Según la prensa de negocios, el propósito de la transacción era continuar con el potenciamiento de las operaciones de ingeniería y construcción de SalfaCorp como también consolidar nuevas líneas de negocios de la compañía, como lo son la de grandes movimientos de tierra y construcción de túneles en roca para minería e industrias, ello según lo señalado a través de un hecho esencial enviado por su gerente general a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Con este potenciamiento, el constructor SalfaCorp ha ampliado su presencia en el lucrativo mercado inmobiliario y desde que se tomó conocimiento de la compra, sus acciones tuvieron una considerable alza lo que significó una alerta en la SVS, institución fiscalizadora que analizó las operaciones velando por el correcto funcionamiento de los mercados accionarios.

Pero, y siempre  hay un pero, teniéndose presente que SalfaCorp se presenta públicamente como el “mayor grupo empresarial del sector de la construcción en Chile, con un indiscutible liderazgo que ha cultivado durante sus 85 años de historia” (sic), nos vemos en la obligación de informar que SalfaCorp pasó por encima de un pequeño contratista que le arrendó una correa transportadora que se utilizó en la construcción de una torre de oficinas de 21 pisos que enfrenta las avenidas Isidora Goyenechea y El Bosque Norte, del barrio El Golf de la comuna de Las Condes.

Dicha moderna torre, todavía no terminada, era inicialmente del Banco Santander, la que le fue vendida meses atrás en la suma de US$ 107 millones al poderoso grupo Angelini.

Pues bien, SalfaCorp vía su delegada Tecsa, a fines del año 2014, contrataron a la pequeña pero muy competente empresa Cintas Transportadoras Limitada, para que le arrendara por un corto período de tiempo una cinta especial que se ocupó en las obras de la torre antes indicada, operación comercial que generó una factura por una suma del orden de los $ 3 millones. Vencido el plazo de arrendamiento SalfaCorp devolvió al arrendador la correa, negándose sin razones válidas a pagar el contrato y como las innumerables gestiones de cobranza desarrolladas por la Pyme mencionada no produjeron efecto, fue necesario que el engañado interpusiera un recurso en los tribunales de justicia.

Después de muchos dimes y diretes en la tramitación del juicio en el 12º Juzgado Civil de Santiago (C-2567-2015) la jueza sustanciadora el 21 de septiembre de 2015 ordenó a la morosa atender que tiene “la obligación de pagar la suma consignada en la factura que motiva el libelo enderezado”, condenando en costas a la parte ejecutada.

Pero, los letrados del Estudio Ossandón Abogados, cuyo socio principal y fundador es Roberto Ossandón Irarrázabal, defensores de la sociedad incumplidora de sus compromisos, han insistido en la postura de la empresa por ellos representada, a pesar de la existencia de ese fallo condenatorio.

Llama la atención que el abogado Ossandón sea presidente del think tank de derecha Instituto Libertad, institución que funciona en las mismas oficinas de Renovación Nacional. Asimismo suponemos que el senador Manuel José Ossandón, hermano del anterior, cuando conozca este episodio, se molestará por la situación, porque en un Estado de Derecho las deudas se pagan aunque sea extemporáneamente.

En síntesis, hay que terminar con estos episodios protagonizados por todos aquellos que tienen el poder económico y para ello lo más efectivo  es que la gente esté informada.

Estamos hablando del negocio inmobiliario del matrimonio Dávalos-Compagnon en tierras rurales de la comuna de Machalí, 6ª Región del Libertador Bernardo O”Higgins, operación comercial que dio sus frutos exclusivamente porque Andrónico Luksic, accionista controlador del Banco de Chile, así lo decidió.

Todos sabemos que este caso ha tenido una importante connotación pública y sus detalles  se están conociendo ahora solo porque la empresa Caval se negó a pagarle una comisión de $ 200 millones a un gestor de reuniones quien, para apremiar a dicha compañía, fue a la revista Qué Pasa la que publicó sobre la marcha un encendido reportaje. De ahí en adelante todos conocemos las consecuencias políticas.

Está claro que los terrenos urbanos tienen precios de mercado bastante más subidos que los terrenos rurales o agrícolas y por ello siempre los propietarios de los primeros desean que las autoridades competentes modifiquen sus usos de suelo porque así se produce automáticamente una plusvalía, tal como quedó establecido en el convenio judicial mencionado en el primer párrafo.

Quienes deciden estas materias son aquellos funcionarios que ejercen el poder político en las distintas regiones del país, en conjunto con los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda y Urbanismo, aunque quienes actúan tras bambalinas son aquellos que ejercen el cargo de ministros de Vivienda y Urbanismo.

Administrativamente son los Intendentes de las 15 regiones y los Consejeros regionales los que aprueban este tipo de cambios en las reglas del juego y los solicitantes de las modificaciones en los Planes Reguladores Intercomunales son los privados que, con expresiones muy comedidas, les hacen notar a las autoridades de turno que, para mejorar la calidad de vida en las ciudades, es indispensable que su predios sean urbanos. Jamás de los jamases  dirán que sus peticiones obedecen a ganar más dinero.

También las municipalidades apoyan esos cambios, siempre con un lenguaje vistosamente pulcro con argumentos muy graves y técnicos que generalmente son aceptados por los Gobiernos Regionales y así se han creado incalculables fortunas privadas a través del tiempo porque en Chile no existe una legislación que contemple la captura parcial a favor del Estado de las plusvalías que se generan con esas decisiones administrativas. En el caso de Caval no prosperó el cambio de uso de suelo.

En la región Metropolitana, desde que está vigente en 1994 el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo urbano que promovía el crecimiento habitacional a través de la densificación, contradiciéndolo, se han aprobado varias expansiones horizontales con sus respectivos cambios de usos de suelo por decenas de miles de hectáreas, sin que los beneficiados patrimonialmente hayan sido sometidos al escarnio público, ello porque todos esos cambios pasaron piola.

El negocio de Caval era por simples 44 hectáreas y al hacer esta comparación no estamos justificando su práctica, solo estamos evidenciando que por no tener una legislación apropiada se cometen este tipo de ganancias mal habidas.

Sin ir más lejos, con la clausura del aeropuerto Los Cerrillos, para dar paso a la Ciudad Parque Bicentenario, se eliminará el cono de aproximación de unas 2.000 hectáreas cuyos propietarios tienen restricciones para construir edificaciones en altura. Este vasto territorio está normado en el artículo 8.4.1.3 del mencionado PRMS, el que fija una limitación en términos de intensidad de ocupación de suelo. En efecto, cita textual “en esta zona se delimita el espacio aéreo necesario para las operaciones de las aeronaves” y ahora debido al cambio normativo esta zona será apta para densificar.

Sobre la decisión de cerrar ese aeropuerto, aunque no tenga relación con las utilidades derivadas de los cambios de usos de suelo, es conveniente recordar que en el informe “Operación Cerrillos: entre el relleno y el fragmento”, del arquitecto, urbanista y académico Jonás Figueroa, publicado en el libro “Hacer Ciudad”, se alude al canal de ventilación del SO al NE de Santiago, pues: “…la gigantesca cuña de suelo formada por las áreas de protección y el cono de aproximación de tráfico aéreo constituye el único corredor de vientos de baja altura que ventila la ciudad es necesario abundar que las pistas de hormigón del aeropuerto actúan como una gran placa radiante de los rayos solares que provoca por convección, el movimiento vertical del aire”.

Aludimos a este hecho concreto, ya que se taponará para siempre ese corredor de vientos, lo cual es contradictorio con las políticas ambientales que intentan corregir la mala calidad del aire que tenemos en esta región.

Volviendo al asunto del convenio judicial, en el cual se reconoció que había que hacer lobby ante los agentes públicos sectoriales para modificar el uso de suelo de las 44 hectáreas rurales en Machalí, el síndico de quiebras con su equipo de colaboradores contrataron a unos expertos de la UDI para que hicieran ese trabajo contra el pago de  cuantiosos honorarios, los cuales fueron pagados por adelantado.

En los próximos días el fiscal a cargo de la investigación formalizará a unos cuantos hombres y mujeres que, aprovechando sus buenos contactos, hicieron un excelente negocio a pesar de que el ambicionado cambio en el Plan Regulador Intercomunal no se produjo.

También y con el mismo fin de obtener mayores recursos monetarios para mejorar la calidad de vida de los viñamarinos, la ley aumentó en un 25% el precio de las entradas a las salas de juego del casino, teniéndose en cuenta que un alto porcentaje de esos jugadores, algunos claramente ludópatas, son personas que viajan allí de Santiago y de otras ciudades del país. 

El artículo 3º de esa ley señala que con el producto de los préstamos se debían invertir en distintas acciones, siendo las principales en el ámbito urbano pagar las expropiaciones y habilitar la playa que se extiende desde la calle 8 norte, donde había una piscina municipal, hasta el balneario de Las Salinas, con la obligación de materializar en su borde costero parques y jardines de calidad para potenciar la vocación turística de Viña del Mar.

La ley estableció que no se podía expropiar el antiguo edificio del Sanatorio Marítimo, contiguo a la prolongación de la playa, localizado en la avenida San Martín 1355, al llegar a la calle 15 norte, por la importante labor de bien público que allí desarrollaba la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, lo cual era de toda lógica.

El artículo 13º de esta ley estableció que los permisos de edificación correspondientes a predios situados al poniente de la avenida España, Caleta Abarca, avenidas Marina, Perú, San Martín, Jorge Montt, y camino a Concón, hoy municipalidad, debían ser concedidos con el acuerdo de los 2/3 de sus regidores, hoy concejales.   

En fechas indeterminadas en el litoral viñamarino se han construido unos cuantos edificios habitacionales en altura (sic) y en los últimos años se han cursado permisos de edificación para un par de hoteles, uno en Viña del Mar, en donde estaba el demolido Sanatorio Marítimo y el otro entre los roqueríos del borde costero en Concón, ello con las expeditas aprobaciones de los concejales de esas comunas y a pesar de que en esos dos predios privados no existen normas urbanísticas que amparen los enormes volúmenes de esas edificaciones. 

Tiempo después, en el año 1965, gobierno de Eduardo Frei Montalva, se crea el ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el 13 de abril de 1976 se publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), vigente hasta hoy en día. Su artículo 169º derogó las disposiciones de otras leyes o cuerpos legales que fueren contrarias a la misma y por ello fue necesario consultarle a la Contraloría General de la República y a la División de Desarrollo Urbano del Minvu si se mantienen vigentes las materias de tipo urbanístico contenidas en la Ley Lorca que pugnan con esa LGUC.

En nuestra opinión, dado los mayores alcances que tiene la ley general, esas disposiciones puntuales de la ley Lorca para un reducido sector determinado del territorio nacional ya han sido tácitamente suprimidas.

Sobre este asunto el Minvu nos contestó el reciente 9 de diciembre que se atendrá a lo que resuelva el órgano fiscalizador y en tal sentido debemos tener presente que la LGUC, su Ordenanza y el artículo 24º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dice que sólo los Directores de Obras pueden cursar permisos de edificación.

Ergo, desde hace mucho tiempo los concejales no pueden inmiscuirse en los asuntos privativos que resuelven aquellos funcionarios municipales.

Esa tentativa del funcionario público del Minvu, reflejada en su Resolución Exenta Nº 2945 del 13/11/15, fue anecdótica porque la Contraloría, con bastante anterioridad, acogiendo la denuncia del colectivo ciudadano, ya había resuelto que ese permiso de edificación había caducado automáticamente y por lo tanto, como era su deber legal, la Directora de Obras Municipales de Vitacura había procedido a declarar la caducidad del mismo. Entre otras cosas, ese proyecto de mall contemplaba una torre de oficinas de 55 pisos de altura.

Ahora bien, recordemos que las comunas de Vitacura y de Lo Barnechea se escindieron en el año 1992 de la extensa comuna de Las Condes y sus primeros alcaldes, abogado Adolfo Ballas y arquitecto Eduardo Cuevas, respectivamente, ambos fallecidos, fueron nominados por el presidente Patricio Aylwin. En materias de construcción, mientras no existieron los correspondientes Planes Reguladores Comunales (PRC) las tramitaciones de los permisos de edificación se regían para sus distintos sectores por las normas urbanísticas vigentes en el PRC de Las Condes.

La municipalidad de Vitacura se tomó un largo período de tiempo para establecer su PRC, el que fue aprobado por su Concejo Municipal con Resolución Nº 59/99 del 7 de diciembre de 1999, instrumento normativo publicado el 30 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial.  En este PRC, como en todos, se fijaron las reglas del juego en materias de normas de edificación, usos de suelo y tipos de vialidades.

A través del tiempo ese instrumento ha sufrido varias modificaciones y podemos decir que en esa comuna, salvo algunos hechos aislados que la opinión pública conoce, las cosas se han manejado medianamente bien. El privado titular del aludido permiso del año 2000, quince años atrás, se había acogido a las normas urbanísticas de Las Condes porque eran bastante más permisivas que las de Vitacura.

Pero, ¡oh grata sorpresa!, recientemente, el 25 de noviembre de 2015, ese Seremi, vía Resolución Exenta Nº 3052, se dirige a Cencosud y a la DOM de Vitacura, manifestando entre otras cosas lo siguiente : “que, de lo transcrito, queda claro que el órgano Contralor ha estimado suficientes las actuaciones ya efectuadas por la DOM de Vitacura, respecto del Permiso de Edificación Nº 121/2000 para dar por constatada su caducidad” y enseguida expresa “que los informes jurídicos emitidos por la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización”. Como vemos, esa autoridad del gobierno central finalmente entró en razón sometiéndose a la ley.

Por lo relatado se evidencia que Paulmann intentaba levantar su tremendo mall con normas urbanísticas nunca existentes en Vitacura, lo que no sucederá debido al rol ejercido por la Contraloría y, por lo tanto, se deberá conformar con levantar otra edificación bastante más pequeña y por lo tanto menos invasiva, olvidándose de su pretendida torre de 55 pisos, la que ahora podría tener un máximo de 12 pisos, conforme lo manda el PRC de Vitacura para ese sector.

En dicha crónica también se decía que el permiso tenía una duración de 3 años y que Cencosud había comprado en el año 2010 en US$ 56 millones ese terreno con el permiso a su dueño original, dejándose en claro que, conforme a la decisión del Seremi, la caducidad impartida por la Directora de Obras era equivocada, a pesar que la Contraloría ya había resuelto con anterioridad la caducidad del permiso con el cual se posibilitaba una inversión del orden de los US$ 500 millones correspondientes a la inmensa construcción antes indicada.

Suponemos que Paulmann quedó muy contento con la curiosa resolución de ese Seremi divulgada por uno de los medios de prensa especializados en finanzas, economía, inversión y negocios. Hasta ahora ningún otro medio de expresión se ha referido a esta noticia y como estamos ante un hecho muy significativo, sucintamente diremos lo que efectivamente pasó y cuál será el epílogo de la situación.

Pues bien, para evitarse las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, vigente desde el 30 de diciembre de 1999, un avispado particular propietario de ese terreno baldío, situado al norte de la Av. Kennedy, solicitó un anteproyecto en la Dirección de Obras de Vitacura, antes de la publicación en el Diario Oficial de ese PRC, adscribiéndose a las normas urbanísticas bastante permisivas contenidas en el PRC de Las Condes. Recordemos que la comuna de Vitacura en el año 1992 se escindió de la comuna de Las Condes.    

Con el anteproyecto en la mano, el cual tiene una vigencia máxima de un año, ese propietario con fecha 23 de junio del 2000, estando ya vigentes las normas urbanísticas más restrictivas del PRC de Vitacura, solicitó en la respectiva Dirección de Obras un permiso de edificación, el cual fue aprobado el 12 de diciembre de ese año con el Nº 121/2000. Si nos fijamos en las fechas, concluimos que este acto administrativo terminal se obtuvo fuera del plazo perentorio establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), irregularidad no detectada por nadie en aquella época.

Como ya está dicho, diez años después, en el transcurso del 2010, Cencosud se transforma en dueño del terreno y del permiso, sin saber Paulmann que estaba haciendo un mal negocio porque tal permiso, con esas extraordinarias normas urbanísticas, ya estaba caducado.

Cabe la probabilidad que a este avezado empresario alguien de su confianza le aseguró que los permisos tienen duración indefinida, razón por la cual desembolsó una elevada suma de dinero para así aprovechar en beneficio propio las espectaculares normas contenidas en el mismo.

Este asunto fue examinado por la Contraloría General de la República, órgano fiscalizador que escuchando a los abogados de la empresa del retail, dictaminó lo que se sabía, es decir, estableció la caducidad automática del permiso conforme a lo estipulado en el artículo 1.4.17 de la OGUC, continuador del artículo 5.1.20 de la misma Ordenanza.

La competente Directora de Obras actuó en consecuencia, lo que molestó sobremanera al actor privado quien, en lugar de pedir una reconsideración a la Contraloría o lisa y llanamente presentar un recurso de protección en contra del organismo, eligió el camino más fácil para lograr su objetivo. Por ello reclamó ante el Seremi de Vivienda haciéndole notar su buena fe.

Pero es muy risible lo que acaba de suceder, ya que la errónea resolución del Seremi, dirigida el 13 de noviembre de 2015 a la Directora de Obras de Vitacura conminándola, con un lenguaje muy serio y rebuscado, para que revalide el permiso, es de la misma fecha que tiene el nuevo dictamen Nº 90257 de la Contraloría, cuyo destinatario es Raúl Torrealba, flamante alcalde de Vitacura, en donde se le reitera que la caducidad del permiso en cuestión había operado de pleno derecho, con lo cual seguramente sin proponérselo, le quitó el piso al Seremi de Vivienda.

Ahora Cencosud, tiene dos caminos a  seguir.

1.- Solicita un nuevo permiso de edificación con el cual, una vez cursado, podrá construir bastante menos m2, sin posibilidad alguna de edificar su torre de 55 pisos.

2.- Citará a sus abogados para analizar una eventual acción judicial en contra de la Contraloría, a sabiendas que son muy remotas sus posibilidades de éxito.

Con una Contraloría autónoma e independiente, como la actual, más una ciudadanía vigilante, se asegura el imperio del derecho en la Administración del Estado y en paralelo, le decimos al Seremi involucrado que, a raíz de este episodio, nunca más trate de pasarse de listo porque su función pública siempre debe garantizar la correcta operación del mercado inmobiliario.

El desafío es reconstruir y repotenciar el centro de la ciudad, eliminar los sitios eriazos, recuperar los edificios abandonados (como el de la ex-tienda Ripley) en la calle Picarte con Walter Schmidt y mejorar la vialidad existente, la que no resiste el crecimiento de las zonas pobladas en el sector de Isla Teja y camino a Niebla, donde los tacos vehiculares se han hecho insoportables.

Ahora bien, una muestra de lo anterior es lo que ha sucedido con el mall  Plaza de Los Ríos, localizado en pleno centro de esa ciudad, situado en la calle Arauco entre las vías Beauchef y W. Schmidt, ello en razón a que se ha venido desarrollando en los años poco a poco, con graves vulneraciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y con la extraña obsecuencia, ¿cómplice pasivo? de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valdivia.

Hace pocas semanas atrás, exactamente el 8 y el 9 de octubre, estuvimos en dicha ciudad con el arquitecto Mauricio Zulueta, profesional muy conocedor de los marcos regulatorios urbanísticos, y ambos pudimos comprobar irregularidades tan grandes como la construcción de conexiones subterráneas y a nivel de calle, en terrenos que le pertenecen al municipio con simples autorizaciones (sic) del ex alcalde Bernardo Berger, hoy día, flamante diputado por esa región.

Como consecuencia de nuestras reuniones con la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones y con el Seremi de Vivienda y Urbanismo constatamos que existe una construcción terminada y no ocupada de más de 6.000 m2 de una torre de oficinas, sin que el titular del mall haya declarado en la DOM dicha superficie ni el destino, burlándose con ello la determinación de la efectiva carga de ocupación del edificio, así como los requerimientos de estacionamientos asociados a tal destino. Derivado de lo anterior en la actualidad no existe recepción final y por lo tanto es difícil cerciorarse si el edificio cumple con la normativa fijada en la  OGUC.   

Pero como si ello fuera poco, además, hoy se construye en dicho mall una ampliación de los espacios arrendables, cuyo permiso de edificación fue otorgado con infracción de la normativa, por cuanto, a pesar de saberlo muy bien la DOM, no consultó con la Seremi de Transportes si para tal ampliación era o no necesaria la revisión u obtención de un nuevo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (ESTU), teniendo presente además que las medidas de mitigación aprobadas en el EISTU original para dicho edificio, jamás han sido cumplidas con el consiguiente desagrado de las autoridades competentes de mayor rango.

Sin embargo, como el bienestar de los habitantes de la ciudad debe estar por sobre los intereses particulares, el pasado 21 de octubre, el Consejo Regional (CORE) de Los Ríos, aprobó fondos por 4.500 millones de pesos, para concretar el proyecto de conexión entre calles Anibal Pinto y Walter Schmidt, el que dará viabilidad a la construcción del Puente Los Pelúes, solución necesaria y anhelada por todos los valdivianos.

Y como la ciudad está por sobre los particulares, esta nueva calle obligará a la eliminación de la conexión ilegal de superficie y subterránea entre el Mall Plaza de Los Ríos y el supermercado adyacente, además de imposibilitar el uso de los andenes de carga de la segunda tienda ancla de dicho centro comercial.

Aparte de los desaguisados del mall, no se entiende como la municipalidad otorgó un permiso para la construcción de un edificio en altura sobre el pasaje Los Temos, en la Isla Teja, vulnerando la normativa de la OGUC que establece una altura máxima de 2 pisos más mansarda sobre los pasajes.

De haber prosperado la ilegalidad, no solo los vecinos que residen actualmente en dicho pasaje serían los perjudicados, sino que también los futuros ocupantes del edificio que se construiría, quienes pasarían a ser víctimas inocentes del actuar negligente de la DOM.

Afortunadamente y debido a la denuncia formal de la comunidad organizada, el Seremi de Vivienda y Urbanismo supo reaccionar a tiempo y ya le ha dicho oficialmente al díscolo funcionario municipal que debe invalidar ese permiso.

Esperamos que la DOM de Valdivia, quien ya fue requerido por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y a instancias nuestras, por la sede regional de la Contraloría General de la República, con cuya titular también nos entrevistamos, ejerza el rol que le corresponde y no dilate en declarar la ilegalidad de los permisos de edificación mal otorgados.

Los lectores de esta columna ya saben que estamos en contra de la tradicional política chilensis de los hechos consumados y en tal sentido esperamos que el actual alcalde Omar Sabat exija a sus funcionarios un alto estándar de probidad en el ejercicio de sus cargos para que así siempre se cumplan los marcos regulatorios, tal como él justificadamente le está reclamando al MOP sobre el inicuo error de ingeniería cometido por los “profesionales” privados y públicos que intervinieron en el proyecto del puente basculante CauCau.

En Chile varios de éstos, quienes son las cabezas visibles de unas 20 familias, parecen honorables hombres de negocios y lo penoso es que la opinión pública a través del tiempo ha estado creyendo reverencialmente esa bien orquestada simulación. Sostenemos que en el ADN de unos cuantos de estos empresarios está la irrefrenable búsqueda de acumulación de capital, sin importarles la vía utilizada.

La manida fórmula de la colusión en los mercados se ha detectado en ocasiones por casualidad en los años recientes por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) organismo público que persigue el buen funcionamiento de los mercados y está claro que las empresas que utilizan este engaño a los consumidores necesariamente son las que tienen altas cuotas de dominio en algunos sectores de la economía.

Lo hacen porque son muy poderosas y se dan el lujo de impedir el ingreso de otros actores en “sus” mercados porque, para sus propios intereses, la sana y abierta competencia le es perjudicial. En cambio, los oferentes chicos de bienes y servicios, en razón a que sus pesos específicos no les permiten “regular” los porcentajes de ventas aseguradas, no pueden practicar la trampa al mercado que sí en muchos casos hacen los grandes, vía conformación de carteles, ello por una desmedida y hasta patológica avidez comercial.

El conocido Honoré de Balzac, con la agudeza mental que le era propia, decía que “detrás de cada gran fortuna hay un delito” y recordamos esta frase porque hemos quedado perplejos al conocer la repartición del mercado de los papeles higiénicos, servilletas y toallas de papel por parte de la tradicional CMPC y la ex Pisa, actual SCA, cuyos mandamases son y eran, respectivamente, Eliodoro Matte y Gabriel Ruiz-Tagle.

Ambos,  que permanentemente aparecen en los medios de prensa por sus distintas iniciativas, pusieron barreras de entrada al mercado que ellos dominan para así fijar un duopolio. En razón a la molestia que nos causa ese comportamiento anti social y anti mercado de Matte, a continuación describimos otras malas prácticas realizadas por el dueño de la gran empresa que acuñó en el gobierno de Salvador Allende la mediática y convincente locución “la Papelera NO”.

¿Cuáles son las anteriores actuaciones indebidas, no siempre recordadas por la opinión pública, del personaje que se las daba de promotor de la probidad en los negocios y que, desde la testera del Centro de Estudios Públicos (CEP), daba clases de rectitud a políticos y empresarios top ?

Casi toda la prensa nacional, con distintos énfasis, reprodujo el 29 de octubre recién pasado la noticia emanada del Poder Judicial que daba cuenta del fallo condenatorio, del día anterior, impartido por la Tercera Sala de la Corte Suprema en contra de la Congregación Religiosa Los Legionarios de Cristo por haber devastado voluntariamente el cerro isla del Medio, área verde de acuerdo a la normativa urbana vigente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

1.- Esta tipología le pertenecía a Matte, quien después de otra sentencia anterior de la misma Corte Suprema, se la donó a esa orden religiosa y como el Comunicado del Tribunal no explica cómo se llegó a la última sentencia, invitamos a los lectores interesados en conocer lo sucedido que lean la columna “Los Legionarios de Cristo también destruyen” publicada el 24/09/09 en El Mostrador.cl, pues fueron los vecinos del cerro isla aludido, asistidos por la Fundación “Defendamos la Ciudad”, quienes denunciaron los hechos en las instancias administrativas correspondientes, entre otros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado, organismo que litigó y ganó en sede jurisdiccional.

2.-  El Impuesto territorial, conocido como Contribuciones de Bienes Raíces es cobrado anualmente por la División de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en 4 cuotas trimestrales a todos los poseedores de inmuebles agrícolas y urbanos, existiendo una gran diferencia entre los avalúos fiscales de los predios rurales y los predios urbanos.

El mismo Matte, presuntamente para eludir el pago del impuesto que le correspondía por un extenso terreno localizado en un sector urbano de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, es decir, apto para desarrollar proyectos inmobiliarios, utilizó un ardid que está reseñado en columna “El potrero de los Matte en un sector urbano de La Dehesa” publicada el 17/01/13 en Ciperchile.cl, la que también conviene conocer para sacar conclusiones acerca de cómo se pueden obtener importantes ganancias cuando los actores de los mercados, asistidos por los conocidos planificadores tributarios, son asaz temerarios.

El fenómeno de la colusión, producto del capitalismo desregulado y economicista, existe a nivel mundial y en nuestro país hay que atacarlo con urgentes medidas preventivas y con una adecuada fiscalización por parte del Estado, ya que la divulgada autorregulación de los mercados es una mera entelequia. Aquellos que se aprovechan de sus privilegiadas posiciones de poder deben entender que el sistema económico de libre mercado hay que respetarlo.

Las lacras que en Chile se están conociendo se deben erradicar porque este tipo de abusos, que son actos de corrupción en el ámbito privado, ponen en riesgo latente la estabilidad del país.

Pues bien, el gobierno de Piñera para facilitar ciertos negocios inmobiliarios que incumplían algunas disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con la habitual pillería que le conocimos, mediante el Decreto Supremo Nº 1 del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), modificó dicha OGUC, acto administrativo que entró en vigencia el 12 de diciembre de 2013.

Entre otras cosas, se utilizó un cambio de palabras en la OGUC, de tal forma que los proyectos de equipamientos que, dependiendo de sus cargas de ocupación, debían enfrentar las vías idóneas para asegurar la correcta operación de los flujos vehiculares, no tuvieran que ceñirse a esta razonada disposición. En el Decreto se eliminó la expresión “enfrentan” referida a los predios, por la más acomodaticia “se relacionan”, fijándose que los accesos vehiculares de los proyectos se podían ubicar a no más de 300 metros de las vías aptas (sic).

Fue tan pueril ese cambio reglamentario, que la actual ministra Paulina Saball, con fecha 8 de abril de 2014 lo derogó. Como vemos, el ardid tuvo una efímera vigencia de casi 4 meses.

En este medio ya hemos aludido a un proyecto inmobiliario de un Fondo de Inversión construyéndose en la angosta calle Constitución del barrio Bellavista, comuna de Providencia, catalogado como equipamiento mediano que vulnera la OGUC porque no enfrenta una vía que soporte sus altos flujos vehiculares.

Este asunto fue dilucidado por el Seremi de Vivienda y Urbanismo en distintos informes dirigidos, tanto al Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia como a su alcaldesa, pero ambas autoridades, a sabiendas que el permiso de edificación está viciado por el motivo reseñado, están renuentes a aplicar la ley, con lo cual la resolución del mencionado Seremi es letra muerta.

Como podría ser posible que el titular del negocio creía que su inversión inmobiliaria se podía acoger al impúdico Decreto Nº 1 de Piñera y como el caso está radicado en la Contraloría General de la República, la que todavía no emite su dictamen, en este opúsculo le explicamos a ese actor privado que ello no es posible por las siguientes consideraciones.

El DOM de Providencia, con fecha 13/12/12, le aprobó un anteproyecto a este Fondo de Inversión, acto administrativo preliminar que tiene una vigencia de un año, pues la edificación contempla más de 10.000 m2 a construirse. Enseguida, el titular ingresa con fecha 13/12/13 en la municipalidad una solicitud de permiso de edificación, sin que se hubieran inscrito en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) las pertinentes fusiones prediales, adjuntándose un informe favorable del 12/12/13, firmado por la arquitecta revisora independiente, aprobándose con fecha 20/10/14 el permiso Nº 44/14, con el cual se iniciaron las faenas. Como vemos, desde que se solicitó el permiso de edificación hasta que se aprobó transcurrieren 11 largos meses.

La OGUC es muy explícita al ordenar los plazos perentorios que tienen los DOM para tramitar, ya sea los anteproyectos como los permisos de edificación, de tal forma que la aprobación del permiso Nº 44/14 fue extemporánea y por lo tanto ilegal, ello por cuánto el funcionario municipal desobedeció el plazo fijo máximo de 60 días que tenía el titular para resolver las observaciones que se debieron haber formulado en la tramitación. Es más, si éstas no hubieran existido, el DOM tenía la obligación de aprobar el permiso con fecha 13 de enero de 2014.

La OGUC dice que de no cumplirse el plazo de 60 días para resolver las observaciones, el DOM deberá rechazar la solicitud del permiso de edificación y a mayor abundamiento, la misma OGUC señala que el plazo en comento se aplica tanto para la revisión inicial y como para la revisión posterior en la cual se dio total cumplimiento a esas observaciones.

De lo anterior se desprende que el Fondo de Inversión no podrá argüir que su proyecto estaba respaldado por el Decreto Nº 1 del Minvu, pues la solicitud del permiso ingresada al municipio con fecha 13 de diciembre de 2013 perdió su vigencia mucho antes que se cursara el permiso, motivo por el cual Rajevic, ya investido como flamante Contralor, deberá emitir en estos días un categórico dictamen cuyo propósito será indicarle al DOM de Providencia que debe invalidar el permiso viciado, tal como lo ordena el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo.

Le mencionamos nuestra propuesta formulada en sesión del 9 de septiembre pasado de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, en orden a que era indispensable modificar ciertos cuerpos legales para terminar con la insana práctica de que los Directores de Obras Municipales ejerzan ese gravitante cargo en forma vitalicia, la cual fue acogida favorablemente por la mayoría de los diputados presentes.

Le expresamos nuestra incredulidad por el desacato empleado hasta ahora por la Municipalidad de Providencia respecto de un permiso de edificación cursado ilegalmente a un Fondo de Inversión Inmobiliaria en el barrio Bellavista.

En efecto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo majaderamente desde hace muchos meses le expresa al Director de Obras y últimamente a la Alcaldesa, que tal acto administrativo contraviene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), pero el municipio por razones que desconocemos,  no ha querido paralizar las faenas, ni menos ejercer la invalidación respectiva.

Debido a que la Contraloría solo propone sanciones al alcalde cuando detecta comportamientos irregulares por parte de funcionarios municipales, le propusimos que promueva los necesarios cambios legales, de tal forma que sus dictámenes y sumarios, tengan la fuerza necesaria para contener la corrupción que todos conocemos y le expresamos que era indispensable hacerse parte con los abogados del Consejo de Defensa del estado (CDE) en los juicios que entablan en los tribunales los actores privados que han sido afectados por las acciones fiscalizadoras de la Contraloría.

Estos avispados particulares, para facilitar los futuros fallos que los beneficiarán, interponen las acciones judiciales en contra de los municipios, marginándose a la Contraloría, con la seguridad de que las municipalidades en la tramitación de los antecedentes litigará con debilidad para favorecer al inmobiliario que obtuvo un permiso trucho.

Uno de cuyos casos articulado por el abogado Samuel Donoso en la Municipalidad de Santiago, después de una vergonzosa sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo hemos denunciado en diversos medios de prensa. El creativo Donoso fue quien se hizo pasar, en una reunión con las autoridades del SII por el caso SQM, como abogado del ministerio del Interior.

Todos sabemos que existe la colusión pública privada en el sector de la construcción y ejemplos hay demasiados. Recordamos aquél en que el Minvu, para favorecer los intereses de Los Legionarios de Cristo, desobedeció un dictamen de la Contraloría y acto seguido recurrió en los tribunales de justicia en contra de ella porque había señalado que en el cerro isla Del Medio, comuna de Lo Barnechea, de propiedad del empresario Eleodoro Matte, tipificado como área verde en los instrumentos normativos urbanos, no se podía construir la Universidad FinisTerrae. Este caso llegó a la Corte Suprema la que ratificó lo informado por la Contraloría y así se respetó la ley.

Otro, con distinto resultado final, es lo que aconteció con el Estadio Santa Rosa de Las Condes, extenso predio área verde ribereño del río Mapocho, comuna de Las Condes, el que siendo bien nacional de uso público le fue donado en el año 1970 por el Estado de Chile, con restrictivas cláusulas modales, a la Universidad Católica para que sus alumnos hicieran deportes. En la década de los ochenta dicha universidad privada transfiere el terreno al Club Deportivo de la Universidad Católica el que funcionó por años como campo de deportes con el nombre mencionado anteriormente.

Pero en el año 2007, tal club con la ambición de ganar plata vendiendo el terreno con fines inmobiliarios, inicia las gestiones para posibilitar ese negocio a pesar que, como está dicho, era y sigue siendo área verde. Para ello convenció al Minvu que cambiara la OGUC a fin de viabilizar la operación, lo que el servicio público hizo, pero la Contraloría dictaminó que ese terreno no admitía actividades inmobiliarias, lo que fue desoído por ese ministerio y obviamente por el privado.

Cuento corto, el caso se resolvió en la Corte Suprema, la que falló con resquicios a favor de la interpretación legal que aducía el interesado en obtener la plusvalía conseguida con el regalo que recibió el año 1970.       

Nos hemos referido a todo lo anterior porque el diario El Mercurio del domingo 27 de septiembre, alude a un documento elaborado por Enrique Rajevic, posible futuro Contralor, titulado “Contraloría y función de control :una necesaria revisión” en el cual su autor dice que no considera necesario el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría, justificando plenamente (?) que la Corte Suprema, en algunos casos, ha limitado las potestades de control del servicio que él podría dirigir si el Senado convalida su nombre.

Está claro entonces que Rajevic no desea que la Contraloría ejerza en plenitud sus atribuciones fiscalizadoras del fondo de los actos administrativos del gobierno y de las municipalidades, tal como lo ordena su Ley Orgánica Constitucional.

Ante esa explícita postura le contestamos a Rajevic que estamos en profundo desacuerdo con sus ideas porque la ciudadanía desea mayor control para contener el despelote en el cual estamos inmersos y ello pasa por empoderar aún más a la Contraloría.

Ramiro Mendoza, segundo contralor que venía del sector privado, el primero fue Sergio Fernández puesto ahí por Pinochet, tal como lo manda la ley, estuvo 8 años al mando del ente fiscalizador y recientemente el gobierno, en la persona del ministro del Interior, ha elegido al abogado Enrique Rajevic para que asuma ese importante cargo, ello en la medida de que en los próximos días 22 senadores de la República aprueben su nombramiento.

Sabemos que hay oposición por parte de algunos a esa designación porque, entre otros motivos, no se llegó oportunamente a un grado de consenso en la elección del nombre.   

Hemos tomado conocimiento que el competente profesional Rajevic se vio afectado por una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) porque tuvo un problema con una beca para estudiar en una de las tantas universidades que hay en España y que, según el diario La Tercera, en la actualidad tiene contratos de asesorías con distintas dependencias del gobierno, lo cual podría configurar un conflicto de interés. El asunto del CDE fue resuelto por prescripción y porque el ex becario, fuera de plazo, cumplió con la exigencia contenida en la regulación de la misma.    

Somos acérrimos partidarios de que el cargo de Contralor sea asumido por un abogado independiente del mismo servicio, sin tachas de ninguna especie y comprometido 100% con la probidad y transparencia, para que así la Contraloría haciendo valer su autonomía pueda ejercer una correcta fiscalización a los distintos servicios de la Administración del Estado. Así se recuperará la sana doctrina republicana de respetarse la carrera funcionaria.

Rajevic es afín a la DC, lo cual no es criticable, pero es un hombre del actual gobierno que se desempeña como asesor del Minvu y por ello somos contrarios a su nombramiento.

Estimamos que el nuevo Contralor debe provenir necesariamente de la propia Contraloría General de la República, ello en razón a que en estos tumultuosos tiempos de corrupción su próximo titular no debe tener relaciones de ninguna especie con el aparato público.

La manera más efectiva para que la Contraloría ejerza sin ataduras su función fiscalizadora es respetándose la carrera funcionaria y en tal sentido las dos actuales máximas autoridades, Patricia Arriagada y Osvaldo Vargas, titular interina y Jefe de Infraestructura y Regulación, respectivamente, son competentes abogados que están en condiciones de asumir la titularidad del cargo de Contralor (a). Al interior de la Contraloría hay otros tantos abogados que cumplen a cabalidad los requisitos para dirigirla y en el Palacio de La Moneda tienen todos sus antecedentes. Nuestro planteamiento ciudadano de fondo es que esa autoridad, en un Estado Democrático de Derecho, bajo ninguna circunstancia puede ser de confianza del gobierno de turno.

La transparencia, de la que tanto se habla, exige que sean inspeccionadas regularmente todas las dependencias públicas y para que los resultados sean eficaces, el fiscalizador no puede ser dependiente del fiscalizado y esto lo sabe mejor que nadie la máxima autoridad del país y por ello sostenemos que estamos ante el riesgo latente de que la Contraloría se transforme en un servicio más del poder ejecutivo. En tal sentido sería necesario que el Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción, tráficos de influencia y otras malas prácticas, que presidió el economista Eduardo Engel, emitiera un juicio al respecto.

Chile pertenece a la conspicua OCDE y se vanagloria de ello y en esta línea majaderamente señalamos que la Contraloría debe mantener su separación absoluta del gobierno pues así se podrá garantizar que ejercerá sin ataduras su rol para que siempre las cosas se hagan de acuerdo a derecho. El nuevo contralor y todos los siguientes tienen que ser refractarios a escuchar rogativas y/o peticiones de quienes ejercen, desde las altas esferas, el poder político.

Por lo dicho y como el elegido Rajevic difícilmente será contralor, se justifica plenamente el título asignado a esta columna de opinión.

Entre las calles Quinta Avenida por el norte, Sexta Avenida por el sur, Segunda Transversal por el oriente y Tercera Transversal por el poniente, a dos cuadras de la Gran Avenida José Miguel Carrera, existe desde el año 1938 una cancha de fútbol, a la que, a través del tiempo, se le sumaron una de baby fútbol, varios camarines, sede social, un salón de eventos y  algunas galerías para el público, ocupando una hectárea, al costado del excelente Colegio Territorio Antártico, administrado por la Corporación de Educación Municipal de San Miguel.

El aludido equipamiento deportivo se denomina Club de Deportes Juventud Atacama, tomando este nombre de la ex Población Chacra Atacama Baeza y Compañía, cuyos propietarios lotearon en 1927 un extenso territorio rústico que en aquella época pertenecía al Departamento de San Bernardo, comuna de La Cisterna, según se lee en la escritura pública del 15 de enero de ese año firmada en la Notaría de Luis Lisboa.

Entre los socios fundadores del club figuran los residentes César Flores, Francisco Cruzat, Gustavo Tudela, Juan Leyton, Enrique Figueroa, Humberto Díaz, Francisco Díaz, Carlos Díaz, Avelino Díaz, José Palacios, Carlos Bahüirle, Juan Miranda, Carlos Venegas, Ramón Morán, Carlos Corbalán, Luis Domínguez y Leonidas Barrera, todos fallecidos, y cuyos descendientes viven hasta hoy en día en las inmediaciones del club comprometidos con las actividades de bien público que realizan sus actuales y activos directivos, quienes entre otras inversiones, construyeron un cierre perimetral y lo han forestando con exquisito gusto. El terreno, según el Ministerio de Bienes Nacionales, es un bien nacional de uso público y en el Plan Regulador Comunal está definido como área verde, lo cual significa que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no le cobra contribuciones de bienes raíces.

El Club de  Deportes Juventud Atacama es una organización comunitaria funcional, a través de la Ley 19.418, hoy 20.500, y está reconocida por la propia municipalidad y por el ministerio del Deporte, siendo su objetivo primordial la entrega de condiciones óptimas para aprovechar el tiempo libre a través del deporte y la recreación, dirigido a los niños, jóvenes, adultos mayores y la comunidad en general, como medio para elevar el nivel participativo en las personas : así se conocen, se relacionan y por ende se sienten parte de la gran familia sanmiguelina.

Durante la época de la dictadura militar existió la posibilidad cierta de que el club fuera utilizado como un reducto de Cema Chile de “propiedad” de doña Lucía y para tal efecto ese gobierno hizo lo necesario para que ello fuera una realidad. Obviamente, a pesar de las circunstancias extremas en que se actuaba en aquel entonces, esa acción fue resistida por el club y por la comunidad organizada, de tal forma que la esposa del dictador no pudo llevar a cabo su proyecto de despojo a los vecinos.

Para evitar una repetición de tal intento, el 20 de Noviembre de 2014 esa institución deportiva ciudadana presentó ante la Seremi de Bienes Nacionales, una solicitud de concesión del terreno, con la correspondiente cláusula modal, ello con el propósito de administrar de mejor forma sus actividades, las que se han estado realizando ininterrumpidamente desde hace 74 años. La función pública del gobierno central envió los antecedentes al director de obras municipales para que éste se pronunciara al respecto.

Los directivos del club se han relacionado fluidamente, desde hace unos 10 meses, con los todos los concejales y con el propio alcalde Julio Palestro para tratar el tema de la futura concesión y en tal sentido estamos seguros de que prosperará tan loable idea que busca afianzar la limpia historia del club. Es interesante destacar que en las habituales actividades que allí se desarrollan no se toca el tema político contingente, a pesar de las legítimas diversidades de opiniones, asunto que, suponemos, ha sido constatado por las autoridades municipales.

Dado que esa comuna en el último tiempo ha tenido un fuerte crecimiento inmobiliario, 100% edificios habitacionales en altura, cero construcción de viviendas unifamiliares, lo que se traduce en mayor cantidad de residentes, al club le interesa que estos nuevos vecinos salgan de sus encerrados y pequeños departamentos, relacionándose directamente con las sanas actividades deportivas y recreacionales. Así se producirá en forma natural la interacción entre la tercera edad, la infancia y los jóvenes.

Finalmente, conforme a información recabada, en el año 1967 la Cámara de Diputados autorizó a la Municipalidad de San Miguel el traspaso de ese predio al fisco para facilitar las funciones del club, lo que, por diferentes razones, nunca se materializó.

En cambio, hoy en día el escenario es propicio y como la última palabra la tendrá Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, miembro del Partido Izquierda Ciudadana, le hacemos un llamado para que la tramitación administrativa de la concesión sea lo más pronto posible.

Posteriormente, mientras ya se iniciaba la construcción, se modificó el proyecto y por arte de magia se aumentaron los estacionamientos a 317 unidades, guarismo que sí exigía un EISTU, el que fue oportunamente aprobado por el Seremi de Transportes. En razón a que el proyecto ya era más voluminoso, se le consideró equipamiento mediano, conforme lo dispone la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), motivo por el cual debía enfrentar obligatoriamente una vialidad de mayor jerarquía que la local Constitución. Pero como era de mal gusto que un funcionario del Estado contradijera a tan influyente actor inmobiliario, la oficina técnica municipal miró para el lado y cursó sin más trámites los permisos.

Los arquitectos del proyecto son de nacionalidad argentina y no sabemos si cuentan con las autorizaciones de rigor para firmar planos y documentos en nuestro país. Al ser extranjeros no tenían por qué conocer al dedillo los marcos regulatorios nacionales y esta podría ser la razón por la cual ellos creían que el lucrativo proyecto del Fondo de Inversión Cimenta se podía emplazar en una vía no idónea. En todo caso, quien sí tenía la obligación de hacer bien su pega fue la arquitecta revisora independiente, la que temerariamente convalidó toda la tramitación administrativa al interior de la DOM de Providencia.

Los vecinos del barrio Bellavista, afectados por las ilegalidades, liderados por la periodista Josefina Vial y por las arquitectas Bárbara Córdoba y María Inés Arribas, conjuntamente con la Fundación Defendamos la Ciudad, a sabiendas que todo el proceso era trucho se lo representaron por escrito al arquitecto titular de la DOM, sin que éste atinara a rectificar.

La experiencia nos indica que el arquitecto que lidera esa oficina técnica municipal se considera autónomo, posiblemente porque lleva infinidad de años ejerciendo el cargo “interpretando” la ley según su parecer. Así las cosas y como la edificación irregular no se paralizaba fue necesario entregar los antecedentes ante la Contraloría General de la República y ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo para que éstos servicios públicos exigieran el cumplimiento de la ley.

En ORD. Nº 3641 del 6 de agosto de 2015 dicho Seremi se dirigió al Director de Obras con copia al Seremi de Transportes, a la Inmobiliaria Parque Tres S.A. filial del Fondo de Inversión Cimenta, a los despistados y cándidos arquitectos del proyecto, a la Fundación Defendamos la Ciudad, a los vecinos denunciantes y a la arquitecta revisora independiente, quien no supo ejercer su delicado rol. En ese oficio se describe una seguidilla de “errores” cometidos por los interesados y funcionarios públicos, concluyéndose que el proyecto inmobiliario que contemplaba una carga de ocupación para 1.944 personas se deberá reducir sustancialmente a uno que considere solo un máximo de 250 personas.

Entre otras cosas, teniéndose en cuenta que los “revisores independientes”, según la legislación ad hoc, son profesionales competentes que verifican e informan a los Directores de Obras que en los proyectos en donde han sido contratados se han cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias, lo que no ocurrió en este caso, a la revisora que intervino en este episodio se le iniciará un procedimiento sancionatorio a la luz de la Ley Nº 20.071 sobre Registro Nacional de Revisores Independientes. Es posible que esta profesional no siga desempeñándose como tal pues también cometió el desaguisado de informar favorablemente un proyecto de equipamiento, conocido como mall en Copiapó, el que, por alta su carga de ocupación, tampoco enfrentaba el tipo de vía exigido en la OGUC.

Asimismo en el mencionado ORD. Nº 3641 se dejó en evidencia que los “equivocados” Certificados de Informaciones Previas necesarios para iniciar el negocio no se ajustaron a derecho, motivo por el cual los mismos no generan derechos adquiridos para el titular de la inversión.

Sobre este asunto, el Seremi le expresó al Director de Obras que “debía rectificarlos manteniendo la fecha de su emisión de manera que tales documentos informen correctamente la clasificación de la calle Constitución, vale decir, como vía local”. No compartimos esta resolución del Seremi porque si esos Certificados de Informaciones Previas se cursaron con “errores” fue para posibilitar la simulación que viabilizaba la operación de construir un equipamiento singular en una vía que no lo acepta. Quien firma esta columna sostiene que estamos ante documentos públicos con información falsa y ya sabemos lo que ello significa.

Es más, el Seremi de Transporte aprobó el Estudio de Impacto Sobre el Transporte Urbano (EISTU) para tal proyecto con unos de esos Certificados “inexactos” y por ello él tendrá que explicar cuál es la razón que sustenta su negativa a invalidar dicho Estudio, atendida cuenta que tiene desde hace tiempo pleno conocimiento del deplorable hecho.

Por otro lado, el Seremi de Vivienda y Urbanismo le expresó al Director de Obras que, como consecuencia de las tantas contravenciones detectadas, tal como lo dice el artículo 15º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se vio en la necesidad de solicitarle a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo, cuyo resultado, decimos nosotros, se conocerá en unos cuantos años más, cuando las ilegalidades ya estén prescritas.

En resumen, el Seremi de Vivienda y Urbanismo acogió las responsables acusaciones ciudadanas ejerciendo adecuadamente su tarea de supervigilar y fiscalizar a la Dirección de Obras de Providencia, lo que significa la reducción del volumen del edificio y por ello constatamos con satisfacción que están produciendo efectos los llamados de la presidenta Bachelet en tal sentido, lo cual es un positivo avance que destacamos.