Chile no se queda fuera de esta fiesta. El Frente de la Diversidad Sexual (FDS), que reúne a ocho organizaciones nacionales, convocó para este sábado una marcha que se realizará simultáneamente en Santiago, Talca y Concepción con una demanda muy clara: exigir la plena garantía de los derechos de las personas trans, por medio de la tramitación y aprobación de la ley de identidad de género.

El proyecto fue ingresado en mayo de 2013 en el Congreso por OTD, Fundación Iguales y cinco senadores/as y, en enero de 2014, se aprobó la idea de legislar por unanimidad en el Senado.

Sin embargo, más de un año después y a pesar de que está expresamente incluido en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto se mantiene entrampado en su primer trámite en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Esto se debe al mal momento que ha vivido La Moneda en los últimos meses, en los que ha perdido el control de la agenda, y a la asunción de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe como presidenta de la mencionada comisión.

Bien conocida es la posición de la legisladora en estas materias, manifestada de forma pública y reiterada: se opone a la aprobación de una ley que entregue equitativas condiciones de dignidad y derechos a personas que han sido marginadas de todas sus garantías básicas, a quienes considera “rarezas” y sujetas a un “trastorno mental”.  

Resulta incomprensible que una parlamentaria que piense de esta manera haya podido asumir la presidencia de una comisión que requiere de la absoluta imparcialidad para legislar, sobre todo cuando su visión personal no ha quedado fuera de las sesiones. Los siete períodos consecutivos de indicaciones son evidencia de intentos dilatorios para evitar que el proyecto se convierta en ley.

Afortunadamente, el gobierno ha decidido retomar la tramitación. El pasado miércoles 17 de junio, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz, se reunió con representantes del FDS para revisar las materias pendientes del actual proyecto y alistar los ajustes necesarios. El ministro se comprometió a patrocinar y acelerar un proyecto que considera un trámite no contencioso para solicitar el cambio de sexo registral ante un tribunal de familia, lo cual representa un importante avance, subsanando las condiciones vejatorias de un proceso actual victimizante y patologizante.

La nueva ley creará un mecanismo oficial para que las personas trans no tengan que seguir recurriendo a la ley de cambio de nombre, que ofrece más obstáculos que beneficios para cambiar su sexo registral. Se elimina la necesidad de la representación de un abogado, lo que implica la inversión de grandes sumas de dinero y años de tramitación.

Además, transforma el rol del juez o jueza, quien solo podrá actuar como ministro de fe, limitando el uso de su criterio personal. Gracias a esto, no tendrá competencias para solicitar exámenes médicos, cirugías de resignación o “pruebas de masculinidad o feminidad”, en las que las personas han tenido que demostrar barbaridades como haber sido o no penetradas o poder orinar de pie, y luego de las cuales a muchas se les ha denegado el cambio registral.

El nuevo proceso garantizará una sistematización del trámite y la protección de la integridad del o la solicitante, además de ampliar los/as potenciales beneficiarios a extranjeros/as, personas casadas, personas con hijos/as, y niños, niñas y adolescentes.

Este último es un paso crucial, pues se hace cargo de una serie de episodios de discriminación que afectan decisivamente el desarrollo emocional de los/as menores transexuales, permitiendo a niños y niñas como Andy (la protagonista del reportaje de Contacto) ser reconocidos/as y amparados/as de sesgos y discriminaciones en establecimientos educacionales y sanitarios. El Ejecutivo tendrá pendiente zanjar la situación de las personas trans privadas de libertad y la fórmula de cómo podrán acceder a este beneficio.

Confiamos que el gobierno presente todos estos cambios con la celeridad que urge el estado de alta vulnerabilidad que las personas trans deben vivir cada día. El alto grado de deserción escolar, la expulsión del hogar, las escasas posibilidades laborales que empujan a muchas a la inseguridad del comercio sexual y una limitada esperanza de vida son resultado de una completa falta de derechos básicos y ante lo que el Estado chileno se ha mantenido indiferente por muchos años.

Esperamos que la voluntad de la administración de Bachelet sea compartida por los/as honorables parlamentarios/as y la senadora Van Rysselberghe, cumpliendo con su deber de legislar con altura de miras y en atención al respeto de la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad, para que el orgullo de ser quienes somos sea para todos y todas, no sólo para algunos/as.

Valoramos que se haya recordado la reciente aprobación de la unión civil y su pronta entrada en vigencia, pues –luego de cinco años de tramitación de este proyecto y de doce años desde la presentación del primer proyecto de ley en la materia– esta norma permitirá que personas tanto de igual como de distinto sexo puedan regularizar sus vínculos y sean reconocidas como familias por el Estado chileno.

En el caso de las parejas del mismo sexo esta ley tiene particular importancia porque les otorga por primera vez derechos que antes les eran relegados, como la posibilidad de entrar a ver a sus convivientes hospitalizados/as, tomar decisiones sobre sus tratamientos y obtener derechos de herencia y previsión, entre muchos otros aspectos.Pero además, por primera vez en un discurso del 21 de mayo, una mandataria chilena hizo mención a la Ley de Identidad de Género (LIG), materia incluida también en su programa de gobierno.

Sin embargo, nos preocupa que no se hayan mencionado fechas o señales claras sobre la urgencia que debe tener la tramitación de un proyecto como la LIG, detenido hace meses en la comisión de Derechos Humanos del Senado.

Este proyecto permitirá que las personas trans, históricamente marginadas incluso dentro de la diversidad sexual, adecuen sus documentos de identidad a su género vivencial. En su último informe sobre violencia contra las personas de la diversidad sexual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta de 28 ataques en Chile entre 2013 y 2014, seis de los cuales correspondieron a personas trans y uno terminó con la vida de una de ellas.

La urgencia en la tramitación y una pronta entrada en vigencia de esta ley es urgente para entregar dignidad a las personas trans y darles un acceso pleno a los derechos que tiene toda la ciudadanía. Es por esto que su estancamiento en el Congreso resulta incomprensible.

En las últimas semanas y gracias a distintas apariciones en medios de comunicación,se ha logrado poner rostro a la lucha trans, visibilizando la problemática que estas personas viven al buscar colegios, trabajos o simplemente al querer integrarse a la sociedad con su identidad de género.Con esto se ha logrado sensibilizar a la población en general, pero aparentemente no a los tomadores de decisiones.

Si bien es fundamental que la ciudadanía entienda qué significa ser una persona trans y las dificultades por las que transita en su camino de aceptación personal y luego de integración social, es prioritario que las autoridades tomen esta bandera de lucha y la hagan propia. Es necesario que el Estado chileno dote de derechos e igualdad de oportunidades a todas las personas, independientemente de su identidad de género o cualquier otra consideración.

Otra de las menciones que extrañamos en el discursose refiere a la Ley Antidiscriminación. Si bien lleva solo tres años en vigencia, en el programa de gobierno también está comprometida su modificación.La ley vigente intenta resolver un problema estructural como es la discriminación con una solución individual como es la acción judicial.

Corresponde multar a agentes discriminadores, pero ¿se acabará realmente la discriminación porque un par de empresas al año deban pagar entre doscientos mil y un millón de pesos al fisco por haber discriminado? Ciertamente no. El Estado debe tomarse en serio su mandato y ser mucho más activo en la erradicación de la discriminación.

Para ello es indispensable que cree un organismo que vele por la no discriminación de todo el aparato público, y que transforme la discriminación arraigada en la cultura chilena mediante cambios en currículos escolares, capacitación de trabajadores/as, campañas masivas y medidas afirmativas que intenten revertir la situación de menoscabo en que viven muchos grupos en Chile producto de la discriminación histórica.

Confiamos en que el gobierno avanzará en los proyectos sobre diversidad sexual que son parte del programa de gobierno y esperamos que ponga particular urgencia a la LIG, para que efectivamente tengamos un Chile que otorgue iguales oportunidades para todos y todas, que sea más inclusivo y que no haga distinción por orientación sexual o identidad de género, haciendo eco de lo establecido en nuestra Constitución.