el paso y postularse como candidatos al parlamento, planteando en su discurso que la lucha hay que darla en todos los frentes, sin lugar a dudas es una decisión que la ciudadanía debe aplaudir.

No debe haber sido una decisión fácil, hasta ahora muy pocas personas los han criticado y muchos tienen la esperanza de que contribuyan a “refrescar” la política, a dar un “aire nuevo y limpio” al Parlamento, a ser los voceros in situ de los movimientos sociales. Ellos por su parte, tienen meridianamente claro que la mirada de la ciudadanía y sobre todo la de los movimientos sociales estará muy atenta a su actuar.

El aporte de la nueva generación de parlamentarios en el proceso de construir confianzas entre los mundos sociales y políticos, será sin lugar a dudas muy importante, ellos saben actuar a cara limpia y con las manos abiertas, subir el techo de lo posible, recuperar nuestra capacidad de soñar, combinar la negociación con la presión.

Ellos sabrán cómo votar en el parlamento y convivir con los movimientos sociales, sabrán cómo combinar presión con negociación, porque si de algo deben estar seguros, es que los movimientos sociales estarán prestos a sus convocatorias.

Les corresponderá un arduo trabajo para evitar que el sistema se consolide e instale nuevos paradigmas conservadores. Deberán luchar por incorporar en el Programa de Gobierno políticas públicas para profundizar de verdad la democracia, poniendo énfasis en la participación ciudadana protagónica y vinculante en los asuntos de interés nacional.

Sin duda ellos estarán a la cabeza del movimiento para avanzar rápidamente en un proceso de Educación Universal, de calidad y gratuita y formarán parte del conjunto de movimientos sociales que levantarán la demanda para generar un proceso constituyente que cambie la actual constitución.

Este mismo movimiento social, amplio, transversal e inclusivo impulsará las demandas de democratizar la economía emparejando de verdad la cancha para que las empresas de menor tamaño puedan competir en el mercado, la imprescindible reforma del Código del Trabajo y el cambio del actual Sistema de Pensiones basado fundamentalmente en el ahorro individual a un Sistema de Reparto.

En suma, avanzar con decisión y firmeza en la disminución de las desigualdades deben ser los ejes programáticos principales del nuevo Gobierno.