Asimismo, también ha estado presente en la polémica la FACH, cuestionada por omitir información sobre las causas del accidente del Casa 212 que se estrelló en Juan Fernández, conmocionando al país entero.

En un Chile que desconfía de las instituciones, en que la política obtiene baja nota en las encuestas y el descontento social se expresa en manifestaciones callejeras, viene bien un aumento de la demanda por transparencia, porque es la única vía para recuperar las confianzas perdidas, pero para que ésta sea posible, debe haber respuestas suficientes y oportunas, se debe traslucir lo que no está a la vista.

Si bien es un deber del Estado asegurar el acceso de los ciudadanos a la información, la transparencia no es una materia que competa sólo a la autoridad, puesto que también ha pasado a ser un activo tanto para la empresa privada como para la sociedad civil organizada.

En este cuadro, las organizaciones sin fines de lucro tienen el desafío de recuperar la confianza en el tercer sector que tiende a la opacidad.Al igual que ocurre con las instituciones públicas, la gente desconfía de las instituciones solidarias, ya sea por desconocimiento del trabajo que realizan o como consecuencia de irregularidades que han salidos a la luz pública.

En ese afán, estas organizaciones deben ser proactivas, especialmente en materia de rendición de cuentas. Cada vez son más los donantes que están solicitando mayor probidad en la gestión de los recursos y mayor transparencia respecto de las acciones y los impactos que generan su acción.

Sin embargo, una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas requieren de un pilar organizacional que legitime el cumplimiento de ciertos estándares por parte de las organizaciones sin fines de lucro, estructurando el campo de la ética de la sociedad civil del mismo modo como hoy existe el de la ética pública.

Pero el tercer sector no cuenta con las instituciones del prestigio y la visibilidad que existen en el sector público -sean Consejos para la Transparencia o Contralorías Generales- cuyos pronunciamientos son, hoy por hoy, casi indubitados.

Para suplir este vacío y poniendo al frente el principio de la autonomía de la sociedad civil, las organizaciones en que ésta se ha agrupado deben crear un referente institucional que se encargue de construir y aplicar estándares de transparencia y rendición de cuentas, así como de ser la última voz en la evaluación del cumplimiento de esos estándares.

Tal como señalamos en el Seminario organizado por la el Consejo para la Transparencia realizado el 19 y 20 de abril, debemos instituir un Consejo de Organizaciones Sociales que cumpla ese rol. Un Consejo amplio, inclusivo y moderno, que ponga en marcha el desarrollo de la ética de la sociedad civil, primero construyendo con las organizaciones los estándares que se aplicarán y luego validándose como el referente, la vara con que las organizaciones del tercer sector se medirán.

Ciertamente que su rol no se concibe limitado a las cuestiones éticas, de transparencia y rendición de cuentas, sino que además se constituya en un promotor de la acción y del desarrollo de las organizaciones sin fines de lucro.El país ha ido recuperando una sociedad civil fuerte, autónoma y vital, pero exige de ella que se ponga a la altura de las exigencias de la ética moderna.

Quienes tienen acceso a recursos de todo orden: simbólico, financiero o político, son parte de una ínfima minoría y la sensación de los que andan a pie es de inaccesibilidad a esos recursos: han sido destinados para otros.

Tal como muestra un ya lejano informe del PNUD del año 2004 (“El poder: ¿para qué y para quién?”), la reproducción de estas asimetrías ha terminado por molestar a las personas y los ha llevado a exigir ser considerados, de verdad, en la distribución de esos recursos.

En el caso de la política y de la definición de los asuntos públicos, ello se traduce en la exigencia de tomar parte, de no permitir que sean sólo unos pocos los que asuman decisiones que afectan a muchos.

Ese es el sentido profundo de las primarias: invitar a los ciudadanos, a aquellos que NO son parte del club del poder político, a codecidir quiénes serán los que, representando a un determinado sector de la política chilena, compitan con los adversarios del otro u otros sectores.

Más allá de la polémica que ha rodeado a las primarias de la Concertación, lo que quedará es la práctica de convocar a participar en algo que, hasta ahora, era privativo de los partidos políticos, como es la designación de los candidatos a un proceso electoral.

La desconfianza de la gente en los actores y en las instituciones –reflejada en las encuestas y en las movilizaciones- impone el deber de recuperar la credibilidad perdida.

Por eso es tan relevante que los ciudadanos participen de estos procesos de manera transparente y puedan incidir, ya como un derecho y no sólo como una concesión de los políticos, en las grandes definiciones políticas. Sean del color que sean.

El desafío siguiente, tal vez, es que más que elegir sólo personas o partidos políticos, podamos avanzar en la elaboración de propuestas programáticas que estén en sintonía con la comunidad. Los chilenos tenemos que recuperar la capacidad de empatizar con el otro.

Tenemos que volver a confiar y a respetar, sin descalificaciones, sin prejuicios.

Teniendo en cuenta, entonces, la extraordinaria importancia que este ejercicio de participación y de inclusión de los ciudadanos como son las primarias, resulta vital que las instituciones públicas asuman que ellas llegaron para quedarse.

Por ello debe avanzarse decididamente en la aprobación del proyecto de Ley sobre el tema que está en el Congreso y, especialmente, en asegurar el financiamiento suficiente para hacer de este ejercicio una práctica viable y permanente que facilita la transparencia y la participación ciudadana, aspectos esenciales para recuperar las confianzas.

Lamentablemente, esta realidad que afecta principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad que viven en pobreza se ha mantenido invisible a los sistemas de fiscalización.

El objetivo de los llamados “créditos sociales” que ofrecen las Cajas de Compensación debiera ser ayudar a mejorar las condiciones de vida de los pensionados, ya sea para temas médicos o de mejora de sus viviendas.

La investigación realizada por el programa “Esto no tiene nombre” de TVN, que fue emitida el domingo recién pasado, muestra cómo algunas de estas instituciones abordan de manera inescrupulosa a ancianos, que terminan pagando un porcentaje importante de sus pensiones –la mayoría recibe la Pensión Básica Solidaria- durante más de 7 años.

Frente a esta realidad que nos parece inaceptable y tantas otras que afectan precisamente a la población más vulnerable, nos estremece saber que el 78% de la población más pobre del país destine el 60% de sus ingresos a pagar créditos, como develó un informe del Fosis, es necesario valorar el rol de la televisión pública en su intento de denunciar y transparentar estas prácticas.

Al entregar la información  de manera transparente ,será la ciudadanía la que se forme su propia opinión respecto de una realidad que legalmente puede estar bajo la norma, pero que es éticamente cuestionable.

Una sociedad informada puede ejercer sus derechos y, a la vez, ser un ente fiscalizador de injusticias sociales.