El impuesto específico a los combustibles afecta de manera importante a la clase media de nuestro país.

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Jaime Guzmán, el 79% de la población siente que este impuesto afecta su situación económica, percepción que es más alta en nuestra clase media. Esto no puede ser de otra forma si consideramos que para ese grupo el gasto en bencina significa un 11% de sus ingresos, mientras que para el quintil más alto sólo representa el 2,7%.

Evidentemente las familias de más altos ingresos, que en su mayoría tiene al menos un automóvil, tiene un consumo mayor de gasolina que una familia de clase media, pero no podemos comparar lo que significa para una familia que gana 600 mil pesos un gasto de $70.000 en bencina, versus una familia con ingresos de más de un millón de pesos.

Por favor no nos engañemos, para la familia de clase media, que es la más desprotegida en nuestro país, ese gasto es relevante en su presupuesto mensual.

Por otra parte, al hacer este análisis no podemos seguir utilizando datos de hace 5 años.

Nuestra economía ha cambiado y vemos que nuestra clase media accede a una mayor cantidad de bienes y servicios, entre ellos el automóvil, porque en nuestro país tener un auto ya no es un lujo.

Así lo demuestra los datos entregados en septiembre del año 2011 por la Asociación Nacional Automotriz de Chile: los vehículos a los que accede la clase media representan el 45% del mercado, segmento que ha crecido en un 30% durante el año 2011.

Esto se ve reflejado en un estudio realizado por Adimark que señala que el 80% de los grupos familiares con ingresos mensuales de un millón de pesos y el 45% de las familias con un ingreso promedio de 700 mil pesos tienen un vehículo.

Es importante recordar que este impuesto no fue creado con una función redistributiva y tampoco como una forma de paliar las externalidades negativas que origina el uso de vehículos motorizados.

Este impuesto surge en 1985 luego del terremoto que afectara nuestro país, y tuvo por objeto financiar la reparación de la infraestructura pública destruida. Inicialmente este impuesto era de 2 UTM por metro cúbico de bencina y 1,5 UTM por metro cúbico de diesel.

Sin embargo, pese a que la infraestructura fue repuesta y que hoy la mayoría de nuestras carreteras son concesionadas, este impuesto no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado en el caso de la bencina a 6 UTM por metro cúbico, lo cual es absolutamente contradictorio.

Hay quienes buscan sustentar la mantención e incluso el alza a este impuesto por los múltiples costos sociales que conlleva el uso de los vehículos, como lo es la contaminación y la congestión vehicular.

Sin embargo, esto es injusto para todas aquellas personas que viven en lugares donde no hay contaminación o congestión, ¿por qué tendrían que pagar ellos un impuesto específico por una realidad que no es la de ellos?

Además, la congestión no es una externalidad generada por la bencina, sino que se debe a la insuficiente infraestructura vial y el creciente parque automotriz de nuestro país.

Tampoco es correcto recurrir a la contaminación que provoca el uso del automóvil toda vez que, al año 2010, el 86% del parque automotriz correspondía a vehículos motorizados que usan convertidor catalítico –menos contaminantes-, lo que en la Región Metropolitana equivale al 93,7% de los vehículos.

Por lo demás, las autoridades ambientales han señalado que la contaminación de Santiago y otras grandes ciudades se debe al uso de la leña y a las industrias que funcionan en ellas.

Para reducir la contaminación y la congestión existen otras medidas mucho más efectivas y que abordan en concreto el problema que se trata de resolver.

Así, se podrían impulsar los impuestos verdes, y mejorar el transporte público. Sabemos que extender la red de metro disminuye el uso del automóvil. ¿Por qué no avanzar más en una solución como esta que, además, mejoraría sustancialmente la vida de muchas personas?

Tengo la convicción que la reducción o eliminación del impuesto específico a los combustibles tendrá un impacto importante y directo en los bolsillos de la clase media de nuestro país. Avanzar en esto ayudaría a ser de Chile un país más justo.

Al igual que en nuestras familias, el presupuesto de nuestro país es limitado y por ello es necesario hacerse la pregunta en qué debemos gastar.

Evidentemente, lo primero que debemos hacer es cubrir nuestras necesidades más básicas, pero lo que ha ocurrido en nuestro país es que empezamos a cuestionar cuál es el mínimo que el Estado debiese garantizar.

Esta discusión es válida y necesaria porque nuestros estándares han cambiado producto del desarrollo que hemos alcanzado como país. Por supuesto que necesitamos hacer mucho más en pobreza, salud, vivienda y educación, pero en cada uno de estos ámbitos también hay que priorizar. La pregunta es en qué.

Aquí es donde yo creo que nos hemos perdido. Las movilizaciones sociales nos dan luces de dónde hay necesidades que no están siendo satisfechas y debemos poner atención a ellas.

El rol que estas movilizaciones han desempeñado en el mundo es indesmentible y nos han hecho avanzar en temas tan relevantes como la esclavitud, la discriminación racial, religiosa y de género y también nos han hecho tomar más conciencia de los derechos humanos que se vulneran hasta el día de hoy en distintas partes del planeta.

Sin embargo, no hay que perder de vista que hay quienes no marchan y cuyas necesidades son tan o más importantes que las que están en la portada de los diarios.

En este sentido, reconociendo que hay que hacer un esfuerzo mayor en educación, el cuestionamiento que debemos hacernos, es dónde es más rentable socialmente invertir ese dinero.

La educación técnica y universitaria facilita la movilidad social y permite acceder a un estándar mejor de vida, por ello es importante fortalecerla y garantizar el acceso a ella a las personas que, teniendo el interés y las capacidades, no puedan ingresar por falta de recursos.

Pero, el salto a la gratuidad, como algunos han postulado, implicaría una inyección de recursos mucho mayor, los que, desde mi perspectiva, debiesen ser invertidos en algo de mayor rentabilidad social como lo es la educación preescolar, donde efectivamente puedes hacer una diferencia.

Este cuestionamiento no sólo existe en el ámbito educacional. En términos generales, nuestro país tiene que escoger dónde va a invertir más.

Me preocupa enormemente que hay sectores de nuestra sociedad que permanentemente están siendo postergados: discapacitados, adultos mayores y niños.

Me resulta injustificable la lista de espera que existe para que más de 6 mil niños que han sido vulnerados en sus derechos sean ingresados a los programas del Sename, que en muchos hogares estén expuestos a los mismos abusos de los cuales fueron protegidos porque al no haber suficientes cupos se mezclan niños con problemas delictuales con niños abusados, maltratados y abandonados.

No tienen tratamiento psiquiátrico, ni psicológico, y tampoco hay suficientes programas de rehabilitación por drogas o alcohol. Invertir en sacar adelante a estos niños vulnerados no sólo es de una alta rentabilidad social, sino que también es un deber en miras a la sociedad que queremos construir a futuro.

Las necesidades de nuestro país son muchas y los recursos limitados. Cuando hablamos de formar una sociedad inclusiva e integradora, no sólo estamos hablando de terminar con la desigualdad, sino que también de incorporar a las distintas personas que integran nuestra sociedad.

Chile somos todos, y eso no debemos olvidarlo.

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, que cubre las tres comunas del distrito que represento, lleva mucho tiempo trabajando de forma deficiente y ha perjudicado la calidad de vida de una gran cantidad de habitantes de esas comunas.

Ya es tiempo que se tomen cartas en el asunto y se mejore la calidad del servicio de manera urgente.

SMAPA es una empresa gestionada desde el municipio que ha venido mostrando deficiencias en su gestión desde hace muchos años.

Esto, ha provocado que, hoy, los habitantes de Maipú y Cerrillos deban sufrir por la falta de presión que les impide usar las duchas en ciertos horarios, por las filtraciones de agua en sus casas y en las calles, altas concentraciones de sarro y presencia de nitratos en el agua.

No resulta comprensible que los vecinos reciban esta mala calidad en el servicio de agua potable por el atraso en la ejecución del plan de inversiones que a la empresa le corresponde hacer, menos aún, cuando la tarifa incluye un cobro para que estas obras se realicen.

Por eso, estamos decididos a llevar este problema a todas las instancias necesarias.

Como diputada, y desde el rol fiscalizador que me corresponde, he oficiado a diferentes organismos a fin de que se fiscalice y se informe respecto a la calidad del servicio de agua potable que están recibiendo los vecinos.

Así, la Superintendencia de Servicios Sanitarios nos ha señalado que en reiteradas ocasiones aplicó multas a Smapa, la última por un monto de 15 millones de pesos.

¿Cómo va a ser justo que ese dinero de la municipalidad se destine a una multa y no a resolver los problemas de los vecinos?

Sabemos, porque nos hemos reunido con muchos de ellos, que este problema está presente desde hace un par de años y que no ha tenido respuesta por parte de la autoridad correspondiente.

Las personas no sólo están cansadas por el tema del agua, también están cansadas de no ser escuchadas por las autoridades que dicen representarlas. Estas conductas van en perjuicio de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad política, porque afectan la credibilidad de quienes hacen un trabajo honesto y dedicado, orientado al servicio público.

La existencia de “indignados” en nuestra sociedad, es algo que no puede sorprendernos cuando cosas así ocurren.

Junto al senador Jovino Novoa, no daremos respiro.

Seguiremos oficiando y pidiendo información a las distintas instituciones que fiscalizan la labor de Smapa.

Además, solicitaremos a la Contraloría General de la República que investigue los problemas de gestión de la empresa municipal, las razones que impiden entregar un buen servicio a la comunidad y que determine las responsabilidades que caben frente a esta situación.

Nuestros vecinos no pueden seguir esperando, por eso creo fundamental que las instituciones que tienen alguna injerencia en esto deben tomar cartas en el asunto, desde el ámbito en que les toca actuar.

Yo, como diputada, no permitiré que este problema lo vuelvan a meter debajo de la alfombra. Nuestra gente no se lo merece.