Los opositores y también algunos sectores que apoyan la reforma del sistema educacional, plantean que lo primero es colocar más recursos en la educación pública (hasta ahora gestionada por las municipalidades), de manera que la calidad de sus servicios mejore.Después se podría discutir, si es que fuera necesario, una reforma estructural al sistema.

O sea, en resumen, mantener la estructura como está apostando que lo  que se necesita en la educación municipal es mejorar los sueldos de los profesores, darles más capacitación, fortalecer la infraestructura y, seguramente, la capacidad directiva y los sistemas de gestión, lo que por sí solo redundará en una mayor efectividad educativa.

La larga experiencia del sistema instalado por la dictadura con tres componentes: particular pagado, particular subvencionado y municipal, ha demostrado de sobra que la sola inyección de recursos en el sistema municipal  no logra mejorar sus resultados, al menos cuando lo que se mide es el aprendizaje de los estudiantes, que es el aspecto más apreciado por nuestra sociedad por sobre la formación valórica y cívica.

¿Por qué se da esta situación cuando parece obvio que los resultados del sistema municipal debieran evolucionar positivamente si se mejora su financiamiento? Esto no sucede porque la educación municipal no es una isla; es parte de un sistema mayor, que es el sistema educacional con los tres componentes ya enunciados.

Un actor privado, con la constitución jurídica que sea, al diseñar un proyecto educativo en los términos más valorados por nuestra sociedad inequitativa, le coloca un precio y lo ofrece al mercado de las familias, las que acceden a este producto en función de sus preferencias y capacidad económica.Este comportamiento de oferentes y demandantes es consistente con el sistema de libre mercado en que vivimos.

Las familias que compran cupos en los colegios más valorados socialmente, logran, también, diferenciarse de aquellas con menor capacidad de pago, las que tienen como opción ingresar al sistema particular subvencionado o, como es el caso de al menos el 40% de las familias con hijos en edad escolar de este país, simplemente recibir del estado subsidiario lo que cada municipalidad esté en condiciones de ofrecerle.

Este estado de cosas no variará simplemente inyectándole más recursos al sistema municipal. Ni siquiera un complejo sistema de incentivos económicos ni una sofisticada carrera funcionaria para los educadores, logrará impedir que quienes tengan un margen financiero para alejarse de las clases media baja y baja, coloquen sus recursos en el sistema particular pagado o subvencionado, para que sus hijos accedan a un nivel de aprendizaje y de red social que les dé una razonable seguridad que en el futuro estarán en el sector de los muy privilegiados o más privilegiados y no en el de los postergados o desposeídos.

Es parte de la naturaleza humana hacer los esfuerzos necesarios para no vivir el sufrimiento de estar marginados del mejor nivel de vida o, al menos, de uno digno de acuerdo al nivel de desarrollo material de la sociedad en que vive.

Para cambiar esta dinámica destructiva de la esencia de lo que significa vivir en sociedad, donde todos necesitamos de los otros para generar los bienes que nos den al menos una tranquilidad material, se requiere afectar la estructura de nuestro sistema educacional.

Se requiere, al menos, como lo ha planteado el gobierno, terminar o, si el poder que tiene no lo permite, atenuar la dinámica discriminatoria del sistema educacional actual. Sin pretender eliminar el sistema particular pagado, que es una realidad en la mayoría de los países, es preciso separar aguas entre éste, pagado con recursos privados, y la educación financiada con los impuestos de los contribuyentes.

Es perentorio poner fin a la política de subsidios a los agentes privados que incentiva la segregación de nuestra sociedad en la educación, la que determina, finalmente, que una amplia mayoría quede condenada desde la educación básica a una vida materialmente azarosa.

En la medida que se eliminen las áreas grises en educación y se opte por que exista un sistema particular pagado (imposible evitar que en una sociedad desigual no haya sectores que tengan sistemas de privilegio) y uno público fuerte con actores del Estado y privados, se darán mejores condiciones para que la inversión en educación, sea más efectiva.

Se terminará con la dilapidación de recursos destinados a un mayor aprendizaje de los estudiantes, pero que en los hechos satisface niveles de lucro ilegítimo de algunos empresarios o entidades empresariales y mantiene con dificultad un sistema municipal que está imposibilitado, por la estructura del sistema educacional, de igualar o superar los logros de sus competidores.

Si vemos el caso del sistema de salud, nos encontramos con que se repite la misma dinámica segmentadora descrita en el sistema educacional.

También tenemos tres sistemas: salud particular pagada, ahora a través de los seguros privados (Isapres y los complementarios), salud particular subvencionada con recursos públicos (Libre elección de FONASA y compra de prestaciones a prestadores privados institucionales y profesionales individuales) y la que otorga el sistema público de salud, legalmente denominado Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Respondiendo a la misma política pública de otorgar privilegios a los sectores con mayor poder político económico o de presión social, inaugurada sin que nos hayamos dado cuenta con la creación del ex SERMENA (Servicio Médico Nacional de Empleados) en los años sesenta, se da lugar a una salud clasista, en la que unos pocos acceden a servicios de clase mundial, con fuerte énfasis curativo, otros a una salud privada de dudosa o regular calidad fuertemente dinamizada por un interés de lucro legítimo y en ocasiones de niveles ilegítimos, y la gran mayoría (superior a los porcentajes que se dan en educación – 70% de la población por lo menos) a lo que el Estado subsidiario esté en posibilidad de otorgarle.

Este sistema ha conducido a la existencia de un sistema de salud con una débil lógica sanitaria, que privilegia un enfoque medicalizado y de ganancia y/o eficiencia económica, siendo más importante que haya una población enferma que pague buscando resolver sus problemas, que bregar por la mantención de la salud biológica, sicológica y social de los integrantes de la sociedad, con el consiguiente ahorro económico y, principalmente, de sufrimiento de innumerables personas que  deambulan en este sistema poco humanizado.

Educación y Salud han sido víctimas de una política social desviada de los objetivos que justifican su existencia. Estamos en un momento en que es posible enderezar el árbol torcido por los fundamentalistas de la economía de mercado, en forma pacífica, con diálogo social, y evitar que la injusticia que se ha generado nos lleve a una nueva confrontación violenta.

Mejorar el acceso de las grandes mayorías a Educación y Salud de calidad, es esencial para disminuir la inequidad social y posibilitar un mayor desarrollo integral del país.

Por todo esto es un imperativo ético reformar los sistemas de Educación y Salud y, así, demostrar un  verdadero compromiso con el futuro de nuestro país y sus jóvenes, que son los que construirán el Chile del mañana.

Vemos a diario las dificultades y el sufrimiento de miles de chilenos por servicios de mala calidad y de insuficiente cobertura en ambos sectores.

La dictadura diseño una política bajo el principio de la subsidiariedad del Estado que en Educación significó someter a las Universidades del Estado o de vocación pública a la competencia del mercado y al privilegio del financiamiento privado. En la educación escolar abrió el apetito de los medianos y pequeños empresarios para incursionar en la apertura de colegios para lograr un beneficio económico que les permitiría generarse un sustento y, en muchos casos, una ganancia desmedida, sin tener siempre preocupación por el fin último del sistema: formar buenas personas que aporten a una sociedad saludable en el amplio sentido de este término.

En Salud, bajo el mismo principio, se abrió una política de incentivo a la iniciativa privada creando el sistema de seguros de salud conocido por la sigla ISAPRES, con una lógica del mayor lucro posible con el subsidio de la cotización obligatoria del 7% de los salarios más el aporte individual de los afiliados para acceder a un mejor plan.

Ambas iniciativas, que no han tenido cambios significativos desde la recuperación de la democracia, nos han llevado a dos Chile: uno con la posibilidad de acceder a servicios educacionales y de salud de mediano y alto estándar y otro, postergado, resignado a colegios de mala calidad y servicios de salud saturados en su demanda con respuesta inoportuna, muchas veces de calidad insuficiente y con trato deficiente.

Se ha hablado mucho de estos dos Chile. Vemos en nuestra vida cotidiana y en los medios de comunicación el esfuerzo muchas veces heroico de los sectores medios y pobres de nuestra población para acceder a los privilegios de los sectores más acomodados. Esfuerzo sin probabilidades de éxito en el sistema socioeconómico que tenemos y de un nivel de riqueza que hace imposible que el chorreo del capital le permita a toda la población llegar al sector ABC1.

Lo central para resolver este grave problema, que nos conducirá irremisiblemente a una creciente tensión social, que ya vivimos en el siglo pasado, es resolver la condición estructural que lo determina, que es restarle peso al factor capacidad económica de un individuo, familia o grupo social, como elemento determinante para acceder a servicios educacionales y de salud de calidad.

Para esto se requiere tomar la decisión de optar por un rol activo del Estado en financiar y organizar un sistema público de educación y salud predominante, que le permita a los sectores más postergados del país tener reales oportunidades de desarrollo.

Es lo que el actual gobierno está intentando hacer en educación. Está pendiente un esfuerzo similar en salud.

Cuando el gobierno plantea pasar todo el sector de educación particular subvencionado a una lógica de sistema educacional público, no pretende eliminar el aporte de los medianos y pequeños empresarios a un modelo diverso en sus propuestas educativas, sino que, junto con elevar el nivel del sistema de actual de gestión municipal, permitir que el factor económico no sea el determinante en la opción de los padres para elegir el proyecto educacional que estimen mejor para la formación de sus hijos.

Los sectores que apoyan la mantención del modelo actual, utilizando el natural temor de las familias frente al cambio, lo único que hacen es seguir apoyando que la educación sea un elemento de capitalización de la economía, al igual como la dictadura lo hizo en salud.

Es preciso que se imponga el mayor beneficio para la estrategia de desarrollo del país, que es contar con un fuerte sector público de educación, bajo la dirección y gestión de actores públicos y privados, sin perjuicio de que continúe existiendo un sector particular costeado totalmente por los que opten por el, sin subsidio público.

En salud, por su parte, tampoco se logrará poner a disposición de la mayoría de la población un buen sistema de salud, si no se termina con el incentivo al desarrollo de los seguros y empresas privadas de salud. Además del 7% de cotización obligatoria que cada uno de nosotros entrega, el Estado apoya el desarrollo del Sector Privado con el Sistema de Libre Elección de FONASA, con la compra de servicios desde el Sistema Público y con la fuga de profesionales especializados en cuya formación y desarrollo ha invertido ingentes recursos.

Basta con ver el diferencial de financiamiento per cápita entre el sistema público y privado para darse cuenta por qué ambos brindan servicios de distinta calidad.

Confío en que existirá la fuerza necesaria en la mayoría de la ciudadanía, especialmente en los más perjudicados por el modelo actual, para romper con esta lógica en que el Estado se ocupa más de beneficiar a quienes lucran ilegítimamente con los servicios sociales que de destinar esos recursos a contar con sistemas públicos de educación y salud de calidad para la mayoría de la población.

Seguramente muchos males sociales como la pobreza, la delincuencia y el tráfico de drogas, se verán disminuidos si Chile tiene éxito en las transformaciones en las que el gobierno se está empeñando.