No nos referimos acá si la Nueva Mayoría impulsará una agenda en miras de aumentar la capacitación o si de una vez hará frente al fraude del Multirut, la duda que surge es si esta vez las fuerzas progresistas entenderán que al proponer reformas laborales debe haber un cambio de paradigma que extraiga el trabajo de la visión netamente económica.

El desafío está en comprenderlo como un problema más bien político, mediante el cual se resuelve finalmente la distribución del poder social, esto es cuánta incidencia del desarrollo económico tendrá la fuerza de trabajo, cuánto poder finalmente de autodeterminación se le entregará a los trabajadores.

La visión economicista del trabajo lo ha reducido a una cuestión de transacciones: trabajar a cambio de dinero. Pero la cuestión del trabajo es más que ello, pues en el fondo se debate la estructura social.

Se discute la relevancia de los actores sociales para conducir la economía. Lo curioso es que por más de doscientos años, el eje central del discurso de la izquierda fue precisamente el conflicto suscitado entre el Capital y el Trabajo. Sendas bibliotecas se hicieron cargo del problema de la alineación, de la explotación y de la democratización del trabajo, pero todo ello ha quedado en el reducto de las buenas ideas, dejando paso a la mercantilización del trabajo, y reduciendo a un problema de más o menos sueldo mínimo.

Hoy, la Nueva Mayoría, supuestamente reflejo de las fuerzas del progreso político, se encuentran completamente “deslaboralizadas”.

Allí donde Allende cerró su último discurso con un “¡Vivan los Trabajadores!”, hoy ya no se escucha a ningún presidente progresista a un llamado de ese tipo.Los trabajadores pasaron a ser un tema secundario (cuando aún la mayoría de los chilenos lo sigue siendo, pues no se advierte un aumento de capitalistas), se transformaron en un aspecto iconográfico de viejas luchas, pero ya no son los protagonistas del relato político.

Las explicaciones pueden ser muchas. Se puede argumentar un progresivo debilitamiento de las fuerzas sindicales desde la Dictadura. Sin embargo con más de veinte años de regímenes democráticos, aún no se han creado mayores instancias de fuerza sindical.

También puede alegarse que la estructura normativa de las relaciones de trabajo impide un mayor fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores.Algo de ello hay. Pero principalmente esto se puede explicar en que el neoliberalismo clavó hondo en el discurso progresista.

Los trabajadores dejaron de protagonizar el discurso político finalmente porque para la socialdemocracia (en su versión chilena a lo menos) el conflicto trabajo y capital se encuentra ya resuelto. El crecimiento económico se hará en silencio, sin necesidad que los trabajadores puedan tener cuotas de poder decisional en el desarrollo del país.

El problema hoy es de Inspecciones del Trabajo y sus fiscalizaciones, el de mayor capacitación de los trabajadores, en fin, gana la visión de regular un mercado con algún intervencionismo estatal.Sus actores principales, los trabajadores, deberán confirmarse con ello.

Las fuerzas progresistas deberán plantearse hoy, ante el supuesto cambio de ciclo, si debemos dar paso a una repolitización del trabajo, esto es, si transformamos el tema laboral en una cuestión de democratización de las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Finalmente, el desafío para todo el discurso político es qué tipo de sociedad queremos: si aquella que se conforma con mera intervención estatal para mitigar las consecuencias de la subordinación laboral (explotación), el aumento del valor del trabajo (alienación), o si finalmente corresponde entregar una mayor autonomía en decidir en cómo trabajar, en qué condiciones (autonomía colectiva).

Sin embargo, al contrario de lo ocurrido con el debate sobre la educación, el tema laboral aún está en sus inicios y nada indica que ocurrirá en el cercano plazo, un 2011 dirigido esta vez por los trabajadores que conduzcan a un cambio de paradigma de la visión mercantilizada del trabajo.

Todo dependerá si las fuerzas progresistas vuelven al camino de incorporar a los trabajadores en sus relatos, para ello los primeros llamados en hacerlo son los propios trabajadores.

La ciudadanía no siente que sus representantes canalicen las demandas, por ello la desconfianza, por ejemplo, del movimiento estudiantil hacia la denominada clase política, y por ello también la incapacidad de la clase política de poder acercarse, -sin ser abucheada-, a quienes se manifiestan y protestan por el cambio.

Se ha abierto el debate sobre la necesidad de un plebiscito; sin embargo más allá de la necesidad de incorporar directamente a la ciudadanía a las decisiones sobre cómo conducir un Estado, el tema de fondo es la nula capacidad de acceso a las instituciones de quienes hoy claman por más justicia social.

Lo que se demanda, en definitiva, es una revisión sobre los aspectos procedimentales de nuestra democracia.

Hoy se podrá proclamar que se vayan todos, pero lo cierto es que por más que se vayan, siempre vuelven, y lo harán viciosamente si no se transforma el sistema democrático en un sistema efectivamente inclusivo de todos los intereses, inquietudes y necesidades que una sociedad se plantea.

La salida democrática de este conflicto social, que producto de la inoperancia gubernamental y la perplejidad de la clase política pareciera solo escalar es precisamente plantearse la forma del asunto.

No es posible que quienes pretenden representar a la ciudadanía lo hagan a través de un sistema que tiende engañar las fuerzas políticas que conducen el Estado, por ello se hace más que necesario establecer las garantías procedimentales que puedan incorporar de manera legitimada a los distintos grupos de interés que se manifiestan en una sociedad democrática.

Si establecemos un sistema de elecciones que represente realmente los intereses diversos, entonces los ciudadanos serán más libres de elegir a aquellos que estén a favor del lucro en la educación o no lo estén, podrán de manera transparente tener la información y la elección de determinar si quienes los representan están a favor del cambio del modelo económico social o no.

Si Piñera quiere salir de este conflicto social deberá tomar una visión estadista y no gerencial, deberá transformarse en un Presidente con verdadera visión democrática y no autoritaria, en definitiva deberá comenzar a plantear como tema país la derogación de un sistema binominal, reformar la ley de partidos políticos, mejorar la transparencia de la entrega de fondos en las campañas electorales y establecer normas que quieten facultades excesivas al jefe de gobierno y de Estado.

Así se podrá dar paso a que quienes estén sentados en un congreso empoderado (no limitado como hoy), representen efectivamente los diversos intereses que en una sociedad democrática legítimamente se manifiestan.

¿Dará este “Presidente” el ancho para dar inicio a estos cambios?