Eso está hacienda BAT (British American Tobacco) con el gobierno de Chile. Sabe que sus cartas son malas, que una ley más restrictiva tiene altas probabilidades de ser aprobada. ¿Qué hace entonces? Blufea amenazando con que se irá del país.

¿Es esta amenaza creíble? Ciertamente no. ¿Debe el gobierno retroceder en su proyecto de ley? La respuesta también es no.

Desde el punto de vista de la autoridad, el problema es claro: 40 % de la población chilena fuma y el tabaco causa 16.500 muertes al año en Chile. El objetivo de la ley es fundamentalmente desincentivar que los niños comiencen a fumar, con diversas medidas: cajetillas genéricas, de un solo color para todas las marcas, sin diseños atractivos para jóvenes, no permitiendo ventas en dispensadores automáticos (que no consultan la edad del fumador) y prohibiendo la venta de cigarrillos con sabores, cuyo único objetivo es generar mayor adicción en los menores, quienes en Chile son los mayores consumidores de cigarros mentolados. Todas estas medidas, del punto de vista de la salud pública son acertadas.

Respecto a la amenaza de BAT, esta parece poco sincera. Por un lado, países como Australia, Canadá, Finlandia o Brasil tienen legislaciones tanto o más duras que las propuestas para Chile (especialmente Australia). Sin embargo, ahí BAT está tranquilamente trabajando.

El negocio en Chile además es muy bueno: le reporta $ 50 000 millones de pesos al año en utilidades de un mercado en el que tiene el 93% de la participación.

¿Por qué motivo irse entonces? Las medidas del gobierno apuntan sobre todo a desincentivar el consumo en menores de edad. Sin embargo, la demanda las conductas de los fumadores difíciles de modificar sólo variando detalles en la oferta del producto puesto el cigarro es una sustancia adictiva. Si a esto sumamos, que BAT casi no tiene competencia, es poco probable que en el corto plazo sus utilidades disminuyan sustantivamente.

¿Y qué pasa si se va? Poco. La tabacalera inglesa emplea en nuestro país a 1000 personas en sus oficinas que se reubicarán en otros ámbitos comerciales o gerenciales y a otros mil agricultores en la cosecha de tabaco, fundamentalmente en la Región de O’Higgins, que en teoría deberían buscar una nueva forma de empleo en la agricultura.  Por su parte, los puntos de venta de tabaco no tienen éste como su único giro, por lo cual es improbable que se produzca desempleo en ese sector.

Sin embargo, ¿alguien duda que con utilidades de 50 000 millones al año, no querrá Philip Morris u otra tabacalera tomar esa tajada que los ingleses dejarán libre?

Como parte de la comunidad médica de Chile, creo necesario que el proyecto considere ampliar la prohibición de fumar a cualquier espacio que atienda público.

Así, no se debería poder fumar  en restaurantes, pubs, ni discotheques. Está comprobado que los espacios separados para fumadores no son efectivos, y al permitirse hoy fumar en terrazas, se mantiene a los no fumadores: niños, ancianos, adultos y muy especialmente a los trabajadores, constantemente expuestos a la toxicidad del tabaco, y por cierto obligados a arrinconarse al interior del recinto, impidiendo disfrutar de su derecho legítimo a un ambiente libre de contaminación.

Nadie pretende restringir la libertad de fumar, pero siendo esta una actividad perjudicial para la salud propia y la de otros, debe regularse su consumo de modo que sólo quien fuma, sufra las consecuencias y no el resto de la sociedad.

Es de esperar entonces, que el proyecto logre ser aprobado, y que si British American Tobacco quiere irse, lo que no resulta creíble, que lo haga. No la extrañaremos.  A quienes si se echará de menos,  es a los 16.500 chilenos que este año morirán producto del consumo de tabaco.

¿Y qué pasa con los consultorios? La verdad, nada. Con ellos, el trato es distinto y aplica el más tradicional de los laissez-faire. Si en un consultorio los pacientes esperan horas para ser atendidos o sencillamente no los atienden, no pasa nada. Si trabajan médicos sin los requisitos para ejercer en Chile, no pasa nada.Si contratan alumnos de medicina y los hacen trabajar cómo médicos, no pasa nada.

¿Y qué pasa si ese consultorio no dispone de medicamentos por mala administración de sus recursos? Adivinó: no pasa nada.

Es decir, si bien en transporte y en educación, el gobierno central está dispuesto a intervenir decididamente donde el fracaso institucional es evidente, en otras áreas como la salud, le tiembla la mano.

La situación no parece que vaya a cambiar. Por un lado, el gobierno aparenta estar sólo medianamente comprometido con la necesaria reforma al sistema de Isapres, que podría aportar mayores recursos a un sistema público que gasta un 40% menos que el promedio de la OCDE y que necesita  urgentemente de mayores ingresos. Por otra parte, ni un sólo peso de la Reforma Tributaria irá a salud.

Sin embargo, el 53% de los chilenos  expresaron en la última encuesta CEP que su problema prioritario era justamente éste y que es allí a donde se deberían destinar en primer lugar las platas de una reforma impositiva. No obstante, entre cambios a la Constitución, Sistema Binominal y otros, el gobierno sigue encontrando nuevas prioridades, distintas a las del país por el cual dice trabajar. Es momento entonces,  que alguien se haga cargo del problema.

La Reforma a la Salud es urgente y debe partir en los consultorios.  Por eso, lo primero es intervenir en aquellos consultorios peor evaluados, aumentando la resolutividad, incrementando el número de profesionales formados especialmente para Atención Primaria e incorporando decididamente sistemas de ficha electrónica y de solicitud de horas vía telefónica.

En segundo lugar, desmunicipalizar o mejorar la integración de consultorios y servicios de salud, que hoy administran los hospitales. Esto no equivale, como muchos en la centro-derecha temen, a crear un Supra Estado Marxista y totalitario, ni tampoco a privatizar la Salud Pública, cómo otros temen en la izquierda.

Se trata, muy por el contrario, de mantener una administración descentralizada, con participación de la comunidad local, pero bajo la gestión de los Servicios de Salud, que hoy funcionan como entes autónomos. Esto permitiría que hubiera una continuidad de la atención entre el consultorio y el hospital, a diferencia de lo que sucede hoy, en que no hay ninguna conexión real entre ellos, funcionando casi como dos sistemas separados.

Esta reforma, facilitaría la derivación de pacientes y optimizaría la utilización de escasos recursos, evitando la duplicidad de entidades administradoras con la autoridad municipal.

Por otra parte, permitiría terminar con la situación actual, en que si al alcalde no le interesa mucho la gestión de consultorios, estos no funcionan o que si está muy interesado, los convierte en un comando de campaña, lleno de sus afiches.

Es de esperar entonces, que al gobierno no le tiemble la mano, y que emprenda una decidida reforma al gran pilar de la Salud Pública: los consultorios.

Que no sólo se atreva, allí donde el costo político es menor, discutiendo con ex – presidentes o empresarios, sino que se atreva también donde las reformas son más difíciles,  puesto que si el objetivo es no perder la popularidad, el norte, ya se perdió hace rato.

Así, en séptimo año las conversaciones no son a que país de África me voy o a que consultorio en la Araucanía, si no más bien que especialidad puedo hacer, en la que no haga turnos de noche, me paguen más por hora, pueda hacer procedimientos que dejen buena rentabilidad y me contraten rápido en una clínica cuando me titule.Es decir, la transición del idealismo, pasando por el realismo para llegar al cinismo, transando la vocación inicial por un mero empleo.

De este modo, cuando hace uno días, asistí a una charla titulada ¨profesionalismo médico”, no me llamó la atención que se hiciera el diagnóstico de cómo la gente nos percibía: esencialmente interesados en hacer utilidades, poco preocupados por los pacientes y distantes.

Sí me llamó la atención, escuchar a un cardiólogo con catorce años de estudio y cincuenta años de edad, manifestarse indignado y señalando que era impensable hablar de profesionalismo si en el servicio hospitalario donde trabaja, hay 2 baños para 25 pacientes debiendo ducharse a las seis de la mañana con agua fría, antes de ir a operarse.

Mi asombro, no vino del ya conocido contenido de la denuncia, sino de escucharla de un médico que a sus años, aún trabaja en el sistema público. Es decir, había logrado mantener la vocación para persistir en lo público, sin perder el sentido crítico y la fuerza para al menos, denunciar los males que nos aquejan.

Y es que en salud, en Chile, se aplica el mismo concepto del que alguna vez hablase Hannah Argent:Die Banalität des Bösen (La banalidad del mal ). Sostenía ella, a raíz del juicio de Eichman, un jerarca nazi condenado por genocidio, que existen individuos capaces de convertirse en verdaderos burócratas: ejecutan órdenes, sin cuestionarse mayormente respecto a la maldad de éstas.

Es decir, el problema no sería el acto de asesinar, sino de seguir una orden superior, en cuyo caso está justificado hacer lo que se solicita, dado que se adapta a las reglas del sistema.

En Chile, si bien es cierto que los médicos no ejecutan órdenes para matar personas (excepto, con vergüenza, durante la dictadura de Pinochet), sí es cierto que muchas veces burocratizamos nuestro trabajo y pasamos del idealismo del pregrado, al cinismo expresando que “este es mi trabajo, operar o dejarle indicaciones a algunos pacientes. Si el sistema se cae a pedazos, no es mi problema”.

De este modo, mientras ha habido decenas de marchas a favor de la educación, hubo sólo dos marchas por los enfermos, la primera convocada por un enfermo terminal y la segunda por su viuda. Nunca por un médico.

Y es que al parecer nos hemos acomodado al mal, y lejos de percibirlo como tal, lo entendemos como algo no modificable, y salvo contadas excepciones, no sacamos la voz con fuerza suficiente para denunciar el hacinamiento de los pacientes, las muertes por pobreza, la falta de medicamentos y los abusos de las ISAPRES.

El problema es que si callamos nosotros y banalizamos el mal, los pobres y ancianos, que constituyen mayoritariamente la población que se atiende en el sistema público de salud, difícilmente tendrán la fuerza para hacerse oír, y los cambios de fondo en financiamiento y gestión, o no llegarán o lo harán en forma muy tardía. Nuestra responsabilidad es ineludible.

Confiemos entonces, que en el futuro, más marchas y manifestaciones por los enfermos, más proyectos de ley y reformas, sean convocadas y motivadas por los mismos médicos, en nombre de aquellos que no pudimos ayudar, de aquellos que necesitan nuestra ayuda y por los que vendrán.

Ricarte Soto, sin duda, nos estará mirando.