Las últimas semanas fuimos testigos en Chile precisamente de las tensiones en torno al monopolio del poder. Afloraron resistencias que, en el marco de la discusión sobre la Ley de partidos políticos y fortalecimiento de la democracia, algunos congresistas expusieron para rechazar o abstenerse de aprobar una medida como las “cuotas” en directivas y órganos colegiados de los partidos políticos.

La equidad entre hombres y mujeres, ha sido parte de la agenda de los procesos de transición en América Latina, sin embargo la igualdad efectiva aún es lejana. Sin duda las cuotas han favorecido que la representación de mujeres aumente a 30% en promedio en los parlamentos de países que las han implementado, pero es insuficiente. En las elecciones parlamentarias de 2017 recién se estrenará en Chile este mecanismo esperando aumentar el 15% de mujeres en el Congreso.

El Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción recomendó el principio de paridad de género como parte de los nuevos estándares para la democracia interna de los partidos. El espíritu original del proyecto de ley de partidos políticos, que logró mantenerse finalmente, busca asegurar que ninguno de los sexos supere el 60% en la integración de los órganos colegiados y directivas.

Revolución Democrática ha dado esa discusión desde sus inicios hace 4 años. Hoy en pleno proceso de conformación de partido sus estatutos garantizan participación equilibrada 40-60% donde ningún sexo debe superar al otro en conformación de listas a directiva nacional y a su consejo político. Y esto funciona: la directiva nacional está compuesta por tres mujeres y dos hombres, y de 7 consejeros nacionales, 4 mujeres han sido elegidas recientemente.

Es de esperar que la discusión sobre la Ley de Partidos no solo permee a las cúpulas partidarias.Además, que las bases políticas tomen plena conciencia que abrir la democracia significa, entre otros temas, actuar para que los grupos discriminados históricamente tengan representación efectiva. Esto es parte de lo que esperamos, por ejemplo, en las instancias de participación del proceso constituyente y en la definición de mínimos programáticos para las próximas elecciones municipales.

Gabriela Mistral lo decía claramente en el periódico “La voz de Elqui” el 8 de marzo de 1906: “Honor a los representantes del pueblo que en sus programas de trabajos por el incluya la instrucción de la mujer; a ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento ¡éxito y victoria!”.  Las mujeres no solo queremos votar en las próximas elecciones, queremos construir los programas y decidir el país que habitamos.

La paridad parece una quimera a estas alturas. Que deje de serlo, depende no solo de las acciones que promuevan mujeres políticas y organizadas en la sociedad civil, también de quienes conducen procesos políticos de entender que una democracia fortalecida también es con todas.

Hoy en esa misma esquina existe un edificio residencial, pero cada 29 de marzo ese lugar se llena de Memoria.

A 30 años de aquellos hechos, el Concejo de la municipalidad de Providencia votó por 5 votos a 3 a favor el proyecto presentado por la organización Ciudad Elefante que quiere recordar con un memorial a Parada, Guerrero y Nattino en aquella esquina. Se trata de una intervención urbana con tres bancas que tendrán grabados los nombres de los tres profesionales comunistas que fueron degollados en marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).

Los vecinos han sido informados del proyecto y por cierto, legítimamente pueden estar o no de acuerdo con una marca de Memoria como la que se instalará en esa calle.

Más allá de las visiones personales, lo que ha logrado el municipio de Providencia es generar un precedente de cómo la ciudad debe aprender a convivir con su historia, con los hechos del pasado, con su verdad. Una política pública de Memoria debe considerar acciones de este tipo donde los gobiernos locales y la comunidad puedan involucrarse.

No solo son gestos urbanos, son demostraciones que permiten escribir una historia más genuina para el país. Sobre todo, esta marca de Memoria es necesaria para las nuevas generaciones porque nos ayuda a tener presente lo que no debiera volver a ocurrir. 

Lo que pasó con miles de chilenos víctimas de desaparición forzada, prisión política, tortura y exilio, es una verdad. Una trágica verdad. Tras esas vidas truncadas hay testimonios, investigaciones judiciales, informes de comisiones y en algunos casos, condenas. Pero hay una porción importante de verdad que nos falta.

Nos falta que los civiles que participaron directa o indirectamente en los crímenes de la dictadura, den un paso al costado en la vida política chilena, por su propia dignidad. Que el silencio que han guardado por décadas sea reemplazado por su silencio en las decisiones públicas. No merecemos como sociedad la hipocresía sentada en un Congreso.

Nos falta también que dentro de esos civiles, las responsabilidades editoriales de los medios de comunicación sean investigadas y reciban las condenas con un debido proceso. No nos bastan los reportajes que nos recuerdan el horror, necesitamos esa porción de verdad que ocultaron los medios.

Nos falta comenzar a nombrar estas verdades con los nombres que corresponden: falta de justicia, montajes, encubrimientos, violencia sexual como tortura, dolor.

Nos falta ver a los condenados sometidos a las reglas que ameritan los crímenes de lesa humanidad. Nos falta presenciar el cierre de la totalidad de las cárceles de privilegios.

Esa verdad la necesitamos. Por esa verdad continúan incansablemente las organizaciones de derechos humanos reclamando justicia. Por esa verdad no basta con pedir perdón. Necesitamos que quienes estuvieron tras esos crímenes rompan el pacto de silencio.

A 42 años del golpe de Estado sigue abierta la herida y la memoria como un espacio en permanente construcción, también la posibilidad de un país que, mirando su pasado, enfrenta su presente de un modo más genuino.

Es cierto que varias de las conversaciones que nos faltaban las estamos dando. Hablar de una nueva Constitución este 11 cobra más sentido. Una forma de dar un paso adelante en la institucionalidad política es romper con las principales trabas de la dictadura, la mayoría de ellas amparadas en la Constitución.

No es una noticia francamente para aplaudir. Que Mónica González, destacada periodista, actual directora de CIPER Chile, integre este panel, por supuesto que es un buen anuncio: augura seriedad en muchos de los temas que con frecuencia se tratan con liviandad y su mirada ofrece mayor apertura frente a la contingencia política nacional. Su trayectoria la avala.

Sin desmerecer a los hombres que integran ese panel, uno se pregunta ¿por qué una mujer tiene que tener todas las medallas para acceder a los mismos espacios que un profesional varón de talla normal? 

Me alegra que sea una periodista como Mónica González. Sin embargo, el solo hecho de titular que por primera vez una mujer llegue a un espacio así, habla muy mal de nuestro país. Si ponemos un poco de atención, por ejemplo, en la mayoría de los programas radiales de debate político o de temas de contingencia nacional sus invitados son hombres y quienes conducen también.

No es algo para sorprenderse, los medios reflejan lo que sucede en la política. La sub representación de las mujeres en medios de comunicación y espacios políticos es un hecho plausible. El punto es qué hacer para avanzar.

Varias conferencias mundiales han señalado que los medios de comunicación son uno de los espacios donde persisten importantes desigualdades para las mujeres. Se menciona por ejemplo que pese al aumento progresivo de las mujeres respecto a los hombres que trabajan en medios, los puestos directivos para las mujeres siguen siendo muy escasos.

Estudios han mostrado que las mujeres son consultadas en las noticias en su mayoría como fuentes ciudadanas y es menos frecuente que sean consultadas como expertas. En aquellos temas relacionados con la política o el gobierno las mujeres son una minoría como fuente y como analistas. Por el contrario, abundan los contenidos hechos por mujeres que apuntan a lo cotidiano, muestra de ello son las incontables pistas sobre qué llevan las mujeres en la cartera o cómo cuidar a los hijos, asuntos que no se alejan de lo que somos, pero sí de lo que solamente somos. 

Ser autoras y protagonistas de las informaciones disminuye la exclusión así como el estar informadas fortalece nuestra ciudadanía. Estar ausentes o mal representadas en las comunicaciones significa no sólo vulnerar el derecho a expresarnos y participar libremente, implica un importante retroceso en nuestros derechos.

Una mujer panelista en Tolerancia Cero no debiera pasar a la historia como titular.Debiera motivar que otros espacios de debate político nacional se planteen la participación de mujeres como voces políticas tan legítimas como las masculinas, pero quizás con mucha menos visibilidad.

Una noticia para celebrar sería que ese panel fuera paritario como la política en el país.

Paulina Aguirre Tobar tenía 20 años cuando fue asesinada el 29 de marzo de 1985. La versión oficial se refirió a ella como “terrorista subversiva muere al enfrentarse con las fuerzas policiales”. Sin embargo, la investigación del Servicio Médico Legal mostró que a esta joven militante del MIR le dispararon por la espalda y estaba desarmada. Ese mismo día los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años, fueron asesinados en Villa Francia.

Dos meses antes, los hermanos Marcelo y Daniel Miño habían sido asesinados en Quillota.Otros jóvenes aumentaron la lista brutal de ese año: Oscar Fuentes, estudiante de matemática en la USACH; Patricio Manzano, estudiante de ingeniería en la Universidad de Chile muere por una crisis cardiaca a causa de las torturas, luego de ser detenido en San Felipe mientras participaba en los trabajos voluntarios de la FECH. Carlos Godoy tenía 23 años al momento de su muerte luego de ser brutalmente torturado en Quintero. Había llegado hace 8 meses del exilio.

Estos jóvenes fueron retratados por la prensa de la época como “terroristas”, subversivos” y “delincuentes”. Eran jóvenes y les tocó vivir en una dictadura que truncó sus vidas. No solo atentaron contra ellos, fueron perseguidos, privados de libertad, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, los medios de comunicación contribuyeron a estigmatizarlos con la publicación de versiones oficiales que eran verdaderos montajes, tal como lo han demostrado  procesos de investigación judicial. Por ejemplo, a Paulina Aguirre le pusieron un arma en la mano izquierda y ella no era zurda.   

La muerte de los hermanos Vergara Toledo fue descrita como “dos delincuentes mueren en espectacular tiroteo con carabineros” (La Tercera, 30.3.1985) y “dos antisociales mueren al enfrentar a carabineros” (La Nación 30.3.1985). La prensa tiene una deuda que ciertamente ha pasado a un segundo plano frente a las responsabilidades criminales de estos hechos.

Documentales como “El diario de Agustín” han denunciado el rol de los medios en estos montajes, no obstante sigue faltando que quienes cometieron faltas de este tipo, no solo reciban un cuestionamiento ético, sino que también sean investigados por las responsabilidades que les competen.

A 30 años de ocurridos estos hechos, las nuevas generaciones deben conocer lo ocurrido, aprender el significado del respeto a los derechos humanos y ayudar a construir la memoria del país. La sociedad chilena tiene un trabajo permanente por hacer con la memoria.

Hacer memoria es una tarea colectiva, que debe sin duda incluir esfuerzos institucionales pero donde la ciudadanía debe permanecer atenta contra el olvido.

En estas resoluciones, tanto la medida cautelar como su confirmación, ha primado el principio de igualdad ante la ley. Hoy, los involucrados pertenecientes a los círculos más privilegiados del país, se someten a las reglas comunes de la justicia. Es un hecho.

Esto es muy importante para la restitución de una ética pública, especialmente porque en Chile se ha convivido durante décadas con la sensación incómoda de la impunidad en un amplio sentido.

Donde también la ciudadanía no ha sido lo suficientemente organizada frente a escándalos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses que terminan por afectarnos a todos.Y donde además las instituciones y normas que permiten regular estos actos tienen aún un largo camino que hacer en materia de transparencia y acceso a la información pública; por cierto requieren de mayor fortalecimiento institucional, de activar y regular más mecanismos de rendición de cuentas y de promover la creación de nuevas figuras como, por ejemplo, un Ombudsperson o Defensoría de las personas.

En el pasado los gobiernos han adoptado medidas temporales para dar algunas respuestas desde la política pública, mientras la justicia hace lo suyo. Son acciones que buscan prevenir actos de corrupción vinculados a conflictos de intereses principalmente. Independiente de su efectividad, luego del caso MOP-GATE se formó la “Comisión para el fortalecimiento de la transparencia y la promoción del crecimiento” que tuvo un mandato específico y acotado tal como el recién nombrado Consejo asesor presidencial  contra los conflictos de los intereses.

Conocida también como Comisión Anticorrupción, se le encomendó, entre otras tareas, proponer medidas en el plano administrativo, legal y ético y definir sanciones para casos de corrupción.

Más allá de la idoneidad de la mayoría de quienes integran este consejo, ya sea por su trayectoria pública, credibilidad ciudadana o trabajo como especialistas en el tema, el informe que deben elaborar no solo debe entregar una mirada experta.

Se ha anunciado que habrá audiencias con la sociedad civil además de especialistas y organismos internacionales. Es clave en este proceso consultivo balancear las percepciones y aportes porque finalmente el resultado de este trabajo busca incidir en las condiciones administrativas y normativas para que no ocurran actos de corrupción que afecten al Estado y sus ciudadanos.

Si bien la arista política del caso Penta recién se empieza a investigar, lo interesante de este caso es que marca un precedente en la relación entre dinero y política. La ciudadanía no debe permanecer ajena a este debate.

Generar un movimiento anticorrupción donde varios actores sociales y políticos se articulen no es algo impracticable ni épico. Simplemente es justo y necesario.