Como toda crisis generada por un desastre natural, la respuesta pública ante la emergencia y rehabilitación puede ser predominantemente desde el nivel central o provenir desde el ámbito local.

Como lo dijo la Presidenta Bachelet, a propósito de la reciente creada Comisión Asesora para la Descentralización y el Desarrollo Regional y en referencia al terremoto del norte, “cuando un país es muy centralizado, las ayudas y la recuperación de la vida de las personas tarda más…hay muchas decisiones que podrían ser tomadas en la misma región”.

Sin embargo ello aún no acontece, por efecto justamente del excesivo centralismo y por la otra cara de la misma moneda: las debilidades institucionales locales.

La experiencia vivida por efecto de los sismos acentúan la urgencia en descentralizar y otorgar más poder y capacidad de decisión y recursos a las regiones, no sólo económicos, sino principalmente de más y mejores recursos humanos (talentos) y medios institucionales.

Por ello es una buena señal que la próxima sesión de la Comisión de Descentralización y Desarrollo Regional se efectúe en Iquique. Es un signo alentador que Tarapacá debe bien aprovechar.

El desafío de Tarapacá hoy es construir una vía que asegure una transición fluida entre el alivio y la rehabilitación al desarrollo a largo plazo.

Pues, no se trata sólo de recuperar o rehabilitar lo destruido sino de aprovechar la oportunidad de crear nuevas condiciones económicas, sociales e institucionales de un desarrollo inclusivo y sustentable, mediante un sostenido esfuerzo efectivo de empoderar a agentes y actores regionales.

Este esfuerzo implica “escuchar” las necesidades de las personas y comunidades, involucrándolas en los procesos de toma de decisiones institucionales, creando conexiones a través de la ejecución de políticas y una mayor y mejor coordinación entre las diferentes agencias nacionales y locales, sectoriales y territoriales, públicas, privadas y comunitarias.

Restaurar el sentido de seguridad, atender las necesidades de los grupos más afectados y vulnerables, así como del capital humano afectado por pérdidas de sus fuentes de trabajo, estableciendo líneas de apoyo financiero y crediticio para empresarios y trabajadores por cuenta propia, impulsando un vasto plan de inversiones de infraestructura y conectividad, y también otorgando apoyo emocional, requieren en definitiva contar con un tejido institucional regional capaz de coordinar las a veces superpuestas agendas nacionales, sectoriales y locales a los requerimientos regionales.

El papel entonces de las instituciones locales y sus autoridades es decisivo para dirigir y gobernar cooperativamente este esfuerzo.

Desde Santiago ello no se puede hacer y sería errado endosarle esa responsabilidad, pero sí puede apoyar y no sustituir, el “empoderamiento regional”.