Me parece inexplicable que la ciudad que represento sea excluida de la entrega de estos recursos que, por lo demás, son escasos (225 millones de dólares tienen que distribuirse en 13 años, en 30 comunas).

El aporte que hacen las regiones y comunas mineras al PIB de Chile es fundamental para asegurar el desarrollo del país. La Región de O`Higgins es la cuarta con mayor presencia minera en Chile, según el Banco Central, con un PIB regional de un de 28%, pero Rancagua quedaría fuera del Fondenor, dado que no alcanza el 2,5% de patentes mineras que plantea la iniciativa.

Cabe señalar, que en la minería coexisten comunas, que siendo aledañas, son parte integral de un cluster minero más grande y sirven de dormitorio y/o servicios a las faenas mineras. Tal es el caso de Rancagua que aporta el 80% de los trabajadores de El Teniente.Y recibe todas las externalidades que provoca la minería.

Otra de las razones predominantes para explicar por qué Rancagua debería ser incluida en el Fondenor, tiene que ver con la historia, las raíces, la identidad social y cultural de la ciudad con la minería.

El metal rojo se extrae en Machalí, pero es Rancagua el lugar que se identifica con el término “ciudad minera”. Y esto último no es algo azaroso. En 1945 ocurrió la Tragedia del Humo, donde murieron 355 personas. Éstas fueron sepultadas en el cementerio Nº 2 de Rancagua. En la ciudad también se construyó la población Las Viudas, para los familiares de quienes fallecieron en este accidente.

El ex Presidente Allende firmó en la plaza de Los Héroes- en 1971- la Nacionalización del Cobre. Ese mismo año, comenzó el traslado de los habitantes de Sewell a Rancagua y se construyó la Carretera El Cobre. Para ese entonces, las personas oriundas de Caletones ya habían sido reubicadas en Rancagua.

La lucha transversal por más recursos para las regiones está desatada. Este martes acompañé a los ediles de las comunas mineras a una reunión sostenida en el Senado, a fin de analizar los términos del Fondenor y apoyar la incorporación de la capital de O´Higgins.

Los recursos propuestos en este proyecto son insuficientes respecto del aporte que las comunas mineras hacen al PIB y por cierto, son exiguos para cubrir las necesidades propias del desarrollo económico y social. Por tanto, comprendo y apoyo estas legítimas demandas.

Propongo que la Comisión de Minería de la Cámara Alta sesione en nuestra ciudad para poder abordar esta importante temática. Idea que ya ha sido planteada por el Concejo Municipal de Rancagua y que comparto en su plenitud.

La semana recién pasada manifestó su preocupación cuando ya se cumplían más de 30 días del ayuno deliberado, e incluso, acusó a uno de los apoderados de asesino y agradeció a Gloria Negrete y al resto de los estudiantes cuando abortaron con la medida de protesta.

Hoy, sin embargo, vemos al mismo ministro negando dicha situación, espetando ante toda la opinión pública que nunca hubo tal huelga de hambre, salvo la que sostuvo la joven de 19 años.

Cuestionamientos que, por lo demás, se realizan pese a los testimonios que se tienen del cuerpo médico del hospital de Buin y los informes acerca de la situación calórica de los estudiantes.

Pero el punto no queda ahí. Esto va más allá de una vuelta de carnero, que carece de todo discernimiento.

Lo preocupante aquí y que merece mayor atención es la voluntad que expresa este Gobierno, representada en la figura del señor Mañalich.

Porque una cosa es cambiar de una semana a otra de opinión, arrastrando en el intertanto una serie de descalificaciones, dimes y diretes, pero la otra, más grave y decidora, es decir que todo un grupo de jóvenes, que representan las demandas de otros cientos y miles de estudiantes, miente.

Ese ánimo de descalificar y esa intolerancia es lo que impacienta y nos lleva a preguntarnos cuál es la real voluntad de las autoridades ante el escenario de polarización que se ha creado y en donde ministros como el de Salud lo único que hacen es profundizar esa brecha.

Otorrinos, traumatólogos, anestesistas faltan en regiones como la de Atacama y otras de la zona sur del país y ha entrado en debate, precisamente, este tema, acerca de médicos becados por el Estado que no retornan al ámbito público.

Si bien la medicina es una profesión, como cualquier otra, su labor va más allá de lo meramente profesional.

Como médico y con propiedad lo digo, ésta es una tarea que requiere de vocación y compromiso social.

Por sus características implica adquirir una actitud que no debiera estar cien por ciento supeditada a lo meramente remuneracional y cuya dedicación, más aún si es financiada por todos los chilenos, debiera apuntar a una actitud orientada al trabajo sanitario y ciudadano.

En Chile la mayor cantidad de la población se atiende a través de la red asistencial de salud pública, que corresponde al Estado. Y si es, ese mismo Estado, el que a mí me da las herramientas y la oportunidad de perfeccionarme es, remitiéndonos sólo al ámbito ético, dejando de lado lo formal y legal que esto implica, un deber ético, devolver la mano a lo público.

Es en el sector público, donde se atienden hombres, mujeres, niños y adultos mayores de los sectores más vulnerables de nuestro país, quienes no poseen los recursos para pagar una clínica o centro privado.

Por lo tanto resulta incomprensible que facultativos a quienes el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud les financian el 80% de su formación en el extranjero, adolezcan o, más bien, no tengan esa sensibilidad para reconocer un compromiso tácito y moral con lo público, con la gente.

Si bien la reacción fue oportuna y ya a las seis de la tarde los sistemas de pronóstico indicaban una baja de los niveles de partículas nocivas por metro cúbico en el aire, la situación no deja de mostrarnos que siempre estamos en la reacción. ¿Dónde queda la prevención? Porque medidas como la suspensión de fuentes fijas y móviles tienen un alcance limitado y se circunscriben, fallidamente, en un intento por proteger la salud de las personas ante la aparición de episodios críticos.

Sin embargo, bien sabemos que el tema de la contaminación va más allá de los sistemas de monitoreo que nos alertan de los altos índices de contaminación. Dicha materia debe ser abordada de una manera integral, tomando medidas de fondo en todos los ámbitos que contribuyen al empeoramiento del aire.

De ahí la urgente necesidad de fortalecer el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, así como también reabrir, en el Congreso, el debate en torno a la Ley de Permisos de Emisión Transables. Una temática controvertida que siempre ha puesto en oposición a grupos ambientalistas y empresarios.

Nada más resta ver de qué lado estará el Gobierno, si del lado de la ciudadanía o del lado de los que, sigilosamente, continúan contaminando.