Pero si entro a estudiar más allá en estas dos alternativas, se complica mucho la elección y con certeza, concluiría que es mejor la segunda.  La forma de preguntar, afecta sin duda las respuestas y puede llevar a errores en nuestras decisiones.

Más allá de los argumentos jurídicos y las experiencias de otros países, en el tema del plebiscito que está siendo pedido por el movimiento estudiantil y por algunos sectores, hay que hacer un voto de humildad para reconocer que los ciudadanos no siempre tenemos ni el tiempo, ni a veces el interés en entrar a fondo y al detalle de las políticas públicas.

En el caso particular de la educación, me gustaría saber cuántos sabemos exactamente el costo que tiene cada alumno para el Estado o las diferencias entre los resultados de los colegios municipales y los particulares subvencionados o qué dice exactamente el Estatuto Docente.

Tenemos preferencias, ideas generales, experiencias personales, pero no tenemos a mano el Excel con el valor de las subvenciones ni los resultados de las evaluaciones a los profesores.

Alguien puede decir que este argumento es válido para elegir a los presidentes y parlamentarios, pero lo  cierto es que nosotros votamos (o al menos deberíamos votar) por las ideas que ellos representan y es pega de ellos navegar en el mar de números y leyes para materializarlas.

En una democracia como la nuestra, al votar en elecciones  se nos pide delegar en otros decisiones técnicas complejas. Si algunos no se sienten bien representados con el actual sistema electoral, hay que afinarlo, pero no saltárselo cuando a uno le conviene.

Exigir un plebiscito ahora es hacernos presos de los resultados de un debate que se aleja de los números y los argumentos para caer en slogans fáciles de entender pero peligrosos si se llevan a la práctica. Y en un tema como la educación esto es especialmente grave.

Y si hace una pataleta, acogerlo pero no cambiar la decisión tomada. Aunque les cueste entender, somos los papás los que tomamos las decisiones finales.

Así se “gobiernan” las familias. En los países los ciudadanos elegimos a quienes tendrán ese rol, el Gobierno y el Congreso, quienes representan a lo que quiere la mayoría de los chilenos. Pero cuando veo cómo estas últimas semanas se ha dado el conflicto universitario, lo que me dan ganas es volver a poner a cada actor en su lugar.

Ni los movimientos estudiantiles ni el Colegio de Profesores son los llamados a diseñar la futura política educacional chilena. Después de los ingeniosos “Thriller educacional”, documentos varios, heridos y millonarios destrozos, el punto ya está hecho.

El Gobierno y el Congreso pueden tomar algunas de estas demandas y descartar otras.

Pero desgraciadamente no ha sido así. Se les hacen propuestas a estos movimientos desde La Moneda y hemos pasado toda la semana esperando a que los “actores sociales”, como se autodenominan, nos den su respuesta.

¿Respuesta a qué? No son ellos los llamados a decidir las políticas públicas. No tienen la formación para hacerlo ni tampoco el derecho porque los chilenos votamos para elegir a quienes nos representan al momento de discutir cómo se maneja el país.

Estamos, como padres sobrepasados con sus hijos, dejando que las peticiones se transformen en órdenes, confundiendo el escuchar con el aceptar.

Y el problema es que cuando se pone de interlocutor no a los parlamentarios, sino que a grupos dispersos, que no tienen que rendir cuentas políticas a nadie, se abre la puerta a que otros movimientos sientan que pueden imponer sus agendas.

No se trata de reprimir la libertad de expresión, ni el derecho a reunión ni ninguna de las banderas que han usado cuando se les insinúa que es el momento de volver a clases.

Si quieren seguir manifestándose, que lo hagan, pero no los transformemos en negociadores de una reforma educacional porque no les corresponde.