Que la salida de Pinochet de la Comandancia en Jefe; que el término de los senadores designados; que la Constitución que firmó Lagos; que la primera mujer Presidenta de Chile; que la alternancia en el poder; que la legislación que termina parcialmente el sistema binominal, etc., etc.

Todas aproximaciones burocrático formales, tan propias de abogados, casi pensando que la transición se terminaba por decreto.

Pero como reclama mi amigo Andrés Palma, “a la política chilena le falta mucha sociología”. Y claro, todas las defunciones precipitadas han dejado de lado las consideraciones propias del funcionamiento del sistema social, que se niega a dar por terminado un periodo…hasta que realmente el termine. Y eso no se hace por decreto.

Así, nuestra transición sigue vivita y coleando. Y ahora coleando en serio.

Los últimos hechos, despertados por los fiscales y no por otro intersticio de nuestra institucionalidad, que apuntan a que la sociedad y la justicia conozcan los maridajes entre política y dinero, vuelven a dejar en claro que la transición no ha terminado.Como otras veces en la historia, “los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”. Y la transición se niega a morir.

Tal vez porque nunca ha existido la real voluntad de los actores políticos relevantes, por asistir a su entierro. Ello supone un acto de coraje mayor, pues después de enterrar una “grata transición”, hay que hacerse cargo de lo nuevo.

Y lo nuevo siempre genera miedo entre los conservadores. Los propios y los ajenos han transitado, de la mano de la transición, el camino cómodo de “avanzar de a poquito”, sin percatarse que en una sociedad de las comunicaciones, el ritmo de la información colectiva avanza a años luz de diferencia de los cambios institucionales, que los poseedores de las posiciones de poder y privilegio solo quieren ralentizar.

Y hoy todo eso nos explota en la cara. Entonces, la primera reacción de tantos es esconder la cara, suponiendo que la demanda por transparencia y probidad solo avanza en línea recta, pero ella se cuela en todas direcciones y, por lo tanto, envolverá a todos, más temprano que tarde.

Al inicio de la transición, los que negociaron con la dictadura, convinieron que no se investigaría el robo de las empresas del Estado, realizada por el entorno del dictador.

Ello, probablemente más salvaje que lo que hoy conocemos, fue aceptado socialmente. El temor a una involución autoritaria; la supremacía del valor del término de la dictadura y el inicio del tránsito democrático; o simplemente temores mal dimensionados, permitió que, con o sin toma de conciencia de lo que ello significaba, los ciudadanos, perplejos, aceptaran esto como un costo razonable a cambio del término del horror de 17 años.

La pregunta entonces es, ¿está el subsistema social en condiciones de aceptar cualquier salida “política” de la actual coyuntura?

Probablemente no. ¿Y entonces, qué?

Tal vez haya que considerar algunos elementos previos, sin los cuales cualquier fórmula carezca de legitimidad y, con peligro de no ser aceptada, generando con ello un rechazo social de imprevisibles consecuencias.

Lo primero, estar disponible a juntar la verdad oficial, con la que ya conoce la sociedad.Es decir, volver a la primacía de que la verdad es una sola. No es posible seguir con una disociación tan alta entre lo que los ciudadanos ven y los que la institucionalidad política quiere mostrar. Este es uno de los elementos centrales de la crisis.

Hasta aquí esta pega la hacen los fiscales, convertidos en modernos súper héroes, de una ciudad que permanece perpleja, pero que empieza a manifestarse. Como en todos los procesos sociales significativos, primero en sordina, luego a los gritos y, en los desenlaces trágicos, en fenómenos de convulsión. ¿Dónde estamos? Nunca es fácil afirmarlo, por la dinámica de los hechos. Pero estamos transitando ese camino, sin dudas.

En segundo lugar, tener la voluntad real de, efectivamente, terminar con la transición.Esto es, con los comportamientos social y políticamente aceptados, que emparentan a muchos ocupantes de los roles de dirección institucional, en muchos procedimientos y prácticas, con las propias del periodo dictatorial.Sobre todo aquellos que dicen relación con el oscurantismo en el tratamiento de los asuntos públicos, pese a que esos mismos actores han legislado una ley de transparencia y otra del lobby.

Esto es lo más difícil. Históricamente las élites tardan más que el vulgo en aceptar la necesidad de los cambios institucionales, luego que los cambios sociales ya se han consolidado. El terror a la pérdida del poder adquirido les hace ciegos o, peor aún, irresponsables. A sabiendas que la realidad ya no acepta más dilaciones, se tienden a encerrar en un mundo que no existe, pero que, como toda burbuja, mantiene el micro ambiente cálido en que pareciera que nada ocurre.

Eso pasa por muchos aspectos. Desde luego, terminar con la perorata, con tono de monserga, que tiende a identificar a nuestro país como exento de corrupción. Ello no es cierto y lo saben hasta los párvulos. No era necesario que lo recordara el Contralor. Más valor habría tenido que en su largo período hubiera realizado un mayor aporte al freno de este fenómeno.

Después, acometer, en el muy corto plazo, la tarea de legislar las más altas penas a quienes hacen trampa, para ser elegidos en cargos de representación, para tomar posiciones relevantes en el manejo de sociedades comerciales, o en cualquier actividad que sea relevante para la vida nacional, sobre la base del entendido que los asuntos públicos –y ello involucra a las empresas- son verdaderos “temas de Estado”, que por lo tanto serán celosamente custodiados y, quien quiera ser actor en ellos deberá estar disponible a ser sometido a estándares éticos mucho mayores que para el resto de los mortales.

La legislación en países donde estos hechos ocurren con mucho menos frecuencia, tienen normas de este tipo.

Si la cárcel, la pérdida del cargo y la inhabilidad perpetua, acompaña al tramposo, probablemente inhibirá a muchos de participar en los asuntos colectivos y, los que persistan, deberán pagar duras consecuencias. Pérdida patrimonial significativa y cárcel efectiva, serán así antídotos eficaces para ello.

En definitiva, de lo que se trata es de aceptar que los hechos conocidos en estos meses no serán posibles de ser soslayados como en otras circunstancias. Nadie podrá pretender, en su sano juicio, que el país permanecerá impávido si se le dice que toooodos los involucrados efectivamente trabajaron honestamente para las empresas involucradas. Ello no es creíble ni aceptable. El viejo refrán será recordado: “lo que tiene mal olor, perfumado huele peor.”

Asunción de la verdad, castigo a los que han trasgredido las normas y batería de iniciativas legislativas que endurezcan las sancionen, de manera muy significativa, componen la trilogía que, tal vez, permita transitar el camino del término de una transición que se ha negado a morir, probablemente porque, hasta aquí, nadie la ha querido matar.

Solo un proceso así llevado posibilitará dar sustento ético y estético a un acuerdo nacional aceptado socialmente, que preserve la credibilidad básica de las instituciones políticas, cuyo debilitamiento debe terminar. Pero ello no se producirá, tal vez nunca  más, por entendimientos a espaldas de los ciudadanos, que hoy escrutan, no solo con el voto, sino con redes sociales activas y accesos a diferentes medios, inimaginables hace 25 años. Los ocupantes de los roles de poder están obligados a asumir esta realidad.

Al fin, ¿asistiremos al término de la transición? La respuesta es siempre la misma.Dependerá de los actores relevantes y será solo si ellos se deciden a dar el paso. ¿Están disponibles? Hasta aquí no parece, desgraciadamente.

¿Hay algo en común entre los que marchan, desde polo a polo?

Probablemente dos o tres cuestiones gruesas, que hermana a los marchantes.

Primero, la globalización, que permite que casi todos los habitantes de la tierra sepan lo que pasa en otras latitudes y, caída la idea de predestinación, hombres y mujeres adviertan que sus condiciones de vida no son, no deben ser y nunca debieron ser, parte de un destino inmodificable, tantas veces justificadas por “razones divinas”.

Lo segundo, ligado a la secularización de la vida ciudadana, los que marchan manifiestan una desconfianza creciente respecto a la capacidad de las instituciones propias de la democracia y obviamente de los regímenes autoritarios que subsisten, de resolver con criterios de justicia e inclusión, las demandas que se levantan, cada vez más contestatarias.

Tercero, la economía mundial, porfiadamente ligada a los conceptos clásicos de economías de mercado, no logra resolver, ni de lejos, la ecuación aumento de las expectativas de vida, con la mantención de los pasivos, por incluso 40 o 50 años de sobrevida a la actividad productiva, entre otros fenómenos no previstos en el desarrollo del capitalismo.

Por último, pareciera ser que los que marchan guardan la esperanza de la construcción de una sociedad distinta a la que conocen, a partir de la constatación de que esta no ha transitado por la vereda de la equidad.

Tal vez aquí se encuentre la motivación central de los marchantes, pero ello no es novedoso, la derrota del capitalismo ha sido tantas veces anunciada como frustrada.

Esto también pasa en Chile.

Los estudiantes, desde la “revolución pingüina” en adelante, lograron instalar la idea de que era necesario una educación pública, gratuita y de calidad, para todos. Y para eso marcharon ayer y marchan hoy.

Marcharon ayer, cuando nada en la institucionalidad del Estado, o en las propuestas de los partidos apuntaba en esa dirección. Pero también marchan hoy día, cuando el gobierno presenta un proyecto de Reforma Educacional, que no hace más que cumplir con la oferta de campaña…y dentro de los primeros cien días.

Pero pese a ello, los estudiantes marchan, a favor del cambio de las reglas del juego en educación. Y marchan junto a los dirigentes de los profesores, que marchan a favor de que no cambien las condiciones laborales que los favorecen. Unos marchan por el cambio otros por la conservación de sus condiciones. Pero marchan juntos, aun cuando su grito sea diverso.

También marchan los que no quieres mal olor por plantas de cerdo cerca de sus casas; centrales hidroeléctricas que atentan contra el paisaje o que contaminan. Y marchan los trabajadores de la salud por malas condiciones laborales. Y marchan los trabajadores por rentas que no calzan con los progresos de la economía del país, que se jacta de ello y que no distribuye con justicia.

Pero no marchan a votar en las elecciones que permite elegir a sus representantes en las instituciones propias de una democracia representativa. La tasa de participación en la última elección presidencial y parlamentaria está en el piso de la legitimidad.

Aquí está la paradoja y la incerteza de hacia dónde conduce la marcha, más allá de darse vueltas en círculo.

Dejando de lado a los encapuchados, marginales provenientes del lumpen o minorías anarquistas, o los vándalos que ingresan a los colegios tomados, el mensaje de los que marchan pareciera ser que están dispuestos a marchar pero no a votar. O dicho de otro modo, a expresarse en las calles pero no en las instituciones propias de la democracia.

¿Hacia dónde conduce esto?

Durante las muy masivas marchas de estudiantes y obreros, en Europa, el año 1968, el gobierno francés de De Gaulle estuvo “a punto de caer”, solo a punto, luego la marcha decayó y el capitalismo reflotó con más fuerza que antes.

¿Qué debemos esperar ahora, en el mundo y en Chile?

Depende, a lo menos de dos factores. Primero, de la articulación de la marcha social y el apoyo político que esta genere. Y, segundo, de la articulación de una propuesta que logre recoger el “grito de la calle”, la voluntad de los partidos y la capacidad de las instituciones para procesar la demanda ciudadana en la perspectiva de los marchantes.

Si esto no ocurre, la marcha seguirá su curso, por un rumbo difuso y se irá perdiendo con el tiempo, con lo que la pregunta recuperará su fuerza y alguien, en otro tiempo se preguntará, “¿Por qué marchan los que marchan”.

En el juramento que hacemos, o hacíamos los demócratacristianos, nos comprometíamos a cambiar el sistema capitalista, en la perspectiva de construir una sociedad comunitaria, donde la persona humana fuera el centro de la preocupación del bien común, cuestión que debería estar asegurada por la participación de un Estado activo.

Durante los últimos 25 años, desde la recuperación de la democracia se han verificado importantes avances, sobre todo permitiendo que millones de chilenos que vivían en condiciones paupérrimas hayan salido de esa condición. Más discutible es si esa misma cifra ha salido de la condición de pobreza, medida con mucha laxitud por nuestras estadísticas sociales.

Sin embargo, pese a ello, las condiciones de injusticia social permanecen prácticamente intocadas.

La distribución del ingreso permanece rígida en los últimos treinta años. La inequidad espacial, que desplaza a los pobres cada vez mas fuera de las ciudades se acrecienta, por el alza desmedida del suelo urbano.

La segregación en el sistema educacional hace que se acreciente un modelo que entrega muy diferencialmente un servicio que, en vez de ser considerado un bien social, es entendido como un bien de mercado y, por lo tanto, de apropiación individual.

El acceso a la salud es completamente desigual, dependiendo del nivel de ingreso de las familias y el sistema de pensiones hace crisis, obligando a la mayoría de los jubilados a vivir sus últimos años, con ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, asumiendo incluso que ella midiera lo que pretende.

Si lo anteriormente dicho es cierto –y en ello parece no haber discusión- entonces cabe preguntarse por qué ello se produce. Y la respuesta es simple y obvia: el país lleva cerca de cuarenta años siendo conducido sobre la base de la aplicación de una visión ideológica impuesta en dictadura y que, con escasos matices prácticos, ha acompañado la vida nacional en ese período.

Quienes han gobernado, salvo durante los cuatro años de Piñera, justificarán que esto se produjo por la imposibilidad de contar con mayorías parlamentarias que permitieran cambios mayores, que modificaran el sentido de la construcción social. Aceptémoslo completamente, pues ello, lógicamente, obliga a algo distinto, dada la composición actual del parlamento.

Entonces hoy no hay justificación para abordar una discusión ideológica que antes se negó.

La forma práctica de esa negación anidó el concepto de “política de los acuerdos” que, como lo ha enseñado la historia, solo permite avanzar de manera conservadora, donde la minoría, anclada en sus privilegios, capacidad económica o, como en este caso, en un sistema electoral profundamente antidemocrático, nacido en dictadura, impone sus criterios por sobre el de la mayoría.

Como siempre sucede, “la flota avanza a la velocidad del barco más lento”. Así ocurrió durante 25 años en nuestro país.

Bienvenida entonces la discusión ideológica, que los conservadores, de todo el espectro, rehúyen, so pretexto de mantener “lo bien que estamos”, sin querer aceptar que eso no necesariamente es así, por lo menos no lo es para la inmensa mayoría de los chilenos.

¿Pueden “estar bien” los trabajadores que, en un porcentaje de más del 50% ganan menos de 236 mil pesos?

¿O los pensionados que, en su mayoría tienen pensiones menores a 200 mil pesos?

¿O los pequeños empresarios, que son explotados por las grandes cadenas del retail, que les pagan por sus productos después de 180 días de recibidos?

¿O los estudiantes y sus familias que terminan endeudados de por vida, por estudios inconclusos o de dudosa calidad, que les frustra la esperanza de cambiar su destino?

¿Se puede conformar el Estado con tasas de tributación que no existen en ningún país con condiciones similares al nuestro y que solo permiten perpetuar la inequidad, que hace que el impuesto al trabajo sea mayor al impuesto al capital?

En fin, el glosario podría ser eterno.

Bienvenida entonces la discusión ideológica, única manera de abordar el cambio necesario, que intente cambiar un estado de cosas que atenta en contra de la construcción de una convivencia orientada por los principios de la Justicia Social, concepto que algunos prefieren olvidar, aun cuando en los discursos digan compartir.

No es posible cambiar la orientación del país sino a partir de la decisión de “cambiar el modelo”, pese a que ello irrite a los conservadores; ya lo hemos dicho, que no solo están en los partidos de derecha.

Además, ello resulta inevitable. El movimiento estudiantil; Freirina y Aysén, Calama y Chiloé, han demostrado que los ciudadanos ya no aceptan excusas para acceder de un modo muy distinto a los beneficios de un desarrollo que solo ven en las noticias de televisión.

Ello llevó al 62% de la Presidenta Bachelet, lo que le da legitimidad y la obliga. Y lo está haciendo, cumpliendo sus promesas de campaña.

Solo cabe aplaudir y apoyar, activamente.

Afortunadamente, “la ideología que creíste haber matado goza de buena salud”.

La objeción a esta frase nace de una cierta convicción, completamente conservadora, por cierto, de que el ámbito de la política es solo el de las instituciones, entre las cuales, nunca se reconoce el “rol institucional” de las organizaciones de la sociedad civil.

Así lo hacen quienes están convencidos que a la dictadura se le derrotó en las urnas, desconociendo los 15 años anteriores al debate institucional, que acumuló las fuerza necesaria, a través de la movilización social, para obligar a Pinochet a activar un mecanismo que terminó en su derrota definitiva.

En términos generales, los adoradores de “lo institucional” desconocen toda la historia de conquistas de los trabajadores y, en general, de los más postergados. Siempre los cambios institucionales han estado precedidos por la lucha y movilización, en la calle.

Lo curioso es que el mejor momento de los gobiernos de la Concertación se expresó cuando la dicotomía institucionalidad-calle, se resolvió de manera activa y creadora.

Entre 1990 y 1994 la Concertación –y particularmente la Democracia Cristiana- supieron alcanzar una ecuación positiva entre el trabajo del gobierno y la activación de los movimientos sociales.

Por un lado, el más grande dirigente sindical DC de la historia, Manuel Bustos, dirigía la CUT y desde allí articulaba a los movimientos sociales demandantes y, por el lado del gobierno, Foxley desde Hacienda y Cortázar desde el ministerio del Trabajo, trabaron una alianza inteligente, donde cada uno en su rol, ofrecían al país una perspectiva de avance en la dirección correcta: progreso económico con inclusión social.

¿Por qué retroceder ahora?¿Sólo porque algunos de los nuestros se han puesto más conservadores de lo imaginable?

El movimiento estudiantil ha demostrado que no se avanzará lo suficiente si no se sale a la calle.

La discusión actual, acerca de la necesidad de consensuar una educación de calidad para todos; de gratuidad a todos los niveles y de la ampliación de la cobertura desde el nivel pre escolar, están en el primer lugar de la agenda sólo y exclusivamente por la presión de los jóvenes movilizados, aún cuando nuestros conservadores no lo quieran reconocer.

Así ha sido siempre y nada indica que ello cambie.

¿Por qué entonces estigmatizar a los que creemos que se debe permanecer en la calle, como una manera de expresar la acción que desarrollan los ciudadanos organizados?

Nuestro país tiene muchas deudas pendientes con los excluidos, de los cuales tendrá que responder el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Si algunos creen que ello será posible desmovilizando a los chilenos, probablemente no entienda mucho lo que está pasando en Chile. Si esto ocurriese, es decir, si no se responde a las expectativas o si no se considera la movilización social, con la cual habrá de cohabitar, entonces lo que viene no será grato.

Entonces, ¿un pie en la calle y otro en el gobierno?

Por ningún motivo. Los dos pies en la calle y los dos pies en el gobierno. Esa tarea parece ser la obligación del próximo período.

Que gran y estimulante tarea. Allá vamos.

Algo así está ocurriendo actualmente con el desfile público de quienes, con más sentido escénico que convencimiento moral, se apuran en pedir perdón, sin explicar con claridad de qué se sienten objetivamente culpables, ni tener el coraje de dirigirse directamente a quienes habrían agraviado con la falta respecto de la cual solicitan ese perdón.

Algunos, con más osadía, pretenden que luego de este paso, que siempre consideran trascendental, venga por derivación, la ansiada reconciliación.

De este modo, perdón y reconciliación aparecen como el bálsamo mágico que hará desaparecer todas las heridas de la historia, ignorando que los dolores del alma solo son posibles de sublimar con el conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia, conceptos que aquellos que hoy se apuran a pedir perdón, con más ganas de zafar que con voluntad de reparación, no han estado nunca dispuestos a reconocer y aplicar.

Carecen, entonces, en general, de credibilidad las expresiones de quienes, otrora colaboradores de la dictadura, que después de 40 años y sintiéndose en situación de debilidad, en el ocaso del mal gobierno que han gerenciado, crean que el resto del país, entre quienes están las víctimas de la dictadura a la que sirvieron y de la cual profitaron, aceptará de buenas a primeras sus expresiones vacías.

El propio Presidente de la República ha hablado en estas horas de los “cómplices pasivos” de la dictadura, sin atreverse a ser más explícito al respecto y, por cierto, sin hacer mención a su propia situación.

¿A qué y quienes se refiere Piñera? Desde luego el mensaje apunta a sus partidarios, a los que lo llevaron al gobierno, es evidente. Y luego, ¿se refiere sólo a los que sabiendo las atrocidades callaron? Y los que se enriquecieron con los bancos o quedándose con las empresas del estado, ¿son cómplices pasivos o activos?¿Dónde está él?

Piñera ha querido convencer al país que “siempre” estuvo en contra de la violación a los derechos humanos, sin aportar nunca antecedentes de alguna acción de su parte, durante los 17 años de horror.

Del mismo modo, jura haber votado por el NO, quedando sólo como aval su propia palabra, pues el voto es secreto. La palabra y la acción del primer mandatario no son creíbles, según el 60% de los chilenos, de acuerdo a todas las encuestas conocidas.

Por cierto, habría votado que NO, para luego ser generalísimo de Büchi, el candidato de Pinochet, en la elección presidencial del 88, contra el candidato de las fuerzas democráticas. Cada quien saque sus propias conclusiones.

Perdón y reconciliación aparecen así mas como un llamado al olvido que a la búsqueda de la verdad, como el único elemento sanador, como lo conoce la historia, tanto de las sociedades como de las personas. Y luego la Justicia.

Aquí está el punto central. Es evidente que muchos de los actuales dirigentes de la derecha y altos funcionarios del gobierno saben más de lo que han tenido la valentía de reconocer.

El pacto de silencio entre los militares, para mentir ante los tribunales es una realidad que nadie discute, pese a que, a quienes se les ha podido comprobar algunos de sus delitos horrorosos, se les envía a cárceles especiales, repletas de comodidades, condiciones muy distintas de las que obtienen los niños maltratados que tiene que atender el SENAME, o de los reos comunes, a veces por faltas de menor cuantía.

El punto es entonces determinar cuál es el camino conceptual y factual que se debe recorrer. Para la derecha y los que siempre están dispuestos a hacerle el coro, se trata de pedir perdón, “lograr” la reconciliación “y no joder mas”. Claro, pues como les gusta decir “todos fuimos culpables”, cinismo con el que buscan esconder siempre, sus propias responsabilidades.

Las víctimas no son nunca responsables de las atrocidades cometidas por los victimarios.

Nada, absolutamente nada de lo ocurrido antes del golpe de estado justifica lo ocurrido después.Pretender lo contrario es solo la manifestación de la cobardía moral de quienes sin reconocer nunca sus propias culpas, pretender encubrirlas en circunstancias colectivas que no son capaces de explicar.

Así pues, asistiremos a un nuevo período donde la moda será adoptada por algunos y, como siempre ocurre, pasará tan rápido como llegó, sin dejar mucho de valor.

Mientras tanto, las víctimas seguirán buscando la verdad y esperando la justicia que nunca llega.

Los medios de comunicación que cohonestaron con la dictadura seguirán pasando piola y los tribunales de justicia, que negaron los recursos de amparo, que habría podido salvar muchas vidas, seguirán pasivamente sin hacer su tarea, a 40 años del inicio del horror.

Y, por cierto, los civiles de derecha, que se enriquecieron en dictadura, mientras alentaban a militares golpistas a destruir la democracia, para permitirles usar y abusar del estado, seguirán en La Moneda (por poco tiempo mas), en el parlamento (por mucho tiempo, gracias al sistema electoral) y en la banca y las grandes empresas, abusando de todos los chilenos,tal vez hasta el final de los días.

¿Perdón y reconciliación? Paso.

Probablemente también estuvo presente en la conciencia del Pontífice que se va.

¿Qué verdad conoció Benedicto, de la que se quiso liberar? Seguramente nunca lo sabremos con exactitud, como tantas cosas en la historia de la Iglesia Católica.

En los tiempos actuales, afortunadamente secularizado, es muy difícil seguir escondiendo aquello que afecta la convivencia colectiva y, desde esa perspectiva, el abuso de poder, en sus diversas manifestaciones, es cada vez más inaceptable.

Fiel a su tradición, la Iglesia Católica pareciera indiferente al avance en dignidad que recorre el mundo, que ya no está en condiciones de aceptar que, en aras de siempre un mal entendido “bien superior”, siempre críptico y acomodado, se escondieran las peores aberraciones, como ha develado la historia.

Acuden hoy a Roma muchos hombres de buena fe, que debajo de las polleras con que visten, abrigan un alma integra y generosa. Ello es así y debe ser reconocido.

Como también que entre ellos, desgraciadamente muchos, desfilarán purpurados que son derechamente, autores o cómplices de los peores atentados en contra del Jesús en el que predican creer. Y entre ellos, el Cardenal Errázuriz, acusado  por las víctimas de encubrir a Karadima sancionado por el propio Vaticano por abusos sexuales.

¿Qué esperar entonces del Cónclave y el nuevo Papa?

Desafortunadamente, poco se puede esperar. La Iglesia Católica, como toda institución humana que acumula mucho poder durante mucho tiempo, termina sirviendo mucho más a su propia mantención que al cumplimiento de los objetivos que la vieron nacer.

Hoy los debates entre los señores cardenales estarán mucho más orientados a la manera de prevalecer que a la reflexión honesta acerca de como comunicar mejor la palabra de Jesús y, con ello, devolver la fe a tantos millones que la pierden cada día.

Para quienes aún tenemos fe y no queremos perderla, el tema es aún más complicado. Rota la relación entre fe e iglesia, como refugio para conservar la primera, no encontramos con facilidad alguna referencia que reemplace una institución que alguna vez creímos que estaba guiada por el “espíritu santo” y, sin embargo, sus acciones nos han demostrado que ello es imposible.

América Latina concentra la mayor parte de los católicos del mundo y, si se suma África, la proporción es altísima. Eso es una oportunidad que, como siempre, solo tiene sentido si se aprovecha la oportunidad.

¿Estará dispuesta la Iglesia Católica a ver el rostro de la verdad, reconocerla, asumirla y, tal vez, intentar liberarse de una historia que la condena?

Difícil, muy difícil.

La provisión de educación pública, en todos los niveles del sistema es una obligación ineludible del estado, en cuanto representante del bien común y, a partir de la idea de que la educación es un derecho de todos los ciudadanos.

Ello, sin embargo, requiere de un estado activo y no subsidiario. Es decir, independientemente de la manera en que esa obligación se ejerza y la participación de privados es una de ellas, como en todas las cosas, la autoridad puede ser delegada, pero la responsabilidad es por esencia, indelegable.

Esa es una discusión que el ministro de Educación, el gobierno y los partidarios de la derecha gobernante quieren eludir. Por ello se niegan a legislar a favor de la intervención de los planteles de educación superior, cuando estos no han sido capaces de ejercer su rol, de acuerdo a la legislación vigente.

Es curioso, pues la intervención de empresas productivas está regulada en nuestra legislación, como una manera de no afectar “el funcionamiento de la economía”, al considerar que ello es un “bien social” que debe ser preservado.

Sin embargo, nuestra derecha criolla no está disponible para aplicar el mismo criterio en el caso de la educación y así preservar la posibilidad que miles de estudiantes y sus familias, afectados por la delictual administración de planteles universitarios queden en una situación de vulnerabilidad de la que no pueden escapar por sus propios medios.

Claro, esa es la manera en que se hace prescindible al Estado de una responsabilidad que no debiera eludir.

La certeza de que el sistema de educación superior funciona de modo regular, que respeta la legislación pertinente y que es evaluado y fiscalizado, de modo de dar confianza a sus usuarios de que pueden invertir tiempo, recursos y sobre todo sueños, está garantizado por un estado responsable, que vela por los derechos de todos.

Ello no ocurre en el Chile de hoy y, pese a lo contundente de la evidencia, el ministro de Educación pretende que puede seguir arrancando de sus responsabilidades y esconder la realidad hablando de “casos aislados” o “situaciones puntuales”, como si esa fraseología, carente de todo sentido, pudiera convencer a alguien en su sano juicio, o morigerar el drama de las familias de los jóvenes que hoy se sienten estafados por la codicia de algunos y la negligencia de otros.

Este es el marco en que, desgraciadamente, decenas de miles de jóvenes postularán a las universidades del país. En una situación de la mayor incerteza, avalada por un gobierno que, en representación del estado, actúa con la máxima irresponsabilidad.

La discusión entonces está planteada. Como en muchas otras áreas será entre quienes creen que todo lo regula el mercado y quienes pensamos que el Estado no puede ser prescindente cuando se trata de derechos básicos de la mayoría, como es el acceso a la educación y, en mi opinión, gratuita y de calidad.

Ya sabemos la respuesta del gobierno y la derecha; esto es “un asunto entre privados”, sin querer aceptar que la asincronía entre los actores (por un lado grandes consorcios que administran planteles universitarios y jóvenes que buscan su destino de manera individual) no puede seguir siendo aceptada.

La discusión acerca de la manera en que se debe reorganizar la Comisión Nacional de Acreditación, la discusión pendiente acerca de la Superintendencia de Educación Superior, que el gobierno quiere convertir en la instancia blanqueadora del negocio privado, o las nuevas normas que se deberán generar a partir de la constatación de la debilidad jurídica en que funcionó el sistema de educación superior, no podrá dejar de lado la responsabilidad del estado, que hasta aquí no se quiere asumir.

¿Más o menos Estado en la educación superior? La discusión está planteada.

No podemos esperar hasta el próximo año, es lo que más se repite. Es que ya es demasiado. No sabe armar el equipo. Cada uno juega como mejor le parece. Algunos se recriminan entre ellos y, desde la galería, la barra parece estar muy dividida, incluso en los que siempre nos han apoyado, se quejan en la dirección.

Lo mejor sería que volviera B…, si así lo señalan todas las encuestas.

Claro, pero B…está lejos y no habla de nosotros. Bueno es que ahora tiene responsabilidades internacionales muy relevantes, que le ocupan su tiempo y no se puede estar metiendo en nuestros problemas internos.

Hay que exigir más disciplina. Dijimos que éramos los mejores y ahora estamos lejos de los puestos de avanzada. Antes nos miraban con más respeto en el ámbito internacional, ahora no.

Pero parece que el jefe sigue sin darse cuenta y no pierde ocasión de intentar hacerse el simpático cada vez que habla, pero ya nadie se ríe. El coro es cada vez mas intenso: que vuelva B.

En el directorio, donde están los que se quedan con la plata, se empiezan a escuchar voces disidentes. Parece que no fue tan buen negocio colocar a éste a cargo del buque.Nos iba mejor antes y nos criticaban menos. Parece que es muy bueno para los asados y no impone disciplina.

Lo mejor sería que volviera B…, aunque afuera está con cotización muy alta. Se le respeta en todos lados.

Con B…estábamos todos mas unidos, tirábamos para el mismo lado. Ahora todo se discute, no hay unidad en torno al equipo. Se pelea la Defensa con otro del equipo. Así no se puede jugar.

Los de la “Udicen” que ellos son los únicos que le ponen el hombro, pese a no ser del equipo del que dirige.

Tiene puro que volver B…

Como si eso fuera poco el jefe nombró capitán del equipo al “Harry Potter”, pero a ese no lo pesca nadie, pese a jugar de “interior”. Y al mejor para atajar goles ni lo llaman, pese a la cantidad de autogoles que nos estamos haciendo.

El país no soporta si no vuelve B… Esto no da para más.

La próxima clasificatoria la gana B… mirando para atrás. Sabe como hacerlo.

En eso estamos todos de acuerdo. “Cosas del fútbol.”

Pocos días después, su Ministra del Trabajo se hacía eco de este llamado garabateando a los diputados de oposición, en la sala en la Cámara de Diputados, recordando los mejores tiempos del diputado Palestro.

Luego, la Contraloría General de la República reprocha al Ministro Golborne por asistir a actos de campaña, utilizando los recursos que el estado pone a su disposición para hacer la pega y él, suelto de cuerpo, dice que lo seguirá haciendo.

Entremedio, debe renunciar el subsecretario de Minería por la escandalosa manera en que quisieron entregar la explotación del litio a una empresa donde uno de sus principales ejecutivos es el hermano del Ministro de la cartera a cargo de resguardar un bien nacional tan importante como es aquella riqueza minera. Claro, después de ese bochorno, el ministro sigue firme como roca en su puesto.

Caso aparte la denuncia periodística acerca del sobrepago, de alrededor de 400% que hace el ministerio del Interior, a una empresa “amiga”, por la compra de instrumentos para detectar el tráfico de drogas en el norte del país. Sí, nos referimos al mismo ministerio responsable que se pierdan cientos de kilos de cocaína entre el decomiso y la quema de ésta, dándole la razón al celebrado chiste del Bombo Fica.

Estas perlas nos regala por estos días el prometido “gobierno de excelencia” que, en palabras del propio mandatario, a poco de asumir, habían “hecho más en 20 días que lo que otros hicieron en 20 años”.

El grupo humano que gobierna no terminará bien, eso es un hecho, pero a lo menos sería esperable que intentaran cuidar algo más las formas, aunque sea por un poco de vergüenza, refugio al que se puede acudir una vez perdida la decencia.

¿O tendremos que seguir viendo como el candidato apoyado por un Ministro, en Recoleta, arremete con armas en contra de la candidata de Golborne? Plop, ambos son de la UDI.

Así vivió Pierre Dubois, el histórico Párroco de la población La Victoria, un chileno ejemplar, pese a haber nacido en Francia.

El padre Dubois acompañó al pueblo que amó, transmitiendo a ellos el amor del Padre al que sirvió toda la vida. Y ese pueblo, agradecido y acongojado hoy lo llora y lo extraña. Se ha muerto un amigo, tal vez el mayor halago que se le podía hacer a Pierre, tratarlo de amigo.

Eso quiso ser siempre él, un amigo siempre presente, para todos los pobladores, con los cuales se mimetizó, de la única manera en que ello es real, desde la honestidad, que el derrochaba a raudales.

Vivió con los suyos y murió con ellos, en una modesta casa de su querida La Victoria. Al igual que su compañero André Jarlán, sacerdote muerto por una bala asesina, cuando ambos luchaban por la libertad de la Patria, causa que habían abrazado como los que más.

Pierre Dubois tenía esa fortaleza y valentía de los que saben que luchan con el escudo de la verdad por delante. Así vivió siempre el padre Pierre.

Ante su presencia, en los tiempos del horror de la Patria, incluso la más desquiciada represión retrocedía. Hasta la peor inhumanidad se repliega ante la decisión de un hombre bueno y consecuente.

En estos días los obispos católicos han recordado la importancia del Concilio Vaticano Segundo y la obligación de la Iglesia Católica de humanizar su labor, estando más cerca de la historia.

Pierre Dubois no requería que se lo recordaran. El simbolizó siempre el espíritu del Concilio. Fue, a la vez, denuncia y anuncio.

Así lo conocimos, cuando en la década del 70 compartíamos la lucha por el respeto a los Derechos humanos y el retorno de la democracia. El padre Pierre nos alentaba y nos acompañaba. Y su ejemplo nos guiaba.

Lo vamos a extrañar. No es fácil encontrar modelos similares en la Iglesia de hoy.

Tal vez ahora, más cerca del Padre celestial, en el que creyó y al cual fue fiel, logre iluminar el camino de quienes, si solo miraran su ejemplo, encontrarían el camino que nunca se debió abandonar.

Gracias por tu vida, amigo Pierre.

En el último tiempo parece que eso se ha hecho más recurrente.

Dos casos reflejan lo afirmado: por una parte los datos entregados por el gobierno en torno a la encuesta CASEN y, por la otra, el informe de la Contraloría respecto a las listas AUGE.

La primera situación es de extrema gravedad, pues pone en cuestión la tradición del país de contar con estadísticas sociales validadas por todos, independientemente de los gobiernos. Incluso ello ha sido siempre señalado como un activo del país en el concierto internacional.

La negativa del gobierno a liberar las bases de datos con que se construyeron las conclusiones de la encuesta y la no desmentida aplicación de dos encuestas, una antes y la otra después de otorgar un bono a las familias de más bajos ingresos, afectando el resultado de la toma de datos, pone en cuestión la credibilidad del instrumento, como ha sido señalado por toda la comunidad dedicada al tema.

Esto simplemente es un engaño a la fe pública, con un objetivo muy espurio y demasiado burdo. Hay que recordar que esta trampa se realiza en el período en que se aplicaba la encuesta CEP, verdadero oráculo nacional, que arrojó malos resultados para el gobierno, pese a este engaño.

El segundo caso dice relación con la patética actuación del ministro Mañalich, en presencia del Presidente Piñera, afirmando, con algo de tono circense, haber “cumplido” con el compromiso de terminar con las listas de espera del plan AUGE.

La Contraloría General de la República no tardó mucho en señalar que ello era falso y, en su empecinamiento comunicacional, el gobierno y sus partidarios apuntan entonces, como siempre, contra el cartero que trae las malas noticias, intentado desacreditar al órgano contralor, sin reparar en el daño que ello produce a toda la institucionalidad del país.

El peligro aquí radica en la predisposición de un gobierno que no repunta y empieza a actuar, como fiera herida, sin medir las consecuencias, que a esta altura no es de su propia credibilidad, difícilmente rebajable, sino de toda la institucionalidad, a la cual los ciudadanos le toman creciente distancia. Ello no es bueno para el país.

Sobretodo no es bueno porque pareciera ser parte de la compulsión de un gobierno debilitado. A los ejemplos dados se pueden agregar un gran conjunto de compromisos que solo fueron retórica; como la disposición de recursos a las regiones, de la misma magnitud que los asignados a la región metropolitana por el Transantiago; la duplicación de la subvención escolar o la modificación del sistema binominal.

Es relativamente aceptable que, en época de campañas, la excitación permita determinados excesos de promesas de difícil realización, Probablemente el extremo haya sido “el fin de la puerta giratoria” para “terminar la fiesta de la delincuencia”.

Hoy los ciudadanos castigan esa falacia señalando al tratamiento de la delincuencia como el principal problema mal abordado por el gobierno. Ello coincide con las cifras objetivas que señalan que la delincuencia ha aumentado y no al revés, en el actual gobierno, pese a los vanos intentos por señalar lo contrario.

Sin embargo, lo que no es aceptable, es que la autoridad, una vez constituida en gobierno de la Nación, crea que puede seguir actuando con promesas que sabe no podrá cumplir.

Aunque el Presidente haya tenido la soberbia de decir, a los 20 días de gobierno, que habían “hecho más que la Concertación en 20 años”

Ya sabemos, “para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”.

En la misma rama del Congreso, se ha iniciado, la semana anterior, la discusión acerca del controvertido proyecto de Ley de Pesca, que, de acuerdo al interés de la derecha, le entregaría a perpetuidad la riqueza de nuestros mares a 7 familias poderosas de Chile.

¿Qué hace la relación entre una iniciativa y otra?

Pues que en esa Cámara, la oposición es mayoría y podría, si quiere, hacerla valer en función de sus convicciones.

En ambos casos se trata de determinar a qué intereses se quiere defender o, dicho de otro modo, a quien se quiere favorecer.

Ya sabemos que el proyecto de ley de pesca, como fue despachado por la Cámara de Diputados solo favorece a los grandes industriales; hipoteca de por vida una riqueza nacional a favor de muy pocos, debilita la posición de los pescadores artesanales y atenta contra toda la nación, toda vez que produce el efecto de enriquecer a unos pocos, con lo que se supone que es el patrimonio de todos.

En el caso del proyecto tributario, es posible que se consiga allegar alrededor de 1000 millones de dólares, a cambio de favorecer la tributación de los más ricos del país.

Entonces, en ambos casos, los beneficiados son los mismos y, por consecuencia, ambos proyectos apuntan a aumentar las brechas de injusticia tantas veces denunciadas.

Los senadores de oposición pueden, entonces, actuar con la convicción de que, si ello es así, entonces ninguna de las dos iniciativas podría contar con su voto favorable.

La principal ventaja de estar en la oposición es que permite actuar desde la “ética de la convicción”, más que desde la “ética de la responsabilidad”, que impera cuando se ejerce el gobierno.

No se trata de renegar de lo hecho –y sobre todo de lo “no hecho”- sino que de retomar el camino del entendimiento con los ciudadanos, que hoy demandan que sus necesidades sean atendidas, de un modo distinto a lo ocurrido desde el retorno a la democracia.

Esa es la oportunidad de los senadores que representan a la oposición política en el Senado.

En el primer caso, de impedir que una riqueza nacional, que genera alrededor de tres mil millones de dólares de utilidad por año, pueda ser mejor distribuida, a favor de una mejor recaudación fiscal, del acceso de los pescadores de tamaño menor al negocio posible y de toda la comunidad que se vería beneficiada con un área mejor regulada.

Curiosamente, en este caso, son los defensores del libre mercado, por lo menos en sus declaraciones, los que impulsan un proyecto que anula toda forma de competencia y, quienes son siempre acusados de estatistas, los que promueven una regulación que permita el funcionamiento de un mercado mas abierto.

Con el ajuste tributario pasa lo mismo, detrás de un aparentemente loable objetivo de allegar mas recursos para mejorar la calidad de la educación, se ha escondido, como siempre, una gran letra chica, a favor de los que pagan más tributos y, en vez de esperar de los sectores mas favorecidos un mayor aporte, se les beneficia, de un modo tal que hace no solo muy injusto el proyecto que se discute, sino que, como lo demostrara un conjunto de economistas de todos los sectores, en estos días, de aprobarse éste, se aumentaría la brecha de desigualdad que hoy afecta a los más pobres.

Ojala nuestros senadores puedan mantener sus convicciones en estas dos iniciativas. Sería una buena noticia, saber que la mayoría se usa de la manera más noble: para favorecer a quienes se quiere representar. En ambos casos, a los más necesitados.

O si no, ¿de qué sirve tener mayoría en el Senado?