Lamentablemente hoy, confirmo la crudeza de esa desidia, cuando leo en la prensa que a la sesión del lunes 9 de noviembre de la Comisión de Derechos de la Niñez de la cámara baja, de trece diputados ha asistido sólo uno a la totalidad de la sesión. Ni siquiera el presidente de la comisión Ramón Farías ha estado presente. Ese único diputado que escuchó a todos los presentes, dice la nota que leo, lo hizo obligado por ir en reemplazo del mismo Farías.

A la comisión estaban invitadas distintas organizaciones de la sociedad civil que presentarías sus posiciones respecto de un tema que les es particularmente sensible, iban a ser escuchadas. Oídas en estas reducidas formas de participación que ofrece el Estado a sus ciudadanos a la hora de tomar decisiones. Pero observamos que, más allá de las explicaciones que unas y otros pudieran argüir, las prioridades son siempre otras.

Porque la deuda con la infancia y con los miles de niños y niñas que han sido víctimas de una política discriminadora, violenta y miserable, donde el castigo y el encierro han sido las herramientas privilegiadas y el control social de la infancia pobre ha sido el principal -si no único- objetivo, no cuenta. Esa deuda transgeneracional sigue ahí y se encarna en la prescindencia estatal en  la efectividad y garantía de derechos, en los oídos sordos, las manos amarradas y las voluntades doblegadas.

En estos años, sólo hemos visto el interés de los políticos en los niños y niñas, cuando el impacto mediático es lo suficientemente sonoro como para llegar a escucharlo. Esos son los casos emblemáticos del SENAME, que mezclan crónica policial con abandono y que más que visibilizar las condiciones de vida de esos niños y niñas, inoculan un horror ciudadano frente a la infancia desatada. Son el Cisarro, el Tila o los niños de la red de explotación sexual infantil de Plaza de Armas sobre los que se tendió un manto de olvido.

Los niños y niñas que  no existen para el Estado y la sociedad si no es a través de las fantasmagóricas imágenes del abandono, la explotación, el maltrato y el abuso. Y aún entonces, a lo único que se puede echar mano es  a un SENAME que apenas se sostiene en el híbrido que se creó al querer modernizarlo, obviando que en su propia producción estaba inscrita la única acción que le era posible: el control. Nada de eso importa.

No importan esos íconos mediáticos, mucho menos los niños y niñas que salen con sus mochilas al centro a pedir por una educación pública, los que buscan crear, pensar y actuar libremente, los que llenan plazas haciendo malabares, los que responden el SIMCE a regañadientes o nuestros propios hijos.

Cómo confiar en el destino de un proyecto, que ya desde su publicación nos ha parecido mínimo y pobre. Cómo creer que será posible la discusión y el debate social abierto. Cómo imaginar la aplicación práctica de lo que será la política de infancia, si esta inercia sólo refuerza el abismo insondable que existe entre la “Urgencia” del proyecto que impone el ejecutivo y el marasmo en el que están sumidos los parlamentarios.

Hay algo en el modo de relación del Estado con la infancia que pareciera indicar en todo momento que los niños y niñas de nuestro país son -en alguna medida- insignificantes. No existe conciencia de la necesidad de reparar ese daño profundo que se les ha infringido -a conciencia- durante ya casi un siglo.

Junto al manido slogan de que los niños son el futuro de Chile, los hemos condenado a un presente de vacíos y negaciones. La única forma que imagino para avanzar, es reconocer esta crueldad, para  luego abandonar la profunda indolencia que ha caracterizado las relaciones de nuestro Estado con los niños y niñas.

Y es cierto, no podemos celebrar como lo habríamos hecho hace 25 ó 15 años atrás, pero aún así, para quienes esperamos que los gobiernos de la Concertación se tomaran en serio los derechos de los niños y niñas (y nos desilusionamos cada vez que abortaron los pequeños amagos de cambios legislativos), el que hoy exista la posibilidad de debatir acerca del lugar que niños y niñas tienen en nuestra sociedad, nos parece lo más generoso que se ha ofrecido últimamente.

El marco normativo propuesto representa una posibilidad, aún con las resistencias propias de un país al que le cuesta mirarse honestamente a sí mismo y reconocerse en sus múltiples inequidades y violencias cotidianas. Es una posibilidad de abandonar la indolencia que ha caracterizado la relación con los niños y niñas, bajo las banderas de la democracia.

El proyecto de ley presentado recientemente es fiel a aquel ordenamiento, que construido al alero de Naciones Unidas, definió a fines del siglo pasado un universal de niñez, donde en un lenguaje de derechos aparecen exaltadas las necesidades de provisión y protección, por sobre la expresión de la subjetividad infantil, la participación y la cuestión de la autonomía.  Pero el proyecto no se ocupa de la concepción de infancia que lleva a la base, ni porta en sí mismo un consenso social respecto de la condición y estatuto de los niños y niñas de nuestro país. No, porque ese es un debate que no se ha dado.

Hoy, en medio de realidades complejas y un mundo agitado por  la necesidad de pronunciarse más allá del individuo y el espacio privado, se abre esta oportunidad de pensar e interrogarse por el horizonte que como sociedad nos planteamos para los niños y niñas de nuestro país.

El articulado del proyecto en lo declarativo, avanza en abrirnos hacia la concepción de un niño y niña, que ya no serán considerados como objetos de políticas sociales focalizadas, sino como sujetos de derechos.

Sin embargo, al mismo tiempo nos dibuja una niñez que se construye desde los espacios que le debieran ser naturales, partiendo por poner a la familia como epicentro de su vida y su mejor desarrollo. Así, junto a ella, la escuela, el Estado y los órganos administrativos aparecen como deliberativos y resolutivos, con la potestad de considerar y ponderar el interés superior del niño, y con la capacidad de -no queda claro cómo- desentrañar su opinión. Nada dice del sujeto, más allá de su estatuto jurídico.

Al contrario, los niños aparecen atados forzosamente a las mismas instituciones responsables de la producción y reproducción de un orden social que determina sus condiciones de subordinación. Entonces el niño o niña que asoma en la lectura del proyecto, queda sometido a conceptos que lo reducen a conceptos como la identidad o la madurez.

Cuestiones que se plantean como herramientas que permitirían dilucidar al mundo adulto sobre la mejor decisión en casos concretos, pero que desde el punto de vista de las condiciones de existencia de los niños y niñas, poco pueden decir de sus deseos, sentimientos, estado emocional o de sus necesidades más complejas.

Los niños no sólo tienen una opinión que arrancar, poseen sabiduría y experiencia acerca de su mundo interno y también de su mundo relacional, afectivo y social. La pregunta es si eso posee un valor social en la actualidad y si estamos dispuestos a asumir el desafío de incluirlo a la hora de pensar en derechos, en políticas públicas y en intervenir.

La reducción de la experiencia infantil, no está dada sólo por la ausencia de definiciones, sino que especialmente por las preguntas que no hemos debatido como sociedad. En ese silencio, el espacio de la subjetividad de niños y niñas ha ido quedando reducido a lo que el mundo adulto puede ofrecer como formulación de su experiencia, una traducción, una interpretación que se supone universal y buena per se.

Los constructos psicológicos explicativos de la vida infantil -elementos que estarían a la base de su interés superior- aparecen asociados a una visión restrictiva de la participación, la que queda reducida a una relación funcional con las instituciones, como si no fuera posible aún reconocer al niño y a la niña como agentes activos, capaces de participar en la vida social de maneras que pudieran servir a la expansión de sus posibilidades, a la liberación de fuerzas que les oprimen o a la transformación de su entorno.

El horizonte que se les ofrece a los niños y niñas entonces, es uno que por la vía lineal se conduce hacia la vida futura como sinónimo de mayor y mejor desarrollo, en desmedro del bienestar de  la vida presente.

¿Qué sucede con la complejidad de la existencia de los niños y niñas hoy, en una experiencia que no es un mero tránsito entre estados, sino el único presente posible?

¿O perdemos esas experiencias subjetivas actuales en medio de prescripciones morales, construcción de roles, adquisición de habilidades cognitivas y emocionales y todo aquello de lo que deben dar cuenta niños y niñas, para dar garantía de un desarrollo pleno y -entonces sí- un estatus de persona completa? La pregunta del presente está íntimamente relacionada con la pregunta por el horizonte, toda vez que ambas suponen detrás una idea de sujeto.

La subjetividad de aquellos niños y niñas que por arte de la ley quedan denominados sujetos, no puede reducirse a la condición de portador de derechos. Los niños y niñas están hoy sometidos a las fuerzas sociales, a la disputa en diversos campos como el género, la clase y por supuesto, la edad, a la constitución de una individualidad construida en un entramado social complejo. ¿Cómo otorgarles reconocimiento, asomándose  a sus experiencias más allá de la representación como sujetos dependientes e incompletos?

Las preguntas posibles de este debate -que no hemos tenido- son infinitas. Sin embargo, algunas me rondan como fundamentales.

¿De qué manera la pregunta por la subjetividad de los niños y niñas puede abrir un espacio para pensar en nuevas y más diversas formas de relación en la vida social?

¿Cómo visibilizar ese ser en el mundo de niños y niñas, como una experiencia que trasciende a  sus padres y a las instituciones con las que se relacionan, más allá de los preceptos de la sociedad adulta?

¿De qué manera entregarle a la experiencia infantil y su sabiduría, un estatuto de legitimidad? Son grandes preguntas para enormes desafíos y quizás son ellos, los propios niños y niñas, quienes mejor pueden responderlas.

Si bien es cierto han existido avances legislativos que tienen como externalidad proteger los derechos de los niños, la verdad es que -desde hace 25 años- la única ley que los gobierna en el sentido de sus derechos, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño que en virtud del artículo 5° de la Constitución Política de la República, tiene rango de ley en nuestro país.

En Chile no sólo no existe una legislación nacional dirigida a la protección de derechos, sino que tampoco ha habido un debate social abierto al respecto. Los gobiernos de la Concertación han decidido abordar este tema en comisiones de expertos que se han conformado con el “concurso de agencias” que trabajan con niños y niñas, especialistas y hasta figuras públicas. No ha sido la sociedad la que se ha abierto hacia la consideración de los niños y niñas como sujetos ni a la problematización acerca de su estatus social.

Más allá de toda consideración y buena intención, la situación de la infancia se aborda desde el sentido común más primitivo.

Hace 25 años atrás, la Convención se planteó como vía liberadora del paradigma de la situación irregular que dominaba las legislaciones de infancia en los países de la zona y en el que predominaba el control/protección de lo que fue llamada la infancia abandonada moral y materialmente, es decir, la infancia pobre.

Quizás entonces, en los 90, cuando recién empezábamos a vivir libres del yugo militar, la Convención venía a cumplir con el sueño de un país donde todos y todas estuvieran incluidos, venía a alimentar el deseo de la restitución de derechos, por tanto tiempo y tan violentamente conculcados. Pero el mundo siguió girando y las preguntas se fueron desplazando más allá de los contenidos de dicha Convención.

Las preguntas acerca del estatus de sujeto, la cuestión de la autonomía, los límites de la protección, la relación del niño y niña con la sociedad, en medio de las relaciones generacionales e intergeneracionales, familiares y no familiares, no son cuestiones resueltas, no son triviales, son preguntas vivas, contingentes hoy y que el articulado de la Convención está lejos de responder en su profundidad y complejidad.

La ratificación de la Convención de los Derechos del Niño ha tenido, a la larga,  un efecto oscurecedor, porque por la vía de reformas incompletas y en completa ausencia de debate social acerca de un nuevo marco normativo – reformar como por ejemplo la del SENAME o la creación de múltiples articulados que fragmentan la condición de los niños y niñas, como los tribunales de familia o la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se ha generado la ilusión de un país que pone a los niños y niñas en el estatuto socio-jurídico de sujetos de derecho.

Pero la simple repetición de los derechos y su memorización, no es garantía de niños y niñas integrados socialmente como agentes sociales activos, creciendo protegidos. El mentado enfoque de derechos, fue instituido, sin digerir, en todas las esferas del Estado. En pleno siglo XXI, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y su paradigma de la protección integral, se volvió un slogan vacío en los servicios y ministerios de nuestro país.

Entonces parece razonable que se nos permita, luego de un cuarto de siglo, mirar con distancia el orden normativo que provee la Convención, aún reconociendo lo que décadas atrás significó este instrumento internacional y la importancia que tiene como marco regulatorio general, en términos de posicionar una mirada de los niños y niñas como titulares de derechos.

Podemos entonces a la luz de este debate, tan largamente postergado, poner en duda su valor de parámetro universal único, observar sus limitaciones al ser un instrumento general, un ordenamiento abstracto de derechos, que surge disociado de las prácticas de los sujetos, con un carácter ahistórico y descontextualizado.

Una Ley de protección a la Infancia merece, en cambio, un debate abierto, como lo han tenido en el último tiempo el Acuerdo de Vida en Común, La ley de Aborto o la Ley de Adopción.

El peligro de  dormirse en el sueño idealizado de los derechos universales, es privarse de preguntas, dejar de pensar situadamente a los niños y niñas, no iniciar los debates necesarios acerca de qué sociedad nos imaginamos para el futuro y qué lugar ocuparían- ellos ahí.  Los niños y niñas de nuestro país, merecen ser incluidos no sólo como titulares de derecho, sino como sujetos sociales viviendo en el mundo, al menos en este pedazo de mundo que llamamos país.