De este modo se esfuma la utopía fundante del sistema de AFP, que promete rendimientos de largo plazo superiores al incremento de la masa salarial, que es la que sostiene los sistemas de reparto y asimismo crece a un ritmo similar al PIB.

Queda así al desnudo el verdadero carácter de este sistema, que no busca mejorar las pensiones sino transferir una proporción siempre creciente de las remuneraciones a los mercados financieros, para ganancia suculenta y exclusiva de sus operadores y los grandes grupos económicos que reciben parte de este flujo como préstamos y capital accionario, ni un peso de lo cual van a devolver jamás puesto que su masa acumulada siempre crece. Hay que terminar cuanto antes con este abuso monstruoso.

En los últimos seis meses los fondos AFP perdieron más de cinco billones de pesos, que equivalen a poco menos de las cotizaciones de un año completo. En dos días de febrero recuperaron un billón y lo probable es que a poco andar lo vuelvan a perder con creces y por mucho tiempo sigan oscilando como lo han venido haciendo desde el inicio de la crisis a mediados del año 2007, período en que el fondo A arroja pérdidas y el fondo total ha rentado 1,6 por ciento anual, cifra que se aproxima al rendimiento de los mercados financieros en los últimos cien años.

La bullada rentabilidad promedio de más de ocho por ciento acumulada por el fondo desde su creación se explica porque ésta coincidió con la sima de los mercados financieros internacionales tras la crisis secular de las economías desarrolladas en la década de 1970. De este modo, los fondos AFP se beneficiaron del auge financiero de los años 1980 y 1990, y luego del burbujazo de los mercados emergentes en la década del 2000, que explican asimismo la elevada rentabilidad de los multifondos desde su creación el 2003, en plena sima de las bolsas mundiales tras el estallido de la burbuja “punto com”. Esa gran ilusión se vino abajo definitivamente con la crisis mundial.

El sistema de AFP está muerto desde entonces, solo que todavía no se dan cuenta. Un derrumbe similar sobrevino a los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual que algunos países europeos habían creado antes de la crisis de 1929. El diagnóstico de la Comisión Bravo correctamente proyecta rentabilidades razonables hacia el futuro, las cuales calcula que no serán capaces de autofinanciar pensiones de más de un quinto de las remuneraciones promedio. El asunto no tiene vuelta, hay que terminar cuanto antes con este sistema.

La propuesta C de la referida comisión, presentada por la Profesora Leokadia Oręziak, demuestra que al terminar con las AFP y restablecer el sistema de reparto es posible jubilar hoy a todas las personas que han excedido su edad legal de retiro, lo que significa aumentar el número de pensionados por edad en un 40 por ciento y reducir la edad efectiva de retiro, que hoy es cercana a los 70 años, a la edad legal, la que no es necesario modificar por mucho tiempo. Luego se puede duplicar el monto de todas las pensiones existentes y reajustarlas sucesivamente según las remuneraciones.

Todo ello se puede sostener exclusivamente en base a las cotizaciones, cuya tasa se puede mantener sin cambios por mucho tiempo, ahorrando al fisco más de dos billones de pesos al año que gasta en subsidios directos e indirectos a las pensiones AFP. Ello es sustentable hasta donde se puede proyectar, bien entrada la segunda mitad del siglo, aun considerando escenarios demográficos y de crecimiento económico extremadamente conservadores.

Todo ello resulta bien evidente si se considera que en octubre recién pasado, el último mes disponible, las cotizaciones sumaron 461.315 millones de pesos, mientras que todas las pensiones pagadas por el sistema de AFP en su conjunto, incluyendo pensiones vitalicias, sumaron 217.133 millones de pesos y en los últimos doce meses el monto de las cotizaciones recaudadas fue 2,2 veces más que las pensiones pagadas.

El dinero de las cotizaciones debe utilizarse para pagar pensiones y no para jugar a la ruleta de los mercados financieros internacionales, para ganancia de unos pocos, mientras se pagan pensiones miserables.

Me indigna más que por los mismos motivos esta alegría alcance hoy sólo a un cuarto de los nuevos matriculados, y a la mitad de los que ya estudian en universidades estatales, en circunstancias que con los fondos asignados en el presupuesto 2016 a becas y crédito con aval del Estado (CAE), podría alcanzar hoy a casi tres cuartos de todos los estudiantes de educación superior. No entiendo porqué no lo hacemos.

Tal como CENDA e ICAL vienen insistiendo desde el año 2014, los recursos del presupuesto público destinados a “ayudas estudiantiles” –becas, CAE y ahora por fin gratuidad– son suficientes para dar gratuidad a más del 60 por ciento de todos los estudiantes de instituciones de educación superior (IES) acreditadas.

El cálculo es simple y cualquiera lo puede entender: los recursos asignados en el presupuesto 2016 para gratuidad ($0,54 billones), becas ($0,23b) y CAE ($0,67b) suman casi $1.440.000 millones (poco menos de $1,5b), lo cual alcanza para un aporte de gratuidad de más de 2 millones de pesos en promedio para 700 mil estudiantes, que son más el 60 por ciento del total matriculado en todas las IES acreditadas.

Pues bien, el aporte que van a recibir las universidades que han optado voluntariamente por adscribirse a la gratuidad es de poco más de 2,3 millones de pesos por alumno. Pero se trata de las mejores universidades del país, las que tienen los aranceles más elevados.

Sin duda, las restantes instituciones de educación superior acreditadas, la mayor parte de las cuales son institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), pueden acceder con ventajas a la gratuidad con aportes mucho menores. De este modo, resulta conservador afirmar que si se termina con las becas y el CAE, y se redestinan esos recursos del presupuesto 2016 a gratuidad en todas las IES acreditadas, bien pueden alcanzar para cerca de tres cuartas partes del estudiantado, o por ahí. ¡Ahora mismo! No entiendo porqué no lo hacemos.

Es verdad que el CAE aparece hoy en el presupuesto no como un gasto sino como una “inversión”, puesto que se supone que los que reciben el beneficio lo van a reembolsar con intereses. Pero esto no es más que una ficción, puesto que de partida los fondos públicos se desembolsan hoy día, y también porque lo más probable es que nunca sean reembolsados.

Sería de lo más injusto que así se exigiera cuando al mismo tiempo se está implementando la gratuidad. Por lo tanto el mantener esta ficción no tiene el menor sentido. Hay que reasignar los recursos del CAE a gratuidad. No entiendo porqué no lo hacemos.

Lo anterior no constituye ninguna exageración, error de cálculo o medida populista incompatible con la difícil situación económica que enfrenta el país. La lógica de estas cifras es implacable. Se trata de los mismos fondos que hoy se gastan, ni un sólo peso más.

Así ha sucedido en las instituciones que ya accedieron a gratuidad, donde el dinero que antes recibían como becas, crédito solidario y CAE se les entrega mediante el nuevo mecanismo de gratuidad. El compromiso del gobierno con todas ellas fue que iban a recibir exactamente lo mismo que antes. ¿Por qué les conviene? Muy sencillo, porque se trata de recursos estables y, en el caso del CAE que son los más, no tienen que firmar avales ante los bancos, los que terminan pagando en más de la mitad de los casos por morosidad de los alumnos.

¿Qué compromisos deben adquirir? Esencialmente sólo uno, no cobrar nada a los alumnos que ameriten este beneficio.

El asunto entonces no es de dinero, sino de decisión política. La Presidenta ha declarado que lo desea, mientras visitaba a Grace París, una de las beneficiadas. No entiendo porqué no se hace.

Lo siento, pero a mí me indigna que dos tercios de las ayudas estudiantiles sigan entregándose sin control alguno a IES privadas en forma de becas y CAE. Me indigna que la alegría de los miles de estudiantes que ya han logrado acceder a la gratuidad no se haga extensiva de inmediato a todos sus compañeros que deben seguir sometidos a la indignidad de las becas —que les exigen copago y además un promedio 5.0 que no se demanda al resto— y del infame CAE ¡financiados ambos con fondos públicos! No entiendo porqué no se hace.

Confío que las federaciones estudiantiles y organizaciones políticas juveniles ahora sí se pondrán las pilas y demandarán ¡gratuidad ya! Imagino que sus principales dirigentes y ex dirigentes hoy en el Parlamento, estarán planificando ir a los lugares donde se están matriculando sus compañeros para organizarlos y  exigir de las autoridades terminar con las becas y el nefasto CAE de inmediato y que cumplan con el deseo de la Presidenta de extender la gratuidad a la mayoría de los estudiantes ¡Ahora! No entiendo porqué no se hace.

En razón de su justificada desconfianza con el sistema político en general, hasta el momento las organizaciones estudiantiles y políticas juveniles así como sus ex dirigentes, se han mantenido en buena medida al margen de este debate, a la expectativa. Nunca creyeron que era posible alcanzar este beneficio de inmediato para sus compañeros. Tampoco les gustaba, ¡como no! que accedieran al mismo IES privadas con fines de lucro y cuya calidad es muy discutible, aunque estén acreditadas.

Sin embargo, al parecer no sabían que dichas IES ya están recibiendo este dinero público, sólo que en forma de becas y CAE y no rinden cuenta a nadie por ello. Cambiarlas al mecanismo de gratuidad significa que deben rendir cuentas, como ha dicho hasta el Contralor General de la República. Tanto o más importante, significa que la educación gratuita deja de ser una mercancía, eliminando así la base del lucro, y pasa a ser un derecho, como dice la Presidenta. La gratuidad objetivamente cambia el carácter de las IES que se adscriben a ella, llámense como se llamen, sean de quién sean, aunque no lo deseen.

El resto de las exigencias a las IES gratuitas, calidad, no lucro efectivo, libertad de cátedra, no discriminación, exigencia de contratar a sus académicos a jornada completa, y todas las demás que corresponden a un sistema de educación pública moderno, se determinarán en la discusión en el Parlamento de la nueva Ley de Educación Superior, con protagonismo de los ex dirigentes estudiantiles que hoy felizmente son diputados. Pero muy especialmente estas exigencias se harán efectivas mediante la participación triestamental en las elecciones de sus autoridades, puesto que ésta es la única manera de alinear IES autónomas con los objetivos públicos.

Terminar con las becas y el CAE ahora es una gran batalla que será ganada sin duda y yo al menos desearía y me parece posible que se gane de inmediato. Este año 2016 no debe exigirse a ningún alumno más que se someta a las exigencias de una beca o firme un CAE, para traspasar de esa forma recursos públicos que bien se pueden entregar a su institución bajo el esquema de gratuidad.

La gratuidad se ha logrado, y su extensión se logrará, ojalá ahora mismo. Pero confieso que me llena de indignación que para ello haya debido transcurrir un cuarto de siglo, la movilización pingüina y la de los universitarios el 2011.  Esta enorme alegría para el pueblo debería haber llegado junto con la democracia.

Si no lo hizo fue por la conjunción de los “Hijos de Pinochet”, que han venido utilizando el dinero de becas y CAE para financiar sus cuadros políticos en las “universidades” que mantienen bajo su control obscurantista, con venerables instituciones nacionales y muchos especialistas que aportaron en la lucha contra la dictadura, pero se vieron envueltos en el mismo entramado de intereses mezquinos.

Todos ellos adhirieron con entusiasmo a la ideología denominada “economía de la educación”, que justifica la privatización de la misma. Algunos siguen en ello hasta ahora, con tozudez que raya en la majadería en algunos casos connotados. Es de esperar que dejen de hacerlo.

No son pocos quienes, con buenas y malas intenciones, desde sus flancos derecho e izquierdo y algunos desde su interior, azuzados por aquellos que torpemente pretenden que no cambie nada, se desviven porque la respuesta a estas preguntas sea un rotundo ¡No! Lo más probable, sin embargo, es que todo resulte más o menos bien, lo cual por cierto sería el mejor resultado para el pueblo y el país.

La ciencia política clásica enseña y la experiencia de un siglo lo confirma en Chile y otros países, que en la época de transición a la modernidad, que coincide con la urbanización, la política se desenvuelve en una compleja dialéctica, una suerte de “paso a dos”, entre sucesivas ebulliciones populares que empujan desde abajo y un sistema político que realiza desde el Estado las intervenciones, de menor o mayor profundidad, que en cada momento se requieren para el continuado progreso de la sociedad. Si no lo logran en una determinada coyuntura, los países pueden experimentar regresiones transitorias más o menos dolorosas.

Las ideologías que han movilizado la actividad ciudadana, así como las formas que ha adoptado el sistema político y el Estado mismo, han mostrado una riquísima variedad. Van desde las corrientes más avanzadas del pensamiento ilustrado e instituciones republicanas bastante democráticas, hasta concepciones religiosas bien arcaicas y nacionalismos, más o menos conservadores, y las más diversas variedades de autoritarismos burocráticos, respectivamente. Todo ello adopta formas singulares en cada uno de los países que hasta el momento han realizado este tránsito epocal, el que todavía se encuentra exactamente a medio camino en la humanidad considerada en su conjunto.

La experiencia chilena presenta interesantes rasgos peculiares. Su pueblo ha mostrado una notable sensatez y paciencia junto a una perspicaz percepción de lo que ocurre, sin perjuicio que a cada década en promedio pierde la paciencia, proporcionando con ello la energía requerida para hacer lo que hay que hacer.

El sistema de partidos políticos, por su parte, ha evidenciado una extraordinaria flexibilidad, que casi siempre le ha permitido conformar las alianzas que han logrado impulsar desde el Estado, que a su vez ha adoptado formas democráticas adecuadas a este tipo de interacción, las transformaciones que ha demandado cada una de las coyunturas de cambio. Ello ha significado que la transición chilena a la modernidad ha cursado en general por cauces singularmente pacíficos, legales y democráticos, incluso en periodos de cambios mayores. Ello ha ganado a este pequeño y remoto país el respeto universal representado en la figura del Presidente Allende y la condena igualmente universal al traidor Pinochet.

Solo en dos ocasiones en el curso del último siglo, el sistema de partidos políticos no estuvo a la altura de las circunstancias y en ambos fue la burocracia militar la que asumió el mando. En 1924, empujada desde abajo por una movilización popular en alza, concretó en breve tiempo la creación de las principales instituciones del Estado moderno. En 1973, imponiendo el orden que demandaba una ciudadanía cansada tras varios años de agitación revolucionaria que ya había logrado sus objetivos fundamentales, pero trágicamente un orden contrarevolucionario que representó un violento retroceso en todos los ámbitos de la vida nacional, que casi medio siglo más tarde todavía estamos empeñados en terminar de reparar.

Una de la causas del fracaso del sistema político en 1973 fue el marco internacional de guerra fría, el que aparte de resultar decisivo a la hora de volver a los militares en contra del proceso desarrollista que ellos mismos habían iniciado medio siglo antes, facilitó la división del pueblo y los partidos políticos progresistas, de inspiración socialista y socialcristiana; explicación que por cierto no puede excusar la responsabilidad de los actores, puesto que otros procesos han superado con éxito coyunturas internacionales muchísimo más adversas.

La Nueva Mayoría representa precisamente la superación de la división aludida y está sostenida en la profunda asimilación por parte del pueblo y los partidos políticos acerca de sus trágicas consecuencias para todos. Dicha convicción se extendió a partir del momento mismo del golpe. Hay constancia de ello en documentos políticos claves, como la declaración de un distinguido grupo de militantes demócrata-cristianos y los informes políticos presentado por Carlos Lorca y Jorge Insunza a los partidos socialista y comunista, respectivamente, en las semanas posteriores al golpe. Más allá de ello y más importante, el reencuentro en la base entre todos los opositores al golpe y las formas brutales y reaccionarias que evidenció desde el primer momento, se produjo de inmediato.

Es bien conocido el heroico papel que jugaron las iglesias y los abogados en su mayoría demócrata cristianos, que sin vacilar un momento y desde el golpe mismo asumieron la defensa de las víctimas. Menos difundido es el hecho que ello constituyó un impresionante y conmovedor fenómeno de masas. Desde el instante del golpe se generó un tupido tejido de discreción y lealtades inquebrantables entre todos los opositores del golpe, que desde ese mismo instante abarcaron la mayoría de la población.

Gracias a ello fue posible proteger a los perseguidos y organizar la resistencia a la dictadura en todas partes y desde el primer momento. Ello se extendió y profundizó sucesivamente hasta que, nuevamente impulsados por un gran momento de ebullición popular en los años 1980, el más difícil, extendido y sacrificado de todos, el sistema de partidos políticos logró reconformarse y establecer nuevas alianzas que permitieron poner término a la dictadura.

Sobre estas sólidas bases forjadas en los años duros y en el seno del pueblo, las dos alianzas progresistas que se han conformado a partir de ese momento han logrado superar la vieja división del pueblo y partidos, entre socialistas y social cristianos, y han sido las más amplias que registra la historia. Especialmente la Nueva Mayoría, coalición que finalmente ha incorporado al más antiguo de los partidos populares de inspiración ilustrada, el Partido Comunista de Chile.

Por diversos motivos, la responsabilidad de todos los actores, influencias externas mediante, no pudo lograrse al término de la dictadura, con severas consecuencias respecto del carácter de la transición y la legitimidad del sistema político que le sucedieron.  Al respecto solo cabe recordar que de haberse conformado entonces algo así como la Nueva Mayoría, ésta habría arrasado en las primeras elecciones en 1989, logrando mayorías parlamentarias más que suficientes para reformar la constitución, puesto que el sistema binominal se hubiera vuelto en contra de sus creadores. Igualmente habría que haber avanzado con precaución, la política nunca camina sobre un sendero tapizado de rosas, pero la transición chilena ciertamente habría tenido un contenido muy diferente, que quizás hubiese ahorrado algunas de las penurias actuales, como sucedió en otros países tras la caída de sus dictaduras.

El éxito del gobierno de la Presidenta Bachelet y su proyección en un nuevo mandato de Nueva Mayoría —coalición que por la fuerza de los acontecimientos debería ampliarse hacia su izquierda y el centro— van a depender principalmente de cómo se mueve en su complejo “paso a dos” con la agitación de la ciudadanía. Si es capaz de asumir su conducción  aprovechando la inmensa energía que libera mientras se mantiene en alza, para enfrentar con determinación los desafíos y realizar los cambios que hay que hacer, que son varios y considerables como renacionalizar el cobre por ejemplo, para luego, cuando aquella inevitablemente amaine, con la misma decisión frenar y consolidar lo avanzado: son las lecciones de la tragedia de 1973.

La experiencia de nuestros padres y abuelos —de todos los colores del espectro político sin excepción— enseña que ello es posible y que ciertamente la mejor forma de avanzar es mediante estas grandes coaliciones progresistas, como las que han encabezando y llevado a puerto a cada una de las olas de participación ciudadana masiva que han impulsado el progreso de la sociedad. Lo más probable es que se logre nuevamente, entre otras cosas, porque las alternativas no son las mejores.

Recurrieron al más antidemocrático y desprestigiado resabio de la constitución Pinochetista, el Tribunal Constitucional (TC), cuya mayoría opositora votó, sin asco y sin detenerse siquiera un minuto a considerar los fundados alegatos de la defensa, por objetar parcialmente la constitucionalidad de dicha ley. La Presidenta respondió asimismo de inmediato “no me conocen, la gratuidad va de todas formas el 2016”.  Así sucederá.

Las grandes transformaciones siempre terminan por concretarse mediante la letra chica. Así había venido sucediendo con la privatización de la educación, que avanzó año tras año en la misma medida que crecía la proporción del presupuesto público asignado al denominado “subsidio a la demanda” o “vouchers” como los bautizó su inspirador Milton Friedman. Todo ello sin ley especial ni alegatos ante el TC.

Los ideólogos de la privatización bien han sabido siempre que en los “vouchers” reside la clave de todo. La educación privada brama por demanda solvente como ciervo por agua fresca. Si ésta crece, aunque sea a punta de becas y créditos financiados con fondos fiscales, las empresas educacionales privadas florecen y lucran de uno u otro modo. Si en cambio, la demanda por educación pagada merma o desaparece casi totalmente al extinguirse los “vouchers”, esos capitales deberán migrar hacia otros horizontes.

Así lo han entendido claramente, al menos en el caso de educación superior, la Presidenta y el gobierno, la Nueva Mayoría y todos sus parlamentarios, con la sola deserción de un senador, aunque vociferante y amplificado por las primeras planas de la derecha.

Asimismo el Consejo de Rectores (CRUCH), que agrupa a las universidades tradicionales y de mejor calidad, encabezado por su Presidente, Rector Aldo Valle, ha defendido con decisión y brillo la glosa presupuestaria en todas las instancias, en el entendido que ésta incorporaba asimismo a instituciones privadas de calidad que no pertenecen a su agrupación.

El movimiento estudiantil no ha sido en esta ocasión un protagonista relevante. Ha seguido el debate con distancia y escepticismo. Pero ello se explica principalmente por el extendido clima de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en general, que el fallo del TC no hace sino exacerbar a un nivel en extremo peligroso.

Más importante, tras el debate de la glosa presupuestaria y el propio fallo del TC “la pertinencia, necesidad y justicia de la gratuidad universal parece haber decantado en un amplio consenso político,” como ha escrito acertadamente un comentarista.

Tras el fallo, el gobierno ha reafirmado la voluntad de la Presidenta, sugiriendo que la gratuidad ya es un hecho en las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), donde no fue cuestionada por el TC y son las más importantes de todo el sistema. Eventualmente, podría incluso asignar toda la partida de gratuidad a esas universidades, extendiéndola allí a buena parte del estudiantado, con un efecto de demostración que haría irresistible su extensión a todas las instituciones en el presupuesto del año 2017.

En tal caso, sin embargo, se estarían frustrando hoy las expectativas de tres instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica, dos universidades y un instituto profesional (IP), y una universidad privada sin fines de lucro, que satisfacen los requisitos de gratuidad establecidos en la glosa presupuestaria y fueron objetados por el TC.

Lo más grave, es que para la mayoría de las instituciones, se dejaría vigente el mismo esquema de financiamiento mediante “vouchers”, el cual no rinde cuentas a nadie y estimula la privatización y el lucro. Una alternativa aún más trascendente y de impacto político todavía mayor, sería aprovechar las objeciones de supuesta inconstitucionalidad del TC para terminar de una vez con las becas y especialmente con el infame crédito con aval del estado (CAE), extendiendo ahora mismo el mecanismo de gratuidad a todas las instituciones de educación superior acreditadas, que son las únicas calificadas actualmente para percibir dineros públicos.

El gobierno ha estimado que los recursos asignados a gratuidad en la glosa que suman poco más de de medio billón de pesos (poco más de $0,54b), permite extenderla a algo más de 200 mil estudiantes, lo que arroja un promedio de poco más de dos millones de pesos por alumno gratuito.

Por otra parte, si se reasignan los recursos destinados a becas (más de de $0,23b) y CAE (más de $0,67b), que en conjunto suman casi un billón de pesos adicionales (más de $0,9b), a aportes directos a las mismas instituciones que los perciben hoy, ello permitiría cubrir con gratuidad a los restantes 400 mil estudiantes de escasos recursos que hoy reciben dichos beneficios, con un promedio similar al anterior, superior a dos millones por alumno.

Los recursos asignados para gratuidad, sumados a los becas y CAE, en el presupuesto 2016, suman más de un billón y medio de pesos, cubren más de la mitad de todos los ingresos por aranceles de todas las IES y son suficientes para incorporar a la gratuidad al 50 por ciento que más lo necesita de todos los estudiantes de educación superior, es decir, a cerca de 600 mil estudiantes, con un promedio de más de dos millones de pesos por alumno.

Estas cifras son irredargüibles y demuestran que el argumento que no hay dinero suficiente es equivocado. Hacer extensiva la gratuidad a todas las instituciones acreditadas es lo que propusieron CENDA e ICAL hace un año y reiteraron hace poco. Ello es posible y constituye la alternativa más contundente para avanzar en la reforma de educación superior, al tiempo que muestra el camino para la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en su conjunto, en todos los niveles.

Por este motivo, esta propuesta se ha ido abriendo camino, poco a poco, de una y otra manera, contra viento y marea, contra todos sus poderosos adversarios, de oposición y también algunos de la coalición de gobierno. Terminar con la educación mercantilizada y reconstruir el sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad es lo que ha resuelto hace ya bastante tiempo la ciudadanía.

Eligió a la Presidenta Bachelet precisamente para implementar esta reforma y confió que cumpliría su palabra. Ella está respondiendo con la lealtad que se espera de una hija política del Presidente Allende.

Este ejemplo clásico de la topología matemática ilustra una metodología general: si una solución no se encuentra al interior de un espacio, hay que expandirlo agregando nuevas dimensiones. Es lo que necesita la política exterior chilena para abordar los conflictos territoriales con Bolivia y Perú. En el estrecho marco actual éstos no tienen solución y solo van a agravarse, quizás peligrosamente.

Se esfumarán, en cambio, cuando Chile abandone en serio la estrategia de “desarrollo hacia afuera” unilateral e indiscriminada, que viene aplicando desde el golpe militar, basada en la sobreexplotación de recursos naturales. Aquella resulta funcional a los intereses de las grandes empresas rentistas que se han apropiado de éstos, y a la geopolítica de los EEUU. Debe sustituirla una estrategia de “desarrollo hacia adentro de América Latina”. Ese es el espacio amplio y crecientemente integrado que requiere, y ya está abriendo, la continuada expansión del auténtico capitalismo chileno y también la solución a los problemas limítrofes.

Los fantasmas de la Guerra del Pacífico han vuelto a la vida. El catafalco en que durmieron durante un siglo, aplastados por el abrumador predominio económico, político y militar chileno, fue destapado por el acelerado desarrollo que finalmente vienen experimentando Perú y Bolivia, de la mano de su tardía y todavía muy parcial, pero vertiginosa, urbanización en curso.

En la segunda mitad del presente siglo, las poblaciones conjuntas de Perú y Bolivia, que hoy poco más que duplican a la chilena, la van a triplicar con creces, y la de Bolivia sola la va a superar. Por añadidura, ambos países van a contar entonces con poblaciones urbanizadas del todo.

Este proceso en nuestro país ya se ha completado en buena medida, lo que explica porqué el PIB de Chile todavía supera a los de Perú y Bolivia sumados. Sin embargo, esta relación se está modificando rápidamente y al cabo de algunas décadas, la economía de nuestros vecinos va a superar a la chilena con creces, de manera más o menos proporcional a su población urbanizada de entonces. Inevitablemente, el peso político y militar relativo de los tres países se va a ir acomodando a su respectivo poderío económico.

Perú y Bolivia se verán beneficiados adicionalmente por la complejidad cultural de sus numerosas poblaciones originarias, asentadas en esos territorios desde el Neolítico y que hicieron florecer allí los antiguos imperios americanos. Dicho rasgo característico de todas las grandes civilizaciones, se manifiesta en la majestuosidad y opulencia de los vestigios de sus glorias pasadas, pero asimismo en la complejidad y riqueza de su civilización urbana moderna.

La actual estrategia chilena para enfrentar este conflicto, en el espacio bilateral y de intangibilidad de tratados limítrofes, está condenada irremisiblemente al fracaso, puesto que éstos fueron producto de una correlación de fuerzas que hoy ha cambiado y cambiará mucho más. Felizmente, se difuminarán en la misma medida que Chile recupere la política exterior comprometida en serio con la integración latinoamericana que tuvo antes del golpe militar, cuando las relaciones con los países limítrofes eran muy estrechas, en el marco de una inspiración desarrollista común en un espacio latinoamericano crecientemente integrado.

El llamado “Sueño de Bolívar” aparece como el principal desafío de la alta política latinoamericana del siglo XXI. El imperativo de construir en América Latina un auténtico mercado común, es decir, un espacio de libre circulación de dinero, mercancías y personas, sin trabas aduaneras ni de ninguna especie, regulado y protegido por instituciones estatales supranacionales, sobre un espacio económico de un orden de magnitud de mil millones de habitantes urbanizados, resulta bastante evidente.

El régimen de producción moderno requiere un espacio de libre circulación, regulado y protegido por un Estado, con dimensiones acordes con los de las principales potencias económicas con las cuales debe competir. De este modo surgieron en el siglo XIX los Estados modernos europeos, los que barrieron con las viejas aduanas feudales y dialectos regionales, e impusieron, protegieron y regularon, la libre circulación en las naciones modernas así conformadas sobre espacios y poblaciones de dimensiones similares a las del Reino Unido, la nación, Estado y mercado, moderno pionero.

En la segunda mitad del siglo XX, la aparición de Estados-mercados de estas características, pero sobre espacios y poblaciones del tamaño de continentes, en Norteamérica y con características especiales en la URSS, forzaron a las naciones pioneras a superar rivalidades y odios tribales seculares y su trágica historia de guerras en el siglo XX, para conformar una Unión Europea con instituciones estatales supranacionales que protegen y regulan la libre circulación sobre un espacio de dimensiones similares. La emergencia de China, India y otros gigantes comprueba que el capitalismo del siglo XXI requiere Estados-mercados de esas dimensiones.

El error fundacional del pensamiento Neoliberal, es que pierde de vista el rol esencial del Estado en la conformación de cualquier mercado y postula la utopía de un mercado mundial antes de la posibilidad histórica de conformar un Estado mundial que lo regule y proteja. En pos de tal utopía se oponen a la conformación de mercados-Estados supranacionales a nivel regional, los que si constituyen una opción viable en esta época, como demuestra la UE. Ello es funcional a las grandes empresas rentistas que hegemonizan la élite chilena, que no requieren un mercado protegido por estar sentadas encima del monopolio de los recursos que se han apropiado.

La opción para las naciones de América Latina en el siglo XXI es, o integrarse o resignarse a ser vasallos de los EEUU. No hay otra. Por este motivo, el “Sueño de Bolívar” ha continuado avanzando, aunque muy lentamente y a lo largo de una inevitable y muchas veces frustrante sucesión de ires y venires, dimes y diretes. Y muy a pesar de los numerosos agoreros, bien aceitados por los grandes rentistas y ampliamente perifoneados por los EEUU  y la llamada “prensa seria” de la región, que continuamente proclaman con sorna su inminente colapso.

Sus pasos más significativos hasta el momento han sido la formación, supervivencia y sucesiva ampliación del MERCOSUR (1991), así como la persistencia del Pacto (1969), luego Comunidad, Andina (1996) y la más reciente creación de UNASUR (2004) y CELAC (2010).

La posición favorable a la integración y complicidades al respecto de las jerarquías de las burocracias profesionales LA, en las cancillerías y estados mayores militares, son bien conocidas, igual que las amplias simpatías que el proceso cuenta entre los pueblos de la región.

Lo más importante es lo que está sucediendo sobre el terreno, la acelerada integración práctica, en infraestructura y especialmente, las inversiones privadas cruzadas entre los países.

En el caso chileno, por ejemplo, las inversiones directas privadas en el exterior se ubican principalmente en Argentina, que concentra poco menos de la mitad y casi toda la otra mitad en Brasil, Perú y Bolivia. Como ha declarado el mayor supermercadista chileno, Hörst Paulmann, “los que no invierten en los países vecinos se pasan de giles”.

Los conflictos limítrofes bajarán de intensidad si en lugar de continuar siendo percibido como un vocero de los EE UU en la región, Chile recupera el rol de liderazgo en el proceso de integración que tuvo antes del golpe. En lugar de firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés, inscrito en la estrategia de los EEUU contra China y de las multinacionales contra los Estados, Chile debería incorporarse como miembro pleno y activo en el MERCOSUR, la más sólida iniciativa integracionista, a la cual el ex Presidente Lagos se comprometió adherir para luego retractarse tras un llamado telefónico del ex Presidente Clinton ofreciendo un TLC, ¡sin siquiera avisar a sus prospectivos socios!

La solución a los conflictos con nuestros vecinos del Norte pasa por integrarnos lealmente con los que están al otro lado de la cordillera. Mientras antes lo comprendamos, mejor.

Como ha editorializado el New York Times , “después de los ataques de París el mundo está una vez más desafiado por el miedo. Después de cada bombazo, decapitación y baleo masivo, el temor se esparce, junto a la necesidad de derrotar este nihilismo. Pero un desafío no menos importante para el mundo civilizado es el peligro de las heridas autoinflingidas. Junto a la reacción y sobre reacción contra el terrorismo viene el riesgo que la sociedad extravíe su camino”.

En la estela de la más severa crisis económica desde los años 1930 y la avalancha de refugiados sirios, los cobardes asesinatos de decenas de jóvenes inocentes en París han extendido el miedo en la población europea hasta un punto peligroso.

Es conocido el inusitado crecimiento allí de los partidos de extrema derecha, que desde hace años gobiernan en países como Hungría o Eslovaquia y han participado del gobierno nada menos que en Holanda y Dinamarca, han ganado recientemente las elecciones en Polonia, pueden ganar las venideras en Francia y obtienen cerca de un quinto o más de la votación en casi todos los países europeos, incluidos baluartes históricamente inexpugnables como el Reino Unido y los Países Nórdicos, así como en la propia Alemania que después de los horrores del nazismo se suponía vacunada para siempre contra este flagelo.

Sus expresiones más brutales son las extendidas agresiones contra la población inmigrante, particularmente musulmanes, las que van desde odiosas expresiones de rechazo y discriminación en todos los ámbitos de la vida cotidiana, que han llegado hasta extremos tan ridículos como la prohibición de usar burka o levantar minaretes, hasta profanaciones de tumbas judías y violentos atentados incendiarios contra hogares de acogida de inmigrantes los que, según información reciente, en Alemania han aumentado ¡de uno a dos por día!

Lo que resulta todavía más peligroso, sin embargo, es que tal como sucedió en los EE.UU. tras los atentados a las torres gemelas, las concepciones de miedo agresivo más peligrosas están alcanzando amplios círculos intelectuales y se expresan incluso a través de medios liberales. Es ilustrativo al respecto, por ejemplo, el reciente artículo de un historiador británico llamado Niall Ferguson, profesor de Harvard, calificado por la revista Time como uno de las 100 personas más influyentes e invitado reciente a Chile por la Universidad Adolfo Ibáñez y El Mercurio, publicado en el Times de Londres y que ha sido ampliamente reproducido en muchos medios, entre ellos El País de España.

Ferguson afirma que las atrocidades de París muestran “exactamente como caen las civilizaciones” y las compara con el saqueo de Roma por los Godos. “Como el Imperio Romano a principios del siglo V, afirma, Europa ha dejado que sus defensas se derrumbaran. A medida que aumentaba su riqueza ha disminuido su capacidad militar y su fe en sí misma. Se ha vuelto decadente, con sus centros comerciales y sus estadios. Al mismo tiempo, ha abierto las puertas a los extranjeros que codician su riqueza sin renunciar a su fe ancestral. Como entonces, proceden de toda la periferia imperial, pero esta vez no son decenas de miles, sino millones. ”

Augura que puede ocurrir como entonces “una toma violenta a manos de los invasores bárbaros, horrores y disturbios, destrucción de una civilización compleja y retorno de los habitantes de Occidente a un nivel de vida propio de la era prehistórica… el fin de la civilización en el plazo de una sola generación”.

Ominosamente, Ferguson se permite afirmar además que “los monoteístas convencidos son una grave amenaza para un imperio laico”, reflotando así los delirios de los llamados “revolucionarios derechistas” europeos del siglo XIX que inspiraron luego al nazismo alemán, entre los cuales destacaron Nietzsche y Wagner entre otros, que atribuían la decadencia de las naciones europeas al supuesto “pacifismo” católico, al que a su vez consideraban producto ¡de una conspiración judía!

Que tal nivel de demencias, como las ha calificado el Premio Nobel Paul Krugman, sean consideradas dignas de ser publicadas por medios respetables, es una muestra de los extremos a los que se está llegando.

Ferguson se equivoca medio a medio. No sólo en las dimensiones de su “invasión bárbara”, puesto que los inmigrantes netos a Europa difícilmente superarán los 1,7 millones por año que llegaban a esa región, o a los EE.UU., antes de la crisis del 2008, los que sus economías necesitan para crecer y no representan una cifra grande si se considera que, sólo en China, los inmigrantes del campo a la ciudad son alrededor de 17 millones por año, todos ellos campesinos y no médicos o ingenieros como muchos de los que llegan a Europa.

En el fondo, Ferguson sigue preso de las concepciones de la Guerra Fría, que suponían un Occidente capitalista en decadencia enfrentado a la amenaza de un comunismo que ya nacía.

Recién tras la caída del Muro de Berlín, la humanidad vino a comprender que lo que está sucediendo en el mundo no es la decadencia de la moderna civilización urbana capitalista sino exactamente lo contrario, es decir, que todavía vivimos su esparcimiento global de la mano de la urbanización acelerada de las regiones más pobladas del planeta.

Es el mismo proceso que se inició hace más de tres siglos en Inglaterra y se extendió hace dos a Europa Occidental, desde donde saltó a las llamadas “Colonias Blancas” en Norteamérica, Australia y otros lugares, y se extendió ya en el siglo XX a regiones de Asia y América Latina, hasta abarcar hasta ahora exactamente a la mitad de la humanidad que ya se ha urbanizado. Está completando ahora su globalización en la medida vertiginosa que la otra mitad de la humanidad está recorriendo el mismo camino que la lleva desde su vida tradicional en el campo hacia las bullentes y gigantescas urbes del mundo emergente.

Por cierto, el tránsito masivo de la vieja forma de vida campesina a la moderna civilización urbana, junto a las maravillas que genera ésta, conlleva los mayores traumas que ha atravesado la humanidad en su existencia sobre la tierra. En todas las sociedades que lo han experimentado hasta el momento, su inicio está marcado por la sucesión de las grandes revoluciones modernas, como fueron la Revolución Inglesa de 1648, la francesa de 1789, la llamada “Primavera de los Pueblos” de Europa Occidental en 1848, y todas las grandes revoluciones del siglo XX, empezando por la Rusa y la Mexicana, hasta la Portuguesa e Iraní.

Asimismo todas estas grandes revoluciones han sido acompañadas por una seguidilla de erupciones populares que impulsaron desde abajo grandes transformaciones en las décadas previas y posteriores a cada una de ellas. Bien lo sabemos los chilenos, que las hemos venido experimentado a cada década en promedio desde 1924, pasando por la auténtica revolución que condujo el Gobierno del Presidente Allende y hasta estos precisos momentos, en que nuevamente experimentamos una de las irrupciones populares más importantes de nuestra historia.

Ninguno de estos procesos ha transcurrido de modo ordenado, pacífico y reglado por las normas de la democracia burguesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proceso chileno se distingue singularmente por esto hasta 1973 y de ahí su gran prestigio universal. Al lado de las guerras civiles, atrocidades y fundamentalismos religiosos, que precedieron y siguieron a la revolución de Cromwell en Inglaterra o la Gran Revolución Francesa, por ejemplo, algunas de las que asolan hoy al Medio Oriente parecen hasta moderadas y casi liberales, especialmente si se considera que afectan a poblaciones harto más numerosas.

Sin embargo, la experiencia europea del siglo XX muestra que lo más ominoso de las transiciones a la modernidad no son las grandes revoluciones que las inician y las turbulencias populares que las acompañan, sino los demonios que las asolan en fases más avanzadas. Solamente cuando estas transiciones alcanzan un estado en que la moderna economía urbana potencia la capacidad de intervenir la naturaleza, la reacción agresiva ante el miedo y la infinita maldad humana, seculares, es que aparece el rostro horripilante de los tres demonios modernos: la depredación de la naturaleza, el fascismo y la guerra.

El primero demonio depreda antes de comprender la necesidad de proteger el medio ambiente, el segundo demonio suele enseñorearse y provocar retrocesos de décadas —como en Chile durante el último medio siglo— cuando las viejas oligarquías desplazadas por el avance de la modernidad son capaces de azuzar el miedo de las amplias masas dejadas atrás por éste, especialmente durante las grandes crisis económicas del capitalismo. El tercer demonio, el peor de todos, asoma sus orejas cuando las potencias que por momentos aparecen como dominantes, simplemente por haber efectuado antes dicho tránsito, se niegan a dejar paso a otras, mayores que ellas, que emergen allí donde la urbanización ha transcurrido más tardíamente.

Esto último es lo que sucedió en la Europa del siglo XX, con la emergente Alemania enfrentada a las entonces dominantes Inglaterra y Francia. Lo mismo está sucediendo con el conjunto de la brillante civilización surgida de la pionera urbanización Europea y que Ferguson y muchos otros confunden con una decadencia, que no es tal sino sencillamente el proceso de acomodo a un mundo donde todos los países y regiones formarán parte de la misma civilización moderna, pero en el cual el poder económico, político, militar y cultural, estará distribuido según la población urbanizada de cada región.

El riesgo principal que enfrenta la humanidad es que ideas como las de Ferguson, o los neoconservadores de Bush antes que él o los locos que postulan hoy a la candidatura del Partido Republicano, en los Estados Unidos, y otras similares que medran pestilentes en todos los países más poderosos, alcancen la influencia que les posibilite desatar nuevamente los demonios del siglo XX. Sólo que en el siglo que se inicia, estos monstruos alcanzan un tamaño diez veces mayor.

Felizmente, la historia del siglo XX, en Europa y también en Chile, nos enseña que tales demonios pueden ser conjurados si se los aísla y reprime oportunamente con decisión y también derrotados cuando logran enseñorearse del poder.

El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica por colusión en la venta de papel y otros productos del rubro higiene, a la firma y familia que ejerce de madrina del empresariado y la élite chilena, viene a develar con precisión científica el carácter de aquello en que ésta ha devenido tras el golpe militar: una élite rentista que ha pretendido restablecer, mediante la violencia pura y sus secuelas, la hegemonía cuya legitimidad había ya perdido por completo hace medio siglo atrás.

Como siempre sucede con estos graznidos de cisne de las élites que mueren, las hegemonías sostenidas exclusivamente por la fuerza duran un tiempo históricamente muy breve. La que asumió tras el golpe militar, que un periodista talentoso bautizó como “Hijos de Pinochet”, vive su ocaso en medio de la decadencia y descomposición, a lo que este episodio agrega la bastedad y el ridículo más completos. Se lo merecen, porque lo que hicieron en el medio siglo recién pasado es imperdonable y a juzgar por lo que parlotean en sus círculos íntimos y a veces en la prensa, ellos mismos todavía no se hacen cargo de ello y probablemente no lo harán jamás.

Los “Hijos de Pinochet” no son una élite legítima porque no han sido capaces de organizar la producción social en base a la única fuente de la moderna riqueza de las naciones: el valor agregado mediante  la contratación masiva de trabajadores para producir bienes y servicios que se vendan en el mercado en condiciones competitivas.

Los “Hijos de Pinochet”, en cambio, obtienen el grueso de sus ingresos de la renta de los riquísimos recursos naturales del país, de los cuales se han apropiado casi totalmente y mayormente sin pagar un peso. La renta, como se sabe, es un excedente de precio que el mercado asigna a los bienes y servicios escasos por encima del valor agregado en su producción, el que incluye la ganancia capitalista normal.

Los monopolistas son cuasi-rentistas, que en virtud de su poder de mercado son capaces de generar escasez artificial y vender asimismo por encima de los costos de producción, que incluyen la ganancia media.

La renta se origina en un traspaso de parte de las ganancias de los capitalistas que producen y venden mercancías en mercados competitivos, cuyos precios necesariamente deben rebajarse por debajo de sus costos, a costa de una reducción en la ganancia media, para que los bienes escasos se puedan vender consistentemente por encima de los suyos. Es decir, lejos de ser lo mismo, los rentistas son parásitos de los auténticos capitalistas. Es por este motivo que en todos los países modernos, las élites auténticamente capitalistas nacionalizan los principales recursos naturales y establecen drásticas legislaciones antimonopolio.

En Chile, en cambio, la hegemonía de la élite está en manos de un puñado de grandes rentistas. No más de diez se han apropiado sin pagar un peso del 40 por ciento de las riquezas del subsuelo, dos se han apropiado del 90 por ciento de los derechos de agua, otras dos de más del 90 por ciento de las plantaciones forestales, y siete familias se apoderaron de todas las licencias de pesca industrial. Sólo en el cobre, la renta apropiada por esta vía equivale a más del 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

Aquellos que venden en el mercado interno se han coludido para obtener cuasi rentas en casi todos los sectores económicos, lo que hasta el momento se ha demostrado y sancionado en productos de primera necesidad para el consumo popular, como medicamentos, pollos y ahora hasta en el papel higiénico.

Los “HIjos de Pinochet” no son una élite legítima porque no respetan su regla moral más esencial, que consiste en que su derecho a quedarse con los excedentes tiene como contrapartida el respeto estricto del tiempo de trabajo que los trabajadores necesitan para sostenerse ellos mismos y sus familias, incluidos sus viejos. Esta norma ha sido respetad por todas las elites legítimas a lo largo de la historia.

La respetaron los amos con sus esclavos, los señores con sus siervos y también la vieja élite latifundista chilena, que se permitía meter mano hasta las hijas de sus inquilinos, pero nunca al tiempo que ellos tenían reservado para trabajar las tierras que se les asignaban para producir lo necesario para sostenerse ellos y sus familias, incluidos sus viejos.

En la sociedad moderna, los capitalistas se apropian de los excedentes, pero saben que deben pagar salarios justos para que sus trabajadores puedan mantenerse en las condiciones que cada sociedad considera dignas según el nivel de democracia que haya logrado. Ello se garantiza mediante estrictas legislaciones laborales que aseguran un mínimo de equiparidad en las negociaciones salariales.

En Chile la dictadura abolió la legislación laboral más o menos avanzada que se había logrado a lo largo de un siglo de luchas sindicales y la élite se ha debatido como gato de espaldas para evitar que se le introduzcan mínimas reformas, lo que resulta bien evidente y vergonzoso precisamente por estos días.

Pero adicionalmente, se apropian de parte de los salarios mediante cobros abusivos en tarjetas de crédito bancarias y otras formas de créditos de consumo, usura pura, cuyos intereses ascienden a poco menos de un cinco por ciento del PIB por año.

Como si eso fuera poco, se apropian de la casi totalidad de los descuentos salariales destinados supuestamente a sostener a los trabajadores que se han acogido a un merecido retiro, mediante el sistema de AFP que es un mecanismo de ahorro forzoso mediante el cual se apropian de salarios y subsidios financiados con impuestos pagados principalmente por los trabajadores, puesto que la élite los elude sistemáticamente, lo que después del pago de pensiones, equivale a más de un cinco por ciento del PIB por año.

Los “HIjos de Pinochet” no son una élite legítima porque en su bastedad y codicia no han sido capaces de destinar una parte adecuada del excedente al desarrollo de la ciencia, la cultura y las artes y han intentado reflotar la rancia y pre moderna cultura de casta, oscurantismo religioso y segregación social.

Tras el golpe militar redujeron el presupuesto educacional a la mitad, los salarios de los profesores a la tercera parte, despedazaron el sistema nacional de educación pública y luego han venido  intentando privatizarlo y convertirlo en una fuente adicional de apropiación de fondos públicos mediante el sistema de “vouchers”.

Dicho sistema había sido creado por el Estado, dirigido por gobiernos de todas las tendencias políticas, a lo largo del medio siglo precedente, era gratuito y de una calidad admirada en la región y al momento del golpe tenía matriculados más de tres millones de alumnos de una población total de diez millones de habitantes.

Dicho número disminuyó en términos absolutos en la primera década de dictadura, especialmente en el nivel terciario y hoy, tras todo lo ocurrido después, están matriculados en todo el sistema, público y privado, en todos sus niveles, sólo cuatro millones de alumnos de una población total de más de 16 millones de habitantes.

Este brutal retroceso inicialmente obedeció a que los militares consideraban el ámbito de las cosas del espíritu como una plaza enemiga, la cual había que ocupar y destruir. Sin embargo, que se haya sostenido a lo largo de casi medio siglo sólo se explica porque los rentistas no requieren, como los auténticos capitalistas, de una fuerza de trabajo altamente calificada y una producción científica y técnica que sustente la innovación constante, única fuente del aumento legítimo de sus ganancias.

Peor aún, los “Hijos de Pinochet” pretendieron imponer en Chile una cultura de “apartheid”, versión esperpéntica de los esquemas de castas pre modernos, que algunas élites decadentes han pretendido imponer en sus vanos intentos de prolongar su ocaso gobernando por la fuerza.

Así sucedió por ejemplo en Sudáfrica, cuya minoría blanca comparte con la vieja élite agraria criolla su origen en colonos pobres arribados en el siglo XVI y convertidos en pequeños señores. Recién en 1948 tuvo que recurrir a las infames leyes de segregación racial para prolongar mediante la fuerza durante medio siglo una hegemonía que ya por entonces había perdido por completo su legitimidad.

Una de las versiones más grotescas del “Apartheid” criollo fue su deformación de la vida social de las modernas ciudades chilenas mediante erradicaciones forzadas de poblaciones populares completas en una suerte de “limpieza étnica”, en su intento de replicar el modelo de las viejas casas patronales de las haciendas, a barrios completos. Allí malviven su ocaso, aprisionados en privilegios que no alcanzan nunca la altura de los muros y alambradas, cámaras de seguridad y vigilantes, con los cuales pretenden apaciguar su terror a perderlos, aplastados bajo fanatismos religiosos y otros arcaísmos rancios simbolizados por los techos de tejas de su preferencia.

Liberada de esta costra rentista, será posible que florezca la joven, educada, bullente y promisoria nueva élite chilena, comprometida con los derechos humanos y la democracia, conformada socialmente por los cientos de miles de pequeños, medianos y algunos grandes empresarios, auténticamente capitalistas —entre ellos muchos de los hijos de los “Hijos de Pinochet”—, junto a los profesionales, científicos, artistas, sacerdotes de todas las creencias e intelectuales, y todos aquellos que se han destacado como líderes en las más diversas actividades en virtud exclusiva de su mérito personal, así como los políticos profesionales y altos funcionarios civiles y militares que conforman el aparato del Estado. Aventados los “Hijos de Pinochet”, ellos podrán asumir en plenitud el desafío de conducir a Chile con paso firme a traspasar las puertas y adentrarse en la era moderna.

Mientras tanto, los millones de trabajadores chilenos y sus familias, junto a los cientos de miles de hermanos latinoamericanos que crecientemente vendrán a asentarse en esta tierra, rejuveneciendo y acrecentando su fuerza de trabajo, multiplicarán la riqueza del país. Con sus periódicas irrupciones masivas en la vida política, como la que está cursando en estos precisos momentos, continuarán empujando desde abajo proporcionando la inmensa energía que se requiere para remover las trabas que impiden el progreso, aventar a los “Hijos de Pinochet” y exigir a su élite que se comporte en todo momento como corresponde.

Algún día, mucho más adelante, asumirán ellos mismos, directamente, los destinos de nuestra sociedad.

Algunos parecen tener la misma peregrina idea para la reforma educacional en curso, pretendiendo restringir sólo a las universidades estatales la gratuidad, incorporada en la ley de presupuesto 2016 a instancia directa de la Presidenta Bachelet. Este nuevo intento de frenar el inicio inmediato y a tranco firme de la reconstrucción de la educación pública gratuita y de calidad fracasará como todos los anteriores, que no han sido pocos ni les ha faltado imaginación.

So pretexto que con ello se evitaría un eventual recurso de inconstitucionalidad, algunos parlamentarios de la coalición de gobierno, incluido el senador que preside la comisión mixta de presupuesto y algunos diputados, han promovido restringir la gratuidad 2016 solo a las universidades estatales. Evidenciando que se trata de una maniobra concertada, la misma propuesta fue presentada con bombos y platillos por un rector de conocida militancia en un partido gobiernista, en presencia de conspicuos parlamentarios y ex ministros de la Concertación, invitados con ocasión del aniversario de la sede donde se celebró la más reciente reunión del Consejo de Rectores (CRUCH).

Les salió el tiro por la culata. Como era de esperar, la idea fue rechazada categóricamente por el resto de las universidades estatales y muy especialmente por las otras universidades del CRUCH, el llamado G9 que incluye las universidades católicas.

Al final, el Consejo de Rectores acordó por unanimidad exigir que la gratuidad 2016 sea aprobada en el parlamento en los términos presentados por el gobierno. “No es conveniente en caso alguno introducir una división en la glosa presupuestaria ni reducir el número de instituciones” declaró el presidente del CRUCH, Rector Aldo Valle. “No esperamos que se haga una división de la glosa porque hay una promesa hecha a todas las instituciones del CRUCH y quisiéramos que eso se respete”, agregó Diego Durán, Rector U. Católica del Maule, al presentar ambos las conclusiones del CRUCH.

El argumento de “discriminación” esgrimido en contra de la glosa de gratuidad es feble, puesto que hay consenso general que el financiamiento público no puede ir a instituciones que no acrediten calidad y tengan fines de lucro. Así es actualmente, puesto que hay varias que no tienen acceso a becas ni créditos porque no han acreditado la calidad requerida para ello. Por otra parte, la propuesta gubernamental no afecta a los actuales receptores de estos beneficios, los que se mantienen igual.

Si la oposición está dispuesta a llevar su porfía contra la gratuidad hasta el extremo de dejar sin financiamiento a la educación superior, presentará de todos modos un recurso de inconstitucionalidad, sin importar si aquella es restringida o general. Sin embargo, ello es improbable porque el costo político de llegar a esos extremos no es menor y el gobierno tiene múltiples herramientas para insistir con éxito en su propuesta, como lo evaluó responsablemente al elaborar la glosa referida.

Más allá de las escaramuzas parlamentarias, el asunto es más de fondo. Los que desde la oposición y la coalición de gobierno se oponen a la gratuidad y pretenden mantener el actual esquema de “vouchers”, han urdido ahora esta leguleyada de restringirla a las estatales porque saben que la idea cuenta con cierta simpatía entre algunos partidarios de la reforma, incluidos varios dirigentes y ex dirigentes estudiantiles.

Estas legítimas aprensiones a extender la gratuidad más allá de las instituciones estatales, sin embargo, no parecen tomar en cuenta debidamente la realidad del sistema educacional que se pretende reformar, donde la mayor parte del actual financiamiento público ya se está entregando a instituciones privadas donde estudia la mayoría de los estudiantes y trabaja la mayoría de los profesores, académicos y funcionarios de la educación. Sólo que dicho traspaso de fondos públicos opera mediante una modalidad en que éstas lo reciben sin rendir cuenta alguna, puesto que aparece como el resultado de una supuesta “compraventa” de servicios educacionales.

Ese es el punto. La reforma propuesta por el gobierno en la glosa de gratuidad no busca entregar nuevo financiamiento público a instituciones privadas, puesto que eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en cada uno de los presupuestos precedentes, sino cambiar la modalidad en que éste se entrega, de modo de terminar con la mercantilización de la educación, que es la raíz de su crisis general, y reemplazarla por su asignación y control directo por parte del Estado, a instituciones de calidad que, independientemente de su propiedad, no tengan fines de lucro, no discriminen, elijan democráticamente sus autoridades y, lo que es determinante, no cobren a sus estudiantes.

Sin duda la propuesta del gobierno se puede mejorar, pero en lugar de restringirla a solo a las estatales, es posible y recomendable extenderla a todas las instituciones acreditadas que no tengan fines de lucro y acepten las condiciones de gratuidad y participación exigidas en la glosa, ojalá haciendo más estricta esta última puesto que es el mecanismo principal para garantizar que las instituciones receptoras se van a alinear con autonomía a los objetivos públicos. Esa es precisamente la propuesta CENDA-ICAL, presentada ya el 2014. En otras palabras, se pueden convertir las cuantiosas partidas presupuestarias actuales de créditos y becas en su mayor parte, para extender la gratuidad de este modo, de inmediato.

Dicha propuesta no asigna un peso más a las instituciones privadas que los que actualmente están recibiendo sin control alguno en forma de créditos y becas. En cambio, introduce un cambio decisivo en la forma de asignación, control y, lo que es determinante, permitiría desmercantilizar de un golpe más de la mitad de las matrículas de toda la educación superior, lo que cambia esencialmente el carácter de las referidas instituciones.

Algo similar hay que hacer con los colegios reemplazando la actual “subvención escolar” por una asignación directa a cambio de gratuidad y requisitos como fin del lucro, no selección y atención de un barrio determinado.

El financiamiento público ya cubre más de la mitad de los ingresos por aranceles de toda la educación superior y más del 90 por ciento de los ingresos de los colegios, por lo cual este cambio de modalidad permite lograr la gratuidad inmediata a una proporción similar de los estudiantes y sus familias. El resto se puede lograr en pocos años, solo mediante el incremento vegetativo del presupuesto educacional.

El impacto de esta reforma es inmenso. En todos los niveles. Desde luego libera a los estudiantes de la obligación de contraer créditos, terminando con el infame CAE y a los becarios de someterse a discriminatorias exigencias académicas mayores que las de los que pueden pagar.

Permite reordenar los colegios y logra rápidamente la meta de dotar a cada barrio y cada pueblo con un colegio público gratuito de calidad, donde las familias puedan enviar sus hijos caminando, tal como sucede en todos los países desarrollados. El impacto sobre los profesores, académicos, investigadores y personal de apoyo a la educación es también enorme, puesto que al contar los establecimientos con financiamiento estable pueden exigir condiciones de trabajo asimismo estables, lo que es el elemento decisivo para mejorar la calidad.

Lo que es más importante, la reforma educacional procede de este modo como siempre debe ser, sin destruir nada sino transformando el carácter de lo existente y extendiendo beneficios de modo general de manera de generar el apoyo político que requiere para avanzar.

Y de seguro evita que la reforma educacional de la Presidenta Bachelet vaya a ser catalogada alguna vez como una “reforma de macetero”.

La civilización y la historia nacieron cuando la productividad del trabajo empezó a generar un excedente por encima de lo que lo que es necesario para sostener a las personas que lo realizan. A partir de ese momento se establece la regla moral que éstos deben sostener a quienes no pueden trabajar, sea porque están enfermos o inválidos o no han alcanzado o excedido la edad adecuada para hacerlo y que inevitablemente mueren si son abandonados a su suerte.

El así llamado “sistema de capitalización individual” pretende romper esta regla moral esencial, proclamando que si se libera a los que trabajan de la obligación de sostener a sus mayores, aquellos podrán sostenerse por sí mismos cuando lleguen a viejos si ahorran lo suficiente, confiando desde luego la multiplicación de dichos ahorros a la magia de sus hábiles administradoras, las AFP.

Todo ello no es más que una mistificación, puesto que es evidente que los viejos, al igual que los niños e inválidos, no pueden valerse por sí mismos. Es indispensable que los que pueden trabajar les proporcionen el alimento, abrigo y cuidados que requieren para no morir. El pan que desayunaron hoy los viejos en Chile no lo sacaron de las bóvedas de las AFP, sino fue horneado esta misma mañana por trabajadores bien activos y madrugadores, quienes también les proporcionaron el resto de sus alimentos, el abrigo y los servicios de salud, energía, transporte y todo lo que requieren para sobrevivir.

Si la gente vive más años y aumenta la proporción de viejos en la sociedad, los que trabajan deberán inevitablemente destinar una parte mayor de su jornada a producir las cosas que ellos necesitan para vivir en condiciones dignas, o empobrecerlos si no están dispuestos a cumplir con esta obligación moral. Los diferentes sistemas de pensiones no son sino mecanismos de cálculo para determinar la magnitud de esta parte del producto de la jornada de los que trabajan que será destinada a sostener a sus viejos.

La regla que establece para esta distribución el “sistema de capitalización individual” es particularmente inmoral y discriminatoria: reduce automáticamente las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida y otorga montos inferiores a uno solo de los grupos que vive un poco más, las mujeres.

Es como si en la mesa de la antigua familia campesina, la dueña de casa hubiera servido solo medio plato de sopa a su padre y apenas un cuarto a su madre, explicándoles que lo hacía porque iba a tener que sostenerlos durante demasiado tiempo. ¿Que hubieran opinado sus vecinos si alguna de estas familias hubiese osado establecer una regla tan perversa? Pues bien, eso es exactamente lo que hacen las AFP.

Sin embargo, el sistema de AFP viola flagrantemente una segunda regla moral sagrada de todas las sociedades civilizadas, aquella que prohíbe estrictamente a las élites apropiarse aquella parte de la jornada que los trabajadores deben destinar a sostenerse ellos mismos y sus familias, incluidos sus viejos.

En todas las sociedades civilizadas conocidas hasta el momento — tenemos el sueño que ello dejara de ocurrir en algún momento—, las élites se apropian del excedente, es decir, aquella parte de la producción social que excede a lo necesario para mantener a quienes trabajan para generarla. Ello se considera legítimo en la medida que la élite sea capaz de organizar la producción social y desarrollar la cultura de la forma que resulta posible y más feliz en cada época histórica.

De este modo, los amos, señores feudales o latifundistas, y sus respectivos reyes, emperadores y sacerdotes, se apropiaron durante milenios de aquella parte del trabajo de sus esclavos, siervos o inquilinos, que excedía lo necesario para mantener a ellos y sus familias, incluidos sus viejos.

Del mismo modo, en la moderna sociedad urbana los auténticos capitalistas se apropian de la parte que excede al salario de sus obreros, del valor agregado en la producción de bienes y servicios que se venden en el mercado en condiciones competitivas, ganancias que a la fuerza deben compartir con propietarios de terrenos,  aguas y minerales, con monopolistas, especuladores y toda suerte de rentistas y por convicción destinar otra parte al avance de la ciencia, la cultura y las artes.

Sin embargo, en todas esas sociedades civilizadas está estrictamente prohibido a las respectivas élites que, además de quedarse con el excedente, pretendan echar el guante a lo que los trabajadores, esclavos, siervos, inquilinos y obreros, necesitan para mantenerse ellos mismos y sus familias.

 Y en eso consiste precisamente la esencia del sistema de la así llamada “capitalización individual”, que no es en verdad un sistema de pensiones sino de ahorro forzoso, destinado a transferir a los grandes consorcios financieros una parte siempre creciente de los salarios, además de subsidios financiados con impuestos pagados asimismo principalmente por los trabajadores.

Pruebas al canto. Según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, en el mes de agosto del año 2015 recién pasado, un total de 5,5 millones de trabajadores con un salario promedio de 673 mil pesos percibieron una masa de salarios de poco más de 3,7 billones de pesos, de los cuales cotizaron en las AFP un poco menos de un 12,5 por ciento incluyendo comisiones y seguro de invalidez y sobrevivencia, es decir, un total de poco más de 462 mil millones de pesos. Ese mismo mes las AFP y compañías de seguros pagaron 1,08 millones de pensiones con un monto promedio de  200 mil pesos, lo que da un total de poco más de 200 mil millones de pesos, es decir, un 43 por ciento de lo recaudado por cotizaciones obligatorias.

La cifra recaudada sube a más de medio billón (millón de millones) de pesos en meses como septiembre o diciembre, en que aumenta el empleo y las remuneraciones. Es decir, un mes con otro las AFP recaudan medio billón de pesos en dinero contante y sonante, lo que es una cifra fácil de recordar, y pagan en pensiones menos de la mitad de esa cifra (⅖ partes).

En otras palabras, las AFP se embolsan más de un cuarto de billón de pesos netos todos los meses, lo que equivale a más de tres billones de pesos netos por año, considerando sólo las cotizaciones obligatorias de los afiliados.

Adicionalmente, el fisco aporta al sistema de AFP más de dos billones de pesos anuales en dinero efectivo, en subsidios directos como bonos de reconocimiento o aportes previsionales solidarios, e indirectos como planes de retiro.

Es decir, en el año en curso las AFP  están recogiendo en salarios e impuestos  un total neto de más de cinco billones de pesos en dinero efectivo, que equivale a poco menos de un 5 por ciento del PIB. La mitad de este monto se las apropian ellas mismas junto a sus compañías de seguros relacionadas, en forma de comisiones y primas netas. El resto lo trasladan íntegramente a los mercados financieros de los cuales la mitad lo transfieren en su mayor parte a los principales grupos financieros que operan en el país bajo la forma de préstamos y capital accionario y lo demás lo juegan a la ruleta de los mercados financieros internacionales. En las arcas del chanchito de las AFP no queda ni un peso.

Esto se viene repitiendo año tras año desde 1981 y quieren que siga para siempre.

Exceptuando sus comisiones y primas netas, que van a sus balances, lo “invertido” en los mercados financieros queda debidamente registrado en el fondo de pensiones (FOP), el que por la vía de la apropiación de estos siempre crecientes excedentes netos sólo puede crecer año tras año, es decir, es solo un registro de lo que se han apropiado y no van a devolver jamás.

Algo parecido ocurre con el tristemente famoso Fondo de Utilidades Tributables (FUT), registro de utilidades no tributadas que, como dijo anterior el ministro de Hacienda, dado que solo crece año tras año, no lo van a devolver nunca. Lamentablemente, a las AFP no siempre les va bien en la ruleta y en un año como el 2008 pueden perder un tercio del fondo completo o la mitad del fondo A, o en pocas semanas como las recientes perder todos los aportes netos de los afiliados del fisco en un año.

Todo esto es lo que debe terminar y va a terminar, cuando Chile implemente la propuesta C de la Comisión Bravo, presentada por la Profesora Leokadia Oreziak, que en base a cifras como las anteriores demuestra que solo con las cotizaciones actuales, sin subir las tasas y jubilando a todos al cumplir edad de jubilación que tampoco es necesario elevar, es posible subir las pensiones al doble y reajustarlas anualmente en el índice de remuneraciones, y al mismo tiempo ahorrar al fisco más de dos billones de pesos por año.

Y lo que es más importante, terminar con esta inmoralidad.

La crisis global iniciada con el presente siglo ha dejado a su paso una estela de destrucción, cesantía y penurias para la población y al mismo tiempo grandes lecciones a los economistas.

En primer lugar, la evidencia contundente que estas crisis globales que ahora se denominan “seculares”, efectivamente sobrevienen al cabo de cierto número de décadas. El movimiento cíclico normal de la economía capitalista —que desde 1825 se ha venido desarrollando a lo largo de una sucesión de más de treinta ciclos de crisis, estancamiento, crecimiento lento, rápido, desenfrenado y nueva crisis— se inscribe a su vez en una trayectoria cíclica de largo plazo, jalonada por los grandes  periodos de turbulencias iniciados en 1872, 1929, 1969 y 1999.

Sin embargo, al menos las dos últimas crisis seculares han puesto en evidencia el fenómeno singular que éstas se manifiestan de manera contradictoria, opuesta, en las economías centrales y en la periferia. Cuando se desatan en las primeras se genera un “boom” en las segundas, el que luego implosiona a medida que aquellas se recuperan.

El vínculo entre ambos movimientos parece ser el capital especulativo, que abunda al no encontrar oportunidades de inversión productiva en las economías centrales en crisis y se vuelca hacia la periferia emergente, inflando allí los precios de las materias primas, monedas, bolsas de valores y cualquier cosa que se preste a la especulación y generando momentos de desenfreno de la actividad y el endeudamiento.

Al revés, cuando las economías centrales empiezan a superar su crisis los capitales retornan, provocando el consecuente derrumbe de precios en la periferia, el que generalmente termina en crisis de endeudamiento impagable. Es lo que parece estar empezando a suceder en este momento, con el agravante que ahora la periferia pesa muchísimo más que en los años 1980 y por lo tanto el efecto de esta “fase tres” representa de rebote una amenaza muchísimo mayor al sistema financiero y a la recuperación misma de las economías centrales.

La evidencia más clara de este comportamiento es el denominado “súper ciclo” de precios de las materias primas, que en las dos últimas crisis seculares se ha movido exactamente al revés de la actividad en las economías centrales. Es decir, cuando éstas entraron en un periodo de gran turbulencia y crecimiento lento en la década de 1970, los precios de las materias primas se elevaron a las nubes. Al revés, éstos se vinieron al suelo a medida que aquellas se recuperaban en las décadas de 1980 y 1990.

Nuevamente, los precios de las materias primas empezaron a recuperarse y se fueron a las nubes cuando las economías centrales entraron en un nuevo periodo de turbulencias en las década del 2000 y empezaron un nuevo derrumbe el año 2011, cuando aquellas, a tropezones, se empezaron a recuperar. Sin embargo, este “súper ciclo” de altos precios de materias primas coincide exactamente con una enloquecida alza y posterior implosión de las monedas y bolsas de valores de las economías emergentes.

Ello demuestra que los precios de las materias primas tienen poco que ver con los llamados “fundamentos” de estos mercados, es decir, con su demanda productiva. Los “expertos” que repiten estos análisis y se equivocan medio a medio una y otra vez, olvidan que la demanda de todas las cosas escasas no tiene uno sino dos componentes, producción para consumo humano final y especulación. A estas alturas resulta evidente que es este último componente el que ha venido determinando la evolución del “súper ciclo” de precios de estos elementos.

Todo lo anterior no anuncia un futuro del todo promisorio para la economía chilena, que como resultado de las políticas aplicadas en las décadas recientes es una de la más expuestas a los vaivenes del capital especulativo, que entra y sale del país como Pedro por su casa sin control ninguno, y sucesivamente eleva y derrumba el precio del cobre, los productos forestales, agrícolas y del mar, de cuya renta nos hemos acostumbrado a vivir.

Tendremos mucha suerte si nos salvamos de una nueva crisis de endeudamiento privado, puesto que éste también ha crecido desmedidamente en los años recientes. Hay varios grupos económicos que no van a salir bien parados.

Lo único bueno de todo esto es que los chilenos vamos a caer en cuenta que la moderna riqueza de las naciones no está en la renta de sus recursos naturales, sino en el valor agregado por el trabajo de sus habitantes en la producción de bienes y servicios que se vendan en el mercado. Para hacer el giro requerido en el modelo de desarrollo, es necesario terminar con la nefasta hegemonía de los rentistas sobre la élite chilena.

Ojalá lo logremos, de modo que no sea esta una nueva “década perdida”.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinando en  becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto.

Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas reservadas  al llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En cuanto a las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales.

Las mismas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo.

Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales!

Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado.

Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra.

Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes y han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

Dicho movimiento dio origen a la formación del Estado moderno, que a lo largo de medio siglo de desarrollismo acompañó la migración del campesinado y su transformación en la fuerza de trabajo urbana, razonablemente sana y educada, que constituye la verdadera base de la riqueza de todas las sociedades modernas.

La culminación de ese proceso se inició  en un día 4 hace cuarenta y cinco años, con la elección del gobierno de la Unidad Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende, el más destacado de los grandes políticos de todos los partidos, que supieron conducir toda aquella transformación por vías singularmente pacíficas y democráticas.

En tres años vertiginosos y enfrentando la reacción violenta de los intereses afectados y la agresión directa de la principal potencia mundial, expropió todos los latifundios, según lo establecido en la Ley de Reforma Agraria que había sido aprobada por una amplia mayoría parlamentaria durante el gobierno precedente, encabezado por el Presidente Eduardo Frei Montalva.

En ese clima logró el consenso unánime del Congreso, donde no tenía mayoría, para nacionalizar los principales recursos naturales y las empresas hasta entonces estadounidenses que explotaban el cobre, parte de cuya propiedad había asumido el Estado durante el gobierno anterior y que luego conformaron CODELCO.

Al establecer el derecho de todo niño a medio litro de leche al día, recordó que en Chile ninguno de ellos llegaba al mundo sin que lo recibiesen las manos de un médico en un establecimiento gratuito del Servicio Nacional de Salud, creado algunas décadas antes a iniciativa suya.

Asimismo, que el Estado daba educación gratuita de calidad a uno de cada tres chilenos de todas las edades, que al culminar su gobierno estaban matriculados en establecimientos del sistema nacional de educación pública en todos sus niveles, que asimismo cubrían todo el territorio.

Para dar una idea de la magnitud de este logro gigantesco, baste recordar que hoy estudian solo uno de cada cuatro chilenos, en todos los establecimientos públicos y privados de todos los niveles. El tan alardeando aumento de cobertura se debe a la disminución de la proporción de niños y jóvenes debido a un fenómeno demográfico que asimismo es consecuencia de la urbanización.

Las sociedades no progresan de modo lineal, sino mediante una sucesión de avances, los que usualmente se generan a saltos en períodos turbulentos, y retrocesos que en ocasiones pueden ser muy severos. La Patria Vieja nos legó la Independencia pero duró solo cuatro años antes de caer a manos de sus enemigos.

Fue también en septiembre, un día 11 hace 42 años, cuando militares azuzados por la vieja oligarquía y una potencia extranjera, traicionaron su juramento de lealtad y obediencia a la autoridad constitucional y democrática, bombardearon La Moneda y se revolvieron con saña en contra del proceso progresista que ellos mismos habían iniciado medio siglo antes y apoyado hasta la víspera.

Ocultos tras sus faldones, la viejas oligarquía quiso echar atrás el reloj de la historia en todos los planos de la vida económica y social, en el vano intento de recuperar sus privilegios y hegemonía perdida. Solo que ya no pudieron sustentarla como sus antepasados, principalmente en la legitimidad de su dirección de la producción social que es la base de todas las élites en todas las épocas. En su ocaso, sólo la pudieron ejercer mediante la fuerza, lo cual es posible pero durante un tiempo muy limitado.

La Reconquista duró apenas tres años. En Sudáfrica, los antiguos colonos blancos que se parecen mucho a la élite criolla, recién en 1948 dictaron las leyes del Apartheid, para recuperar la hegemonía que antes habían ejercido con legitimidad durante siglos. En su caso, como sucedió con los “Hijos de Pinochet”, el brutal intento postrero de gobernar por la fuerza fue un canto de cisne que duró medio siglo, antes de derrumbarse hoy a ojos vista, descompuesto por completo.

En el trasfondo de este parto que ha durado un siglo está el pueblo. Los modestos pasos del campesino que dejó atrás la forma de vida de sus antepasados, y al cabo de un par de generaciones sus mujeres que masivamente rompieron las ataduras del trabajo doméstico, se encuentran en la base de todo lo sucedido.

Esa gran transformación genera el impulso tectónico a las grandes irrupciones populares en la vida política que, cada diez años en promedio, empujaron desde abajo al sistema político a remover las trabas que en cada momento se habían levantado en el camino del continuado progreso de la sociedad.

Fue asimismo el pueblo quien derrotó a la dictadura con sus valientes y masivas protestas de los años 1980.

Ahora es también el pueblo una vez más en camino de alzarse, quien empuja al sistema político a terminar las tarea pendientes que nos impiden entrar de lleno en la era moderna.

En medio de esta nueva turbulencia nos encuentra otro septiembre.