No se puede pensar en un país desarrollado y más equitativo, sino impulsamos una profunda reforma al sistema financiero.

Durante las últimas décadas, el sistema financiero ha obtenido utilidades estratosféricas.

En pleno 2010, con terremoto de por medio, la banca aumentaba sus utilidades en un 26%, esto es, obtenía utilidades del orden de los USD3.400 millones. Lo que en sí no tiene nada de malo pero se vuelve una evidencia adicional al injusto sistema que conocemos, cuando estas utilidades se recaudan a costas de deudores sometidos a reglas a ratos usureras e improcedentes.

También hemos sido testigos de la falta de una regulación legal y administrativa que se ajuste a un mercado financiero más complejo y en crecimiento.

La crisis financiera mundial de 2009, los fraudes financieros en EE.UU., mostraron la necesidad de tener mayores y mejores sistemas fiscalizadores. Por el contrario, pareciera que en nuestro país no queríamos ni queremos escuchar estos mensajes.

No obstante, y a raíz del escándalo de La Polar, que como suele ocurrir, termina golpeando con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, se ha producido un consenso nacional, en el sentido de que el mercado no puede funcionar correctamente sin una transparente regulación estatal.

Ha llegado la hora de  comprometernos tanto fuerzas políticas y ciudadanía en impulsar una profunda y valiente reforma al sistema financiero y al retail que termine entre otros problemas con el abuso del sistema con sus deudores, las sobre ganancias, un poder monopólico, la impunidad de los delitos y el fraude al Estado.

Para ello, proponemos avanzar en las siguientes medidas:

1. Aumentar las facultades fiscalizadoras de las Superintendencias: la de Bancos e Instituciones Financieras, la de Valores y Seguros, la de las AFP y la de Previsión Social, así como del SERNAC, y crear una Superintendencia del Retail y un SERNAC Financiero.

2. Los directores de las Superintendencias y del SERNAC podrán ser acusados constitucionalmente por notable abandono  de sus deberes.

3. Se regulará la entrega de Información Comercial de las Personas considerando su historial financiero.

4. Se aumentarán las penas por el delito de estafa, colusión e información privilegiada, con penas de prisión aflictiva.

5. Se considerará un delito grave cualquier falsa información entregada a los consumidores o a los inversionistas; quienes cometan este delito sufrirán también prisión aflictiva en su grado medio.

6. La tasa máxima  convencional,  de un 49%, que se aplica hasta ahora, se considerará como  usura, teniendo que ser rebajada a un monto equivalente al porcentaje de tasas de interés de los créditos de consumo, otorgados por el sistema bancario.

7. Se regulará el otorgamiento de crédito a personas insolventes (estudiantes de educación media y universitaria y demás personas carentes de recursos).

8. Se obligará a las AFP a informar, en detalle, el monto de las inversiones que lleva a cabo en cada uno de sus fondos. La asociación de cotizantes (que se creará) podrá participar en las decisiones de las inversiones llevadas a cabo por las AFP.

9. Se considerará delito entregar falsas informaciones de las calificadoras de riesgo,  que conduzcan a los inversionistas a error en sus inversiones.

10. Se reducirán las comisiones recibidas por las AFP y se exigirá a la superintendencia correspondiente un control sobre la actuación de sus directores que perjudiquen a los cotizantes.

11. Se establecerá un control sobre los seguros adosados a los créditos, eliminando  aquellos que son abusivos e inútiles.

12. Se exigirá a las instituciones financieras un monto impositivo, destinado a la educación del consumidor. A su vez, se considerará una falta grave el no informar oportunamente sobre las consecuencias del crédito acordado o de una inversión.

13. La Superintendencia de Valores deberá investigar e informar a la opinión pública sobre los movimientos sospechosos de los directores de Compañía. Por otra parte, deberá existir un estricto control de las tarjetas de crédito que circulan en el mercado.

14. Deberá aumentarse la provisión de recursos exigidos a los bancos y tiendas del retail con respecto a la Cartera vencida.

15. Se hace necesaria una reforma impositiva, que aumente el impuesto de las empresas financieras, retail y bancos.

16. Una regulación de los intereses para los créditos de consumo, y la obligación de devolver sobre tasas por riesgo, a medida que las personas vayan cumpliendo sus compromisos.

17. Prohibición de las ventas atadas (definiéndose como la obligación de adquirir un producto adicional al principal), en todos los productos financieros, tanto en empresas bancarias, como en empresas del retail.

18. Regulación del sistema Transbank, y facilitación de acceso a este sistema, para PYMES y Emprendedores.

19. Aumento de las penas aflictivas para el delito de colusión y de prácticas monopólicas.

20. Altas penalidades por el uso de información privilegiada y enriquecimiento ilícito.

21. Exigencia a todos los actores del mercado de una declaración de bienes e intereses.

22. Prohibición a las autoridades públicas de la posesión de instrumentos financieros que puedan influir en sus decisiones políticas.

23. Prohibición a dueños de instituciones financieras para ser dueños de medios de comunicación.

24. Riguroso control del lobby y por tanto urgente tramitación de la ley que ya está en el Congreso de la República.

El caso de La Polar no es más que un ejemplo de los tantos que retratan la irresponsabilidad y la colusión de grupos políticos y empresariales.

En teoría política se supone que todo poder conlleva responsabilidad, pero  en Chile los miembros del Tribunal Constitucional no responden ante ninguna otra autoridad, sin embargo, cuentan con un poder omnímodo.

En otro plano, el económico-financiero, por ejemplo, la superintendencia actúa prácticamente sin control; en el caso del último escándalo, el de La Polar, sólo el parlamento puede exigir la responsabilidad política al ministro de Hacienda.

El único poder con imperio vinculante que posee el parlamento es la acusación constitucional, inaplicable a funcionarios, como los superintendentes que, en el caso de La Polar, pudieron haber actuado irresponsablemente.

En el mundo financiero, en casos muy especiales y con muy bajas penalidades, que se diluyen por buena conducta anterior, pueden ser juzgados penalmente los empresarios, directores y gerentes y, para que esto ocurra, tiene que configurarse un delito.

Los casos de abusos contra los deudores y engaños quedan, muchas veces, fuera de la esfera de la responsabilidad.

En el fondo, los bancos dirigen la política, digitando la decisiones de las autoridades – por ejemplo, en los casos de la Europa del sur, el Deutsche Bank y Banco Nacional de París, poseedores de la mayoría de los bonos griegos, tienen un papel determinante  en las presiones que ejercen Nicolás Sarkozy y Ángela Merkel ante el Partido Socialista y el parlamento helénicos.

Ni la crisis subprime, a nivel mundial, ni nuestros escándalos nacionales, una vez pasado el shok, han permitido una mayor  regulación de un mercado que, cuando funciona solo, tiende a convertirse en una bestia devoradora y fraudulenta que ataca a los más pobres.

La destrucción que producen estas crisis, provocadas por la especulación, tienden a marginalizar, cada vez más, a la sociedad civil.

El resultado de esta dictadura bancaria se ha traducido en que la democracia representativa sea parlamentaria, semipresidencial o presidencial, pierda soporte en la soberanía popular, convirtiéndose la política en una actividad separada de la sociedad, que no tiene nada que ver con la vida corriente de las  personas, sólo un juego de intereses que se entremezclan con el poder bancario y que lleva a que la sociedad civil rechace a los partidos, las instituciones e, incluso a la democracia representativa, en pos de formas asambleístas horizontales o de democracia directa, o plebiscitaria.

En Chile no somos inmunes a esta pérdida de prestigio de la democracia representativa y de los partidos políticos debido a la inexistencia de una ética de la convicción, además de la ética de la responsabilidad, para usar los términos weberianos.

El rechazo tanto al Ejecutivo, como al parlamento, a los partidos tanto de la Coalición por el Cambio, como de la Concertación, tiene una de sus raíces en el derrumbe de ambas formas de ética.

Es difícil visualizar, a corto plazo, cuál será el destino de estos movimientos sociales que emergen con fuerza en todo el mundo ante las crisis de formas políticas – propias del siglo pasado –que han logrado renovar el valor de las respuestas espontáneas de la ciudadanía, que parecían anuladas por canales políticos completamente divorciados de la realidad de las personas en su cotidianidad.

Es una nueva ética de la convicción que se enraíza en la ciudadanía y que construye horizontes de esperanza.