No obstante, esto no fue el fin de la historia como propugnaba Fukuyama, ni la victoria del capitalismo que se impuso en todos los países. Salvo los regímenes políticos que ya traían el socialismo desde la Guerra Fría y la emergencia del Socialismo del siglo XXI, el resto de países –salvo excepciones– tampoco aplicaron el neoliberalismo a rajatabla, el mundo se llenó de tonalidades donde la tercera vía se fue imponiendo a través del Estado de bienestar en Europa, el modelo nórdico de bienestar y la economía social y ecológica de mercado.

El caso chileno difícilmente puede ser encasillado como una tercera vía, la dictadura y los Chicago boys nos impusieron vivir en un modelo neoliberal y la Concertación, que nació como hija del clivaje de la dictadura, no hizo más que administrar el modelo y modernizar el país bajo el contexto de condiciones institucionales adversas que impedían realizar cambios profundos, no hay frase más adecuada para este tiempo que la realizada por el Ex Presidente Patricio Aylwin, los avances se hacían “en la medida de lo posible”. El “chilean way” del ex Presidente Sebastián Piñera no es más que un espejismo frente a la realidad, porque la vía chilena nada tiene de chilena.

El agotamiento del proyecto político concertacionista hace surgir a la Nueva Mayoría, que no es la caricatura de la Unidad Popular más la Democracia Cristiana. La Nueva Mayoría no es la mezcla de la “revolución en libertad” y de la “vía chilena al socialismo”, que por cierto, ambas tenían medidas mucho más radicales a su tiempo de lo que propone hoy la Nueva Mayoría.

La que propone la Nueva Mayoría finalmente es construir un proyecto de país donde exista dignidad en la vida de los ciudadanos, construir un modelo de Estado social y democrático de derechos, aprendiendo de las fortalezas y las debilidades de los modelos que ya existen en el mundo. Este es sí que es el verdadero “the chilean way” porque no se trata de trasplantar cosas ya hechas, se trata de construir un nuevo camino.

En este sentido la DC, concretamente el humanismo cristiano, tiene mucho que decir respecto a estas ideas, la base ideológica del Partido Demócrata Cristiano y las propuestas del Congreso Ideológico del año 2007 están presentes en gran parte del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet: la redistribución de los ingresos, el fin del lucro en la educación, mejorar las condiciones en la negociación colectiva, el fin del binominal, la equidad de género en la participación electoral, etc.

El hecho no es una particularidad que se da sólo en Chile, el SPD –la Socialdemocracia alemana– progresivamente fue tomando las ideas de la economía social de la Democracia Cristiana alemana y haciéndolas propias, aun cuando ambos partidos no forman coalición para gobernar. También se da a nivel de la Unión Europea donde el objetivo de la economía europea plasmados en el Tratado Constitutivo de la UE y en el Tratado de Lisboa es el modelo de economía social de mercado, un contexto donde el socialcristianismo es minoría respecto a los partidos populares de derecha y los partidos socialdemócratas – laboristas.

La construcción de un proyecto político en coalición no puede estar dirigido por los personalismos de cada partido, ni por las ideologías presentes en cada una de ellos, ni en correr los cercos de las ideas para un lado ni para el otro; quienes creen que la Nueva Mayoría debe inclinarse hacia un lado del espectro político están absolutamente equivocados, es más ni siquiera deberían ser parte de la coalición.

Por lo mismo, las retroexcavadoras, los extremismos conservadores e izquierdistas, los caudillismos de partidos unipersonales y de los partidos grandes, más los variados casos de corrupción donde más que servir en política se busca servirse de la política han sido absolutamente nefastas para el proyecto político.

El rol de la DC no es moderar los discursos en el relato político de los más partidos, sí es centrarse de forma responsable en los objetivos que se adhirió al momento de suscribir al programa de gobierno, en tal sentido si hay que hacer una crítica, se hace justificando la razón mayor por la que estamos unidos, cumplir el programa que todos suscribimos.

El rol de la DC no es articular las mayorías, suponiendo esta función por ser el partido de mayor votación en la coalición o por estar en un supuesto espectro político ideológico entre izquierdas y derechas.

Tomando las palabras de Jaime Castillo Velasco, la Democracia Cristiana no se encasilla en una posición de centro donde toma cosas de la derecha y la izquierda, adopta una posición de vanguardia que supera el viejo conflicto entre el individualismo liberal y el socialismo colectivista. Es errado y limitante asumir una postura de centro-izquierda o centro-derecha, porque su rol es transformar el orden establecido y crear las bases de un nuevo modelo.

Cuando la Democracia Cristiana dice que está con las reformas, es porque efectivamente es así, no hay caretas ni dobles lecturas porque negar el fondo de las reformas y sus objetivos es negar a las propias ideas humanistas cristianas de bien común, justicia social, humanismo y dignidad de la persona.

En definitiva respecto al rol de la DC y en medio de los problemas de Gobierno, Castillo Velasco perfectamente nos diría: “cuando el partido llega al poder, no lo hace para salir en la próxima crisis de gabinete. Entra sólo cuando el camino está preparado para cumplir su gran tarea.  Ya no se podrá volver atrás. La vía tiene una solo dirección: va hacia adelante. Y este adelante es la transformación de la sociedad”.

En base a este contexto histórico e institucional se pueden mencionar algunos enclaves arraigados en las Fuerzas Armadas hasta hoy y que influyen en las relaciones cívico-militares: las “leyes secretas” de la Dictadura, la Ley Reservada del Cobre y la Ley N°18.771, que faculta al ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública, a eliminar archivos oficiales sin solicitar autorización previa.

Cumplido un cuarto de siglo desde el término de la Dictadura Militar aún se mantienen con el carácter de secretas o reservadas 254 normas de nuestro ordenamiento jurídico, de las cuales 176 fueron promulgadas entre el año 1973 y marzo de 1990.

El contenido, por su carácter, es desconocido por los ciudadanos, pero a través de solicitudes realizadas por el Congreso conocemos que muchas de estas tratan materias de las Fuerzas Armadas. Aun cuando la aplicación de algunas se encuentran derogadas es importante por transparencia y por contribución a la investigación histórica develar el contenido de estas leyes.

El segundo elemento presente es la Ley Reservada del Cobre, que por su configuración no es posible de fiscalizar en el uso de sus recursos por instituciones externas al ministerio de Defensa, como la Contraloría y la Cámara de Diputados. Esta situación ha sido el caldo de cultivo para la presentación de boletas falsas y abuso de los fondos en el Ejército, lo que públicamente ha sido denominado como Milicogate. Tema aparte y necesario de discutir es cómo avanzar a un sistema de financiamiento permanente para las Fuerzas Armadas, que considere aspectos al corto, mediano y largo plazo.

Finalmente un tercer elemento anacrónico es la Ley N°18.771, creada el año 1989 por la Junta de Gobierno, que faculta a las instituciones de la Defensa Nacional a eliminar archivos y documentos sin la autorización de la Presidencia de la República y del Conservador del Archivo Nacional. Esta norma otorga una facultad extraordinaria dentro del Estado a estas instituciones con la clara intención de permitir la destrucción de documentos oficiales, sin dejar registro de la existencia de estos.

Con bastante certeza, muchos de esos documentos que han sido destruidos nos habrían permitido dar respuestas a las interrogantes que hoy tenemos respecto a lo hechos ocurridos durante la dictadura. Es muy difícil justificar una norma de estas características hoy.

La necesidad de transparencia y de hacer prevalecer el principio de la publicidad de los actos públicos tiene una profunda vocación democratizadora, porque el acceso a la información por parte de los ciudadanos permite a estos actuar contando con todas las herramientas en las decisiones públicas y ejercer accountability al Estado.

De ninguna forma la derogación de estas normas va dejar en descubierto los secretos militares o va a poner en riesgo la seguridad del Estado porque estas materias están resguardadas por la Constitución.

En medio de la crisis de desconfianza de las instituciones, es importante destacar que aquellos países donde las instituciones tienen prácticas transparentes y en los que se ejerce accountability vertical, son precisamente los que gozan mayor nivel de confianza hacia las instituciones a nivel mundial como los Estados escandinavos y algunos de la Europa Central como Suiza y Alemania.Esto se correlaciona fuertemente con instituciones que son inmunes a actos de corrupción y que son eficaces y eficientes.

En definitiva el que tengamos instituciones transparentes, tanto para las Fuerzas Armadas como para cualquier otra institución del Estado, nos permite reducir la sensación de corrupción y que estos actos se concreten, aumentar la confianza, ejercer control institucional, empoderar a los ciudadanos y contar con instituciones eficaces con su misión.