El artículo 53 de la ley general de educación (LGE) establece que las universidades que no tengan carácter estatal serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial. Sin embargo, se han planteado reiteradas denuncias que demuestran cómo estas instituciones han vulnerado sistemáticamente el espíritu de la ley, a través de una serie de operaciones con personas relacionadas, convirtiendo al sistema privado de educación en un negocio altamente rentable.

Es verdad que el marco regulatorio vigente tiene imperfecciones que dificultan sobre manera perseguir la infracción a esta disposición legal.

Desde luego, no existe una definición concreta de lo que deberíamos entender como “lucro”, razón por la cual la exigencia de tipicidad propia de un Estado de Derecho para la persecución y sanción de las infracciones se encuentra ausente de nuestra legislación. Así, el “no al lucro” corre el riesgo de quedarse en una mera consigna. Por otra parte, la autoridad no cuenta con suficientes atribuciones para realizar una adecuada fiscalización del cumplimiento de la normativa.

Por esa razón, se ha propuesto avanzar hacia la creación de una Superintendencia de Educación Superior, proyecto de ley que se encuentra en pleno debate ante el Senado. Aunque claramente es una iniciativa con muchas deficiencias en materia de fiscalización y que carece de sanciones drásticas, se encamina vagamente hacia lo que esperamos: una adecuada tipificación de las infracciones de las instituciones de educación superior respecto de operaciones con personas relacionadas que vulneren la obligación legal de “no lucrar” con una institucionalidad que cuenta con algunas atribuciones fiscalizadoras y poder sancionatorio real.

No obstante el avance que esperamos en materia de fiscalización y de sanción al lucro en la educación superior, la lógica del proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior y, en general, la lógica de la legislación educacional descansa sobre sanciones a las instituciones infractoras.

Creo que una señal clara para el futuro, que complementa y aporta al debate que se está dando en el ámbito de la discusión de esta futura Superintendencia es derechamente, penalizar la conducta de las personas que participen en la configuración de estos hechos.

Atendidas estas razones, presenté junto al senador Camilo Escalona un proyecto de ley que esperamos pueda incorporarse en el debate que se lleva a cabo a propósito de la nueva Superintendencia de Educación Superior, que propone sancionar penalmente a directores, gerentes y administradores de Instituciones de Educación Superior que infrinjan obligaciones referidas a operaciones relacionadas, conforme a la definición que se haga en la ley que crea la referida Superintendencia.

Así, la propuesta contenida en este proyecto no puede entenderse sino vinculada a las conductas más graves que se tipifiquen en dicha ley.

En dichos casos, proponemos introducir en nuestra legislación la aplicación de penas privativas de libertad, presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años); multa de 100 a 1.000 UTM; inhabilitación para que los condenados se desempeñen en el mismo ámbito hasta por 10 años y comiso de las ganancias ilegales.

Creemos que con esta propuesta, que esperamos se convierta prontamente en ley, estamos dando una señal clara y potente para el futuro en orden a evitar que se siga abusando de los vacíos regulatorios que existen en el ámbito de la educación superior.

En primer lugar, con este proyecto ampliamos los delitos en que se va a restringir la posibilidad para optar a la libertad condicional a los condenados. Hay muchos delitos en que los reos, al momento de cumplir la mitad de la pena, pueden pedir la libertad condicional.

Ahora, los sentenciados por delitos como el abuso sexual deberán esperar dos tercios de cumplida la condena para optar a estos beneficios.Esto hoy en día existe para la violación, el parricidio, el homicidio, y en general los delitos más graves, pero no para el abuso sexual, lo que me parece un gran avance. Esto también se aplicará para otros tipos de delitos sexuales, como la producción de pornografía infantil.

Aquí en Chile hay redes donde se utiliza a menores, afectando su indemnidad sexual, porque esa imagen circula por Internet y es muy difícil sacarla. Por eso era necesario establecer dureza para castigar este crimen.

En segundo lugar, hoy en día los condenados por delitos sexuales contra menores pueden, después de dos años en caso de los primerizos, y después de 5 años en el caso de los reincidentes, limpiar sus antecedentes. Ahora van a tener que esperar 10 años para poder hacerlo.

En tercer lugar, el proyecto aumenta las penas para los condenados. Esta pena hoy puede ir de 541 días a cinco a años. Con esta nueva ley, la pena iría de 3 años a 5 años.

Sin duda, este proyecto se trata de un gran avance, pero claramente no es suficiente.

El año pasado tuvimos una avalancha de denuncias por casos de pedofilia en jardines infantiles y colegios. Las cifras son alarmantes. El 2011 hubo cerca de 22 mil denuncias por delitos sexuales, de las cuales 74 % de las víctimas fueron niños.Cada 40 minutos, un niño en Chile es abusado sexualmente, sin contar la cifra negra, porque recordemos que por cada caso, hay 8 que no se denuncian.

Detrás de estos números hay personas, niños que tienen rostros, sueños, sentimientos y un dolor enorme, que piden que alguien los escuche y los proteja frente al abuso sexual. ¿Podemos hacernos los desentendidos frente a este drama que afecta a nuestros niños? ¿estamos priorizando de verdad las demandas de los niños en nuestro país?.

Claramente, la respuesta a estas preguntas es negativa. Por ejemplo, en nuestro país cuando un niño es abusado sexualmente y no hay huella física, se requiere un test de veracidad para probar que su relato es creíble, veraz. Hoy en día hay listas de espera de seis meses a un año para realizar estos peritajes. Eso significa impunidad. Por eso se explica, en mi opinión, que sólo el 13% de los casos terminan en sentencias condenatorias.

Si queremos avanzar, es necesario declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad. Recordemos que las personas se demoran 20 o 25 años en promedio para denunciar que fueron víctimas de delitos sexuales cuando fueron menores. El paso del tiempo no puede ser sinónimo de impunidad. Así como hay delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, los delitos de abuso sexual contra menores son tan graves como los crímenes de lesa humanidad, no en razón de que fueron cometidos bajo el amparo del estado, sino en razón que hay un abuso de poder de parte de un adulto hacia un niño.

Es necesario crear un Defensor de los Niños y una Ley de protección Integral de Derechos. ¿Quién defiende hoy a los niños? ¿Existe alguna instancia que sea la voz de los sin voz al igual que hay un Sernac que defiende a los consumidores? La respuesta es negativa.

Queremos avanzar en este tema creando un Defensor, una especie de Pepe Grillo, un ente autónomo a los Gobiernos de turno que pueda defender los derechos de los niños en todas las instancias, que pueda recibir denuncias por el no cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños.

Hemos avanzado mucho en este problema, pero falta una política integral, con una visión sistémica de conjunto que uniforme a todas las políticas sectoriales relativas a la infancia y así podamos cerrar los espacios de impunidad a los pedófilos y defender los Derechos de los Niños.

Entonces, el llamado es para que el Gobierno, en lo que queda de este periodo, patrocine y de Urgencia a estos proyectos de Ley que hemos presentado para poder tener una legislación que permita decir que en Chile los más pequeños son la prioridad, porque una sociedad se mide por cómo trata a los más débiles, en este caso, a nuestros niños.

El trabajo periodístico realizado por estos medios daba cuenta de una realidad terrible, de maltratos realizados por aquellos que debían resguardar y cuidar de los niños, y más grave aún, de abusos sexuales por parte de religiosos que estaban ligados de una u otra manera al hogar Villa San Luis.

Mi primera reacción fue preguntarme ¿por qué no hay culpables? ¿Por qué no se ha hecho nada en 6 años? Buscando respuestas, me comuniqué con el fiscal regional Pedro Salgado, quien me puso al tanto de la investigación que se estaba realizando.

Luego me reuní con el fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para solicitarle que se adopten todas las medidas del caso para realizar una investigación rigurosa y pormenorizada a las eventuales víctimas y los eventuales abusadores. También me confirmó que se designará a un segundo fiscal para reforzar la investigación en este caso.

No pasó mucho tiempo para que se destapara otro terrible caso de maltrato infantil y de paso, dejara al descubierto ciertas irregularidades y una mala fiscalización por parte del Sename en un hogar que estaba a su cargo. Ahora fue el turno para que Megavisión nos mostrara la realidad de “La Posada del Niño”, centro que albergaba a cerca de 70 menores en riesgo social que estaban literalmente dejados a su suerte, con guardadores que no se preocupaban de ellos y los agredían constantemente.

Pero, ¿vamos a tener que esperar que salgan este tipo de reportajes para hacer algo por los niños más vulnerables de nuestro país? En estos casos ni siquiera estamos hablando de niños o jóvenes que sean delincuentes, sino de niños que no pueden estar en sus casas porque sus padres son alcohólicos, drogadictos o simplemente los maltratan.

Sin embargo, para ningún gobierno, ni los anteriores, ni el actual, ha sido prioridad el tema de la protección de los niños. El año 2006 presenté un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes sicológicos a profesionales y personal de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), que realice sus funciones directamente con menores. Este proyecto está actualmente en tramitación, pero sin la urgencia del ejecutivo pueden pasar años antes que se transforme en ley.

Aquí es necesario que Sename realice una mejor fiscalización en sus centros de menores y se tomen medidas más efectivas de elegir a las personas que trabajarán en sus hogares, como los exámenes psicológicos antes nombrados. No se ha hecho una reforma importante, de fondo, para que los niños en riesgo social que están a cargo de los hogares del Sename no estén expuestos a este tipo de situaciones.

Se hace indispensable la existencia de una Defensoría del Niño, que abogue por los derechos de la infancia frente a casos tan terribles como los nombrados con anterioridad. Creo que una instancia como ésta, que existe en otros países con excelentes resultados, también ayudará a crear conciencia en la sociedad sobre los derechos de los menores.

Si se han dado a conocer estos hechos en dos hogares dependientes del Sename, es muy lógico pensar que en alguno de los otros cientos de hogares que existen suceden situaciones similares.

Esperemos que este gobierno se la juegue por los niños, especialmente por aquellos que están en riesgo social y que ni siquiera tienen una casa con un ambiente familiar tranquilo y armonioso para poder vivir.