Hoy en día creamos mecanismos y herramientas de participación ciudadana, pero nos olvidamos que para potenciar su uso educar es clave.

El Estado tiene una gran deuda social en este aspecto y valoramos tremendamente que la Presidenta Bachelet haya tomado en consideración la recomendación del Consejo Asesor Anticorrupción de incorporar la educación ciudadana como parte del currículo educacional de nuestro país. Esto puede contribuir de manera significativa a aumentar el conocimiento de derechos, deberes y responsabilidades de todos los ciudadanos de Chile.

La educación cívica o formación ciudadana, debe ser integral y transversal para no sólo ahondar en lo político, sino en la convivencia social, la cooperación, la diversidad, pero por sobre todo en la conformación de comunidades. La participación ciudadana no puede ser reducida a lo electoral, fundamentalmente porque la democracia es mucho más que una forma de gobierno. Implica también una forma de vida, de vincularse con el resto de la sociedad y con el Estado.

En este sentido, creemos que la escuela debe ser reivindicada como un agente político, en tanto tiene en sus manos la potencialidad de la formación integral de los individuos y ciudadanos (entre otras instituciones). Ciudadanos que deben necesariamente ser interlocutores activos de los gobiernos y con quienes se debe trabajar en conjunto para fortalecer la democracia.

En el contexto que hemos vivido en los últimos meses en donde vimos un quiebre de confianza y, a su vez, un real interés por parte de la autoridad máxima de nuestro país en reconstruirla, es importante pensar no sólo en medidas drásticas de corto plazo, sino también en todo aquello que favorezca el desarrollo de una cultura política más sólida, en la que finalmente se entienda que el futuro y el largo plazo, dependen de la corresponsabilidad de todos los actores. Muchos caminos conducen a la participación ciudadana, el de la educación debe ser transitado.

En ese documento legal, se habla de una nueva política, en donde la ciudadanía es el actor principal, de los derechos de participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas y sobre la importancia de desarrollar mecanismos de vinculación entre los actores políticos y sociales de nuestro país.

De hecho, el instructivo establece que el gobierno “entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones”, lo que pareciera contradictorio y paradójico en el proceso que actualmente presenciamos en el escenario de una potencial reforma laboral.

Hay conciencia de una agenda laboral establecida por el gobierno, consensuada con la CUT, otras asociaciones de trabajadores y con los gremios empresariales. Hasta ahí, pareciera que todo funciona, pero el problema es que dicha reforma carece de los elementos de participación ciudadana que este gobierno se comprometió a impulsar.

En cambio, sólo buscaría cautivar a una minoría de trabajadores sindicalizados o asociados que representan aproximadamente al 14% de la población laboral, y no toma en cuenta al silencioso 86% restante.

De esa mayoría silenciosa no sabemos nada, no conocemos sus expectativas laborales y de beneficios y probablemente sus integrantes son ajenos al mundo de las gigantes multisindicales.

Tampoco sabemos qué ocurre con los sindicatos de base, ni cómo están siendo representados en la mesa de negociación.

Todo esto llama profundamente la atención porque el problema esencial es que dentro del sello ciudadano que el Gobierno ha planteado, en una reforma que afecta en forma transversal a todos, no se consulta a la mayoría y según las señales que hemos visto, finalmente se podría estar legislando para unos pocos.

Acá la discusión que queremos iniciar no es sobre si los temas que se debaten en la mesa de negociación corresponden o no. La carencia de esta reforma laboral está justamente  en que no se está escuchando a todos los sectores.

Una consulta sobre lo que quieren los trabajadores debiera permitir implementar mecanismos de participación con todos para que arrojen indicadores reales sobre sus falencias y necesidades.

El desafío para el Gobierno es justamente implementar la participación ciudadana en esta reforma y no quedarse solamente con las preocupaciones que la CUT plantea.

El resto de los trabajadores, ése 86% nos exige escuchar, entender e implementar procedimientos donde participen, opinen y que sus voces y las del otro 14%, sean vinculantes para todos.