Entre otras materias, la mandataria hizo importantes anuncios (y reconoció algunos problemas) en las áreas de salud, infraestructura, nuevos subsidios para sectores postergados (por ejemplo, subsidio para las personas que viven en zonas productoras de energía eléctrica y  término de descuentos a pensionados por atención de salud).

La Presidenta anunció dos temas, vinculados entre sí, y que a nuestro juicio resultan centrales a la hora de avanzar decididamente en abordar la pobreza y la desigual distribución de oportunidades en nuestro país: en primer lugar, el término gradual de la utilización de la Ficha de Protección Social como mecanismo de asignación de beneficios estatales a partir del primer semestre del 2016; en segundo término, el abordaje de algunas áreas del bienestar con “enfoque de derechos”. Nos queremos detener en el primero, la Ficha de Protección Social (FPS).

La FPS es un instrumento que ha implicado un modo de conversación ensayado por cerca de 40 años entre el Estado y las personas afectadas que ha generado (acumulativamente) efectos subjetivos muy negativos.

Por un lado, una relación de las personas con el Estado que ha motivado desde sentimientos de frustración, inseguridad, invisibilización, hasta impotencia, persecución y desafiliación.

Asimismo, ha obrado en una dirección contraria a la promoción social, toda vez que este ejercicio ha implicado autoimágenes empobrecidas de las personas, sentimientos de devaluación social, precisamente porque el instrumento trata de reflejar aquello, donde cualquier progreso obtenido por las familias representa un aumento de puntajes y pérdida de apoyos, en circunstancias que no es muy claro que su nueva (y mejor) situación los deje en condiciones de enfrentar sus proyectos y necesidades de manera autónoma.

La buena  focalización o selección, que tiene su origen en recursos siempre escasos, no es patrimonio de una sola forma de ver la realidad, y menos de un sólo tipo de instrumento; sostener lo contrario sería absurdo.

Por ello, la Fundación para la Superación de la Pobreza viene proponiendo desde hace tiempo minimizar la focalización social basada en la estrategia comprobación simple o sustitutiva y avanzar a comprobación administrativa y formas categóricas, en concordancia con lo señalado por organismos internacionales. En esta materia, el diálogo que hemos sostenido con las autoridades del ministerio de Desarrollo Social ha sido fecundo.

Pero debemos ir más allá, debemos avanzar hacia la implementación de sistemas de diálogo con los afectados, basados en cuestionarios que, lejos de exigir demostrar miseria, logren visibilizar, valorar y movilizar los propios recursos que las personas y comunidades han acumulado.

Para ello, debemos modificar el sistema de apoyos al que se accede, poniendo al centro de los esquemas de apoyo Estatal cuestiones de orden promocional y complementar con cuestiones asistenciales. También es clave que evolucionemos a esquemas de trabajo colectivo, donde el Estado favorezca la entrega de apoyos a comunidades como un todo, donde existen familias e individuos. Los anuncios en esta materia en el discurso presidencial, si bien escasos, abren una ventana de optimismo.

Este tipo de acciones debe estar disponible no sólo para la extrema pobreza, también deben ser incorporadas aquellas familias y comunidades en pobreza no extrema y sectores medio-bajos.

Actuar sobre los problemas de la clase media no es contradictorio con la superación de la pobreza, por el contrario, es fundamental para completar el proceso de resolución del problema. Lo anterior,  en especial si se toma en cuenta que amplios sectores de la mal denominada clase media, viven o forman parte del fenómeno de la pobreza transitoria que han revelado  los propios estudios que ha hecho el Estado a través de MIDEPLAN (actual MDS).

Por último, es necesario recalcar e insistir que la propuesta de umbrales sociales garantizados y el enfoque de derechos sociales no son contradictorios con prácticas de focalización. Sostener lo contrario es un error y no querer debatir sobre ello refleja debilidad política.

El enfoque de derechos exige que las formas de focalización no caigan en discriminaciones arbitrarias e intolerables, que las políticas no se centren en solo incrementar las “tenencias” de las personas, sino que se preocupen por que las personas puedan realmente “hacer lo que hemos acordado que todos debemos poder hacer”, es decir, educarnos de forma adecuada, vivir saludablemente, trabajar en forma y condiciones, habitar de manera digna e integrada, etc. Indudablemente, aquello no se logra abusando de la entrega bonos.

La discriminación retributiva persiste; como persiste también la visión que circunscribe a las mujeres a su rol de madres.

Esta interpretación social que reconoce a los hombres como proveedores del hogar y a las mujeres como cuidadoras tiene consecuencias sobre el valor que, socialmente, se le da al trabajo de las mujeres; un valor adicional en lugar de prioritario, ya que la principal tarea de ellas, según muchos, es el cuidado de la familia. Esta percepción desemboca en una serie de obstáculos con que las mujeres en nuestro país tienen que lidiar a diario y que la reforma laboral, que actualmente se tramita en el Congreso, está dejando de lado.

Para empezar, hay ciertas áreas de la actividad económica en las que apenas tienen cabida las mujeres, como la industria, la minería o la construcción, donde generalmente los salarios son más altos. Pero no sólo eso: las mujeres también tienen prácticamente restringido el acceso a ciertos cargos relevantes dentro de una empresa. Además, con igual formación, experiencia y cargo, los hombres ganan alrededor de 125.000 pesos mensuales más que las mujeres, según los últimos datos de la Casen 2013. Y cuanto mayor es el grado educativo, mayor es la brecha salarial que separa a mujeres y hombres.

Otro obstáculo aparece en el camino cuando la mujer es madre: si tiene recursos suficientes para pagar un jardín infantil o a una persona que se haga cargo del cuidado de su hijos, tendrá que lidiar entonces con la culpa de dejarlos al cuidado de otras personas, condicionada por los roles inculcados culturalmente.

Por otro lado, si la mujer cuenta con algún aporte económico familiar que no sea el suyo y decide entonces dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos, se verá enfrentada, no sólo a la postergación de su desarrollo laboral, sino también a una vejez precarizada: según datos de la Fundación Sol, las pensiones que recibe el 93% de las mujeres mayores son menores a los 147.000 pesos mensuales.

Estas situaciones se agravan exponencialmente en el caso de las mujeres solteras que viven en situación de pobreza, quienes tendrán que compaginar su jornada  de trabajo fuera y dentro del hogar, enfrentando, día tras día, la crianza de los hijos, la administración del hogar y las frustraciones y exigencias de un trabajo precario y mal remunerado.

Mejorar la calidad de vida de las mujeres en Chile pasa, entonces, por modificar primero las formas de relación que la sociedad mantiene con ellas, que no terminan por romper los roles tradicionales y provocan así todas estas injustas inequidades.

En este sentido, la reforma laboral que actualmente se tramita en el Congreso tiene que hacerse cargo de esta situación que enfrentan la mayoría de las mujeres en Chile y que no puede ser invisibilizada por más tiempo.

Ya es hora de dejar atrás una sociedad que reproduce roles patriarcales y permite estas desigualdades tan injustas como innecesarias.

Sobre la pobreza entendida desde los ingresos o del “tener”, una reflexión: más allá de la cifra misma, con línea tradicional o nueva, la pobreza ha bajado permanentemente durante 25 años, y eso nos indica que aumentaron los salarios y el empleo, pero no nos da luces de la calidad de esos empleos ni de la sustentabilidad de esos salarios, tampoco de cómo viven y batallan día a día millones de chilenos.

La realidad nos dice que debemos mirar también  otros aspectos, sino preguntémosle a una familia de 4 personas si siente que deja atrás la pobreza cuando supera por poco los $361.310 mensuales. Medir la pobreza por ingresos es necesario, pero insuficiente en un país como el nuestro.

Necesario porque como indicador sintético nos arroja también luces sobre dos aspectos que siguen siendo extremadamente preocupantes: vulnerabilidad y desigualdad.

Insuficiente, porque precisamente estos fenómenos no se reducen a aspectos económicos: ellos son la punta del iceberg de una sociedad tremendamente insegura y segregada al momento de satisfacer sus necesidades.

Por ello es verdaderamente “histórico” haberle dado un espacio a una nueva forma de entender la pobreza, gracias al trabajo y voluntades de representantes técnicos, académicos, sociales y de diferentes tiendas políticas. Esto nos habla de un país maduro, que es capaz de avanzar en la materia.

La incidencia de pobreza multidimensional en el país, que alcanzó a un 20,4% para el 2013,  sintetiza diversas áreas del bienestar humano como acceso a educación, salud, vivienda y trabajo y las carencias que personas y familias experimentan en estas áreas, por lo tanto, refleja con mucho más apego a la realidad lo que se experimenta en nuestro país.

Estamos frente a un gran avance, pero aún falta incorporar variables sumamente críticas como la calidad de la educación, de las remuneraciones, la dimensión de “entorno y redes” (pensemos en los altos grados de segregación espacial y barrios marginales que tiene el país)  y, una dimensión que incorpore la participación.

Si compartimos que la pobreza se traduce en falta de libertad al momento de elegir el rumbo que queremos para nuestras vidas, entonces la participación y la actoría en la toma de decisiones resulta clave.

Hoy las personas afectadas, sostienen que en Chile vivir en pobreza es, ante todo, una experiencia de invisibilidad e impotencia porque perciben su contexto como algo impuesto y que no pueden modificar,  donde no son escuchados ni consultados.

Las ayudas, los programas, los apoyos vienen predefinidos, estandarizados y no existe posibilidad de influir en ellos ni antes ni durante su entrega. Como hemos señalado, si bien hoy por hoy, los afectados “tienen” más que en el pasado, no necesariamente ello se traduce en “estar mejor” “hacer más” o “ser más” en nuestra sociedad. Por eso es importante escuchar la voz de quienes experimentan la pobreza.

Incorporada la mirada multidimensional, ahora corresponde comenzar el proceso transformador y centrarnos en trabajar para superar los problemas principales que enfrenta Chile: la desigualdad en todas sus formas y la exclusión social, lastres que han permitido el debilitamiento de los lazos que debieran unirnos a todos como un solo país.

Como muestra el audio de marras, la invitación que se hace a los alumnos de esa casa de estudios, no es otra que a juntarse y aprovechar que son iguales, que pertenecen al grupo económico y social más privilegiado del país, ABC1 dice el candidato.

Pese a que la federación de estudiantes de la universidad ya manifestó sus disculpas, las que por supuesto se agradecen, quiero apuntar a la reflexión que se puede rescatar tras este episodio.

Los que gozan de privilegios en la sociedad debieran tomar conciencia de su situación: el hecho de comandar sus vidas con libertad, no es una casualidad, en nuestro país está relacionado íntimamente con la cuna donde nacieron.

Ellos y nosotros, todos los que estamos en una situación de privilegio, debiéramos pensar en un país que de cabida a todos, donde los pisos de dignidad, oportunidades y al menos, una igualdad de trato, tenga cabida.

Desde el punto de vista de la convivencia, el episodio en comento no hace sino demostrar el quiebre social en una sociedad que lo vive hace décadas y que constituye una bomba de tiempo.Este quiebre se agudiza al mismo tiempo que crecen los guettos o grandes conjuntos de barrios segregados, en que no hay insumos en los hospitales públicos, cada día que el transporte funciona peor.

Esto genera resentimiento social, desvinculación, y frustración entre los que saben que no pertenecen y entre los que quisieran pertenecer pero nunca podrán. Nuestro estudio cualitativo, “Voces de la Pobreza”, develó en 2010, que pese a que la pobreza se vive con gran malestar, la esperanza, cuando la hay, está puesta en la educación de las nuevas generaciones. Por otro lado, según datos de la Fundación Sol, el 80% de los trabajadores gana menos de $500.000 al mes.¿Qué pasa en una sociedad cuando pese a un gran esfuerzo no se puede salir de la vulnerabilidad?

El joven termina su mensaje “de campaña” invitando a: “aprovechar el ambiente, somos gente que piensa muy parecido, por así decirlo, casi todos ABC1 y eso no se aprovecha”.

Con mucha vergüenza debo comentar que cuando estudié Derecho en la Universidad Católica de Chile hace más de 25 años atrás en plena dictadura, parte de unos de los gritos de los estudiantes de mi escuela era: “…evidentemente derecho, somos todos niñitos bien, aquí los rotos, na que ver”. Así estamos.

Devolver la mirada a las regiones y poner atención a las zonas más aisladas, rezagadas y vulnerables de Chile a través de políticas públicas pertinentes, es lo que nos permitirá generar un verdadero desarrollo en el país. Si comenzamos a considerar las potencialidades productivas de nuestros territorios y el talento de las personas que lo habitan, lograremos crear las condiciones necesarias para que todos los chilenos y chilenas podamos desarrollarnos en plenitud.

Eso es lo que significa, en esencia, la descentralización: el traspaso real de poder, de competencias y de recursos. Por eso es urgente que la sociedad civil, las autoridades políticas y la ciudadanía en general (principalmente la de regiones), se convenzan de que sin un mayor avance de los procesos de descentralización, el país no será capaz de reducir las importantes brechas sociales y territoriales que nos separan y bloquean nuestro desarrollo. Se trata, en definitiva, de entregar más poder a las comunidades para tomar las decisiones que afectan sus propias vidas.

En la Fundación Superación de la Pobreza somos conscientes de esta desigualdad territorial y estamos decididos a contribuir a la mejora de oportunidades en las comunas más vulnerables de Chile. Con esa intención se crea el Programa Servicio País hace 20 años. Dos décadas en las que, gracias a miles de profesionales jóvenes comprometidos, seguimos trabajando cada año por un Chile sin pobreza.

Estos profesionales que deciden entrar a trabajar al Programa Servicio País son jóvenes que están dispuestos a vivir durante un año en comunas alejadas y vulnerables de Chile para compartir conocimientos técnicos y compromiso humano con las comunidades mediante el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo.

Hasta ahora, ya son cerca de 5.000 jóvenes los que han contribuido a esta labor. Cerca del 40% de ellos al terminar el Programa, decidieron quedarse en regiones.

Nuestro país necesita de ellos; de jóvenes comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria, capaces de cambiar la mirada sobre la pobreza y construir puentes entre las oportunidades y las comunidades.

Por eso, un año más, volvemos a lanzar un llamado a todos aquellos jóvenes profesionales que deseen contribuir a esta importante labor que realizamos desde Servicio País.

A todos ellos les pedimos que se donen a sí mismos. No necesitamos su plata, pero sí su trabajo, su compromiso, su insolencia, su creatividad, su alegría.

Las postulaciones están abiertas en www.serviciopais.cl

Probablemente,presos del pánico y de la desesperación, correrían a asegurarse una plaza en un bote para ellos y sus familias. Cuesta imaginarse cediendo educadamente su asiento al que viene detrás.Es el instinto de supervivencia.

Pues bien, esto mismo es lo que está pasando ahora dentro del sistema educativo chileno: fruto de un barco mal diseñado, donde no hay botes salvavidas para todos, los estudiantes muestran una cara poco deseable al competir por unas pocas plazas dentro de los salvavidas para no hundirse.

¿Podemos condenar la actitud personal del que utiliza las herramientas que el propio sistema torpemente le entregó y que le permite pasar por encima de su compañero para salvarse? ¿No será más razonable criticar el diseño del barco, que no dispuso de flotadores suficientes para todos?

Desde que el Consejo de Rectores (Cruch) incorporó a los factores de selección, que ya existían para entrar a la universidad, un nuevo factor denominado Puntaje Ranking de Notas, miles de alumnos de liceos emblemáticos han salido a la calle para manifestar su descontento con esta nueva medida de selección, que expresa la posición relativa del alumno con referencia al rendimiento de su colegio.

Al ser sus liceos más exigentes en términos de notas, normalmente los jóvenes se ven afectados por esta medida, que se estableció con el objetivo de compensar a aquellos estudiantes que por provenir de una enseñanza de mala calidad desde sus primeros años, no pudieron acceder a una educación secundaria mejor.Es solidario y justo: el ranking se focaliza en los más pobres y es un buen predictor de rendimiento académico posterior.

Pero las rendijas del sistema han permitido que algunos alumnos de liceos emblemáticos hayan decidido dejar a sus viejos compañeros de clase en el último año, para cambiarse a liceos municipales convencionales, buscando obtener un mayor puntaje en el ranking de notas que decida su entrada a la universidad; o dicho de otro modo, agarrarse al bote salvavidas para entrar a la universidad y asegurar la ayuda estatal para el financiamiento de sus estudios.

Muchas de las críticas que se han dirigido hacia ellos acusan su falta de compañerismo y su actitud hipócrita, por haber sido ellos mismos los que defendieron procesos de reforma en la educación pública del país. Pero, ¿es incompatible luchar por una educación inclusiva y de calidad y al mismo tiempo defender su propia situación, tratando de subirse a algún bote que no estaba destinado a ellos?

Digamos que, una vez más, el mecanismo de “ranking de notas” no es otra cosa que un correctivo a la desigualdad existente en nuestra educación. Una focalización que pretende remediar una inequidad mayúscula en la educación chilena; que pretende repartir justicia entre ciudadanos, en este caso jóvenes, que se debaten, todos ellos (sí, todos), entre la pobreza y la vulnerabilidad, entre alumnos de liceos emblemáticos y “de los otros”.

Porque las cosas son como son: ¿usted ha visto a algún alumno de un colegio privado en esta disyuntiva entre alumnos de colegios “públicos”? Evidentemente no. Ellos, de una manera u otra, ya tienen garantizado su acceso a la universidad: tuvieron la posibilidad de acceder a colegios particulares, donde se imparte una enseñanza de buena calidad, con lo que tienen más posibilidades de obtener mejores puntajes y en el caso de no obtenerlos, sus familias disponen de recursos suficientes (o capacidad de endeudamiento) para costear una universidad privada.

Así las cosas, tenemos a un número de jóvenes estudiantes de liceos (marginal en todo caso), presionando a los de más abajo. Todo dentro de la legalidad. La pregunta es ¿por qué existe ese grado de desesperación que les lleva a pasar por encima de sus propios compañeros?

Los jóvenes, materia de nuestras condenas morales, tienen 17 años, bajos ingresos y llevan estudiando todos estos años, para poder obtener un buen puntaje que les permita acceder a la universidad con becas y préstamos del Estado, abaratando lo máximo posible el costo de su educación superior. Pero en dos años cambiamos las reglas del juego (con errores).

Aquí comienza la confusión: les pedimos que actúen en términos personales de manera solidaria e inclusiva, que no se cambien de liceo, que no salgan a la calle, que no traten de alcanzar el bote, que piensen en los que recibieron menos oportunidades que ellos. ¿Es razonable pedirlo?

Sí, es razonable, siempre y cuando el acuerdo social sea que todos actuamos de igual manera, que en este caso significa que la educación en cualquier nivel, también esté basada en principios de solidaridad, equidad e integración. Un sistema distinto, como el que tenemos, de mercado en la educación, provoca conductas propias de mercado. Así las cosas, como dijo el ex presidente Aylwin, “el mercado es cruel”, y los estudiantes que se han cambiado de liceos lo saben y actúan en consecuencia.

Un país donde todos los ciudadanos se sumen a la búsqueda del bien común, incluido el de estudiantes vulnerables, requiere acuerdos sociales integradores, y en esos acuerdos los responsables principales están al debe. De otra manera, ¿cómo explicar estas situaciones?

Estamos diciendo claramente que más que pedir conductas individuales irreprochables, hagamos política pública de calidad, irreprochable. En ese contexto y no en otro, la conducta de los estudiantes hoy día cuestionada, será socialmente inaceptable.

Dicha Comisión se abocó, en síntesis a actualizar la medición de la pobreza por ingresos, para tener una medida acorde a la realidad de las familias chilenas, proponer una medición multidimensional de pobreza, que incorpore un concepto más amplio de carencias y, por último, levantar propuestas para mejorar la institucionalidad dedicada a ejercer esta labor.

Sobre los dos primeros mandatos, trabaja actualmente el ministerio de Desarrollo Social, quien debe entregar a finales del presente año una nueva medición por ingresos, y esperamos, la primera medición multidimensional de pobreza en Chile.

Respecto a la interesante propuesta de nueva institucionalidad y como suele suceder en muchas otras áreas, el tema quedó lamentablemente pendiente. La propuesta de la Comisión en materia de institucionalidad contempla reducir el número de instituciones involucradas en el proceso, concentrando las responsabilidades en tres instituciones: el ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadísticas -con un rol de experto en materias estadísticas- y un Panel de Expertos, que cumpla un rol supervisor de todo el proceso de generación de estadísticas sobre la materia.

Al parecer, este pendiente en materia de institucionalidad es lo que ha llevado a los diputados Kast y Pacheco a proponer un Proyecto de Ley, que entrega a la Biblioteca del Congreso Nacional “el cálculo de la línea de la pobreza y de la extrema pobreza en Chile y la determinación del número de hogares en situación de pobreza; en situación de pobreza extrema; en situación de vulnerabilidad; y aquellos que no están en situación de pobreza ni de vulnerabilidad.”

Leyendo el texto del proyecto, es difícil entender por qué los diputados no tomaron en consideración la propuesta que la Comisión hizo sobre el tema, ignorando así los fundamentos técnicos de la misma y entregando una compleja actividad de cálculo estadístico a un servicio del Congreso Nacional, cuya función esencial es colaborar con los parlamentarios, pero no desarrollar tareas de mediciones.

Esta tarea, altamente cuestionada como ha sido en la última medición, requiere de una institucionalidad basada en la transparencia, independencia, suficiencia, participación y pluralismo.

Este propósito y no otro, entendemos fue el que motivó al anterior gobierno a presentar un proyecto de ley que busca crear un Sistema Estadístico Nacional (ver Boletín 8767-06), reponiendo de paso la confianza puesta dramáticamente en entredicho y gatillando así un importante debate público.

De esta manera, actualmente se discute en el parlamento un proyecto de ley de más de 40 artículos, que entre otras materias se hace cargo de la reformulación del actual INE y de las materias que serán de su competencia, donde por cierto están las estadísticas relacionadas con el área social.

Dicho proyecto, en definitiva, se hizo cargo de las palabras de Joaquín Lavín, quien sucedió en el cargo de ministro de Desarrollo Social al propio Kast: “ojalá en algunos años más, la medición de la pobreza la haga un INE autónomo”, señaló Lavín al diario El Mercurio el 8 de Septiembre de 2012.

Sin lugar a dudas, este proyecto respondía al retroceso sufrido en la credibilidad de las cifras y sin perjuicio de las adecuaciones que deben hacerse al proyecto, esto no debe dar pie para ignorar todo el trabajo, debate y aportes que se dieron en este lamentable contexto.

El actual Gobierno deberá apurar el paso para reformular el proyecto original y llegar en definitiva a la existencia de una suerte de Eurostat (Oficina de Estadísticas para la Unión Europea), que provee de todo tipo de datos a nivel del continente y también permite hacer comparaciones entre países.

Con todo y más allá del cuestionamiento al proyecto de ley de los diputados Kast y Pacheco, cualquiera que sea el organismo de la administración del Estado que el país decida para abordar estas labores, deberá asumir que las sociedades democráticas no pueden funcionar adecuadamente sin bases sólidas y sin estadísticas objetivas de calidad.

Quienes deciden las políticas, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales, pasando también por los parlamentarios y la sociedad civil en general, necesitan datos actualizados, válidos y confiables.

Esta nueva institución debiese estar altamente capacitada, con directivos que ingresen por la Alta Dirección Pública. Pensar entonces en un sistema estadístico nacional, como un ente totalmente independiente y autónomo como el Banco Central, el CNTV o el INDH, resulta fundamental para perfeccionar aún más nuestra democracia y sin duda, el Parlamento tiene bastante que decir en su construcción, pero respetando y asumiendo el arduo camino recorrido hasta ahora entre actores muy diversos.