Al parecer no ha sido fácil transferir a las y los parlamentarios la importancia que reviste el legislar en torno a un marco jurídico que permita la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, respetando el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, como existió hasta el año 1989 en nuestro Código Sanitario. Norma que, siempre es bueno recordar, fue derogada por las leyes de amarre de la dictadura pinochetista.

El seis de septiembre del año pasado, la comisión de salud del Senado aprobó la idea de legislar tres proyectos que hacen referencia al derecho que tenemos las mujeres chilenas a optar por la interrupción legal del embarazo en ciertas circunstancias. La idea de legislar sobre dichos proyectos, se encuentra a la espera de ser votada en la Sala de la Cámara Alta, habiéndose pospuesto en dos oportunidades.

El aborto terapéutico y/o interrupción legal del embarazo debe considerarse aplicable en nuestro país. De hecho, son numerosos los estudios y análisis que muestran la inviabilidad de algunos embarazos que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Su prohibición constituye un grave problema de salud pública y su penalización, una violación a los derechos humanos de las mujeres y de injusticia social, pues son las más pobres quienes se ven mayormente afectadas cuando deben llegar a término con un embarazo que pone en riesgo su salud física y psicológica.

El Estado Chileno debe hacerse cargo de esta situación y avanzar en una legislación justa, que legalice la interrupción legal del embarazo, al menos por las tres causales que incluyen estos proyectos de ley: enfermedad grave de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y embarazo como consecuencia de una violación.

Diversas encuestas revelan que somos mayoría las y los ciudadanos de este país que queremos que este tema sea discutido y que deseamos que nuestros congresistas se pronuncien a través de una ley, que repare la situación legislativa de los últimos 22 años que ha afectado a miles de mujeres chilenas.

Espero, por lo tanto, que las y los honorables senadores tomen conciencia de que su rol es legislar mirando la posición de la ciudadanía que representan y no sus posturas religiosas personales y que favorezca con su voto la idea de legislar, en torno a los proyectos señalados, permitiendo así avanzar en un debate amplio y ciudadano.

La sola argumentación al momento de la votación en la sala resulta insuficiente e inhibe un verdadero debate, es decir, deseo confiar en que abra el debate y que no lo cierre cuando recién comienza.

De rechazarse la idea de legislar mi esperanza se traslada a una ciudadanía, especialmente a las mujeres chilenas, que no debería olvidar que nuevamente sus representantes le dieron una bofetada donde más duele: en la defensa de sus derechos.

Durante estos años de (no) debate el texto original ha sufrido una serie de modificaciones, que han tenido como resultado la restricción del sentido amplio de reconocimiento y protección del fenómeno de la discriminación en que debería basarse una legislación moderna y de calidad.

El consenso internacional en materia de derechos humanos considera de suma importancia que las legislaciones de los países aseguren la igualdad de trato, incluyendo las categorías de clase, raza, etnia y origen, y crecientemente, orientación sexual, género, identidad.

Por su parte, los mecanismos de seguimiento de derechos humanos de la ONU han defendido el goce universal de los derechos humanos y la total inclusión en ellos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género u otra característica.

En este sentido, los Principios de Yogyakarta han orientado el camino permitiendo el desarrollo positivo del derecho internacional y proporcionando la claridad en cuanto a las acciones que es necesario tomar con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género.

Hoy es urgente avanzar en un marco legal que integre la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, corresponda o no al sexo asignado al momento de nacer, incluida la vivencia del cuerpo (que puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Quienes llevamos años trabajando por los derechos de las mujeres y de las comunidades que han sido históricamente discriminadas, es decir, por una sociedad con justicia social, celebramos que las y los senadores chilenos aprobaran una Ley Contra la Discriminación integrando los ya mencionados Principios de Yogyakarta, en especial los conceptos de orientación sexual e identidad de género.

Por otra parte, no podemos menos que solicitar a las y los diputados el perfeccionamiento de dicho texto, reponiendo por ejemplo la obligación del Estado de generar acciones positivas que prevengan y resguarden el accionar de hechos discriminatorios o la ampliación del plazo para presentar la acción judicial por un acto considerado de discriminación, actualmente cifrado sólo en 30 días.

Para que situaciones como las que se vivieron durante la votación en las graderías del Senado, en que comunidades cristianas evangélicas insultaron y amenazaron con las penas del infierno a los legisladores y en especial a las Senadoras, no vuelvan a suceder, requerimos urgentemente contar con una Ley contra la Discriminación efectiva y de calidad.

Por primera vez para quienes estamos convencidas/os de la necesidad de más mujeres en la política, existía la posibilidad de que una mujer ocupara el más alto cargo al que puede acceder un ciudadano/a en el país.

Más de cinco años han pasado desde aquella fiesta y el escenario ha cambiado bastante, y no me refiero sólo al termino de la paridad de género ministerial que había instaurado Bachelet en contraste con el 18% de mujeres que mantiene el Presidente Piñera en su Gobierno, sino especialmente a la inclusión de mujeres en postulación a cargos de elección popular por parte de los Partidos Políticos Chilenos.

¿Qué sucede que las instituciones políticas que deberían representar a la diversidad de la población insisten en excluir a más de la mitad de ésta?

Cuando les hacemos esta pregunta a los presidentes de los partidos políticos suelen contestar que son ellas mismas las que se excluyen, o que presiden partidos tan antiguos que sus estructuras son muy difíciles de modificar o que no es necesaria la participación de más mujeres ya que sus idearios incluyen sus demandas y los hombres también pueden representarlas.

Detengámonos un momento en la última respuesta: en teoría tanto un hombre o una mujer deberían poder defender o “jugársela” por los idearios de un partido político, pero cuando hablamos de las demandas específicas de las mujeres, la realidad nos muestra otra cosa.

Basta mirar lo difícil que fue la discusión en el Congreso para instaurar el divorcio vincular en Chile o la ley contra la violencia doméstica, o el nulo avance en 20 años en cuanto a la despenalización del aborto.

Si nos vamos a la arena interna y ponemos atención a los procesos de discusión dentro de los partidos, los llamados “temas de mujeres” siguen instalados en secretarías o vicepresidencias y no logran ser transversalizados, ni tomados en cuenta como temas tan importantes como la necesaria rearticulación de fuerzas políticas, “la urgencia es otra, compañera”.

Ante esta realidad cabe esperar que un Movimiento de Mujeres fuerte y articulado pueda exigir la inclusión de sus demandas en las agendas partidarias, y he aquí uno de los grandes desafíos para las actuales organizaciones de mujeres cargadas de una fuerte “sospecha” contra los partidos políticos que no dista mucho de la de los otros movimientos sociales ante instituciones que cooptaron sus discursos, restringieron sus demandas en “la medida de lo posible” y se distanciaron política y emocionalmente del quehacer social.

Para avanzar en una democracia que de veras represente el sentir y las necesidades de la ciudadanía, es preciso que confluyan las demandas de los movimientos sociales, en este caso de mujeres y los partidos políticos.

Las preguntas son:

¿Esperamos cambios en la institucionalidad?

¿Nos quedamos sólo con la voluntad política?

¿O quizás vamos con ambas?, algo así como caminar y mascar chicle.