La lejanía y desafección de la gente respecto al mundo político y gobernante es tan abismante como comprensible. Discurso y acción hoy se tornan cada vez más disonantes, cuando se trata de entenderla manera cómo la clase dirigente busca “llegar al ciudadano”.

Hoy, una parte importante de políticos utiliza la ironía para enfrentarse a sus oponentes,  cuán más cuán menos recurre – como el Ex Presidente Piñera – incluso a comparaciones que intentan ser graciosas como una forma de acercarse a los ciudadanos. Con esa misma “gracia”, los casos Penta, Machalí engrosan una lista cada vez mayor que permiten concluir que los hechos hablan por sí solos: a la falta de confianza en las instituciones hoy se suma un rechazo transversal hacia la clase política.

Frente a este escenario, no es inusual entonces que el humor político se haya tomado un espacio masivo como el Festival y que lo siga haciendo.Pese a que hay voces, legítimas por cierto, que frente a esto han vociferado, “es que eso saca risa fácil”  o “así es re cómodo darle a la izquierda o a la derecha”, lo cierto es que no ha sido indiferente para nadie.

Las risas nerviosas que les provocan a los políticos esta cercanía que ha conseguido la ciudadanía con este estilo de humor es un asunto más serio y que “el ciudadano de a pie”  ya captó hace bastante rato.La gente comprende que hay problemas de fondo, de raíz, y que está en nuestras manos – organizadamente –  apuntalar para generar ese cambio.

Si la ciudadanía ha sido capaz de tomar distancia y reflexionar sobre lo que ocurre, es también una señal que a la clase política tampoco le es indiferente.

Y con razón. A los ya conocidos “Casos Gate”, recordemos que actualmente un diputado de la República, Rosauro Martínez Labbé (Renovación Nacional) está desaforado por estar involucrado en un homicidio calificado de tres personas en Neltume durante la Dictadura de Pinochet. ¿Cuál ha sido la actitud de este partido?, el silencio, un silencio cómplice y sin acciones concretas que den cuenta de algún “acuso recibo”.

La respuesta debiera ser una y clara, sin dobles tintas: el que hace trampa, para la casa. El que comete delito, no debe tener una nueva opción como candidato o candidata a algún cargo de elección popular.Así de enfático, así de tajante.

Así como se discute hoy, la pertinencia para someter a elecciones populares el cargo de Intendente Regional, previo a ello, debiera introducirse un proyecto de ley urgente para regular la participación electoral de candidatos y candidatas. Si para algunos es tanto el cariño al dinero, entonces que no les sea posible hacerlo desde un cargo de elección popular.

Si en 2011 marchamos por una Educación de Pública, Gratuita y de Calidad, que hoy vemos materializándose a través de una Reforma Educacional hacia la Educación Pública en marcha, entonces en 2015 debemos avanzar hacia cambios más profundos, hacia un Nuevo Contrato Social y también hacia una Nueva Constitución.

Para muchos políticos este nuevo Contrato Social lo toman como “un buen chiste”. Lo cierto es que es de lo más serio que deberemos impulsar este año. Y la ciudadanía ya lo entendió.

“Es por el bien y el futuro de la Anita”, le mencionaba una preocupada Ana a su esposo Juan Herrera.  Esta justificación revela el giro clave que la educación chilena tuvo en aras de un proceso complejo, como fue la municipalización y la irrupción de los establecimientos particulares subvencionados al modelo escolar.  El problema por cierto no está en estos últimos, en la medida que contribuyen al sistema educacional desde un proyecto serio y sin fin de lucro.

La real trampa está en que los colegios no seleccionan alumnos, sino que seleccionan a los padres y a sus familias.Seleccionan billeteras, status y en definitiva clase social.

Ana y Juan saben (y confían) que su hija cuenta con las capacidades para ingresar al nuevo colegio.Sin embargo, saben que si dicen la verdad sobre su separación matrimonial, quedan fuera.Si mienten, entran al colegio.

Lo anterior ha sido demostrado por investigaciones chilenas desde hace décadas (Universidad Diego Portales, Universidad de Chile), que muchos colegios que seleccionan no lo hacen por razones académicas sino por motivos socio-económicos, y peor aún,  por razones que reproducen la diferencia de clases: estado civil de los padres y salarios.

La calidad de la educación que entrega el establecimiento queda relegada a un segundo o hasta un tercer plano. Lo importante para muchos sostenedores es mantener la matrícula, conservar la subvención estatal por sobre otras consideraciones.

La mayor dificultad en estos últimos 30 años es haber permitido que sea el mercado el que regule los destinos en las aulas chilenas, dejando en manos de la oferta y la demanda un sistema que no ha sido capaz de generar equilibrios.El deterioro de la educación pública ha sido responsabilidad de todos.

Por tanto, es una responsabilidad retomar la senda de una educación pública, gratuita y de calidad para todos.Sin exclusión, donde todos aportan, particulares pagados, subvencionados y escuelas públicas. Sin embargo, convengamos que ha sido la educación  pública la que se ha postergado, en manos de la ilusión de una educación no-pública que siempre es de calidad.

Hay colegios privados de pésima calidad, como también los hay excelentes. Lo mismo para el sistema municipal. La trampa se encuentra, en gran parte, en la selección. Una forma refinada de discriminación y de reproducir la sociedad: ricos con ricos, pobres con pobres.

La Reforma Educacional profundiza en el corazón de nuestra sociedad desigual y segregadora.Por ello es contracultural. Una mejor educación es aquella que integra: mejores ambientes de aprendizajes se generan cuando hay diversidad en la sala de clases, cuando estamos dispuestos a democratizar.

Si a finales de la década de los 80, muchos “Juan Herrera”mintieron (y hoy siguen haciéndolo) para que sus hijos ingresen a colegios con “mejores oportunidades”, hoy en 2014 miles de establecimientos educacionales han aprendido también a mentir para conseguir más matrícula, ofreciendo “programas educativos de excelencia”, “porcentajes de ingreso a la educación superior como criterio de calidad”.

La Reforma Educacional es necesaria, es imperiosa, es ahora.

La distinción entre lo técnico y lo político es una convención, ambos se necesitan y coexisten. El sistema ADP se rige por ambos y los distingue sólo para efectos de procesos internos. Cuando se nombra a un (a) alto(a) directivo(a) público(a) (decisión política), el Consejo ADP es el que otorga las garantías que define que aquel realizó el proceso de la misma manera como todos(as) quienes conformaron la terna de candidatos (decisión técnica).

De acuerdo a la legislación actual, el Sistema ADP no está concebido como una carrera funcionaria, como pretenden dejarlo entrever algunos directivos y directivas salientes.

Si un profesional decide que dedicará por varios años de su desarrollo profesional a la función pública, el sistema ADP precisamente no es la vía. No fue ideada con este objetivo y no tiene por qué serlo, dado que la discusión por una real carrera funcionaria contempla temas que superan a la Alta Dirección Pública.

El Estado chileno es un empleador precario y sus reglas sólo han contribuido a acrecentar una brecha social y profesional que no admite interpretaciones.

La carrera funcionaria no comienza con los altos directivos, sino que en una revisión y reforma profunda al Estatuto Administrativo que rige al personal del Estado y también a una reformulación de las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil.Un rol fiscalizador de ésta última es un gran paso, que debe discutirse con celeridad y adoptarse prontamente.

El diseño inicial de ADP fue construido para que los plazos de permanencia de los directivos tuviesen un límite máximo de 9 años en el cargo, renovados según desempeño. La evidencia en los 10 años de implementación del Sistema ADP, muestra que el promedio de permanencia de los altos directivos es de 2,6 años.

Esto significa que, en promedio, un directivo ni siquiera alcanza a cumplir el periodo mínimo establecido que son 3 años.

El actual sistema ADP requiere reformas profundas, y una de ellas directamente tiene relación con su diseño institucional. Plazos establecidos de permanencia para los directivos deben revisarse con urgencia. Además, el Consejo de Alta Dirección Pública requiere de autonomía, del mismo modo como existen colegiados como el Consejo para la Transparencia. Hoy la figura del Consejo ADP al alero de la Dirección Nacional del Servicio Civil se encamina como un factor de estancamiento al desarrollo del sistema, que habría que destrabar.

Un Consejo equilibrado políticamente, como opera actualmente, constituye una señal de balances y es un diseño que suponía hasta ahora una justificación.

Sin embargo, una señal potente y que implicaría predicar con el ejemplo, podría ser la inclusión de este Consejo al mismo sistema ADP.

Al menos 2 consejeros/as, debieran ser escogidos mediante Alta Dirección Pública, si se considera que actualmente el sistema concibe a sus consejeros un rol que define nóminas de candidatos/as y su idoneidad. Qué mejor entonces, que sea el propio sistema ADP que defina consejeros(as) idóneos(as).

Un sistema modernizador también requiere ser revisado y perfeccionado. Existe una responsabilidad del Estado en este sentido y un rol activo en materia de gestión publica.

La clase política en 2003 estuvo dispuesta a ceder parte de este poder, porque las condiciones estaban muy tensas como para extender un sistema de designaciones que había desencadenado en escándalos y más aún, provocaba que la ejecución de políticas públicas estuviese supeditada a rencillas políticas y sus coyunturas.

El Sistema ADP ha sido ante todo un proceso de democratización.Propendía que las élites políticas serían “desplazadas” por la tecnocracia, las que asumirían los liderazgos entre quienes ejecutan las políticas públicas.Mientras que la élite política seguiría definiendo estas políticas, revelando un cambio en el modo de concebir los gestores públicos.

No obstante lo anterior, los resultados y la aplicación del Sistema ADP en 10 años, muestran que la distinción entre ejecucióny definiciónde políticas públicas no está explicada por el eje entre políticos (politics) versus tecnócratas (policies), sino por cómo se distribuye el poder.

En rigor, este sistema ha demostrado que el poder sólo se ha trasladado. Pese que existe un filtro técnico que reconoce grados de meritocracia a los postulantes, el nombramiento continúa siendo una atribución facultativa del Presidente de la República. Lo mismo ocurre con las remociones de estos cargos.

En base a esto, los convenios de desempeño, cuyo rol está diseñado para evaluar la gestión de los directivos/as públicos, se traduce en una herramienta subutilizada. El SC cumple un rol pasivo en este ámbito.

Su acción debiera alcanzar un papel fiscalizador en temas de recursos humanos, lo que implica restarle poder a la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Esto probablemente es lo que más destrabaría ciertos enroques, ya que es el poder político el que está en juego.

Hoy los avances que requiere alcanzar el Sistema ADP necesariamente se relacionan con sus falencias. Cuando el Presidente reemplaza un cargo ADP utiliza la figura de los Provisionales y Transitorios.

La evidencia demuestra que cuando existe la posibilidad de ocupar el poder, aún cuando existan otras instancias de relevo, como la de subrogantes legales, se sabe que el instrumento que garantice la menor probabilidad de reducir dicho poder es el que será utilizado.

El abuso de estos provisionales es una señal para perpetuar el poder, subutilizando el sistema ADP. Si bien, en lo formal, un principio que rige al sistema es la igualdad de condiciones en los postulantes, la evidencia indica que cuando hay un provisional en un cargo, éste tiende a tener mayor probabilidad de ser nombrado/a.Esto hace necesario discutir la continuidad de este mecanismo de reemplazo.

Otra deuda del sistema se asocia a políticas de género. Las cifras revelan que sólo 1 de cada 3 nombrados/as en cargos ADP son mujeres.Aún más preocupante es cuando se observa que del total de postulantes, sólo un 22% está compuesto por género femenino. Por consiguiente, el aumento de la participación femenina en cargos ADP es una deuda que refleja la baja inclusión de mujeres en funciones con toma de decisiones.

La Presidenta electa Michelle Bachelet ha manifestado firmemente en su programa de Gobierno, el compromiso de incorporar acciones afirmativas en la contratación femenina dentro de las políticas de selección del Sistema ADP. Un enfoque de género en esta materia permitiría un primer avance en temas como las brechas salariales en el sector público.

Durante esta década, los 3 proyectos de ley que han buscado reformar el Sistema ADP no han tenido éxito en el Congreso.

Bachelet en 2006 quiso introducir mecanismos que otorgaran mayor transparencia al sistema, sin embargo no se legisló respecto del Mensaje.

Piñera en 2011 buscó ir más allá que su antecesora, entregando un proyecto de ley corta y comprometiendo una ley larga. Ninguna de ellas se convirtió en ley, con sendos rechazos por parte de la Cámara de Diputados.

En 2013, el actual Presidente insistió en un proyecto, que lamentablemente busca que los convenios de desempeño sean confidenciales, yendo en el sentido opuesto de mayor transparencia y probidad. Se ha privilegiado el status quo en lugar de modernizar al Sistema.

La pregunta en 2014 es cuán dispuesta está la clase política para conceder mayor poder al Sistema ADP, lo que necesariamente reduciría éste al Presidente.

Para lograr mayores avances como los propuestos, considero como medida, que el Consejo ADP pase a ser una institución autónoma y con poder de veto incluso en nombramientos de directivos/as.

El paso coherente es que el Consejo no siga dependiendo del Servicio Civil,y quien lo presida sea distinto al Director del Servicio Civil, del modo como opera actualmente.Se requiere tomar una decisión que defina el futuro de este sistema.

El llamado al igual que en 2003, lo tiene nuevamente la clase política.