Si bien no estamos en presencia de un super Estado, lo cierto es que la UE es el ejemplo más exitoso de unidad por voluntad de sus miembros. De 6 Estados en 1951 han pasado a 28. Sin embargo, no solo los temidos “Grexit” o “Greccident” (salida de Grecia de la Zona Euro) y “Brexit” (salida de UK de la UE) amenazan con una reestructuración del bloque, también temas de fondo la dividen.

El año partió con los atentados terroristas en París, ataque que se repitió luego en Copenhague. En Bélgica un gran operativo llevó a la desarticulación de células que pretendían cometer actos similares en la capital de la UE. Lo mismo en otros países. El nivel de alerta se aumentó y un gran debate al interior de los Estados se intensificó en cuanto a las medidas a adoptar y sobre las causas de los mismos.  

A fines de enero ganó las elecciones Syriza en Grecia en medio de la crisis de la eurozona. Partido antiausteridad y contrario a las medidas adoptadas tanto por la UE como por los dos partidos tradicionales que gobernaron Grecia desde el retorno a la democracia (PASOK y Nueva Democracia), vino a enfrentar el orden establecido en la UE.

El debate y discusión sobre la grave crisis, las consecuencias de la salida de Grecia de la eurozona, las responsabilidades y falencias estructurales que presenta la moneda común, entre otros aspectos, crisparon los ánimos. Una división Norte/Sur, pobres/ricos, responsables/dilapidadores, marcó la discusión. Mientras la UE no retome un ritmo de crecimiento, baje las tasas de desempleo que son particularmente altas en el Sur, reoriente sus políticas de austeridad que tan caro ha costado a muchos, la tensión continuará.  

A mediados de año parece que la UE tomó recién conciencia de la crisis de refugiados que otras partes del mundo conocía muy bien. Miles de personas comenzaron a llegar a sus costas en busca de protección internacional (refugiados) y mejores condiciones de vida (inmigrantes).

La intensificación de este flujo mixto que, según cifras oficiales de ACNUR hoy llega a más del millón de personas, enfrentó no solo a los países miembros entre ellos y con las instituciones de la UE, sino que también al interior de los propios países.

El caso más claro es Alemania y el rol que la Canciller Angela Merkel ha jugado. La división clara entre los socios, esta vez poniendo en evidencia las fisuras en especial entre los Estados de Europa Central y Oriental y los occidentales, ha llegado a niveles alarmantes. Vallas, expulsiones “en caliente”, marcas en los brazos a los refugiados, quema de albergues, endurecimiento de las leyes de asilo y criminalización de los irregulares, son solo una muestra. El espacio de la libre circulación Schengen es puesto en duda y aquel símbolo de la unidad y la integración sufre embates que lo ponen en riesgo. 

El año termina con los atentados en París, reivindicado esta vez por el autodenominado Estado Islámico. La orquestada operación terrorista, al parecer dirigida desde la vecina Bélgica, vino a complicar aún más el escenario. La amalgama fácil de “Islam-terrorismo”, se complementó con el vínculo “inmigración/refugiados”.

Cierre de fronteras, guerra contra el terrorismo, reproches mutuos, fueron las inmediatas consecuencias. Schengen más en riesgo y una UE reaccionando dividida (pese a las muestras de solidaridad e invocación del art. 42.7 del Tratado de Lisboa) y poniendo en jaque sus propios compromisos comunitarios. A esto se suma la relación con Rusia, complicada desde la anexión de Crimea y actor importante en la guerra en Siria, que mostró los límites que tiene Europa en el complejo escenario internacional.

Evidentemente este es un resumen arbitrario. Hubo avances en otros aspectos en la UE, pero las crisis económica, del euro, de los refugiados y del terrorismo han enfrentado a Europa a sus propios miedos y fantasmas. El aumento de los partidos eurófobos y euroescépticos son una muestra palpable.

La construcción europea encuentra su fundamento en las Guerras Mundiales. Para superar los nacionalismos y odios, los Padres Fundadores pensaron en las condiciones para un continente en paz y próspero.

Sin embargo, las crisis están mostrando que la memoria es frágil y que se está olvidando por muchos el por qué están unidos. En este contexto, el 2016 no se anuncia fácil. La crisis de los refugiados continuará si sus causas no terminan y éstas no dependen solo de la UE. La crisis económica aun no es un mal recuerdo y el riesgo de atentados es una realidad. El euro y Schegen son símbolos de un éxito político ansiado por muchos. Su caída puede efectivamente ser el fin de lo que comenzó como un sueño y puede terminar en pesadilla.

En el 2016 veremos atisbos de respuestas. Al menos eso esperamos quienes observamos con atención lo que pasa más allá de nuestras fronteras.

Del análisis del reciente fallo de 24 de septiembre, se desprende que sí se logró algo fundamental para la discusión de fondo y que favorece la posición chilena: obtener de parte de la propia CIJ el pronunciamiento expreso que “… no sería tarea de la Corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese lugar como consecuencia de esa obligación” (traducción no oficial). Lo que para algunos puede sorprender o -por desconocimiento de fallos anteriores y opiniones consultivas de la propia CIJ- minimizar su alcance, para otros resulta de la mayor relevancia esta prevención que desde ya hace la Corte a ambas Partes del juicio. Por otro lado, el mismo Tribunal señala que “La Solicitud no pide a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tiene un derecho de acceso soberano”.

¿Por qué es importante? La CIJ en otros casos –diferentes al de Bolivia vs. Chile- ya había señalado que no está facultada para determinar obligaciones de resultado. Lo que la Corte puede es declarar si existe o no obligación de negociar pero serán finalmente las Partes, su voluntad, quienes deberán determinar el curso de la negociación no pudiendo la Corte exigir que se le garantice el llegar a un resultado concreto.

Bien es sabido que la esencia de una negociación directa –mecanismo de solución pacífico de controversias del tipo político o diplomático- es la voluntad de las Partes y, de no existir acuerdo entre ellas, es perfectamente posible que dicha negociación fracase, lo que no implica una violación al Derecho Internacional.

Lo importante aquí es recalcar que la CIJ lo dijo en este fallo. Chile lo planteó en su excepción escrita y alegato: Bolivia lo que ha pretendido desde un inicio no es solo que la CIJ declare esta supuesta obligación incumplida de Chile, sino que además la CIJ se pronunciara por el resultado final de dicha negociación, lo que la CIJ ha dicho que no hará.

Esto es fundamental para comprender el máximo al que podría hoy aspirar Bolivia con esta demanda. Es más, ya el discurso ha cambiado en Bolivia, aunque en entrevista en TVN el sr. Carlos Mesa pretenda convencernos que la CIJ no dijo lo que expresamente aparece en el texto de la sentencia. Ante pregunta de enviada por CNN Chile a La Haya a la salida del Tribunal, el jefe del equipo jurídico de Bolivia –Antonio Remiro Brotons- señaló que Bolivia no pretendía esta obligación de resultado, lo que no se deduce de sus peticiones y alegatos ante el Tribunal.

La Corte, como lo señalé, reconoce que Bolivia no ha pedido que declare que ella tiene un derecho de acceso soberano y esto es así porque jurídicamente no lo tiene y lo sabe. Si esto estuviera en duda, Bolivia habría basado su demanda en la declaración de este derecho y no en la obligación de negociar.

Mucho se ha dicho sobre la buena fe. Al respecto quiero decir que esta buena fe es un principio general del Derecho, no sólo del Derecho Internacional. Ésta se presume por lo que quien alega mala fe debe probarlo. La obligación de negociar de buena fe se aplica a ambas Partes y la CIJ, otros tribunales internacionales y la doctrina han ido delimitando sus contornos. Para decirlo en fácil y a riesgo de simplificación, negociar de buena fe implica la ausencia de ánimo de engaño y, como lo ha dicho la propia CIJ, incluye también la disposición de ambas Partes de ceder para lograr un acuerdo. Se trata de realizar esfuerzos genuinos en búsqueda de un acuerdo que, si finalmente no se da, no transgrede el Derecho Internacional.

En atención a lo señalado, sí, me equivoqué. Chile logró que la CIJ demarcara desde ya la discusión de fondo sin dar pie a una discusión sobre el alcance de lo que la CIJ podría condenar a nuestro país en el evento de reconocer la obligación alegada por Bolivia. La sola limitación establecida por la CIJ bien valió la pena la interposición de la excepción preliminar.

Es Bolivia quien debería analizar -más allá de lo comunicacional que tiene mucho también de consumo interno del país altiplánico- la necesidad de proseguir con un juicio costoso, largo, que tensiona las relaciones entre ambos, que impide avanzar en el camino necesario del diálogo y la cooperación en tantos temas que nos son de interés común, para llegar, en el mejor de los casos, al mismo escenario de antes de la demanda.

Cada uno defiende la aplicación e interpretación de las normas internacionales en favor de su pretensión. Sin embargo, tengo la sensación general que Chile logró sostener y defender de mucho mejor forma su posición. Logró dejar en evidencia no sólo la fuerza del Tratado del 1904 que resolvió y rige las relaciones entre ambos países, sino también develar las falencias, ambigüedades y falta de coherencia de la defensa boliviana.

Creo que las dos preguntas formuladas en el juicio por los magistrados demuestran la principal debilidad de Bolivia en esta etapa: la falta de precisión de la argumentación en favor de la competencia del Tribunal. Pese a los esfuerzos y a la incuestionable competencia profesional de los abogados de Bolivia, chocan con una realidad, la falta de “sustancia”, de “fuerza”, de la posición boliviana. 

El cambio evidente de estrategia de Bolivia – pasar de unos “derechos expectaticios” inexistentes en el Derecho Internacional, a una obligación de negociar fundada en actos unilaterales y luego en un supuesto pacto de contrahendo, reflejan claramente que Bolivia tiene un caso difícil. Y es por lo mismo que las preguntas son pertinentes puesto que lo que demanda Bolivia es nada menos que un acceso soberano al mar por territorio chileno, un resultado con una fuerte carga política para cualquier Estado.

La pregunta del juez Greenwood pidió mayor claridad a Bolivia en cuanto a la “fecha” del “acuerdo” del cual pretenden hacer surgir la obligación de Chile de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. La “fecha” es importante para la aplicación del art. 6 del Pacto de Bogotá. El “acuerdo” es relevante porque el juez británico dejó fuera los actos unilaterales, tan invocados por Bolivia. En estos actos autónomos no hay acuerdo, es la expresión unilateral de la voluntad de un Estado en obligarse por lo que, presumo, el juez quiere mayor definición respecto del supuesto acuerdo invocado por la parte boliviana y no sobre éstos últimos.

La pregunta del juez Owada también busca precisión, cómo definen y en qué sentido ambas partes utilizan la expresión “acceso soberano al mar”. Personalmente tengo la impresión que ambas defensas entienden lo mismo pero que Bolivia ha evitado ser concreta para evitar “cazarse” tanto con la fecha del supuesto acuerdo como con el resultado que busca: cesión de territorio chileno que implique modificar el Tratado de 1904 (lo que dejaría fuera de la competencia de la CIJ esta cuestión por aplicación del art. 6).

En doctrina se distingue la soberanía territorial de la material. La segunda dice relación con las facultades que permite el dominio en un territorio determinado. Por el Tratado de 1904 Bolivia goza de ciertas competencias materiales como el libre tránsito. Pero no goza de soberanía territorial, no tiene territorio soberano porque así lo acordaron las partes al negociar el Tratado de 1904 y que hoy Bolivia pretende que ese tema en particular no se resolvió en aquella fecha (habló de “obligaciones paralelas”).

Eso es lo que en definitiva quiere Bolivia: territorio. El país vecino goza de acceso al mar y con garantías que superan las que otros Estados mediterráneos tienen en el mundo. Por lo que su demanda, que está justamente caratulada como “Obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico”, pretende, sin decirlo abiertamente, que nuestro país ceda el dominio de una parte del territorio chileno.

Es por todo lo anterior que creo que “precisión” es la clave. No puede ser de otra manera porque el fondo del asunto de la demanda boliviana está directamente relacionada con uno de los elementos constitutivos de un Estado y que la doctrina, la jurisprudencia y las normas internacionales por siglos han regulado de manera precisa en las relaciones internacionales.

El partido Syriza (Coalición de la Izquierda Radical, ésa es la traducción) se presenta como favorito en las encuestas. Cercano al 30% de la intención de voto en algunos sondeos, Alexis Tsipras, su carismático líder, se presenta como el “gran desafío” para quienes siguen defendiendo la política de austeridad severa, con Alemania a la cabeza.

Las alarmas en Europa no se han hecho esperar y una publicación del diario alemán Der Spiegel del sábado 3 de enero afirmó –citando fuentes gubernamentales germanas- que Angela Merkel consideraría “inevitable” una salida de Grecia de la eurozona si gana Syriza y pone en ejecución su plan de campaña.

Si bien el gobierno alemán no confirmó ni desmintió claramente dichas filtraciones, lo cierto es que –directa o indirectamente- las amenazas de muchos a los votantes griegos existen. Primero fueron las declaraciones del Comisario de Finanzas, Pierre Moscovici, y luego el mismo Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quienes manifestaron –más o menos veladamente- su deseo que el candidato de Samarás a la Presidencia fuera elegido. Personeros del gobierno alemán han prevenido que existen compromisos con la llamada “troika” –UE, Banco Central Europeo y FMI- que un nuevo Ejecutivo griego, cualquiera que éste sea, debe cumplir y que una cesación de pagos de la deuda provocaría una inevitable salida de Grecia.

Ante las especulaciones que aumentaron luego de la publicación del diario alemán, la vocera de la Comisión Europea salió al paso recordando que no existe disposición en los Tratados de la UE que establezca la salida de un país de la Eurozona y que su pertenencia es “irrevocable”. El Presidente francés, François Hollande, por su parte, en entrevista radial, afirmó que los griegos son libres de votar en las elecciones al tratarse de una democracia y que eso debía respetarse. Sin embargo, también agregó que los compromisos con la UE, BCE y FMI debían cumplirse.

Más que caer en el juego del temor que un gobierno de la Izquierda Radical podría significar en Grecia, creo que lo importante es comprender los fenómenos que se presentan. ¿Por qué Syriza hoy es el favorito de los griegos y qué posibilidades tiene de poder concretar sus ideas? ¿Existe realmente el riesgo de un “Grexit” (salida de Grecia de la zona euro).

Lo primero es señalar que no existe disposición en los tratados que establezcan un procedimiento para la salida de un país del bloque de 19 países (Lituania se unió el 1 de enero), es decir, no es tan fácil plantear que se “echará” a Grecia. Lo que sí existe es un procedimiento para salir de la UE, lo que se estableció en el Tratado de Lisboa. Por lo que, en estricto rigor, para que Grecia salga de la Eurozona debería salir de la UE.

Pero yendo a lo más de fondo, el ascenso de Syriza se explica por las graves consecuencias que la crisis ha provocado en Grecia y en sus ciudadanos. Las cifras son realmente reveladoras: caída del 25% del PIB desde 2008, aumento de la cesantía del 18% (antes del rescate) al 25,5% actual, aumento de la deuda pública de 148% a 175,5% de su PIB, aumento de suicidios, entre muchos otros aspectos. Hoy Grecia crece a un débil 0,7% y, tal como lo señala The Telegraph, ni siquiera creciendo al 2% los griegos podrían pagar la deuda antes de 13 años.

Distintas voces se han levantado para denunciar la situación: de continuar con la política de severos recortes y reformas sin estímulo real al crecimiento y al empleo, Grecia –y en su conjunto la Zona Euro- no saldrán de la crisis y la propia moneda podría verse seriamente comprometida.

Paul Krugman ayer lo decía en una columna en New York Times. El economista francés, Thomas Piketty, en una editorial en Libération llamaba también a aceptar una reestructuración de la deuda griega y a una flexibilización en la política seguida. El propio FMI el año pasado planteó esta reestructuración como la salida necesaria en estos momentos.

Syriza no plantea la salida del euro, posición que apoya un 74,2% de griegos. Menos aun salir de la UE. Si bien en algún momento planteó dejar de pagar la deuda, hoy propone una negociación más realista con los acreedores y pide una reestructuración con perdón de parte de ella (quita).

No pocos han recordado el “Acuerdo de Londres” de 1953 cuando muchos países –entre ellos España y Grecia- perdonaron gran parte de la deuda alemana que le permitió su rápida recuperación en aquellos tiempos de posguerra.

El debate hoy en Europa nuevamente toma ribetes de tensión creciente. El binomio reestructuración/cumplimiento de compromisos de Grecia se ha tomado la campaña helena. La intervención de Alemania en la decisión de griegos de la elección de sus autoridades –y de otros como el Premier Ministro checo que señaló que, de ganar Syriza, había que echar a Grecia del euro- me parece de máxima gravedad en un continente que se vanagloria de su Democracia y respeto de los derechos más esenciales de las personas.

Grecia tiene una parte muy importante de responsabilidad en lo que está viviendo –mintieron en sus cuentas públicas a la UE escondiendo el verdadero déficit fiscal, evasión de impuestos, baja recaudación fiscal, corrupción y gasto desmedido por años- pero también es cierto que han hecho un duro trabajo estos años, con un costo enorme para  su población y han logrado, poco a poco, ir saneando muchos aspectos en los que estaban al debe. Hoy necesitan urgentemente un alivio en los plazos y los intereses. No es posible que griegos paguen por sus préstamos intereses muy por sobre los que pagan los países del Norte, en especial Alemania.

Si bien es cierto que la Eurozona hoy tiene más espaldas para afrontar una posible salida de Grecia del euro (con su mecanismo de estabilización financiera y el reforzamiento de la unión bancaria), no es verdad que esto no tenga un costo para el resto o que no existan riesgos de contagio a otros países del Sur, incluso llegando a Francia.

A diferencia de lo que ocurrió en los años 2011-2012 hoy la crisis es eminentemente política y, por lo tanto, la salida debe comenzar por la voluntad de los Gobiernos. Syriza no es la enfermedad, es solo un síntoma de lo que ha pasado en Europa. Muchos griegos sienten que ya no tienen nada que perder apostando a la Izquierda Radical ya que la crisis les ha llevado todo.

Así también podrían pensar otros en países como Francia, Dinamarca, Suecia, Alemania o Hungría, en que alternativas –esta vez de ultraderecha- se presentan atractivas para protestar por lo que sienten una inoperancia de la UE y de sus gobiernos.

Los partidos tradicionales europeos de centro –Conservador y Social Demócrata- están siendo cuestionados ya sea desde la derecha como de la izquierda. Los Treinta Años Gloriosos de Europa se ven lejanos y la brecha aumenta. Grecia es solo una señal de alarma y es todo el proyecto europeo finalmente el que está en juego.

Una negociación –al más puro estilo europeo que ha caracterizado al proceso de integración desde sus inicios- se hace necesario. Alemania no puede cerrar la puerta porque, de lo contrario, la próxima vez la cerrará por fuera y pondrá el candado al proceso más exitoso de integración democrática y pacífica que la Historia ha conocido.

En un contexto muy distinto, con una UE ampliada a 28 Estados miembros el Papa Francisco -argentino- acaba de realizar una visita oficial a dos instituciones europeas: el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia.

En esta columna me centraré en el análisis del primero de ellos.

Ante un hemiciclo casi lleno (una parte de diputados de izquierda abandonaron el Pleno en protesta por la presencia del líder de la Iglesia Católica), el Papa Francisco dio un discurso esencialmente político, con marcado sello social y humanista. Quien habló fue más bien el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano que el Sumo Pontífice.

No obstante hacer menciones a la fe, Dios y al cristianismo, tuvo la habilidad de omitir “las raíces cristianas de Europa” (frase que tanto problema provoca en muchos), sustituirla por la “dignidad trascendente” y poner el acento en que el Continente es tierra de encuentro entre creencias provenientes de distintas fuentes, desde Grecia y Roma hasta sus orígenes celtas, germánicos, eslavos y, por cierto, cristianos.

El Papa no dijo nada de lo que no exista conciencia hoy en Europa que son sus principales problemas. Diversos intelectuales, académicos, políticos, líderes de opinión o simples ciudadanos/as han venido denunciando las derivas que el proyecto de integración más exitoso de la Historia ha venido sufriendo. Pero nunca un líder mundial, no europeo y de un Estado no miembro de la UE había hablado de manera tan directa y franca sobre Europa en Europa (y ser aplaudido de pie).

La visión que presentó es la de una “vieja Europa”, cansada, falta de energía, que se mira el ombligo, temerosa. La vejez en sí no es un problema. Cuando ésta es digna, plena y feliz, ella es valiosa. Pero el Papa se refería a una vejez ensimismada, sola, que ha perdido los valores de los Padres Fundadores de la UE (Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenahuer, entre otros) basados en la solidaridad y en el trabajo conjunto para superar los graves problemas de la pos guerra.

Su mensaje estuvo centrado en la dignidad, el valor de la persona humana y los derechos humanos. Criticó las políticas determinadas solo por la Economía y que dejan de girar en torno al ser humano. Fustigó la burocracia europea que aleja al ciudadano y que aumenta la desconfianza en sus instituciones. Los invitó a impulsar políticas de empleo y de educación, cuidar el medio ambiente, afrontar la cuestión migratoria no permitiendo que el Mediterráneo se transforme en un cementerio de inmigrantes clandestinos (el que, lamentablemente, hace tiempo que lo es y no se ve que vaya a acabar en el mediano plazo).

Instó a que la democracia no sea sometida a la presión de las multinacionales que tienen intereses individuales que favorecen a Imperios desconocidos (frase que no tuvo problema en lanzar frente al propio Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien se encuentra aun en el ojo del huracán por el affaire Lux Leaks y los contratos secretos del Gobierno de Luxemburgo con multinacionales para eludir impuestos).

Los exhortó a “redescubrir su alma buena”.

Pese a que el Papa señaló que su visión era optimista y que llevaba un mensaje de aliento, lo cierto es que expuso una visión bastante depresiva que desde fuera de Europa se tiene de ella. Tal como él mismo lo señaló, el mundo hoy es mucho más interdependiente y cada vez menos “eurocéntrico”, lo que a muchos europeos ha costado asumir a cabalidad.

Si bien muchas de las críticas que el Papa Francisco formuló bien pueden ser reenviadas a la propia Institución que él lidera, el discurso tuvo un impacto evidente.Además, mucho de lo que él señaló puede perfectamente ser recogido fuera del continente europeo (incluida nuestra América Latina).

El Papa es una voz autorizada que, como otras, manifiesta su preocupación por las graves consecuencias de la crisis y los grandes peligros que acechan si no se abordan desde una perspectiva social y humana.

Respecto a su impacto real y concreto en el corto o mediano plazo, soy más escéptica. Primero, porque no creo que porque el Papa dijo lo que dijo en el Pleno de la Eurocámara, las cosas vayan a cambiar. La influencia del Vaticano, que no tiene peso en la adopción de decisiones políticas en la UE, se limita a la fuerza de su mensaje. En este sentido, fue un muy buen discurso político, crudo, directo y franco. Seguramente será fuente de referencia para quienes quieran que la UE refuerce su rol de protección de sus ciudadanos/as. Así, será un texto que trascenderá.

Pero no veo que hoy las instituciones europeas vayan a cambiar sus estrategias solo porque el Sumo Pontífice tuvo el coraje de ser la voz de quienes vienen hace tiempo reclamando más conexión con los pobres, con los débiles, con los que sufren y con los que han visto su nivel de vida bajar producto de la crisis.

En 1988 el Papa Juan Pablo II fue tratado de “Anticristo” por un europarlamentario irlandés. Su mensaje se dio en un Parlamento que aun no era el de la UE (porque ésta nació años después) y en que sus integrantes eran solo 12. El Muro aun dividía el Continente y en el mundo no se avizoraban aún los tremendos cambios que sobrevendrían luego del derrumbamiento del bloque soviético.

Hoy el Papa Francisco se encontró con un Parlamento de 751 miembros de 28 Estados. El Muro cayó, la UE se extendió al Este y una crisis de proporciones azota el Continente desde hace ya más de 7 años. Las tensiones aumentan, la desconfianza en las instituciones y representantes crece, el nacionalismo, la xenofobia y el populismo ganan terreno, el malestar por la política centrada en las finanzas y los mercados no para y los fantasmas del pasado aparecen.

Sea uno católico o no, es justo reconocer el mensaje papal. No dio un sermón religioso ni se dirigió a sus fieles. Fue una voz política la que se escuchó y que previno sobre los riesgos de una vejez solitaria, precaria, egoísta y alejada de la solidaridad de la cual nació hace más de 60 años.Y esto, en un mundo en el cual cada vez Europa pierde influencia. Ese es su valor.

El jueves recién pasado salió a la luz el informe elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/leaked-documents-expose-global-companies-secret-tax-deals-luxembourg) en que se da cuenta de los acuerdos secretos celebrados por el Gobierno de Luxemburgo y 340 multinacionales, con la finalidad de otorgar beneficios fiscales, los que llegaron incluso a cobrar solo un 1% de impuestos (la media del impuesto de sociedades en la UE es de 22%).

Grandes firmas como IKEA, Pepsi, Heinz, Amazon, Burberry, lograron enormes ventajas al tributar en el Gran Ducado, eludiendo así pagar impuestos más altos en sus países de origen. El tema se complica aun más en la UE porque el reciente estrenado Presidente de la Comisión fue ministro de Finanzas y Primer Ministro de Luxemburgo desde 1995 a 2013, período en el cual se celebraron la mayoría de estos polémicos acuerdos.

Para comprender lo que ocurre es necesario explicar que la Comisión Europea es una “suerte” de poder ejecutivo de la UE. Digo “suerte” por cuanto no podemos aplicar la clásica separación de poderes que conocemos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a la UE al ser una creación híbrida, sui generis, única en la Historia. La principal función de la Comisión es “ser guardiana de los Tratados”, es decir, velar por el cumplimiento de las normas de la UE.

Por otra parte, la UE es una experiencia de integración incompleta por cuanto –para el tema que analizamos- cuenta con una integración monetaria (18 países comparte una moneda única, el euro) pero no existe una integración fiscal, ni siquiera una armonización o coordinación por lo que existen en la zona euro 18 sistemas tributarios distintos (y 28 en toda la UE).

Esto hace que los Estados utilicen la herramienta fiscal para atraer inversiones, lograr beneficios para sus Estados, entre otros fines. Esto no debe extrañar porque se suele usar, por ejemplo, para apoyar cierto sector industrial como lo hace Alemania con el sector automotriz. Sin embargo, cuando se habla de la UE se debe saber que existe un mercado único entre los 28 Estados miembros y para ello se han dotado de normas para regular este mercado, entre ellas las que dicen relación con la competencia y las ayudas públicas.

De esta manera, cuando hay sospechas que ciertas ayudas públicas violan las normas del mercado único, corresponde a la Comisión investigar y sancionar. Así lo ha hecho en muchas ocasiones y, antes de dejar su cargo como Comisario Europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia había ordenado la apertura de investigaciones contra Luxemburgo, Holanda e Irlanda por ayudas a Apple, Starbucks y Fiat. Sin embargo, Luxemburgo no es el único en utilizar esta forma de atraer a las multinacionales pero esta investigación deja en evidencia lo abusivo de su utilización por el Gran Ducado.

En el fondo de la cuestión se encuentra entonces una integración incompleta que deja un vacío aprovechado tanto por multinacionales y consultoras para pagar menos impuestos y los Estados que usan la tributación favorable de manera abusiva. Lo legal no necesariamente es ético y este caso así lo prueba.

Por otra parte, en lo coyuntural, evidentemente que este affaire impacta en la credibilidad del Presidente de la Comisión. El mismo día de la publicación de los antecedentes, Jean Claude Juncker debía inaugurar las Jornadas de Bruselas, evento organizado por los diarios belgas Le Soir y De Standaard y el francés Nouvel Observateur, sin embargo anuló su asistencia momentos antes de la actividad. Desde ese día, no habia dado declaraciones sobre el tema.

Hace pocos minutos, por sorpresa, apareció en el Parlamento Europeo para responder por los cuestionamientos. Lo que ahora corresponde es que la Comisaria Europea de Competencia –la ex ministra danesa Margrethe Vestager- investigue. No esta de mas decir que el jefe de Vestaguer es el propio J.C. Juncker.

Aun no está claro cuál será la suerte de la Comisión y su Presidente. Al parecer no habría mayoría para su destitución pero es indudable que la situación es muy incómoda y pone en cuestión su credibilidad, más aun cuando en las calles en muchos países aun la gente protesta por los recortes, ajustes, pérdida de bienestar.

La brecha entre la ciudadanía, las instituciones, la clase política y las grandes empresas se acrecienta. ¿Cómo no comprender la molestia y enojo cuando se exige a la población soportar ajustes severos y las grandes compañías eluden pagar tributos a través de artilugios fiscales?

La solución en el Viejo Continente es más Europa, no menos (más Europa en el sentido de mayor integración) pero difícil es pasar este mensaje a la ciudadanía ante abusos de quienes, justamente, deben velar por el bienestar de todos.

Desde un comienzo la elección de esta nueva Comisión implicó cambios importantes, tanto en su generación como en su concepción como una de las principales instituciones de la UE.

Primero fue el “gallito” que se vivió en la denominación de su Presidente, el luxemburgués Jean Claude Juncker (conservador). Algunos Jefes de Gobierno y de Estado de la UE no veían con buenos ojos su designación y no solo fue el británico David Cameron -que se opuso hasta el final- sino también fue Angela Merkel quien tenía reparos, pese a que Juncker es de su misma línea política.

El acuerdo final fue cumplir con el pacto tácito de interpretar el Tratado de Lisboa en el sentido de nombrar a aquél que representara a la coalición mayoritaria del Parlamento Europeo.

De hecho, ante los resultados de las elecciones europeas, que dieron un avance a fuerzas euroescépticas y eurófobas, se formó una gran coalición entre Socialdemócratas, Conservadores y Liberales para imponer el nombre del Presidente de la Comisión Europea y, de paso, de los 28 Comisarios/as, los que fueron sometidos a un voto de confianza del Parlamento Europeo luego de haberlos entrevistados individualmente en sesiones que incluso se podían seguir en directo por Internet.

Con una nueva estructura, un perfil más político que su antecesora -que fue calificada de excesivamente eurotecnócrata y sometida al Consejo Europeo (en especial a la opinión de Merkel)- y con la presión de la coyuntura, Jean Claude Juncker y la Comisión deberá actuar en un escenario que continúa siendo muy complicado y en el cual su rol es fundamental.

En lo inmediato, la situación económica no mejora. Al alto índice de desempleo en varios países, la falta de crecimiento, el riesgo de deflación, el aumento de la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, la pérdida de empatía y cercanía, se suma la amenaza de populismos nacionalistas xenófobos tanto desde la extrema derecha como extrema izquierda. E incluso, fuerzas moderadas de centro se están viendo tentadas o presionadas a seguir políticas a nivel nacional que atentan contra consensos y valores europeos que forman parte de su propio “acervo comunitario”.

La discusión entre estímulo al crecimiento/medidas de austeridad sigue en el debate europeo.Ante este binomio parece que Jean Claude Juncker, ex Primer Ministro de Luxemburgo y ex Presidente del Eurogrupo, por tanto muy conocedor de los vaivenes de Bruselas, quiere tener un rol más activo que su antecesor,el portugués José Durao Barroso. Ya anunció un programa de inversiones de 300 mil millones de cuyos detalles se comprometió a informar antes de Navidad.

También ha dado señales de mayor flexibilidad con países que se ven en dificultades para cumplir con sus obligaciones de déficit (especialmente nos referimos a Francia e Italia), lo que no gusta a los defensores de mayor austeridad y control del gasto público (que provienen principalmente del norte, Alemania a la cabeza).

Pero no será fácil enfrentar los desafíos económicos actuales cuando los políticos no son menos.Luego de anunciar un gran acuerdo de los 28 sobre energía y cambio climático, un round mediático con el Primer Ministro británico David Cameron se vivió a la salida del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas el pasado 23 y 24 de octubre.

Reino Unido rechaza pagar 2.100 millones de euros al presupuesto europeo que derivan de la aplicación de ajustes a la determinación del PIB. Para comprender lo que ocurre es necesario explicar que el presupuesto con el que funciona la UE deriva en gran parte de los aportes que cada Estado miembro realiza (el que en total no alcanza al 1% del total del PIB de los países, lo que es bastante bajo si se piensa en todas las materias que debe abordar). Esto se determina en base a un porcentaje del PIB de cada país.

Como aplicación de un acuerdo de todos los Estados, se incluyó por primera vez en esta determinación el ingreso que los Estados tienen por la investigación e innovación, drogas y prostitución. En base a este nuevo cálculo, el Reino Unido, al igual que otros Estados, deberá pagar un suplemento a su contribución anual.

Más en clave interna que europea, Cameron dio una conferencia de prensa a la salida del Consejo en que rechazó terminantemente pagar este suplemento (del cual tiene plazo hasta el 1 de diciembre). Presionado por las elecciones del próximo año en que se juega su puesto de Primer Ministro y ante el avance del UKIP, Partido por la Independencia del Reino Unido, reconocido eurófobo y que ha hecho de sus ataques a la integración europea uno de sus comodines ante el electorado, Cameron calificó de inaceptable la situación.

Más allá de lo teatral de la respuesta de Cameron –con varios golpes al atril en que se sostenían los micrófono de la prensa- es claro que la relación entre UK y la UE será un tema que continuará tensionando las relaciones entre las partes, más aun cuando el mismo David Cameron abrió el debate al anunciar hace un tiempo que, de ganar en las elecciones de 2015 y renegociar con la UE las competencias de su país en el club comunitario, llamaría a un referéndum en 2017 para que los ciudadanos se puedan pronunciar sobre la continuidad en la UE.

Una salida de UK de la UE –a la que pertenece desde 1973- sería terremoto para ambas partes de consecuencias insospechadas para el propio proceso de integración.

En política exterior, la relación con Rusia y el conflicto en Ucrania será indudablemente el desafío más importante para la Comisión de Juncker.

En una entrevista dada apenas asumida, la Alta Representante de la UE en política exterior, la italiana Federica Mogherini, así lo reconocía. A esta tensión, se une la Guerra declarada contra ISIS, la posición y rol de la UE en el conflicto entre Israel y Palestina, la cual hoy es más necesaria ante la posición adoptada por Suecia de reconocer al Estado palestino y las resoluciones de los Parlamentos del Reino Unido y del Senado irlandés que  instan a sus gobierno en la misma dirección.

En tono dramático el mismo Jean Claude Juncker dijo que esta es la Comisión “de la última oportunidad”, poniendo en juego todo su capital político en su mandato de 5 años. Un rol más activo e independiente de la Comisión seguramente no será siempre del gusto del Consejo Europeo pero las tensiones entre instituciones de la UE –Consejo, Comisión y Parlamento- no son nuevas en la historia de la integración y son parte del juego político del que se han dotado.

Algunos desconfían de una Comisión que opere más como un Gobierno político dentro de un sistema parlamentario, del que la UE no es 100% fiel al modelo. Otros, en cambio, esperan justamente ver un Ejecutivo con voz propia y con un sello más político ante los desafíos indudables a los que se enfrenta. Juncker dispone de 5 años para marcar su impronta y el tiempo ya empezó a correr.

No sé si será la Comisión de la última oportunidad pero lo que es cierto es que el escenario en Europa es complejo y necesita de acciones más potentes para superar la crisis antes que ésta se lleve por delante lo construido en más de 60 años de integración y se corra el riesgo que vuelvan los fantasmas del pasado con los que la unidad en Europa quiso justamente acabar. 

Si hubo una “mayoría silenciosa” que no se expresó en la campaña o ganó el temor ante la incertidumbre que planteaba la independencia –en especial en cuanto al uso de la moneda, la pertenencia a la UE o la real capacidad económica para mantener un sistema social propio- o si se estimó que la oferta final de los tres grandes líderes de los partidos británicos de mayores poderes era suficiente, es difícil decirlo. Los datos duros arrojan que –hoy- una mayoría estimó que su pertenencia a UK era el mejor camino.

Confirmando lo que algunos estudios ya mostraban, existe una gran parte de la población de Escocia que estima que no existe incompatibilidad entre sentirse “escocés”, “británico” e incluso “europeo”. Son lealtades que, lejos de excluirse, se complementan y que pueden vivirse sin grandes problemas en un Estado multinacional.

Sin embargo, es cierto también que un 45%, pese a las amenazas de todos los males del mundo, votó por la independencia, lo que constituye en si un triunfo para el Partido Nacionalista Escocés (PNE) y su líder Alex Salmond.

Antes que aparecieran un par de encuestas que daban por triunfadora a la opción SI, los nacionalistas estimaban que llegar a un 40% les daba un excelente piso para negociar la concesión de más competencias por parte de Londres, por lo que este 45% superó las expectativas más optimistas de la campaña. Lo que pasa es que esos sondeos que daban por ganador al SI elevaron las expectativas pero el análisis se debe hacer con una perspectiva de más largo plazo.

El PNE se creó en 1935 y no ha sido sino hasta la década del 2000 que su peso ha aumentado, llegando a ganar las elecciones al Parlamento escocés en 2007 (sin mayoría absoluta). Es en el año 2011 en que sí logran dicha mayoría y quedan en un muy buen pie para forzar una negociación con David Cameron que da lugar al referéndum de este año.

Calificado de nacionalista “gradualista”, Salmond ha seguido una estrategia que ha ido avanzando por etapas, sabiendo que el calificarse de nacionalista no necesariamente implica ser independentista.

Este 45%, más el hecho que entre los jóvenes la opción por el SI fue la preferencia, hacen pensar que el “sueño por la independencia” no ha muerto y que, a diferencia de lo que señaló David Cameron, no será una generación la que esperará seguir avanzando. Es más, mucho dependerá del cumplimiento por Westminster de las promesas hechas a los escoceses y de la fuerza de la movilización que ha continuado. Que un 85% haya votado –en día laboral y con voto voluntario- y que todos los partidos hayan aumentado el número de sus adherentes, muestra que la Política (ésa con mayúscula), encendió los espíritus en Escocia. 

Obviamente, para los partidos independentistas de otros países que observaban con atención lo que ocurría en Escocia, el rechazo a la separación fue una desilusión.Otro sería el debate si el resultado hubiese sido diferente.

Bélgica es uno de los Estados europeos que cuenta con un partido nacionalista fuerte (N-VA). Sin embargo, no más de un 15% a un 20% de los flamencos quieren la independencia. Sí han presionado por el traspaso paulatino de competencias desde el nivel federal al nivel federado. De un Estado unitario, este país ha ido mutando desde los años ’90 hacia una federación, con poderes cada vez más descentralizados.Las divisiones lingüísticas en este país son muy fuertes y se expresan hasta en los más insólitos temas.

La N-VA (partido flamenco que ha sido el más votado en las últimas elecciones federales) ha optado por una estrategia distinta a la de otros partidos nacionalistas como el escocés o el catalán. No han planteado la idea de referéndum –porque el apoyo es bajo- pero sí un “vaciamiento” del Estado federal en beneficio de las Comunidades que conforman Bélgica. Hoy hablan de avanzar a una “confederación”, claro que sin dejar en el mediano o largo plazo la idea de la independencia.

Por primera vez, este partido nacionalista flamenco formará parte del gobierno federal belga.Junto a dos partidos flamencos de derecha más un solo partido francófono (el MR, que representa a solo el 25% de los francófonos del país), esta coalición –denominada primero “kamikaze”, por el riesgo de hacer explosionar el país, y luego “sueca”, por los colores de los partidos que la conforman- tiene el desafío de mantener los difíciles equilibrios en un país siempre bajo tensión. La duda es su viabilidad en el tiempo y el riesgo que la N-VA, desde dentro esta vez, continúe su camino a la separación del país.

Distinto es lo que se está viviendo en Cataluña. Hoy la Generalitat –ejecutivo de la Comunidad Autónoma- y los partidos que la apoyan, están enfrentados peligrosamente al gobierno central de Madrid. El llamado a una consulta para el 9 de noviembre con la finalidad que los catalanes se pronuncien sobre si desean que Cataluña sea un Estado y, en ese evento, si quieren que sea un Estado independiente (son dos preguntas, no una como en el caso escocés), tiene en alta tensión las relaciones al interior del país.

Cataluña no es Escocia ni España es Reino Unido. Cada uno de ellos, como Estados soberanos que son, se ha dado sus propias reglas jurídicas y políticas y los casos no son homologables.

El gobierno español invoca la Constitución como límite a la iniciativa soberanista de Cataluña –limitación con la que no contaba Reino Unido- y el Tribunal Constitucional ha paralizado el proceso catalán mientras se pronuncia sobre el fondo. Sin embargo, más allá de las razones jurídicas –que existen-, lo claro es que en España la cuestión no se restringe solo a sus aspectos jurídicos y un diálogo político se está cada día haciendo más urgente. Para lograr ese diálogo y que éste sea fructífero, se requiere de la disposición de todas las partes, lo que en estos momentos se observa ausente, polarizando más la convivencia, tanto al interior de Cataluña como de la propia España.

En tiempos de crisis económica como la que Europa vive desde hace más de 8 años y que no ve luces reales de salida, estos temas se intensifican y las tentaciones separatistas encuentran mayor apoyo. Cataluña estima que aporta más a España de lo que recibe de éste –lo que es discutido por Madrid-; Escocia cree que lo que aporta, en especial en petróleo, es más de lo que recibe de Londres –lo que pone en duda este último-; y Flandes se queja de mantener una Valonia en problemas, olvidando que en tiempos pasados fue a la inversa. Estos casos son solo signos de las consecuencias de un mundo en mutación y sometido a fuertes pruebas producto de la profunda crisis.

Así, si bien las fuerzas independentistas siguen siendo minoritarias en el continente, ellas han ido aumentando en su apoyo. Este mayor apoyo no siempre se funda en sentimientos identitarios y las estrategias adoptadas por los partidos varían de un caso a otro.

Aun cuando el “uff” se sintió con fuerza en muchas capitales –sobre todo en Bruselas, capital de la UE y de Bélgica- debería ser una alerta para los gobiernos y las élites políticas. Son muchos los signos del malestar de la población por una situación de crisis que se prolonga y que se está expresando en varias vías. La “grogne” como le llaman los franceses, el malestar o indignación se siente en Europa.

Los nacionalismos extremos y excluyentes, el populismo, la xenofobia, el debilitamiento de la solidaridad que ha basado la convivencia de las sociedades luego de las guerras mundiales (solidaridad tanto al interior de los Estados como entre Estados en la misma UE) son llamados de atención que no deben ser indiferentes a nadie.

¿Y Europa cómo reacciona?

La declaración de independencia de un país reenvía al tema del reconocimiento de nuevos Estados en el concierto internacional. El Derecho Internacional (DI) no establece ninguna norma expresa que regule el asunto, lo que deja abierta la puerta a las opiniones de especialistas (doctrina) y, en especial, a la práctica política de los Estados.

Al no pronunciarse el DI sobre el tema –recordar que una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Kosovo dijo de manera ambigua que su declaración unilateral de independencia no violaba el DI sin pronunciarse si ella lo respetaba y qué requisitos se requerían para ello- la opinión mayoritaria es que debe sujetarse a lo que el Derecho interno del Estado respectivo establezca.

Pocos casos hay en que las Constituciones reconozcan en sus textos el derecho a secesión y, en definitiva, dependerá de la forma como el Estado maneje el tema. En el caso de Escocia, no existe una Constitución escrita en el Reino Unido que se pronuncie sobre el punto y fue el Acuerdo de Edimburgo de 2012 que permitió que el referéndum se celebre, bajo el compromiso de Westminster de respetar el resultado. En otras palabras, se trata de un caso “pactado” entre UK y Escocia que se enmarca al mismo tiempo en su proceso de “devolution”.

Pero como estamos hablando de un caso que además se desarrolla en un contexto de integración supranacional como es la UE, cabe preguntarse entonces qué pasa al interior de ésta en caso de secesión de una parte de uno de sus Estados miembros.La pregunta vale no solamente por el caso escocés, catalán o flamenco, que son los más conocidos, sino también respecto de movimientos nacionalistas e independentistas en Europa Central y Oriental.

Desde los inicios de la construcción europea en los años ’50, los sucesivos tratados constitutivos de la actual UE no han jamás incorporado la situación que una parte de uno de sus integrantes se independice y quiera mantenerse en el bloque. El Tratado de Lisboa que rige hoy la UE considera –por primera vez- la hipótesis que uno de sus miembros abandone la UE pero no el supuesto antes mencionado.

La respuesta tradicional ha sido que es un asunto interno de cada Estado en el cual la UE no interviene. Sin embargo, aunque no lo quiera, ante la posibilidad que tal caso se presente, deberá por cierto pronunciarse sobre el punto.

Así, ni el DI ni el Derecho Comunitario (el que regula a la UE) tienen respuestas expresas. En este último caso, pese a ser un asunto interno es claro que las repercusiones son reales, más aun cuando los niveles de integración a los que han llegado son tan profundos y abarcan campos tan amplios.

Frente a la cuestión, las opiniones entre los especialistas están divididas aunque parece prevalecer la posición que ante una secesión, el nuevo Estado dejaría de pertenecer al bloque y debería pedir su ingreso a través del procedimiento del art. 49 del Tratado de Lisboa.

Es decir, someterse a los trámites normales de toda petición, requiriendo la aceptación unánime de todos los Estados miembros. En otras palabras, todos tienen derecho de veto al ingreso de un nuevo socio al club por lo que se debe dar necesariamente un proceso de negociación. En una eventual independencia de Escocia, ¿votarían favorablemente su reingreso el Reino Unido, España, Italia, Rumania?

Complicado cuando, por ejemplo, en el caso de España éste no ha reconocido a Kosovo justamente por las reivindicaciones internas en ese país.

Otros, sin embargo, han planteado la idea que al estar el nuevo Estado ligado por los tratados éstos debieran seguir produciendo sus efectos, en especial para no perjudicar derechos adquiridos por sus ciudadanos.

En el debate al que asistí de los cinco candidatos a presidir la Comisión Europea la pregunta se formuló. Ninguno contestó directamente. Cuatro de ellos señalaron que era una cuestión de política interna y que dependía de lo que establecieran sus ordenamientos constitucionales. Solo la representante de los Verdes, Ska Keller, se manifestó a favor del derecho a decidir por parte de catalanes, pero sin decir si debía o no pedir nuevamente su ingreso.

La Comisión Europea –como lo recuerda hoy el diario francés Le Monde- ha señalado que solo se pronunciará sobre el tema en caso que se le presente un plan “preciso y definitivo” o que alguna capital la interrogue sobre las consecuencias desde el punto de vista del Derecho europeo. En su momento, el aun Presidente de la Comisión Europea, M. Durao Barroso, dijo por escrito que “Los tratados europeos se aplican solo a los países que los han ratificado… Si una parte de un país de la Unión se independiza, los tratados no se aplicarán más en ese territorio”. Sin embargo, como lo señalé, no todos comparten esta opinión ante la falta de luces de los tratados de la UE.

Si bien el reintegro no sería automático según la mayoría, los nuevos Estados estarían en un mejor pie que otros candidatos que llevan años esperando poder ser parte –es el caso de Turquía- debido a que ya han integrado el llamado “acervo comunitario” (conjunto de normas, directivas, reglas de la UE). Les quedaría probar que éste sigue vigente no obstante su separación del Estado del que forman parte.

Pero la cuestión va más allá de las consideraciones jurídicas o procedimentales. El proceso de construcción europea comenzó como respuesta de los Estados a los nacionalismos que llevaron a las grandes guerras. Su idea de base y leitmotiv fue avanzar en la eliminación de las fronteras, terminar con esos nacionalismos, trabajar por la unidad del continente y el bienestar social. Es un proyecto de Estados y por lo mismo no se es partidario de la fragmentación de éstos. La “balcanización” del continente es un riesgo al que se teme.

Como bien recuerda una nota del Diario español El País, Europa es el resultado de su historia y de sus migraciones. Sus fronteras responden a compromisos e imposiciones luego de conflictos y caídas de imperios por lo que culturas, tradiciones, lenguas, religiones, se mezclan en redes que atraviesan todos sus Estados. Y esto no solo ocurre en Europa occidental sino también en el centro y este del continente.Movimientos separatistas se encuentran también presentes en Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Italia, Francia, Grecia, Dinamarca, Chipre, Croacia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia.

La posición no es cómoda para la UE porque los partidarios de la independencia de Escocia han expresado su deseo de alejarse de las posiciones euroescépticas de los ingleses. En Escocia han sido tradicionalmente más eurófilos que el resto de sus pares británicos y por eso quieren seguir siendo parte de la UE.

Además, la UE –sobre todo la Comisión Europea- ha sido fuerte partidaria del rol de las regiones (entendidas en sentido amplio) en el proceso europeo, yendo incluso contra la opinión de los Estados que no miraban con buenos ojos este impulso de sus unidades subestatales. La UE tiene una política regional, creó el Comité de las Regiones y en los alrededores de las instituciones uno se encuentra con numerosas representaciones de regiones de los Estados miembros que interactúan y realizan lobby directamente en las instituciones europeas.

Los Estados temen, creo que con razón, un “efecto dominó” ante un eventual triunfo del Sí en Escocia. Indudablemente que los otros países observan con interés –y preocupación- lo que en la gran isla británica pueda ocurrir. Aquí en Bélgica se negocia actualmente la formación de un gobierno en cuyo seno se encuentra la NV-A, partido nacionalista flamenco que si bien por el momento ha abandonado su idea separatista, sostiene fuertemente la autonomía de Flandes y su deseo de confederalizar el sistema belga.

Las intenciones de voto son muy estrechas y el porcentaje de indecisos alto como para saber qué pasará el próximo 18 de septiembre.

Aun cuando los porcentajes de apoyo a las causas independentistas son relativamente bajas en los países donde existen movimientos fuertes (en Bélgica varía entre un 10% y 12% y en Cataluña existen sondeos dispares), parece claro que una independencia en UK podría alentar a aquellos que veían la posibilidad de separarse como una quimera.

Tal vez ya no lo sientan como un sueño sino como una realidad posible. Pero para eso, aun debemos esperar qué dicen los escoceses. A ellos la palabra.

Se suele criticar con acidez tanto al DI como a la ONU. Indudablemente mucho de cierto tienen dichas críticas pero también pecan de imprecisión y desconocimiento del sistema y las relaciones internacionales.

La guerra, como tal, existe, ha existido y seguirá existiendo en el escenario internacional. Así como una ley nacional no puede borrar de un plumazo los asesinatos, las violaciones, los robos o la pederastia, tampoco la existencia de un ordenamiento internacional puede eliminar de raíz la violencia internacional.

Sin embargo, en especial luego de las atrocidades de las guerras mundiales, se ha avanzado en establecer un sistema de normas que prohíben la guerra como medio lícito de solucionar conflictos o adquirir territorios y que limitan las consecuencias de los enfrentamientos armados. Así nace el Derecho Internacional Humanitario. Al mismo tiempo, se han hecho grandes esfuerzos por establecer las bases de una justicia penal internacional, cuyo mayor ejemplo es la Corte Penal Internacional.

No obstante los avances –de los cuales han participado los países de la ONU-, son los propios Estados los que han ido poniendo los mayores obstáculos a un avance más rápido y profundo en estas materias.

Las Naciones Unidas es una organización internacional y como tal, los Estados que la crearon establecieron sus competencias en su tratado constitutivo: la Carta de las Naciones Unidas. En el se establece que corresponde al Consejo de Seguridad (C.deS.) el rol primordial de mantener la paz y seguridad internacional.

Cuando existan situaciones de amenaza o quebrantamiento de la paz o acto de agresión, para adoptar medidas coercitivas en estas materias el Consejo debe cumplir con dos requisitos: aprobar las decisiones con un mínimo de 9 votos (de 15 que es el total de miembros) y que ninguno de los 5 miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China) ejerza el llamado “derecho de veto”.

Este derecho de veto no está establecido como tal en la Carta pero la interpretación del art. 27 ha dado lugar a esta expresión (se considera que la abstención no equivale a ejercicio del veto).

De esta manera, lo que negociaron en su momento en Yalta (1945) Stalin, Roosevelt y Churchill, quedó como una garantía (más bien “amarre”) para los 5 grandes de no intervenir en conflictos sin su consentimiento.

La idea principal era establecer un sistema de seguridad colectiva y actuar allí donde los 5 estuvieran de acuerdo para restablecer el imperio del Derecho. Sin embargo, los que en su momento eran aliados, prontamente comenzaron a ser adversarios.

Con el correr de la Guerra Fría este “derecho de veto” se politizó y fue usado para bloquear decisiones que fueran en contra de sus intereses nacionales o de sus aliados, lo que llevó a una parálisis de la ONU. Además, las razones de los bloqueos no siempre fueron las mejores, permitiendo que grandes masacres se produjeran sin que la ONU pudiera intervenir más que en ayuda de las víctimas a través de sus agencias especializadas.

Con el término del sistema bipolar se pensó que finalmente el sistema de seguridad colectiva funcionaría. La Guerra en Irak de 1990-1991 fue el momento en que muchos pensaron que así sería al ordenar el Consejo de Seguridad la intervención “por todos los medios necesarios” para restablecer la soberanía de Kuwait violada por el régimen de Sadam Hussein.

Dicha resolución fue votada favorablemente por EE.UU. Francia, Rusia y Reino Unido (China se abstuvo, no impidiendo su adopción). Demasiado temprano el entonces presidente George Bush habló de un “Nuevo Orden Mundial”, que más bien tenía los ingredientes de un “desorden mundial” cuyas consecuencias estamos observando hasta el día de hoy.

Bastó esperar poco tiempo para ver nuevamente bloqueado el Consejo de Seguridad y, por ende, la ONU. La guerra en los Balcanes fue el escenario en que nuevamente la parálisis llegó. Lamentablemente, esa situación se ha venido repitiendo en los últimos años.

EE.UU. históricamente ha votado en contra de proyectos de resolución que buscaban sancionar a Israel. Siria es otro ejemplo dramático en que Rusia y China se han opuesto a medidas coercitivas contra el régimen de Bashar al-Asad. Fue necesario esperar dos años, miles de muertos y el uso de armas químicas para ver, por fin, que el Consejo permitiera ordenar abrir un cordón humanitario y forzar a Siria a deshacerse de sus armas químicas bajo responsabilidad de la ONU.

Así, ante las críticas, es necesario resaltar que la ONU realiza un trabajo permanente, constante, casi silencioso para la opinión pública, en muchas materias que van desde la ayuda humanitaria y a los refugiados hasta la regulación de la aviación civil, el medioambiente, los derechos humanos, la educación, la alimentación, la ciencia y la cultura, entre muchos otros amplios campos.

Sobre todo la labor humanitaria se realiza la gran mayoría de las veces en condiciones difíciles y con riesgo de la vida de sus funcionarios pero que, de no realizarse, nadie llegaría a rincones del mundo en que la población muere de hambre o producto de las guerras o catástrofes naturales.

Por lo tanto, pese a los errores y debilidades que como institución adolece, es a los Estados – en especial los 5 grandes del Consejo de Seguridad- a quienes debemos exigir acción. Los Estados siguen siendo los grandes actores del sistema internacional que, pese a los avances, se sigue caracterizando por una suerte de “anarquía internacional”.

Las organizaciones internacionales y la sociedad civil tienen voz en el concierto internacional y la presión que ejerzan ante los Gobiernos de los Estados es la vía para lograr avances que no siempre los países están dispuestos a conceder, ya sea en defensa de una mal entendida soberanía, por intereses nacionales o por miedo a perder poder.

Lejos de ser un acto violatorio del Derecho Internacional (DI), nuestro país ha hecho uso de una herramienta procesal que el propio sistema de las Naciones Unidas consagra. No es la primera vez que un Estado impugna la competencia del tribunal internacional. Han sido 42 las veces que se han presentados escritos en este sentido en los casi 70 años de su funcionamiento.

En 6 casos las demandas fueron retiradas durante el proceso por lo que –hasta el día de hoy- existen 36 fallos emitidos por la CIJ resolviendo las cuestiones de competencia presentadas. Del total de ellos, en 17 casos la CIJ se ha declarado incompetente, en 18 competente y resta solo uno en que dejó la decisión para el fallo final y éste aun no se emite.

Por lo tanto, el cuestionar la competencia de la CIJ no es un acto que pudiera “caer mal” a los jueces.Muy por el contrario, dada la jurisprudencia en la materia y las reglas básicas de todo procedimiento, es un acto de común ocurrencia y propio de todo sistema jurídico.

Por otra parte, es claro que el cuestionar la capacidad de la CIJ para conocer la demanda boliviana nunca estuvo en discusión. Lo que estuvo en debate fue la oportunidad procesal para hacerlo pues existían dos momentos en los cuales Chile podría haber manifestado su oposición a la CIJ: como excepción preliminar dentro del plazo que venció el 15 de julio pasado, o en el escrito de la contramemoria, es decir, junto con los argumentos de fondo de la disputa. Si bien fui de la opinión que el mejor momento y la más adecuada estrategia era realizarlo en la contramemoria, reconozco que ambas alternativas presentaban riesgos, ventajas y desventajas.

El fundamento de la posición chilena se basa en el firme convencimiento que la demanda de Bolivia intenta –de manera indirecta- modificar o revisar lo establecido en el Tratado de 1904 entre ambos Estados.

El art. 6 del Pacto de Bogotá (1948) establece una limitación para la competencia de la CIJ: ésta no puede entrar a conocer de “los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”, es decir, anteriores al 30 de abril de 1948. Al tratarse de un acuerdo de 1904, Chile sostiene que la CIJ carece de competencia para conocer de la demanda interpuesta en su contra.

Por su parte, Bolivia ha sostenido -a través de las declaraciones de distintas autoridades- que su demanda no apunta a una modificación o revisión del tratado de 1904 sino que exige que la CIJ declare que Chile habría adquirido la obligación internacional de negociar de buena fe una salida soberana al mar. Esta supuesta obligación tendría su fuente en actos unilaterales de nuestro país, realizados en diferentes períodos, con posterioridad a 1948. Esto último es importante, porque debido a la limitación del art. 6 del Pacto, Bolivia sabe que para que la CIJ sea competente, debe fundar su acción en hechos posteriores a dicha fecha.

Importante también es explicar que las fuentes del DI –de donde surgen los derechos y obligaciones internacionales- están consagradas en el art. 38 del Estatuto de la CIJ. Las dos principales son los tratados y la costumbre. Sin embargo, está reconocido por la doctrina (autores) y la jurisprudencia, que existen otras fuentes diferentes a las del art. 38. Dada la evolución del DI, su propia naturaleza y su adecuación a los cambios en las relaciones internacionales, hoy se reconoce que una de esas fuentes son los actos unilaterales de los Estados entre los que se encuentra la promesa y el estoppel.

Si bien el desarrollo de estos actos unilaterales es reciente y más restrictivo que el Derecho convencional (tratados) o el consuetudinario (costumbre), existen en el DI cuando se cumplen requisitos bien precisos que la doctrina y jurisprudencia han ido desarrollando el último tiempo.

Se llaman unilaterales porque éstos emanan de la voluntad de una sola de las partes. No hay acuerdo de voluntades como en los tratados o costumbre. Y de estas manifestaciones surgiría, en determinados y muy precisos supuestos, una obligación para quien los emite.

Bolivia pretende que Chile habría adquirido de esta forma la obligación de negociar una salida soberana al mar. Esto lo habría hecho en las negociaciones y a través de las propuestas que durante ciertos períodos de la historia de las relaciones entre ambos habría presentado.

Éste es, en un muy breve resumen, el quid del asunto que la CIJ tendrá que resolver.Chile deberá convencer a la CIJ que Bolivia, de manera encubierta y a través de la invocación de actos unilaterales, pretender realmente modificar un tratado vigente con anterioridad a 1948. Que ha sido una construcción jurídica bien pensada para cambiar los límites y esquivar la limitación del art. 6.

Será la propia CIJ quien determinará el verdadero alcance y objetivo final de Bolivia y de su razonamiento dependerá la suerte del juicio. El mejor escenario para nuestro país es que acoja la excepción preliminar y dé por terminado el juicio, declarándose incompetente. La CIJ podría también rechazar la excepción interpuesta por Chile, ordenando seguir con el juicio y dando curso a la discusión del fondo de la disputa.

Un tercer escenario podría presentarse si la CIJ estima que la cuestión en discusión está íntimamente ligada con el fondo de la disputa y decida dejar su fallo sobre la competencia para el fallo final, debiendo también continuarse con el juicio.

Por lo pronto, deberá esperarse hasta el 14 de noviembre para que Bolivia presente sus argumentos sobre la excepción presentada por Chile. Luego se abrirá un período de alegatos orales y finalmente la decisión de la CIJ. Se estima que este procedimiento debería dudar al menos un año y medio. De su resolución dependerá por tanto si se sigue adelante con el juicio o se termina con una sentencia favorable que declare su incompetencia.

Nota de la autora.Datos obtenidos de memoria de prueba del Licenciado en Derecho, Nicolás Ojeda, “La Corte Internacional de Justicia: Un estudio sobre la resolución de ciertas excepciones preliminares a su competencia”. Tesis realizada en Universidad de Concepción bajo mi dirección.