Chile ha descubierto su propio Rey de Ratas, Penta, pero lo más interesante es que no lo descubrió en una chimenea, un alcantarillado de Santiago, o escombros de un lugar desolado, si no que fue descubierto en oficinas de lujo, edificios corporativos y conglomerados financieros.

Desde fines del 2014, la sociedad chilena ha podido descubrir los innumerables entrecruzamientos y alianzas entre actores políticos y empresariales, demostrando una vez más, el peligroso y lúgubre vínculo entre el poder económico y los partidos políticos de nuestro país.

Lo que pasó de ser una denuncia de uno de los propios integrantes del Rattenkönig – que sin lugar a duda estaba deseando desatarse de las colas de los demás – pasó a ser el comienzo de una mecha encendida que no ha parado de avanzar, y de la cual ha conllevado a activar el Código Penal en los primeros integrantes de este enredo político – económico.

Este Rey de Ratas no es cualquier cosa. No son ratas históricamente excluidas, segregadas y apartadas del centro de Américo Vespucio del Gran Santiago, ya que no responden a redes delictivas y organizaciones que centren su acción en esos delitos de “gran connotación social” como refieren instituciones como Paz Ciudadana,  “Agendas Cortas Antidelicuencias” de los Gobiernos y encarcelamiento a la evasión del Transantiago.

Claro que no, no dañan como esos delitos que se toman los primeros 45 minutos de los noticiarios, sino que son delitos que dañan nuestra política, la democracia, los recursos fiscales, la confianza de la ciudadanía a las instituciones y partidos políticos.

Este Rey de Ratas es el verdadero símbolo de la razón de ser del Código Penal actual, el cual ha sido utilizado para populismos, medidas sintomáticas y leyes mediáticas, el cual tiene la oportunidad única de servir para cuidar la democracia de nuestro país, la cual no debe desaprovecharse.

El Rattenkönig de Chile está recién desenredándose, y muy probablemente, será el comienzo del avistamiento de un nido de ratas mucho mayor y medular. El desafío para nuestra sociedad, aunque lo niegue el Senador Allamand, será bien concreta: por más asco y putrefacción que nos dé, debemos asumir que convivimos con un nido sin precedentes.

El legislador menciona que para ello, existen sanciones civiles, multas, fiscalizaciones, y superintendencia, dando pie a entrever que existirían mecanismos para vigilar el correcto uso de dichos fondos, y sancionarlos en el escenario que existan conductas que “infringen una norma”.

Ante ello, quisiera valorar tremendamente al senador Walker en cuanto a relevar que existen normas vigentes que pueden ser utilizadas para disuadir conductas que infringen normas, lo que conllevaría el comprender que las conductas que infringen normas no necesariamente deben responder a penas tan complejas y dañinas como las de cárcel, si no otras estrategias previas.

Rescato plenamente este mensaje, pero pregunto, ¿cómo es posible que existan estas apuestas que alejan las penas de cárcel de parte de nuestros legisladores  y en casos como la evasión de pasajes del Transantiago se aplique lo contrario?

El senador Walker da cuenta de diversas estrategias que pueden aplicarse para no llegar a las penas de cárcel en el caso del lucro en educación. ¿Qué pasó con la evasión del Transantiago? ¿Acaso no existen mecanismos previos a la pena de cárcel luego de haber evadido el pasaje?

Diversos legisladores/as durante este año tan complejo han “golpeado la mesa” en todas direcciones acerca de no criminalizar el lucro en educación. ¿Pero criminalizamos la evasión del Transantiago?

Encuentro inaudito que el nivel de análisis se “eleve” cuando estamos legislando a ciertos grupos sociales de nuestro país, y no en cómo, porqué y cuándo se debe aplicar una pena de cárcel para disuadir ciertas conductas.

Me parece que con este tipo de legislaciones, es posible relevar como nuestro sistema político legisla acerca de penalizaciones y sanciones a ciertas conductas sociales, y por ende, a ciertos grupos sociales.

Ante ello, se esperaría que el nivel de análisis sea parejo para todo tema social a tratar, y no cuando las leyes “afecten” a los grupos más acomodados e influyentes de nuestra sociedad.

Los culpables – o responsables como bien manifiesta el Poder Judicial – no los encontraremos apuntando el dedo, ya que quien posee la real responsabilidad de esta tragedia es nuestro Estado y sus legisladores.

Los 81 son el reflejo vívido de un sistema carcelario corroído por el tiempo y el olvido, el cual ha manifestado en diversas oportunidades, la solicitud del mejoramiento de infraestructura para los penales y oficinas administrativas de Gendarmería de Chile, mayor personal y mejoramiento de éste, entre otros.

Aun así, solicitando dichos recursos tan anhelados para sus requerimientos, esto no solucionará en nada lo ocurrido el año 2010.

Nuestra población carcelaria posee una de las más altas tasas en América Latina, y una de las que más utiliza la prisión preventiva como medida de control, incluso quedando imputados(as) por más de 1 año en dicha condición, impactando en el hacinamiento carcelario.

Junto con esto, los recursos para la rehabilitación y reinserción no pasan más del 10% de total del presupuesto, lo que además me lleva a preguntar, ¿cuántos de los 81 obtenían realmente algún apoyo de rehabilitación?

No puedo dejar de pensar lo implacable que han sido nuestros legisladores en poner “la mano dura” contra nosotros. Cómo de un día para otro se comienza a penalizar en cárcel la evasión del Transantiago, el intento de penalizar ciertas manifestaciones sociales, la aplicación de leyes para pueblos o grupos “terroristas”, entre otros.

Nos hemos convertido en una sociedad sumamente punitiva, y junto con ello, la adoptamos y ejercemos. La reflexión de las causas de nuestro sistema carcelario no es menor, merece a mi parecer, un ejercicio civil urgente, y que logre penetrar las decisiones cerradas del Estado.

En vista de lo anterior, se espera que en dos semanas más, se constituya en el Senado por medio las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil, la “Mesa Sistema Carcelario y pos penitenciario”, la cual logre convocar a instituciones y organizaciones de la sociedad civil para tratar justamente este tema.

Los 81 son el reflejo de nuestra sociedad y de los embates de un sistema inhumano y racional, el cual se instala en nosotros sin el objetivo de facilitar la reflexión.

Si no entonces recuerden cual fue el primer pensamiento o comentario que se les presentó al ver las imágenes de las 81 familias esta semana.

En la calle escuché una que siempre se repitió, que se quemen todos.

Esta pequeña frase es uno de los tantos discursos que he podido escuchar de parte de una persona que ha estado en este proceso llamado “reinserción social”, y que como muchas otras, buscan estrategias, respuestas y sentidos, que encaucen dicho proceso. De una u otra forma, esperan lidiar con diversas condiciones – internas y externas – que promuevan el cese de la reincidencia delictiva, tanto a nivel conductual como cognitivo.

En los últimos tres años, el Estado ha promovido acciones para lidiar con el hacinamiento y la población penitenciaria de nuestro país, y por consiguiente, facilitar la reinserción social.

En general, son gestiones administrativas, como la expulsión de internos(as) extranjeros(as) a sus países de origen, y otras como el aumento de la aplicación de medidas alternativas a las privativas: reclusión parcial, remisión condicional, libertad vigilada simple e intensiva y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Lamentablemente la aplicación del brazalete electrónico y las penas a beneficio de la comunidad no tuvieron el resultado que se prometió a la ciudadanía en su momento, donde el primero no sirvió prácticamente para lo que se requería, y el otro si bien ha sido aplicado correctamente por el Poder Judicial, no existen las plazas necesarias para dar cabida a ello.

Junto con las gestiones mencionadas, se han desarrollado algunas acciones institucionales para promover estrategias de reinserción, como son la Mesa de Trabajo del Ministerio del Trabajo, Economía, Justicia y otras agrupaciones relevantes y redes regionales como al Red Inserta, agrupada por fundaciones, ONG’s, municipios y otros(as) actores(as) sociales.

Me parece eso sí, que todas estas acciones lamentablemente se centran con gran fuerza en lo técnico, dejando de lado ciertas variables relevantes, las cuales son obviadas por una falta de diálogo ciudadano.

Creo que por más estadísticas, noticias y proyectos de ley que se presenten para dar cuenta de nuestro sistema carcelario, la relevancia de un diálogo ciudadano con el estado y las instituciones protagónicas sobre la reinserción social en personas privadas de libertad, podrían entregar luces sumamente valiosas para abordar este tema más allá de los aspectos técnicos y políticos.

De hecho, tengo algunas hipótesis acerca del rol y el posicionamiento de la ciudadanía en el abordaje de la reinserción social, así como algunas preguntas.

Por ejemplo, ¿cuál es la postura de la sociedad chilena acerca de la reinserción social de personas privadas de libertad?

Considero que no existe una familiarización acerca de la Reforma Procesal Penal en el discurso ciudadano, y por consiguiente, de sus alcances jurídicos y sociales para facilitar los procesos de reinserción.

Ante ello – y deseo profundizar esto en otro momento – me parece que la aplicación de la reforma no refleja el discurso ciudadano, el cual he podido evidenciarlo en ciertos espacios académicos, laborales y sociales, sumamente punitivo.Todos y todas a la cárcel.

Por otro lado, indudablemente que el rol de la prensa es algo que siempre merma en todo ámbito, y que por más se muestren equipos de fútbol carcelarios, internos(as) rindiendo PSU, empresas “jugadas” en la reinserción, y otros titulares varios, las primeras planas y noticias son privilegiadas con temas delictivos de mediano y grueso calibre. Un mensaje muy confuso y contradictorio.

Por último, creo que una de las grandes dificultades que vivencian quienes laburamos e investigamos en reinserción social, es sobre qué opina realmente la ciudadanía acerca de la reinserción de personas que han cometido delitos. Dicho concepto, engloba diversas variables jurídicas, psicológicas y criminológicas, y me pregunto a ratos que tan lejano (o cercano) podría estar del discurso ciudadano.

¿Reinserción como un proceso de cambio o un evento inmediato de cambio? ¿Será que el “reinsertarse” es algo necesariamente mediato y concreto para saber que alguien dejará de delinquir? ¿O será, que más que un evento o momento mediato, es más un proceso de vida que conlleva ciertas aristas?

Tengo algunos comentarios y propuestas de reflexión (técnicas muchas de ellas), pero creo que debemos facilitar el diálogo para encontrar los primeros alcances de cómo comprendemos, reflexionamos y proponemos la reinserción social en nuestro país.