La necesidad que tiene el gobierno de convocar a la Nueva Mayoría a un cónclave tiene justamente que ver con el capital político perdido. La forma de recuperarlo es volver a construir una hoja de ruta común con los actores políticos, los partidos y parlamentarios, sólo desde allí se podrá volver a construir un piso de apoyo para llevar adelante las tareas de gobierno. Si desde el ejecutivo esto no se comprende, las dificultades que conlleva la descapitalización política seguirán en aumento.

Si la conducción política sigue siendo ambigua, lo que se traduce en ausencia de diálogo y articulación, la sobrevivencia Nueva Mayoría corre riesgo. Podemos llegar al punto que las tensiones a las que somete el gobierno a su coalición la terminen quebrando, esas tensiones se originan en una falla de la conducción política gubernamental, la que no logra entregar certidumbre sobre una hoja de ruta clara e integradora.

Hasta el momento, nada indica que en el cónclave se vaya a generar diálogo y orden, tal vez algunos apuesten a un ejercicio de disciplina para conseguirlo, eso sería un error, ya que lo único que se lograría sería producir un mayor malestar. El cónclave debería ser una instancia donde se llegue a ratificar un acuerdo sobre una hoja de ruta del conjunto de temas relevantes del programa de gobierno sobre los que es necesario tomar definiciones. Lo anterior debe ser dialogado y consensuado con todas las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría, para eso se requiere un trabajo previo que urge realizar.

La hoja de ruta debe contener definiciones sobre los temas fundamentales que actualmente nos tensionan y generan incertidumbre. En la reforma laboral debemos definir con claridad qué es lo que se modificará en el Senado de lo aprobado en la Cámara. Respecto de la reforma tributaria, hay que despejar si se pretende hacer una modificación legal o continuar clarificando vía circulares. En Carrera Docente hay que establecer cuál será el ámbito de modificación que el Ejecutivo introducirá con sus indicaciones. En el tema de la gratuidad de la educación superior, hay que establecer el itinerario de implementación, cobertura y el porcentaje de gratuidad que se logrará implementar en éste periodo.También en la descentralización es importante sincerar cuánto y en qué se va a avanzar.

Finalmente, en el tema de la nueva Constitución hay que plantear que su elaboración quedará para el próximo periodo, pero que en éste se dará inicio al proceso de debate y se definirá el mecanismo de manera democrática con la ciudadanía.

En definitiva, lo que está en juego es la legitimidad de la Nueva Mayoría como coalición de gobierno ante el país. Cuando se inicia un proceso de reformas y estas entran en momentos difíciles para su aprobación, se requiere liderazgo para entregar definiciones sobre cómo enfrentar esas dificultades.

No se está pidiendo tomar decisiones precipitadas, sino dar cuenta del tiempo transcurrido y el daño político causado producto de la ausencia de una conducción política eficaz para hacer frente a este desafío.  Evitar el socavamiento de la legitimidad como coalición de gobierno es una tarea prioritaria. Tenemos el deber ante el país, como coalición gobernante, de terminar con las incertidumbres y entregar definiciones, es inaceptable no tomar decisiones cuando se gobierna.

El largo camino que este proyecto tuvo que recorrer, da cuenta de que a nuestro sistema político le cuesta procesar las transformaciones sociales. En las últimas décadas la sociedad chilena ha sufrido grandes cambios en los modos en que nos relacionamos y en las formas de convivencia.

La familia tradicional ha mutado, lo que hoy existe es una diversidad de formas de ser familia, dentro de las cuales, una gran parte son relaciones de hecho. Un reflejo de ello es que en 1970 sólo el 19% de los hijos nacían fuera del matrimonio, hoy esa cifra es mayoritaria y bordea el 70%.

Asumir estos cambios sociales y legislar en función de su reconocimiento, es imprescindible para conectar la institucionalidad con la realidad social. Esta sencilla idea no es obvia. Este proyecto es la consecuencia de una larga pugna política, es heredero de la ley de divorcio y el reconocimiento igualitario de los hijos.

Es violento pensar que hace pocos años en nuestro país se le impidiera a las parejas divorciarse. Pero más violento es como hace menos años existían hijos de diferentes categorías en nuestro país. Muchos de los que en su momento deseaban impedir una ley de divorcio y evitar la igualdad de los hijos, son los que se opusieron hoy al PUC en este debate.

En nuestro país, la visión conservadora de la sociedad que tienen ciertos sectores de la derecha, intenta renegar de estos cambios. Colocándose como los censores de la moral a la que todos deben someterse, pisoteando las libertades individuales por la vía de inmiscuirse en la vida privada de las personas. Gracias al sistema binominal, esta visión conservadora se encuentra sobre representada en el Congreso, lo que ha permitido que nuestro país sufra de un retraso en materia de derechos civiles. Por ello, el debate que produjo este proyecto es importante. El trasfondo de ésta discusión es el tipo de sociedad en que queremos vivir.

Una sociedad en que el respeto a las libertades individuales y a la vida privada de las personas sea un elemento central de nuestra vida democrática. Cuando el poder público se entromete en la vida privada para determinar qué relaciones afectivas tienen una validez sobre otras, se produce un deterioro de la autonomía de las personas y de su libertad para determinar la forma en que desea vivir su vida. En definitiva, se afecta la igualdad que tienen los ciudadanos.

La igualdad de las personas también se ve amenazada por los tratos discriminatorios. Esta ley constituye un aporte a la construcción de una sociedad tolerante con la diversidad. Particularmente es un reconocimiento de la diversidad sexual. La discriminación hacia la diversidad sexual produce un ambiente de exaltación y antipatía con nocivas consecuencias para nuestra convivencia social.

De esta manera, cuando se discutía si el Pacto de Unión Civil se producía en una notaría o en el Registro Civil, no era un asunto trivial. Por un lado estaban los que querían reducirlo a un contrato entre privados, despojándolo de toda valoración pública. El que se haga ante el Registro Civil constituye  un acto público que modifica los vínculos de parentesco, instaurando un nuevo estado civil para la pareja, otorgándole estatuto y dignidad.

Algunas de las problemáticas que no fueron tocadas a fondo en la discusión de este proyecto y que deben ser materia de legislación en forma urgente, tiene que ver con la tuición de los hijos y la adopción para parejas del mismo sexo. Cuando permitimos que se continúe negando a las parejas el reconocimiento legal como padres, estamos generando un perjuicio a los intereses superiores del niño.

Es necesario continuar luchando por una sociedad sin discriminación, que dignifique a las personas, en la cual las libertades personales y la igualdad de derechos sean una realidad.

Fue gratificante seguir este breve duelo. Esto me motivó a leer el discurso y reflexionar sobre lo que había acontecido en la cita empresarial.

La ENADE es el encuentro de los grandes empresarios del país,  una instancia importante donde todos los actores que asisten emiten señales. Una de ellas fue el fuerte aplauso y apoyo que dieron al discurso de Roberto Ampuero. ¿Qué les dijeron para que se sintieran emocionalmente tan gratificados? Vamos al discurso.

Primero, sostiene la idea de que el estado anímico del país está mal y que “…todos sentimos que algo impreciso, nocivo y destructivo para el país se está incubando en el aire de la noche chilena.” Una amenaza nos acecha a todos. Esto se debería al “clima de odios” que se está empezando a instalar.

Segundo, apela al recuerdo del proceso de la Unidad Popular para hacer un paralelo con la situación actual. “… Esto de vivir bajo un gobierno elegido democráticamente que se plantea reformular estructuralmente el país…” Lo identifica como el inicio de divisiones que llevan a la tragedia y el “naufragio nacional”. Ofrece al público la voz del converso que no solo vivió ese momento histórico, sino que además estaba en la vereda equivocada, por lo cual habla con un aire de superioridad.

Tercero, hace un llamado a “mostrarnos más prudentes, moderados, tolerantes, modestos y conciliadores, más generosos a la hora de renunciar a nuestras metas máximas.” Reafirma la necesidad de la negociación y el consenso para no caer en la lógica refundacional. Es una interpelación directa al gobierno y el programa de reformas.

Cuarto, marca una hoja de ruta política de tipo “piñerista” compuesta por cuatro puntos: condena a cualquier violación de DDHH; valorización del privado ante la “idealización del Estado”; autocritica a la derecha por no defender las ideas de la libertad ante el Estado; critica a Bachelet por no condenar al régimen de la RDA.

Es un texto plagado de la lógica izquierda – derecha, donde la palabra derecha prácticamente no es mencionada y la palabra izquierda es reiterada para reflejar en ella el cúmulo de males que aquejan al país.

Es un texto con un tono fuerte, casi agresivo, que claramente ayuda a crear el ambiente por el cual dice estar preocupado. Habla del adversario. Es un discurso que se pudo haber dado en un consejo general de la UDI o RN, donde los aplausos y el entusiasmo hubiesen sido los mismos que en la ENADE.

El peligro principal que identifica es el supuesto carácter refundacional del programa de gobierno. Pero si se analiza con calma, las reformas son un ajuste de tinte socialdemócrata en un orden social fuertemente estructurado por la lógica neoliberal.

El tema de la nueva Constitución podría tener un tinte refundacional, pero hasta eso no es correcto.Cuando se establece la necesidad de contar con una nueva Constitución, se hace para actualizar el contrato político en sintonía con la sociedad en que vivimos, y en ningún caso refundar la República.

La nueva Constitución que se quiere elaborar no es producto de una crisis institucional sino más bien para actualizar nuestro entramado político institucional a los requerimientos de una sociedad democrática. Incluso si el mecanismo fuese una Asamblea Constituyente, ésta no tendría el carácter de refundacional. El desafío es hacer los cambios ahora de forma institucional y participativa para que no estanquemos el desarrollo político social, y nos encontremos en un futuro no muy lejano con una crisis.  

Si en algo se puede coincidir con el discurso, es que efectivamente estamos en un momento político relevante y complicado, donde nada está asegurado. Por ello veo con preocupación las señales del empresariado. El entusiasmo que provoca el atizar los antiguos fantasmas del comunismo soviético para atacar las reformas es un aporte al clima “nocivo y destructivo” que se denuncia.

Es comprensible la defensa de intereses de cualquier sector económico o social, pero el gran empresariado no es cualquier actor social, el poder que tienen en la sociedad  conlleva una obligación, o por lo menos una consideración, hacia el bien común.

El discurso que tanto aplaudieron no constituye un aporte al bien común, apunta a dividir y generar sospecha, potencia el estado de ánimo que dice denunciar. El llamado con que termina el discurso de que “es hora de recomponer las confianzas rotas” cuando poco antes habla de una amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas, no hace creíble el contexto para un diálogo basado en la confianza.

Si juntamos el ferviente aplauso a Ampuero y el recibimiento que tuvo el ministro de Hacienda, se hace evidente una señal nítida y fuerte que en nada ayuda a la convivencia nacional por parte del gran empresariado.

Chile necesita  empresarios que sean sensibles a las necesidades que tiene la sociedad de avanzar por caminos de mayor equidad y justicia social.

Por ello, los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad van en la línea de fortalecer las libertades personales de todos los chilenos y chilenas. Las personas de mejor posición social no tienen problema en ejercer su libertad en nuestra sociedad regida por la lógica del mercado, poseen los recursos económicos y culturales para hacerlo.

Para nosotros el problema es de aquellos que no poseen los recursos para ejercer su libertad en los niveles mínimos. La manera de lograr que tenga libertad aquel que tiene menos recursos económicos y educativos es mediante el aseguramiento de derechos sociales. Los derechos son la base de la libertad de las personas. 

Me parece que uno de los derechos que se deben cautelar desde una instancia pública y que no pueden estar autorregulados por el mercado, es la información de los consumidores respecto de los productos que adquieren. Es lógico y esperable que ninguna empresa publicite los efectos nocivos que genera su producto.

El debate que se ha venido desarrollando estas últimas semanas en torno al etiquetado de los alimentos, responde justamente a esta tensión entre el derecho de los consumidores a contar con información y los intereses de la industria alimentaria. Los argumentos de la industria son correctos, plantean que tendría un efecto negativo en el sector, prevén una disminución en la demanda de una serie de productos.

Quisiera exponer dos líneas de razonamiento para defender la necesidad de contar con un etiquetado claro que sea comprensible para todas las personas, la primera dice relación con la libertad, la segunda con la salud.

El uso que la derecha hace de la noción de libertad apunta a la libertad que deben tener los empresarios para desarrollar su actividad económica, pero tienden a desconocer que las personas, para participar del mercado desde una posición de no subordinación, también tienen que tener libertad. Esta se la da el contar con la información apropiada para que cada cual tome sus decisiones de forma informada.

Cuando alguien no cuenta con información relevante de algo que le afecte, como la salud, no puede tomar una elección libre. Lo que está en juego con el etiquetado de alimentos es justamente la libertad de las personas versus la libertad de la industria en informar lo que ellos les parece conveniente. En este punto el bien público debe prevalecer sobre los intereses empresariales para salvaguardar la libertad.

Creo que como país cometeríamos un error si no consideráramos el aspecto de la salud en esta discusión. ¿Y por qué? Porque Chile es uno de los países en Latinoamérica donde hay más niños con obesidad. Las complicaciones colaterales que conlleva una mala alimentación, como la diabetes, problemas coronarios, hipertensión, hacen más complejo el tema de salud. De acuerdo al “Panorama de Salud 2013” de la OCDE, Chile es uno de los países con más prevalencia de obesidad en el mundo (25,1%).  No podemos seguir siendo líderes mundiales en este tipo de índices.

Sin duda es un problema de educación de la población, pero el origen del mismo está dado por la dinámica de la industria alimentaria y su necesidad de aumentar progresivamente los niveles de consumo para desarrollar su industria. Puedo entender que esta dinámica es consustancial a la función empresarial, y en ese sentido se juega con las reglas del mercado vigentes. Pero las personas tienen derecho a informarse adecuadamente sobre un producto que les afecta su salud para que sean libres de evaluar sus niveles y ritmos de consumo.

Si queremos desarrollarnos integralmente como país, debemos apuntar hacia una vida sustentable en todo sentido. Creo que debemos educar más y definir claramente que una alimentación saludable es más beneficiosa para las personas y más económica para el país.

El etiquetado de los alimentos entregará información para que las personas puedan elegir, los padres podrán estar conscientes el tipo de alimento que le entregan a sus hijos. Esta es una forma concreta de potenciar las libertades personales.

Ante la alternativa de realizar una Asamblea Constituyente, más que argumentos con los cuales debatir, lo primero que surge son temores y miedos. Creo que es importante hacerse cargo de los miedos y temores, no descalificarlos, porque en ellos también hay una verdad que debemos considerar si queremos avanzar.

Un primer temor es el carácter refundacional que conllevaría el proceso de Asamblea Constituyente. Se teme que se borre  nuestra historia constitucional, disolviéndose aspectos fundamentales que entregan estabilidad a nuestro sistema político y social. Detrás está la imagen de una asamblea furibunda, radicalizada y maximalista.

Una asamblea que surja de un proceso democrático solamente será reflejo de la diversidad política y social de Chile, y expresará en la Constitución esa diversidad de valores vivos de la sociedad. Solamente una sociedad que ha sufrido un trauma o conflicto muy agudo puede pretender otorgarle un carácter refundacional a la elaboración de su Constitución, pienso en casos como Alemania después de la segunda guerra mundial. Nuestra situación no es así.

La urgencia de una nueva Constitución está relacionada con un problema sociopolítico, que es, actualizar las bases políticas e institucionales a la realidad y necesidades sociales del Chile actual, por lo cual no constituye un acto refundacional pero sí transformador.

Otro temor está vinculado con los contenidos que puedan surgir de una Asamblea.Algunos de los más recurrentes son la cantidad de derechos sociales que se puedan incluir, el rol subsidiario del Estado y el peso relativo del derecho de propiedad. Estos temas nos llevan a discusiones que como país debemos dar, de forma abierta y democrática.

Sin duda cuando hablamos de elaborar una nueva Constitución, sea por el mecanismo que sea, es para alterar de algún modo el modelo socioeconómico que esta sustenta.El punto es que estas transformaciones no están dadas a priori, ya que la voluntad soberana de la Asamblea no la conocemos. Sí podemos suponer que habrá una voluntad de transformación, pero esta se hará en el marco de un debate abierto en el que se podrán sopesar las alternativas.

Hay que confiar en el proceso deliberativo que pueda llevar a cabo un cuerpo elegido para esa finalidad, está en la esencia de la democracia representativa, pensar que con ello se está entregando en manos irresponsables o poco pertinentes asuntos relevantes, es atentar en contra principios básicos del orden democrático.

En una cultura democrática como la nuestra, la soberanía debe poder expresarse de forma vinculante tanto en la fase de elaboración del texto como en su ratificación.

El mecanismo de implementación de una Asamblea Constituyente también es un aspecto de incertidumbre. Cómo se eligen los constituyentes, cuál sería su periodo de sesión, donde lo harán, con qué asesoría contarán, bajo qué normas se regulara la Asamblea etc. Este es un tema abierto que puede ser definido una vez que se tome la determinación de utilizar este mecanismo.

Existen experiencias internacionales muy diversas que nos pueden ayudar a encontrar una solución a todas las dudas procedimentales de una Asamblea Constituyente. Lo importante es salvaguardar que la elección de los constituyentes sea realizada a partir de un proceso democrático en que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso y los procesos de deliberación sean transparentes.

Finalmente, la certeza y seguridad jurídica en el proceso de elaboración es otro elemento que es importante salvaguardar. El proceso de elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea no atenta contra la estabilidad de las instituciones republicanas y los derechos fundamentales de las personas.

Los constituyentes son soberanos pero tienen el límite del respeto a los derechos fundamentales que están avalados en los tratados internacionales y en la Constitución vigente. El proceso de elaboración democrática justamente asegura que éstos serán respetados, el cuerpo constituyente no estará compuesto por personas que vienen a realizar un proceso de elaboración sobre una hoja en blanco, serán ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria que reflejarán nuestra tradición republicana y democrática.

La Constitución es el texto legal sobre el cual se sostienen todas las demás leyes que regulan nuestras relaciones sociales y estructuran nuestra convivencia. Cuando se toma conciencia que la Constitución no da cuenta de esta realidad social, estamos en un problema como sociedad. El síntoma más característico es el lento y persistente desgaste del sistema político que repercute directamente en la valoración de la democracia por parte de la  ciudadanía.

La voluntad popular por contar con una nueva constitución ha sido expresada nítidamente por el contundente resultado electoral presidencial, las encuestas de opinión y las movilizaciones de actores sociales. Si el sistema político hace oídos sordos a esta demanda, estaría cometiendo un gran error. Se puede entender que para la opinión pública no sea éste un tema de preocupación inmediata.

Definitivamente la salud o la seguridad son problemas que las personas sufren de forma directa.Es poco riguroso y serio colocar a la nueva constitución junto al listado de las necesidades inmediatas y acuciantes que las personas tienen. Los requerimientos que tenemos como sociedad de modificar aspectos fundamentales del sistema político no pueden colocarse en contraposición a las necesidades contingentes de las personas.

La nueva Constitución debe ser capaz de contener, en un orden jurídico, los sueños a los que aspiran los chilenos y chilenas, entregar un marco en que se puedan expresar un conjunto de dinámicas sociales propias de nuestra sociedad.

Existen dos dimensiones, social y económica, que son importantes plantear en la discusión de la nueva Constitución. En la dimensión social, nos debemos hacer cargo de los niveles de desigualdad y segregación imperantes en nuestro país. La lógica mercantilista que impera en todos los ámbitos debe ser acotada para dar espacio a la garantía de derechos en aspectos clave del desarrollo de las personas.

En la dimensión económica, el Estado debe poder jugar un papel que vaya más allá del rol subsidiario actual. Pasar de una lógica de producción basada en la extracción de recursos naturales a una que agregue valor en el proceso productivo, es una condición para lograr el desarrollo, y solo el estado puede jugar ese rol.  

No creo que la elaboración de una nueva Constitución sea un acto refundacional de la República, al contrario, con ello estamos reforzando sus fundamentos democráticos. Como país tenemos una historia de la cual debemos hacernos cargo, es la base de nuestra identidad, y ese es el punto de partida para iniciar las transformaciones. Creo que las transformaciones se deben hacer en un marco de respeto y certeza jurídica para todos.

Hablar de una nueva Carta Fundamental es abrir el debate sobre la sociedad que queremos y construiremos, es respondernos la pregunta sobre cómo vamos a vivir y convivir juntos. Esta reflexión y preguntas se las hicieron los que crearon la Constitución que nos rige actualmente, y la forma de sociedad que se imaginaron es la que nos han heredado.

El punto es que el Chile actual no se ajusta al orden social que establecieron.Ellos crearon a partir del autoritarismo, ahora nosotros estamos llamados a crear democráticamente a partir de la voluntad popular.      

En definitiva, es lograr instalar una visión de Estado, una mirada con sentido común por el bienestar, calidad de vida y progreso de Chile.

El acuerdo logrado en torno a la Reforma Tributaria constituye un gran logro político para el gobierno, la Nueva Mayoría y el país. El gobierno llevó adelante una reforma resistida por la derecha, que atentaba contra su ethos económicamente liberal y de apoyo al empresariado, pero logró sentarla a la mesa de negociación y sellar su apoyo.

Es un logro relevante que estuvo relacionado con el contexto político.A pesar de la campaña desplegada en contra de la reforma, un sector importante de la opinión pública se mantuvo firme en su apoyo, lo que hacía elevado el costo de mantenerse en contra.

El apoyo político que mantuvo la Nueva Mayoría fue un elemento imprescindible para que el gobierno pudiese lograr un acuerdo con la derecha.Este es un factor que se pasa por alto, pero tuvo la mayor importancia, sin ese respaldo no habría habido piso para llevar adelante la negociación. Finalmente, es un éxito para el país, ya que con los recursos obtenidos se podrá avanzar en lograr mayores niveles de igualdad en nuestra sociedad.

Sin duda en la negociación con la derecha se perdieron puntos relevantes que fue doloroso entregar. También podemos decir que no se avanzó lo suficiente, ya que no se abordaron de forma específica sectores claves de la estructura productiva.

Considerando lo anterior, sí se puede afirmar que se mantuvo su núcleo básico, avanzar en un sistema tributario menos regresivo, cerrar espacios para la elusión y recaudar 3.2 puntos del PIB. Esta es una lección que nos debe servir para el futuro, los acuerdos tienen un límite que está dado por los objetivos de la reforma.

La manera en que se desarrolló la negociación es un punto sobre el cual debemos colocar atención.Este fue uno de los aspectos que generaron los mayores costos para la Nueva Mayoría. La forma en cómo se llegó al acuerdo se hizo a costa de la transparencia que la política debe tener tanto entre sus actores como ante la ciudadanía.

El proceso de toma de decisiones también afecta la legitimidad, no nos podemos escudar en los resultados de un acuerdo para sostenerlo a cualquier costo. La desconfianza que se instala en la opinión pública puede opacar la foto de todo el espectro político sonriente sentado en la mesa firmando un acuerdo.

Descuidar la transparencia sólo perjudicará la percepción de la gente y la legitimidad de los cambios.Los cuestionamientos a esta manera de alcanzar acuerdos reflejan precisamente el ánimo distinto con el que asume la ciudadanía el entendimiento al que pueden llegar los actores políticos sin el escrutinio público.

Nuestro sistema democrático ya no resiste esta forma de tomar decisiones. La distancia de los ciudadanos con los actores políticos sólo se acrecienta en situaciones como estas, lo que debilita nuestras instituciones.

Hoy se nos exige un ejercicio transparente de la función pública, que incluya deliberación y entendimiento entre los actores políticos en conjunto con la sociedad civil. La desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política y las instituciones socava profundamente la calidad de nuestra democracia. Este es otro aprendizaje para las reformas que tenemos por delante.

Finalmente, es importante que se cumplan las medidas que el gobierno ha prometido impulsar, las que en buena medida ayudaron a su aprobación. Algunos de estos puntos son: la creación de un comité de expertos que proponga una nueva institucionalidad alternativa al DL 600 para la inversión extranjera; el fortalecimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros y la profundización de los impuestos correctivos mediante el establecimiento de un gravamen a alimentos con alto contenido de azúcar, propuesta que deberá surgir de una comisión de expertos de Hacienda y del ministerio de Salud.

El proceso de reformas no ha terminado, quedan importantes desafíos por delante.Lograr acuerdos en torno a las reformas será un objetivo primordial. Solamente quisiera reiterar, que para alcanzarlos, es preciso tener presente por lo menos cuatro elementos.

Primero, la unidad política de la Nueva Mayoría que se ve tensionada por el afán del gobierno por llegar a acuerdos con la derecha. Segundo, la transparencia en el proceso de articulación de los acuerdos. Tercero, cumplir con lo estipulado en los mismos y cuarto, el límite para llegar a acuerdo son los objetivos que persigue la reforma.

Después de ocurrido el quiebre de la institucionalidad democrática en nuestro país, a los dos años, me fui junto a mi familia al exilio dejando mi país natal que sufrió por 17 años una larga dictadura.

Hoy, 11 de septiembre de 2014, cuando se cumplen 41 años de esa imborrable imagen de La Moneda en llamas que dio vuelta al mundo, la historia de Chile vuelve a tomar un espíritu transformador y progresista. Se está instalando un camino para que Chile enfrente las desigualdades y discriminaciones, las brechas entre ricos y pobres.

Estamos volviendo a pensar la política, no solamente desde lo que es posible, sino también desde lo que es justo.

Las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en Sudáfrica fueron clarificadoras cuando planteó que las transformaciones que se están efectuando hoy en Chile son las que soñó el Presidente Allende.Educación de calidad para todos, acceso a una salud digna, leyes laborales que defiendan los intereses de los trabajadores y dignifiquen su vida, así como también fortalecimiento de las empresas del Estado, como pilares sólidos de nuestra sociedad.

Quién iba a pensar que la nacionalización del Cobre efectuada durante el Gobierno de la Unidad Popular, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, iba a tener tantas repercusiones positivas en nuestra sociedad. CODELCO es la compañía que más dividendos entrega al Fisco y que permiten financiar políticas sociales que impactan profundamente entre los más necesitados.

Los sueños son los mismos, pero el país no lo es. Chile ha crecido y se ha desarrollado notablemente, siendo una de las naciones más prósperas de la Región en términos económicos, pero con una distribución del ingreso que nos debiera dar vergüenza.

Aspiramos a tener una sociedad de “clase OCDE”, pero carecemos de sus niveles de cohesión social que se basan en un conjunto de derechos sociales. Las oportunidades y derechos que cada chileno y chilena tenga no pueden depender de su origen, apellido o colegio donde estudió.

Es por esto que hoy es un día tan significativo para Chile, no sólo se recuerda uno de los momentos más oscuros y divisores de nuestro país, sino que también recordamos que el sueño de millones de chilenas y chilenos también se vieron truncados, por un modelo neoliberal, totalitario y dictatorial, que hoy nos dejó como herencia no sólo dolor, sino que también profundas brechas socioeconómicas y culturales que hoy queremos terminar de manera democrática, inclusiva y solidaria.

En este sentido, creemos que es fundamental mirar hacia el futuro, hacia un horizonte de transformaciones que le cambiarán la cara a Chile.Estamos impulsando una educación pública de calidad y gratuita, una reforma tributaria que permitirá recaudar fondos permanentes para gastos sociales,vamos a iniciar un proceso para tener una constitución que surja de un proceso democrático y participativo que nos interprete a todos.

Ese es el Chile que queremos: un Chile que ofrece igualdad y justicia a todos y todas; un País de oportunidades y libertades para que cada cual pueda desarrollarse como persona y, sobre todo, una Patria con paz social y equidad, tal como lo soñó Salvador Allende, hace más de cuatro décadas.

Las fuerzas progresistas, durante estos años han presentado cerca de 23 proyectos de ley para reformar el sistema binominal, pero ninguno logró prosperar debido a la oposición de la derecha, que se refugiaba en el alto quórum para que las mayorías no se expresaran.

Pero todo indica que llegó la hora de que esta situación cambie, de hecho hemos llegado a constituir una mayoría tal, que ni siquiera los altos quórum heredados en la constitución de la dictadura pueden detener el avance democrático.

El amplio respaldo a la idea de legislar que tuvo el proyecto de la nueva ley electoral, nos muestra que existen sectores de la derecha que han cambiado su visión respecto a los efectos negativos que tiene el sistema binominal para nuestra democracia. En una votación histórica, la UDI quedó aislada como el partido defensor de los modelos autoritarios.

Con el nuevo sistema electoral se avanzará sustancialmente en la representatividad del Congreso Nacional. Esto permitirá que las decisiones que se tomen en el parlamento interpreten a las mayorías de mejor manera.

En una época en que la sociedad reclama cambios y trasformaciones como es el Chile de hoy, no es viable para nuestra democracia que las instituciones que deben representar a la ciudadanía tengan un déficit de representación. Si queremos potenciar nuestra democracia debemos profundizar la representatividad de nuestras instituciones y avanzar en mecanismos participativos de la gestión pública.

Por lo tanto, el nuevo sistema electoral mejorará la representación, lo que a su vez fomentará la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones del país, aportando a la profundización de nuestra democracia.

Un aspecto muy importante que destaco, es que con esta iniciativa se establece un criterio de paridad de género, algo largamente anhelado por aquellos que deseamos un sistema político en el que las mujeres estén posibilitadas de forma efectiva a participar como candidatas.

Este mecanismo ha probado ser exitoso en el resto del mundo, ya que acelera el ritmo de incorporación de las mujeres en los órganos de representación popular. De acuerdo a esto, cada lista, pacto o partido político, deberá cumplir con el requisito de que ningún género esté representado por sobre el 60% del total de candidaturas.

La iniciativa ya fue aprobada favorablemente en la Cámara. Ahora le corresponde al Senado decidir si este histórico proyecto, que pondrá fin a 25 largos años de un sistema binominal muy negativo para nuestra democracia y que evitaba que las mayorías se expresaran, logra ser realidad.

Con esto, sumado a las reformas estructurales que está impulsando el gobierno de la Presidenta Bachelet, realmente le cambiaremos la cara a Chile y sus ciudadanos podrán ser mejor representados en el Congreso Nacional.

Los abusos afectan nuestra convivencia. Si dichos abusos se perpetúan en el tiempo y nadie hace nada, se genera malestar.Cuando el malestar se vuelve crónico en la sociedad, empieza a verse cuestionada la forma en que resolvemos nuestros problemas como sociedad.Así, el sistema democrático deja de ser valorado por la ciudadanía, lo que refleja el reciente informe del PNUD, “Auditoría a la Democracia”.

La defensa de los derechos de los consumidores se encuentra relacionada con la calidad de nuestro sistema democrático en la medida que implica abordar el problema de los abusos en un plano particular como son las relaciones comerciales de consumo.

Nos referimos básicamente a un problema de daño económico que le produce un actor poderoso como es el empresario a un actor que lo es mucho menos, como es una persona particular. Este daño económico que afecta a las personas es parte de la ganancia de la empresa, acentuando la desigualdad en nuestro país.

La instalación en estos últimos años de la temática de los derechos de los consumidores en el debate nacional, constituye claramente una muestra de avance por lograr mayores niveles de justicia en nuestras relaciones sociales.

Casos tan bullados como la colusión de las farmacias o los contratos unilaterales de La Polar, han permitido a las personas sacar la voz. El sistema político debe reaccionar, no podemos quedarnos en la indignación que esos hechos produjeron en su momento, debemos mostrar que las instituciones democráticas son capaces de ir actuando para combatir los abusos y entregar las señales en ese sentido.

Por ello es importante que los derechos de los consumidores sean garantizados constitucionalmente. Actualmente en nuestra Constitución no existe un principio que garantice su plena eficacia, es preciso avanzar en el reconocimiento de su preeminencia como uno de los derechos fundamentales que las personas tienen por habitar en nuestra sociedad.

En diversas constituciones en el mundo, y específicamente en algunos países Latinoamericanos, ya se ha establecido la protección de los derechos del consumidor a rango constitucional. Brasil, Argentina y Colombia son naciones que han plasmado en sus cartas fundamentales la protección del consumidor como elemento clave dentro de su concepción de derechos ciudadanos.

Sin duda en Chile debemos seguir ese camino.

Los actuales debates parlamentarios en torno al SERNAC deben estar enmarcados en una voluntad mayor, que se exprese constitucionalmente, por parte de la clase política de que las personas no se encontrarán abandonadas cuando exista un abuso.

La educación es un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo y terminar con las enormes brechas entre ricos y pobres. Por lo tanto la Reforma Educacional que está impulsando el Gobierno de la Presidenta Bachelet es un importante hito histórico en la lucha contra la desigualdad y representa una oportunidad para transformar a Chile en un país de más oportunidades para todos y todas.

¿Qué necesitamos para llevar adelante esta reforma? Antes que nada unidad política de la Nueva Mayoría para viabilizar y hacer posible el objetivo fundamental que está contenido en ella: corregir la aguda desigualdad que actualmente funda nuestro sistema educativo.

El paso inicial para llevar adelante las transformaciones que requiere nuestro sistema educacional es el fortalecimiento de la educación pública de provisión estatal.Con el actual sistema de administración municipal, estatuto docente y sistema de financiamiento, la educación pública está en una situación de decadencia tal que requiere con urgencia que la reforma se inicie en este ámbito.

Por lo tanto, la reforma del sector público debe abordar prioritariamente los siguientes elementos para encaminarse al logro de la calidad educativa.

• Desmunicipalización: la actual institucionalidad municipal no ha podido administrar la entrega de educación, tanto por problemas de financiamiento como de gestión, lo que ha provocado disminución dela matrícula y migración de estudiantes al sistema particular subvencionado. Luego, la solución no pasa por seguir inyectando a este sistema recursos, sino por construir una nueva institucionalidad que tenga como propósito único la educación gratuita y de calidad.

• Carrera docente: el actual Estatuto Docente es insuficiente para abordar el reto que implica construir una educación pública acorde al estándar que Chile aspira. Se requiere un nuevo pacto con los profesores que conlleve una formación de alta calidad académica; remuneraciones que impliquen una valoración social de la profesión docente; condiciones para un óptimo ejercicio de la pedagogía tales como número de estudiantes, infraestructura y materiales y sistema de perfeccionamiento y evaluación continua.

• Financiamiento: el sistema de “voucher” atenta contra el logro de una educación pública de calidad. El fortalecimiento de la educación estatal pasa necesariamente por financiamiento basal que se encuentre estipulado de forma directa en el presupuesto de la nación.

Estamos en un momento de inflexión, la discusión en torno a la Reforma Educacional ha entrado en su fase de definiciones, por lo que requerimos llevar adelante un debate político amplio y transversal, que tenga perspectiva de futuro y sentido de justicia.

En la Nueva Mayoría tenemos el desafío de no claudicar de los objetivos que fundan la Reforma.

Esta bancada transversal supo recoger las demandas ciudadanas, sumado a nuestra convicción de que es clave tener una nueva Carta Fundamental redactada en el marco de un objetivo común y democrático, cuyo foco es que Chile sea una nación moderna, inclusiva y representativa.

Por este motivo, nuestra carta de navegación debe estar a la altura de las necesidades actuales y no seguir rigiéndonos por una Constitución que no refleja las demandas de un país que crece y avanza hacia el desarrollo y en democracia.

Es importante tener presente que el Gobierno está impulsando con fuerza y celeridad, una serie de reformas estructurales que sin duda le cambiarán el rostro a Chile. Estos proyectos los apoyamos con lealtad, pero creemos que es urgente comenzar ya con esta discusión, sociabilizando la iniciativa en todos los sectores de la sociedad.

También es necesario destacar que el proyecto de una nueva Constitución, está en el Programa de Gobierno, como una de las iniciativas de mayor relevancia, por lo que desde ya es fundamental abrir el debate y aportar con ideas para determinar cuál es el mejor mecanismo que garantice la carta fundamental que el país necesita. El proyecto de nueva Constitución es parte clave de las reformas estructurales que está impulsando la Presidenta Bachelet.

Por lo tanto es primordial alcanzar acuerdos políticos transversales para impulsar este proyecto con la solidez que requiere este tipo de cambios profundos. El tema ya está instalado en la opinión pública, y ahora necesitamos unidad, altura de miras y sobre todo mucha responsabilidad, para encabezar junto a la ciudadanía este anhelo democrático.

Y para lograr este objetivo de tener una nueva Constitución, es importante discutir con seriedad y no criticar sin fundamentos. No es cierto que con nuestro apoyo a la Asamblea Constituyente estemos renunciando al mandato que nos ha entregado la ciudadanía, de hecho esto refuerza claramente el mandato que nos entregan las personas, mediante una mayor participación popular.

Tampoco creemos cierto que sea necesaria una crisis institucional profunda para convocar una Asamblea Constituyente.Es más, con esta iniciativa nos estamos anticipando y sobre todo resguardando nuestra gobernabilidad democrática.

Para ello, es importante estar unidos, sin perder la racionalidad del debate y sobre todo sin personalismos, ya que es una tarea común, donde nadie está por sobre el otro. Acá todos debemos remar por un objetivo común, que es cambiarle realmente el rostro a Chile y su gente, que demanda mayor inclusión social, más y mejores oportunidades.

Todas las posiciones son tremendamente respetables y deben entrar al debate, pero nosotros estamos seguros que esta Asamblea Constituyente sí es necesaria y urgente y que sin duda continuaremos firmes en este proceso histórico.

Necesitamos revitalizar nuestra democracia, y que sea mucho más inclusiva, donde los ciudadanos efectivamente puedan aportar y que se sientan real y efectivamente partícipes de los profundos cambios que está viviendo Chile.