El informe “Education at a Glance” de la OCDE, que hace comparaciones entre los países integrantes de esa organización, al analizar la situación de los jóvenes entre 15 y 29 años, ha evidenciado una disminución en el indicador más reciente disponible en nuestro país.

No obstante, se debe señalar que si uno mira el tramo de edad entre 15 a 24 años (que es el que parece más adecuado para analizar el fenómeno de los jóvenes) el número de “NINI” es mayor, porque la tasa de desocupación disminuye en forma importante en el tramo siguiente (de 25 a29 años).

De todas maneras, la disminución tiene mucho que ver con el punto de comparación, la cifra de 19% que presenta la OCDE, es menor que los años anteriores debido a la disminución en la desocupación existente a partir del 2009, ya que ese año la cifra fue muy alta por el impacto de la crisis financiera internacional.

Por otro lado, la disminución se debe al incremento de la cobertura de la Educación Superior, que impacta en forma importante a los jóvenes desde los 18 o 20 años. Este crecimiento en la cobertura ha sido especialmente importante desde 1990 en adelante, por el aumento de la educación superior privada.

Lo anterior explica en buena medida otro de los puntos que se destacan en dicho informe: en educación superior (o terciaria, como la denomina la OCDE), nuestro país presenta un gasto total en este nivel, del 2,5% del producto, lo cual es de los más altos porcentajes dentro de los países de la organización.

Por supuesto, el total de recursos por estudiante que dispone  nuestra Educación Superior, es más bajo porque nuestro PIB per cápita es menor – incluso corregido por el indicador de poder de compra – que el de casi todos los países contenidos en el informe, que son los más desarrollados del mundo.

Un aspecto que no se señala es la importante diferencia entre géneros. En promedio, uno de cada cinco jóvenes está en esa situación de no estudiar y no trabajar. Este porcentaje es mayor en el caso de las mujeres porque un grupo importante de ellas debe dedicarse a trabajos no remunerados, como las actividades domésticas. Además, la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes es mucho más alta que la de los hombres, es decir, aunque deseen trabajar muchas no lo encuentran.

El promedio también esconde fuertes diferencias entre grupos según ingresos, que se observa al clasificar a los jóvenes en grupos de igual tamaño, según niveles de ingreso familiar. En el quintil (20%) más bajo, un 25% se clasifica como “NINI”; en el quintil más alto menos de un 5% está en esa situación. Lo que eso muestra es uno de los desafíos importantes que tiene nuestro país, que es cómo aumentar la cobertura de la Educación Superior para los jóvenes de menores ingresos. Otro es aumentar su productividad y empleabilidad.

Las políticas focalizadas de capacitación y empleo hacia los más jóvenes ayudan, pero lo más importante es que la desocupación de los jóvenes depende fuertemente del crecimiento económico.

Respecto a ampliar el acceso a la Educación Superior, necesariamente requiere aportes del Estado, porque el financiamiento privado, por la vía de pagar aranceles, tiene muy pocas posibilidades de crecer en los sectores más pobres. Eso también es más probable con crecimiento económico, que aumenta la recaudación de impuestos.

El crecimiento es clave para las políticas sociales; los jóvenes dejados atrás nos plantean un tremendo problema ético y tienen un gran potencial de generar comportamientos muy complicados para la vida en comunidad.

Hay varios elementos del proyecto que deberían formar parte de un análisis y de un debate más amplio, a propósito de un Proyecto de Ley de Educación Superior  y no de la votación de una glosa de la Ley de Presupuestos. Más allá de su constitucionalidad, no parece un camino legítimo.

Se está tratando de forzar a que los parlamentarios, con el objetivo de no aparecer rechazando la gratuidad, tengan que aprobar materias que requieren ser debatidas, como los gobiernos institucionales y la autonomía, el financiamiento, la fijación de cupos y aranceles, que son esenciales para una Universidad o Instituto Profesional. Si ahora se aprueban estas modificaciones, sería prácticamente imposible que después puedan rediscutirse. Se transformarían en el piso, en el desde, y eso no forma parte de la legitimidad democrática, que requiere diálogo y reflexión.

Por otra parte, las instituciones que recibirían los recursos que el gobierno les transferiría, como pago por no cobrar a un grupo de sus estudiantes, tienen una gran incertidumbre, porque no se conoce cómo se identificará a los beneficiados ni el monto que recibirán.

Como algunas Universidades han planteado que con el cálculo del Mineduc se les generaría déficit, al parecer podría financiarse el total de los aranceles que percibían. Eso demostraría lo absurdo de iniciar la gratuidad parcial con una ‘sofisticada fórmula para el arancel regulado’. Eso debe debatirse en el contexto general y no iniciar el proceso con una regulación, que tanto interesa a algunos en ese Ministerio.

Como la gratuidad hoy incluiría al 50% más vulnerable, solo si estudian en algunas instituciones, el tema a debatir es si lo que se está haciendo es realmente lo más adecuado y, desde ese punto de vista, creemos que se trata de una medida injusta y discriminatoria, y que está introduciendo elementos que definen la estructura y funcionamiento del sistema, por una vía lateral, lo que no corresponde.

Lo que parece inconstitucional es la acción discriminatoria, en términos que a personas en la misma situación, sin que existan fundamentos sólidos que lo apoyen, se les está tratando en forma diferente.

En este sentido, al revisar definiciones de tratadistas, sin pretender ser especialista, sino comprender la expresión constitucional, resulta claro que existe discriminación, ya que como explica Evans ‘se entiende por discriminación toda diferenciación o distinción que aparezca contraria a la ética elemental, o a un proceso normal de análisis intelectual, o que no tenga justificación racional o razonable’. No nos parece que tengamos explicaciones razonables ni basadas en un principio ético de equidad.

Debe considerarse además, que la RAE define discriminar con dos acepciones:  Seleccionar excluyendo y Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.

Lamentablemente, ambas se aplican en este caso.

Desde esta perspectiva parece conveniente establecer una nueva tipología de universidades.Nuestra realidad evidencia características propias de los sistemas de educación superior más consolidados a nivel mundial. Es así como se observa, por ejemplo, que “las universidades altamente selectivas” o “de investigación”, no son todas las universidades integrantes del sistema. Habitualmente se trata de un porcentaje muy menor.

El fenómeno descrito, a nivel nacional, se explicita nítido al observar la cantidad de publicaciones científicas medida como artículos WOS (ex ISI) en la Web of Knowledge para los últimos dos años. En total se observa una producción de 17.096 artículos, de los cuales algo más de la mitad es aportado por sólo cuatro de nuestras universidades.

Si combinamos elementos como el descrito con otros antecedentes atingentes, nos encontramos con un grupo reducido de universidades – dependiendo del criterio utilizado, entre cuatro y ocho – a las que deberíamos darle la categoría de universidades selectivas o completas, otorgándoles, por supuesto, un trato diferente, con aporte fiscal especial acorde a su cualificación.

El resto de las universidades acreditadas no pertenecientes a la anterior categoría muestran, en los indicadores que se desee comparar, bastante equivalencia. A manera de ejemplo se puede señalar que la producción científica de las universidades privadas acreditadas, medida en publicaciones WOS para los últimos dos años, supera la producción de trece universidades estatales derivadas, ventaja que se mantiene aún adicionando la producción de tres universidades católicas, no selectivas, pertenecientes al consejo de rectores.

En este contexto, la segunda categoría propuesta consistiría en universidades que cumplen una función pública y nivel de compromisos acordados con el Estado, lo cual les permite obtener aporte fiscal directo para docencia, investigación de relevancia regional y/o nacional y vinculación con el medio.

Finalmente, se reconocen universidades privadas acreditadas sin aporte fiscal,  las cuales podrán participar de fondos concursables en las áreas en que se encuentren acreditadas.

El apoyo especial del Gobierno a las universidades estatales no selectivas, con compromiso regional, se estima pertinente por la vía del aporte por cumplimiento de metas de desempeño.

Pretender que todas las universidades sean “Research Universities” es tan iluso como plantear que en Estados Unidos todas son como Berkeley o el MIT. Aunque ambos han sido postulados como modelo en nuestro parroquial debate.

Una alternativa es que el Estado financie enteramente la docencia, investigación y las actividades de extensión y vinculación con el medio, que tienen las universidades; no obstante, este esquema está generando serios problemas en el funcionamiento de las instituciones en países como España y Francia, entre otros.

Enfrentados a situaciones de fuertes restricciones en el gasto público, los gobiernos tienden a hacer caer el peso del ajuste en las actividades universitarias, restringiendo o cortando remuneraciones, reduciendo personal, eliminando algunos beneficios para los estudiantes y especialmente, cono es el caso español, imponiendo fuertes reducciones en los recursos destinados a la investigación. Algo similar ocurre en EEUU con algunos de los sistemas de universidades que existen en los distintos Estados de ese país.

Como señalamos, el otro modelo es el de universidades que se financian, casi enteramente con recursos del sector privado, por la vía de cobro de aranceles a sus estudiantes y aportes de empresas para docencia o investigación; en este caso, los aumentos de cobertura y el desarrollo de las propias universidades, no es posible que se mantengan solo con recursos privados. Al aumentar la cobertura se incorporan estudiantes que provienen de familias de sectores medios y bajos, que antes no tenían acceso a estas instituciones; como es lógico, la capacidad de pago de esos estudiantes es reducida, por lo que no pueden con recursos propios, financiar el arancel.

Por otra parte, los costos de las universidades se van incrementando por aumento de remuneraciones a profesores por encima del crecimiento de los aranceles y por la necesidad de llevar a cabo actividades de investigación y vinculación con el medio, que en una primera etapa, no es posible cubrir con fondos concursables o asignaciones de recursos estatales especiales, esto ocurre más aun en universidades privadas que no pueden recurrir a apoyos del gobierno como sí lo hacen las universidades estatales.

En nuestro país, por la diversidad de instituciones que existen, y por la variedad de mecanismos de financiamiento que se han creado, no estamos en ninguno de esos extremos, existiendo más bien un sistema mixto, con una participación del gasto privado vía aranceles más importante que en la mayoría de los otros países.

Uno de los problemas que tenemos es que frente a los aumentos de cobertura y de costos, el financiamiento de los aranceles está llegando a un límite muy difícil de superar; por otra parte existen mecanismos que incentivan aumentar la matrícula por encima de las posibilidades reales que tiene cada institución, de aportar o de entregar una buena calidad en la formación de los futuros profesionales.

En ese sentido, el Aporte Fiscal Indirecto ha tenido un efecto expansivo, lo mismo que se ha dado porque las instituciones buscan estar en sectores geográficos donde existe capacidad de pago  de aranceles. Esto explica, por ejemplo, la instalación en Santiago, de las llamadas universidades regionales, que son instituciones estatales, que se definen con una misión orientada al desarrollo de su región, pero que sin embargo, han abierto sedes en la capital para captar alumnos de pre y posgrado, sin desarrollar ninguna otra función en esas sedes.

La gratuidad que ha planteado el actual gobierno, introduce cambios importantes en el esquema antes señalado, y esas diferencias tienen que ver esencialmente con el origen del financiamiento, que será estatal, y con la manera en que las distintas instituciones se situarán en ese nuevo escenario.  Ese es  sin duda un tema para profundizar.

La prudencia es uno de los temas que ha ocupado la atención de muchos filósofos desde la Antigua Grecia. Se ha analizado el concepto,  siendo importante señalar lo que define Aristóteles: “Y así puede decirse, en una sola palabra, que el hombre prudente es en general el que sabe deliberar bien”.

Desde el punto de vista religioso también se destaca la prudencia. Para el catolicismo es una de las cuatro virtudes cardinales, siendo las restantes la justicia, la templanza y la fortaleza, definiendo que actuar en forma prudente significa poder diferenciar en cada circunstancia lo que está bien de lo que está mal, comportándose de forma de alejarse del mal. Según Santo Tomás es el método correcto de conducta.

En nuestro idioma, la primera definición de la RAE de prudencia es “templanza, cautela y moderación”. Y en su segunda acepción: “sensatez o buen juicio”.

Por lo tanto, para actuar en forma prudente parece necesario hacerlo con previsión, precaución y análisis de las circunstancias y consecuencias de la acción.

Quizás por eso es que se ha señalado que existe culpa cuando se actúa en forma distinta a como lo haría un buen padre de familia, un hombre prudente, como lo dice el Código Civil de Bello, y que explica un especialista: “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa”.

Alessandri, después de abordar el tema de la culpa actuando contra la legalidad, se refiere a la culpa cuando la conducta se apega a ella, señalando que “el hecho de cumplir estrictamente con las disposiciones legales o reglamentarias no exime de adoptar las demás medidas de prudencia que las circunstancias requieran, y si el juez considera que éstas habrían sido tomadas por un hombre prudente, podrá declarar culpable a quien no las tomó, aunque haya observado aquellas”.

Desde el punto de vista del derecho económico, la Regla del Hombre Prudente es una de las bases del análisis judicial  en los países anglosajones.

Sin ir tan lejos, en la ley de Sociedades Anónimas en Chile se utiliza lo que también se puede denominar como la regla del hombre prudente, que actúa como lo haría un buen padre de familia en sus propios negocios. Esto se aplica a las responsabilidades de los directores de empresas y de  la administración, sobre todo respecto  a la información que deben conocer los directores de una empresa y aquella que debe comunicarse al mercado.El problema de actuar con información privilegiada no es propio de un hombre prudente.

En este punto entra el juicio ético que se ha definido como  “la facultad de razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más apropiada, de entre un conjunto de opciones, en función del sistema de valores que se comparten en la sociedad. Es el que nos permite identificar cuál es el dilema que se enfrenta, y ayuda a discernir cuál de las opciones que se tiene es la adecuada a esa situación específica. De igual forma, el juicio ético indica el modo más conveniente de tomar decisiones a la hora de solucionar el problema  que se enfrenta”.

Es por eso que la capacidad de hacer un juicio ético es la base de un comportamiento prudente, por lo que  es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, especialmente cuando hay que optar por aquello que coincide con lo que una sociedad identifica con lo bueno o con lo malo. Es deliberar bien, como escribió Aristóteles. Es razonar, tener buen juicio, sensatez y cautela.

Así la prudencia, o su carencia, es una protagonista importante de situaciones controversiales, sobre todo en el ámbito político. En muchos de esos casos, la falta de prudencia no se refiere a conductas ilegales, sino más bien a la carencia de juicio ético, lo que  lleva a comportamientos que se pueden catalogar de ilegítimos o indebidos, desde el punto de vista de la situación existente.

Después de todo, como decía el filósofo español José Ortega y Gasset: “El hombre es él y sus circunstancias”, por lo que un mismo hecho no puede ser evaluado en forma independiente al contexto ni al momento en que se produce.

Entonces, pedir apoyo a un gran grupo empresarial para pagar una deuda, no es lo mismo si lo hace un parlamentario por deudas de su campaña, o si lo hace un empresario que tuvo una eventualidad negativa en sus negocios; no es lo mismo pedir un crédito al dueño del banco para una operación de especulación inmobiliaria si se es una empresa constructora, o si es un pariente de un alto funcionario público.

La regla del hombre prudente permite discernir en estos casos.

La decisión antes señalada, se debe esencialmente a un loable propósito, que es mejorar la inclusión en las universidades del CRUCH frente a la alta relación que existe entre puntaje PSU con los ingresos familiares.

En Chile, solo un 7% del total de estudiantes del sistema escolar está en colegios particulares pagados, pero en la admisión a las universidades sobre todo a las 10 universidades más selectivas, ese porcentaje supera el 40% o 60%.

Los incentivos estaban claramente puestos para que aquellos colegios municipalizados o subvencionados con mayor calidad y con niveles de exigencias más altos, reaccionaran.

Hemos visto los reclamos y la presentación de un recurso de protección en los tribunales de justicia de apoderados del Instituto Nacional y otros colegios, y la aparición de un factor que corrige las notas de educación media obtenidas por un alumno, oh sorpresa, subiendo el promedio.

Así hemos conocido el llamado “factor Javierino”, introducido por el Liceo Javiera Carrera para compensar el que sus alumnas que tienen promedio un 5,5 es equivalente a notas sobres 6.0 en colegios de menores exigencias. Esto fue indicado por la Directora del Liceo N°1.

En este tema, llama la atención que un cambio tan importante y que afecta a un número no menor de alumnos que van a postular a las Universidades tradicionales, se haga en forma más bien abrupta y sin mayor prueba o planes pilotos.

Es cierto que la Universidad de Santiago y otro par de Universidades tienen experiencia en otorgar puntaje adicional por ubicación en el ranking, para lograr la admisión de alumnos de colegios de menor nivel a alguna de sus carreras; sin embargo, una medida que afecta a todos los postulantes, no parece haber sido suficientemente probada.

En el fondo, estamos hablando de hacer lo que se llama “discriminación positiva”, que hace ya muchos años se ha aplicado en EEUU y algunos países europeos, para que logren acceder a las universidades de mayor prestigio sectores vulnerables y de bajos ingresos.

La experiencia de esos procesos indica al menos dos conclusiones muy significativas.

Primero, sin apoyo adicional a esos estudiantes, especialmente en los dos primeros años, su tasa de deserción es muy alta.No se conocen los planes de las Universidades que aplicarán este sobre puntaje, ya que se sabe que solo tener cursos remediales no resuelve el problema del menor dominio de materias básicas.

Segundo, quedan fuera de acceder a esas instituciones alumnos con grandes méritos académicos, a veces, muy cercanos en cuanto al nivel socioeconómico a quienes sí han logrado ingresar.

Los estudiantes de colegios con menor exigencia obtendrán ese par de puntos que hace la diferencia entre ingresar o no a las carreras más demandadas. Este segundo punto es la raíz del reclamo y del “factor javierino” en los colegios emblemáticos.

Pero, un estudio reciente baja el entusiasmo: de los ingresados a universidades selectivas del CRUCH solo un 10% reprobó curso en su educación escolar, mientras que un 72% estaba entre los 10 mejores alumnos de su curso en 4º medio.

De todas maneras, las universidades y las carreras más demandadas son las que menos variarán la ponderación tras esos factores y más bien incrementarán los cupos para alumnos de sectores más vulnerables, es decir, nada muy nuevo bajo el sol.

Parece conveniente definir lo que se entiende por los dos últimos conceptos, para aclarar los objetivos de los distintos planteamientos.

Sobre esa base, parto por indicar que los cambios propuestos al parlamento por el gobierno, me parecen insuficientes, incluso analizando los objetivos y metas planteados por el propio Presidente de la República. Por eso, puede ser un boomerang para la derecha.

Para postular a diferentes beneficios en dinero o servicios que ofrece el Estado es necesario saber a qué quintil pertenece una persona o los integrantes de un hogar, ya que depende de si es parte de los dos, tres o cuatro primeros grupos las ayudas a que puede optar. Las cifras que definen los quintiles se obtienen de un trabajo que realiza periódicamente el Ministerio de Desarrollo Social, que es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN.

Con este instrumento, se hace una medición socioeconómica de los hogares chilenos.

Sus resultados definen los quintiles, que, como su nombre lo indica, corresponden al 20% de la población nacional, según el ingreso per cápita de las personas en un hogar. Se suma las remuneraciones y otros ingresos de cada una de ellas y se divide por el total de integrantes del grupo familiar.

Este tema resulta relevante en diversos casos, como para los alumnos de educación superior, debido a que la mayoría de las ayudas estudiantiles consideran para su adjudicación el nivel socioeconómico del postulante.

De esta manera, si un beneficio se entrega a quienes pertenecen a los tres primeros quintiles, se hace referencia al 60% de hogares con menores ingresos. Además, es importante, porque varios de los anuncios del Gobierno sobre los cambios tributarios se refieren a quintiles, definidos según el ingreso familiar.

La Clase Media.

Como señalamos, en el debate sobre políticas públicas y programas sociales es habitual que hablemos de los quintiles; la pregunta que cabe es si todos entienden lo mismo, especialmente respecto a los límites de cada uno de los grupos.

Más aún, gran parte de los anuncios y análisis, a favor o en contra de alguna política, mencionan a la Clase Media, sin definir ni siquiera aproximadamente a qué se refieren.

Una definición no tiene componentes solo económicos, sino también sociales, de sicología social, culturales y educacionales. En Chile, esos factores están muy inter relacionados, por lo que la dimensión de ingresos es una aproximación relativamente cercana.

Los ingresos monetarios de los hogares permiten darse cuenta de lo que significan esos quintiles. Si tomamos la ultima cifra disponible sobre distribución del ingreso, que es del 2009, proyectamos esos datos aplicando un 20% parejo a todos los deciles, suponiendo que el crecimiento del producto y los salarios nominales se aproximan a ese nivel, y que la distribución del ingreso no ha cambiado. Ese cálculo indica lo siguiente:

Ingreso Mensual Promedio por deciles y quintiles. Aprox 2012.

Ingreso mensual, primer decil hasta miles $ 215

Segundo decil (Primer Quintil) hasta miles $ 325

Tercer decil hasta miles $ 400

Cuarto decil (Segundo Quintil) hasta miles $ 465

Quinto decil hasta miles $ 580

Sexto decil (Tercer Quintil) hasta miles $ 730

Séptimo decil hasta miles $ 900

Octavo decil (Cuarto Quintil) hasta miles $1.200

Noveno decil hasta $2.500

Decimo decil desde $ 2.501

Una observación es que solo el 30% de la población tiene ingresos que superan los $900.000.

Una clasificación, muy utilizada en Marketing, tanto comercial como político, es la que diferencia en grupos socioeconómicos, con la conocida clasificación AB, C1, C2, C3, D y E.

De mayor a menor ingreso, se postulan porcentajes aproximados de la población urbana en los diferentes estratos: Si aplicamos los ingresos, tendríamos:

ABC1 son familias con ingresos mensuales sobre $2.500.001. Grupo de ingresos altos, es el 10 % de la población.

C2 grupo con ingresos entre $ 900.000 a $ 2.500.000; Grupo medio alto; 20%de la  población.

C3 tendrían ingresos mensuales entre $ 520.001 a $1.200.000. Sector medio y medio bajo, es el 25 % de la población

D con ingresos entre $ 215.000 a $ 520.000, grupo de ingresos bajos es el 35 % de la población

E con ingresos mensuales menores a $ 215.000, el 10 %; pobreza.

En cualquier caso, el 45% de los hogares presenta alta vulnerabilidad, y es pobre o muy propenso a caer en pobreza, por cualquier evento, como desempleo, enfermedad, accidente.

La llamada Clase Media tendría ingresos entre $ 520.000 a $ 1.200.000, si se corta en el Cuarto Quintil, o hasta $ 2.500.000 si se deja fuera el 10% de ingresos más altos.

En el Ministerio de Educación se definieron los límites de los quintiles, que condicionan las ayudas a estudiantes el 2012, según el ingreso mensual por persona en un hogar, de la siguiente manera:

Quintil I: Ingreso mensual per cápita desde $ 0 hasta $61.911S

Quintil II: Desde $61.912 hasta $105.907

Quintil III: Desde $105.908 hasta $167.879

Quintil IV: Desde $167.880 hasta $300.869

Quintil V: Desde $300.870 en adelante

Estos montos, considerando los tamaños de las familias en los diferentes estratos, se asemejan a nuestra estimación de distribución antes indicada, pero la del MINEDUC es más baja para el tercer quintil, que define al 60% de menores ingresos.

Las medidas de los ajustes tributarios propuestos tienen su foco en gasto en Educación en todos sus niveles.

En el sitio oficial del Gobierno se dice. “El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera asumió ante al país el compromiso de avanzar resueltamente en la construcción de una sociedad de oportunidades, seguridades y valores para todos, que alcance el Desarrollo y derrote la pobreza durante la presente década. Acorde con ello, está implementando una profunda reforma educacional, que abarca a la educación preescolar, escolar y superior. Para financiarla, se está planteando una reforma tributaria, que además de generar recursos adicionales destinados en un 100% a educación, permite fortalecer la generación de empleo, el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, velar por el medio ambiente, y aliviar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y la clase media chilena”.

Es fácil observar que los propósitos señalados son muy importantes, de gran alcance y profundidad. Sin embargo, todos los estudios independientes han demostrado que una reforma profunda a los sistemas pre escolar y escolar requiere un monto anual mucho mayor a los mil millones de US$ que se nos han planteado.

La rebaja del impuesto a las personas favorecían a los sectores de altos ingresos y también a los medios. La concesión a la UDI en el impuesto a los combustibles solo favorece al 30% de ingresos mas elevados.

Una efectiva política de equidad tributaria y mayor recaudación tiene que ver con bajar el impuesto a las personas naturales, elevar sobre el 20% la tasa a las utilidades de las empresas, y cerrar posibilidades para bajar impuestos por empresas que no lo requieren, como tributar por renta presunta en el transporte, agricultura y minería.

Siempre se ha mostrado que todos tendemos a pensar que estamos en un grupo, respecto a nuestro ingreso familiar, más bajo que el que realmente estamos.

Desde el punto de vista de una política pública es necesario identificar un cierto ingreso, bajo el cual focalizar las políticas. A veces se habla casi con desdén de “los más ricos”, haciendo referencia al quintil superior.

¿Es rica una pareja de profesionales con ingresos de $ 1.000.000 uno y $ 1.600.000 el otro?

Sobre ellos, se sitúan menos del 10% de familias con mayores ingresos, pero ellos se sienten de Clase Media y viven con grandes restricciones de ingreso.

Un aspecto destacable de los resultados sobre desocupación es la disminución respecto al año anterior en la desocupación de mujeres, que cae de 8,9 a 7,8%, con 256 mil desocupadas en todo el país, disminuyendo en 25 mil el número de mujeres que buscan trabajo y no lo encuentran.

Sin embargo la desocupación en mujeres jóvenes continúa siendo la más alta de todos los segmentos de edades: entre 15-19 años llegó al 25.8% y entre 20-24 años al 18.5%.

Ha disminuido, pero sigue siendo muy alta, afectando a las mujeres con poca educación, de los grupos de menores ingresos del país.

Se mantiene la disminución en el número de trabajadores en la agricultura, actividades forestales y relacionadas, ya que respecto al mismo periodo del año 2011 en esos sectores hay 45 mil ocupados menos; ratifica las preocupaciones de las empresas agrícolas y también significa un aumento de la productividad.

Las regiones de Los lagos y Aysén muestran con claridad una situación prácticamente de pleno empleo (desocupación friccional, que es aquella muy estacional, o de quienes buscan trabajo por primera vez, los que desean cambiarse de empleo, etc.), con tasas de desocupación de 3,4 y 3,7% respectivamente.

También es notoria la caída en un año de la desocupación en Antofagasta, y el bajo desempleo existente en la Región de O´Higgins, que llega sólo al 4,6%. Biobío en cambio se mantiene relativamente alto con un 8%.

La región que muestra una inexplicada disminución en el número de personas trabajando es Arica y Parinacota, con un incremento en el desempleo, que llega al 9,5%, subiendo 1,6% en un año.

La baja situación del desempleo en Chile ya está generando varios fenómenos: uno es la escasez de personal, especialmente técnico y profesional, en ciertos sectores y actividades, como minería, construcción y acuicultura.

Lo anterior también significa una presión hacia el alza de las remuneraciones al aumentar el trabajo asalariado (con contrato de trabajo).

Y en tercer lugar, resulta clara la importancia de las calificaciones y de la educación para tener empleo, ya que técnicos y profesionales de nivel medio fue el grupo que concentró proporcionalmente mayor incremento en el empleo, en los sectores más dinámicos respecto al año anterior.

Este es un buen momento para decidir las modificaciones necesarias al Seguro de Desempleo

Cuando la desocupación aumenta ya es tarde para establecer buenos mecanismos de protección a los trabajadores, junto con evitar que se achiquen o cierren las empresas.

También es posible diseñar esquemas nuevos, porque estamos en un ciclo de alza de actividad, que entreguen posibilidades a las empresas para negociar contratos con los trabajadores en los que sea posible variar las remuneraciones y compensaciones de acuerdo al ciclo económico (bajarlas con el compromiso de subirlas y devolver la disminución en la época de “vacas gordas”).

Junto a todo lo anterior, en el contexto que son muy buenas noticias, no podemos olvidar tres cosas.

Primero, el empleo es la herramienta más poderosa contra la pobreza, pero no disminuye la desigualdad.

Segundo, a mediados de los años 90 el desempleo estuvo por debajo del 5.0%. También se dijo que estábamos en pleno empleo, que el tema era como incrementar la fuerza de trabajo, abrir más la puerta a trabajadores extranjeros, etc. etc.Pocos años después, la tasa llegó al 12.0%.

Tercero, las remuneraciones y los ingresos del porcentaje mayoritario de los chilenos todavía son muy bajos, ya que más del 50% de los salarios son inferiores a $600.000; cientos de miles de personas perciben menos de $200.000 mensuales.

Es decir, debería tenerse mucho cuidado con cantar victoria, porque los ciclos existen y van a seguir existiendo, porque las remuneraciones de muchos, demasiados a mi juicio, son muy bajas y porque el camino de la mayor productividad es largo y complicado, y se dificulta más con ideologías rígidas de algunos trabajadores, de muchos empresarios y de demasiados teóricos, que no han administrado una empresa en su vida.

En un plano general, podemos decir que el debate sobre los sistemas económicos ha cobrado un renovado impulso en los últimos años, en que la economía internacional ha sufrido una turbulencia tras otra. Es frecuente encontrar sesudos comentarios y opiniones sobre los Modelos y los Sistemas, cuando lo que debería estar en cuestión son las Políticas Económicas que han existido en los distintos países.

Luego de la verdadera debacle financiera y económica del 2008-2009, que se inició en EEUU, el mal llamado “Modelo Europeo” (dada las diferencias entre países, no existe un modelo), pasó a ser el paradigma a copiar  por los enamorados de la imagen de un esquema de sociedad del bienestar, en el sentido de garantizar los también mal denominados “Derechos Sociales” (¿a quién se exigen esos derechos?).

Muchos hablaban del ocaso del capitalismo, del crepúsculo terminal de un sistema económico y social.

En estos días, frente a la recesión que enfrenta buena parte de los países de ese continente, quienes admiran un sistema basado en los mercados libres y en el esfuerzo personal como base única del desarrollo económico y social han arremetido con fuerza, contra las regulaciones y los impuestos, que casi siempre tildan de “excesivos”, pidiendo recortes al gasto público, privatizaciones y liberalización de los mercados, especialmente las regulaciones laborales.

Ellos hablan de una etapa que marca el fin de los sistemas económicos en los que se sostendría la sociedad del bienestar.

Por supuesto, la descripción anterior es demasiado gruesa, sin sutilezas y superficial.

El punto que deseo resaltar es que, aun cuando se hagan precisiones y se profundice, buena parte del debate, sobre todo el que existe en Chile, se fundamenta en caricaturas mal dibujadas, en simples trazos gruesos de lo que ocurre, etiquetando con conceptos imprecisos, con desconocimiento de los procesos de las últimas décadas e ignorando la acumulación de conocimientos en ciencias sociales.

Un poco de profundización nos muestra un panorama bastante diferente a la caricatura, más complejo, con grandes fallas en políticas económicas y no derivadas de un modelo casi inexistente.

Como se ha señalado muchas veces, se ajusta la realidad a la ideología, llegando incluso a desconocerse lo factual, las cifras o, lo que es casi peor, eligiendo los hechos y cifras que sirven para ratificar el discurso preparado con antelación.

Ejemplo de ello es la afirmación que hace pocos días hizo un columnista, de que el mayor problema en los países de la Unión Europea estaba dado en que sus economías se basaban en el socialismo, estatismo y carencia de incentivos por los altos impuestos.

O los dichos de una dirigente estudiantil, al decir que el capitalismo globalizado es un modelo superado por la historia, que en Chile ha empobrecido a los trabajadores.

Los datos duros muestran que los países de la eurozona son distintos entre sí y que en Chile todos los estratos socioeconómicos han crecido en su ingreso familiar en las últimas dos décadas. Pero, parece que a algunos no les importan los datos si contradicen lo que creen.

La realidad, aun cuando es difícil develarla, puede aclararse teniendo una mirada con menos prejuicios, intentando analizar los matices, los claroscuros y las diferencias entre naciones, junto con las tendencias y cambios en el tiempo.

¿Cuáles son los puntos de contacto, en las bases del funcionamiento económico, de Grecia y Holanda; o de Portugal y Suecia?

En todos ellos tenemos que los mercados son el mecanismo de coordinación y asignación de recursos más importante, el uso del euro como moneda, que por cierto es muy relevante, una concepción general sobre que los servicios de salud, educación y las pensiones deberían ser provistos por el Estado, con acceso universal y regulaciones más o menos fuertes sobre mercados considerados importantes.

En lo que se diferencia con el funcionamiento de las economías de otros continentes es en la provisión estatal de los servicios mencionados, aunque existe una disposición a la existencia de instituciones privadas con financiamiento estatal.

En la crisis recesiva actual, las grandes diferencias dentro de Europa se han dado en cuanto al déficit público, el que ha sido consistentemente mayor en los países del sur.

Se han producido procesos de aumento del gasto público para alcanzar niveles de “protección social” que ya tenían las naciones con niveles de ingresos más altos, incluso sobrepasando a esos países, como el conocido caso de las pensiones en Grecia.

Esto se ha dado junto con esfuerzos menores para aumentar los ingresos que percibe el Estado, por cobro de impuestos, tarifas de empresas públicas, etc.

La diferencia entre ingresos y gastos se cubrió con endeudamiento externo, y en algunos casos, como Obras Públicas, con aportes del fondo común que tiene la Unión Europea.

Existen razones sobradas para la desconfianza en la capacidad politica del Estado griego, para hacer las reformas que necesita para no tener deficit crónicos y poder crecer. Pero, no parece sensato exigir  más y más recortes de ingresos y beneficios sociales, ya  que por mucho que ellos hayan sido financiados por otros,  la población no acepta los ajustes adicionales a la recesión que lleva casi 4 años , y eso llevará a cambio de gobierno. Ya se ha visto en todos los países.

Sin embargo, el otro drama griego, también presente en menor grado en Portugal, es que la alternativa es salirse del euro, lo que produciría aun más restricciones a sus habitantes.

Es muy complicado el tema, considerando que también se ven afectadas empresas e instituciones financieras de Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, EEUU, y otros. No es sólo solidaridad europea lo que incentiva rescatar del default a Grecia, y los otros países con problemas de deuda.

Por otra parte, es indudable el progreso en muchos aspectos que ha tenido en estas décadas España, Portugal y Grecia, que eran los más “pobres” al iniciarse el proceso de integración en Europa.

Si existe necesidad de financiar un déficit todos los años, el crecimiento de la deuda lleva en forma creciente, a que sea más difícil obtener créditos, debiendo tomarse a tasas de interés cada vez más altas, hasta que se cierra la llave del financiamiento externo.

Como se ha explicado infinidad de veces, reprogramar las deudas a tasas más elevadas agrava el problema, teniendo en consideración que esos países no pueden devaluar para mejorar su competitividad internacional y generar más exportaciones, porque usan el euro.

Luego, la receta es bajar el déficit, apretando el cinturón del gasto público. Es lo que, en esencia, está pasando en Grecia, Italia, España y Portugal.

Es posible que los gobiernos alemán y francés tengan razón, en su calificación de irresponsables y derrochadores a las naciones y gobiernos que están en severos ajustes.

Sin embargo, los remedios pueden empeorar la enfermedad, por las enormes dosis que se han recetado y el plazo irreal en que se postula llegará la recuperación del enfermo.

Un banquero citado por The Times, dijo que “…la austeridad es como toda medicina potente; una sobredosis puede matar al paciente”. También señala que la tragedia griega es que se excedió en la austeridad y se quedó corta en las reformas estructurales.

La misma publicación ha señalado que el caso más dramático es Portugal, porque ha cumplido todas las demandas de la UE / Alemania y del FMI, recortando salarios, pensiones, y gasto público, junto con elevar impuestos. Pero, la menor demanda agregada ha profundizado la recesión, junto con hacer crecer la deuda expresada como % del PIB, lo que continuará mientras la economía se achique, por la recesión. Y apunta que “esta es la definición precisa de un círculo vicioso”.

Los países con mejor desempeño han sido aquellos que, como Suecia a fines de los años 90, han tenido reformas pro mercados, tendientes a fortalecer las regulaciones sobre el sistema financiero, flexibilizar otros mercados y llevar el gasto a niveles financiables.

El “Swedish Model” llegó a un punto en que los niveles de gasto público ya no eran sostenibles en una economía globalizada, por eso fue recortado manteniendo la mayor parte del esquema de servicios sociales.

Como vemos, más que focalizar el análisis en generalizaciones, estériles desde un punto de vista práctico, es mejor estudiar qué lecciones podemos extraer de esta crisis, reconociendo que el contexto que existe en nuestro país, que lógicamente debería definir los objetivos de las políticas sociales y económicas, son diferentes a los de Grecia, Portugal o Suecia.

El presupuesto para el año 2011 alcanza cerca de US$ 1.450 millones, al tipo de cambio promedio del año, y será de US$ 1.800 el 2012, en la misma moneda.

Es decir, son recursos importantes, que han crecido significativamente, año a año, y representan una de las políticas más importantes para avanzar en la descentralización del país, ya que el próximo año un 65% de los proyectos financiados con cargo al FNDR serán de decisión regional, responsabilidad de los gobiernos regionales.

Un tipo de programa que llama la atención, por los problemas sociales existentes y también por una gestión en muchos casos deficiente, es aquel que debe asignarse a las municipalidades; los programas de mejoramiento urbano, desarrollo de ciudades, mejoramiento de la gestión municipal, entre otros, deberían ser relevantes y tener más proyectos que recursos: si sobra plata, algo raro sucede.

El Subsecretario ha explicado que se superaría el 97% de gasto devengado, considerando diciembre, lo que estaría algo por encima de lo utilizado desde el 2005.

No parece fácil lograr esa meta, salvo que existan contratos por más de US$ 280 millones en este mes. Por otra parte, la diferencia con la ejecución será fuerte, porque esos contratos tendrían que ser proyectos de inversión fiscal o municipal, que terminarían de hacerse el 2012.

Las diferencias entre regiones son muy notables. Atacama es la de menor ejecución con un 55.4% sobre el total asignado, Magallanes con un 62.9%, Tarapacá con un 63.9%.

Algo pasa en las regiones del Norte chileno con la excepción de Antofagasta, las otras 3 regiones no superan el 70% de gasto del FNDR.

También merecen especial atención las Regiones del Maule y de la Araucanía, que son las que presentan mayores índices de pobreza y ruralidad en el país, ya que han gastado a noviembre menos del 75% de lo disponible. Al parecer, curiosamente, han sobrado recursos donde más se necesitan. ¿Es efectivamente así?

Existe un verdadero clamor en las regiones del país por una mayor autonomía respecto al “centro”, que es Santiago, sede del gobierno y de las casas matrices de empresas, aunque éstas tengan sus actividades productivas en otras zonas del país; se postula que es el escenario de las decisiones de proyectos y programas, que no se adaptan a las realidades locales; especie de lugar de peregrinación al que deben asistir, frecuentemente, autoridades regionales y locales, empresarios, dirigentes gremiales, entre otros, para poder desarrollar sus programas.

Uno de los instrumentos que, se supone, ayuda a una descentralización más efectiva, es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que se asigna anualmente a cada región, y que ha crecido sistemáticamente desde su creación.

Frente a la tan baja ejecución del presupuesto del FNDR 2011, lógicamente aparece un conjunto de interrogantes. Como en casi todas las cosas, los problemas complejos no tienen una respuesta simple, ya que son multicausales, pero eso no inhibe la necesidad de ahondar en las razones del fenómeno, que no parece, a primera vista, razonable ni esperado.

Se ha argumentado que una de las principales causas de la sub ejecución del fondo sería el importante incremento de recursos. Esa argumentación es, al menos, sorprendente.

El alegato de todas las regiones ha sido, en forma consistente y sostenida, por más recursos; por mayores posibilidades de definir sus proyectos de desarrollo social, cultural y económico; por una mayor autonomía respecto al poder central para aprobar el uso de recursos para esos proyectos, los suyos, los que surgen de las necesidades definidas localmente y no desde un escritorio en Santiago; ya sea un servicio público, un ministerio sectorial o la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Al mirar las cifras un escéptico podría decir que, cuando existen esos recursos, no existe capacidad de gasto, lo que es paradojal e incomprensible, en una primera mirada.

Si no se gastan los recursos, alguien está haciendo mal su trabajo, ya sea a nivel regional o, podría ocurrir, a nivel central.

Para gastar es necesario tener proyectos que presentar; luego, una causa es una falta de capacidad para generar proyectos, junto a una falta de expedición en los CORES para aprobarlos, además de una ejecución más lenta por errores de programación o diseño de los proyectos.

Los Consejos Regionales tienen una composición muy sesgada a los intereses locales, subregionales, y está cruzada por arreglos entre autoridades, parlamentarios y otros grupos, que a esta altura de su funcionamiento, parece un mal diseño para aplicar políticas públicas a nivel local.

Es una buena noticia que se puedan elegir directamente los miembros de los Cores.Sin embargo igual podrían permanecer los incentivos para aprobar proyectos que mantienen equilibrios intra regionales, que no necesariamente son los más relevantes, y no sirven para impulsar iniciativas de impacto mediato. Esas son razones endógenas, propias de cada región, que difícilmente pueden imputarse a la hipertrofia de Santiago.

Sin embargo, existe un conjunto de restricciones fuera de los gobiernos regionales que también, aunque sea en parte, pueden explicar ese gasto regional tan menguado. Los proyectos regionales deben ejecutarse de acuerdo con las posibilidades de caja y los desembolsos que va entregando la Dipres a las distintas instituciones.

Si la política del ministerio de Hacienda es apretar la mano y tener un desembolso menor al presupuestado, entonces entrega los recursos más lentamente, a un ritmo menor al originalmente planeado; esto debería también observarse en los programas de inversión pública fuera del FNDR.

Las cifras disponibles demuestran que eso ha ocurrido, pero en menor escala que la baja ejecución del FNDR, en casi todas las regiones.

Otra dificultad es que los proyectos inter instituciones son de muy difícil diseño, aprobación y ejecución; nuestro aparato público no está diseñado para eso, junto al hecho que las instituciones y servicios son muy reacios a plantearlos y más aún a ejecutarlos; desafortunadamente, las rigidices burocráticas y la mentalidad de parcelas separadas unas de otras se mantiene, como rasgo muy acendrado en la Administración Pública.

De todos modos, pareciera que existen problemas de capacidad para preparar, evaluar y ejecutar proyectos a nivel regional y local.

Esta constatación requiere que en cada caso se profundice sobre esa incapacidad, analizando los recursos humanos y financieros que faltan, para disponer de más y mejores proyectos que beneficien a las regiones.

Un requerimiento imperioso es utilizar algunos recursos para disponer en regiones de profesionales y técnicos capaces de diseñar y elaborar buenos proyectos, con objetivos claros, indicadores de resultados que sean medibles, con una ejecución posible y evaluable.

Las personas en el gobierno central también son responsables, por carecer de una verdadera vocación descentralizadora, por comodidad, por temor a perder parcelitas de poder o por malas evaluaciones del impacto de proyectos surgidos en regiones.

Si creemos en el desarrollo regional desde las regiones, no puede seguir sólo indicándose al centralismo como el motivo principal de no tener políticas públicas pro regionalización.

Las políticas se expresan en programas y proyectos que necesitan recursos para llevarse a cabo, como diría Perogrullo; por lo que si se tienen recursos y no se gastan, algo grave ocurre, algo que puede poner en tela de juicio el futuro crecimiento del FNDR, lo que sería muy lamentable.

Sin embargo, como puede transformarse en una versión muy negativa del antiguo cuento del lobo, es mejor estar preparados si el lobo-recesión internacional- llega.

Si se produce un agravamiento de la situación internacional – tanto en Europa como respecto al crecimiento de Estados Unidos – y especialmente si se observa algún impacto sobre la economía China, la respuesta de la política económica en nuestro país debe enviar señales claras a los mercados y actuar en forma muy rápida.

Es necesario evitar una política fuera de tiempo, atrasada y poco significativa en relación a la magnitud del problema.

Las dificultades del sistema financiero internacional, sobre todo de los grandes bancos mundiales, junto con la caída de la demanda por nuestras exportaciones, son los dos principales problemas que nos pueden afectar si la crisis continua profundizándose.

Ya vimos en la crisis de 2008 – 2009, los nefastos efectos que tuvo en nuestras empresas, especialmente las Pymes, la política restrictiva que tuvieron los bancos luego del verdadero colapso del sistema financiero internacional, por eso, debemos estar preparados para evitar que el crédito se restrinja.

Una forma de controlarlo, es a través de un agresivo programa de avales estatales – mayor al de esos años – y otra, es la aplicación de medidas que hagan provisionar menos a los bancos sobre créditos con riesgos generados por la crisis internacional, por cierto sin afectar la solvencia de estas instituciones.

Las provisiones voluntarias, la calidad de los otros activos y las utilidades de los bancos forman un buen colchón de ajuste.

Los problemas actuales, tanto en la Unión Europea como en EEUU, son esencialmente problemas políticos, en cuanto a la forma de resolverlos, y se han generado por conflictos también de índole política, como el excesivo endeudamiento de algunos países producto del déficit fiscal.

Además existen dificultades que pueden llevar al colapso a ciertos bancos y otras instituciones financieras, como ocurrió con Dexia, producto de tener en su cartera de inversiones una gran cantidad de papeles de deuda emitidos por los gobiernos de países que hoy enfrentan mayores dificultades para pagar esas deudas.

Esto responde a una absoluta falta de prudencia de las instituciones que compraron los papeles, e inadecuadas regulaciones respecto a los activos bancarios.

Por otra parte, el anuncio de un referéndum en Grecia para aprobar el ajuste en la política económica de ese país, que acompaña el paquete de ayuda que acordaron los países de la Unión Europea – significa profundizar la alta incertidumbre que existe en ese continente, aunque se haya echado marcha atrás.

Ese aviso hizo muy patente algo que debería haberse considerado: los procesos de ajuste de gasto público tienen un límite, desde el punto de vista de la población afectada.

Puede que las políticas sociales, la fecha de jubilación, la cantidad de trabajadores públicos, etc., estén por encima de las posibilidades reales de sostener esas políticas, pero cambiarlas bruscamente tiene un efecto recesivo, de desempleo y caída del ingreso real (capacidad de compra) que los habitantes de un país llegan a considerar inaceptable.

Las consecuencias directas de la profundización de la crisis se darían sobre el sistema bancario de esos países muy comprometidos con bonos de deuda externa de Grecia, Italia, Portugal y España, lo cual puede producir un fenómeno semejante al de la crisis financiera del año 2008, aunque posiblemente de menor intensidad.

Esto significa mayores dificultades para que los bancos nacionales operen las líneas de crédito con sus contrapartes europeas. Mayor incertidumbre financiera significa mayor inestabilidad económica y un crecimiento aún menor al bajo nivel que hoy se ve en esos países, excepto Alemania. Esto también nos afectaría por una menor demanda de los productos que exportamos a ese continente.

Es difícil hacer predicciones en este momento, dada la velocidad con que se desarrollan los acontecimientos.

Por ejemplo, inmediatamente después del anuncio griego, todas las bolsas estuvieron fuertemente a la baja; sin embargo, luego del anuncio del endurecimiento de la posición de los restantes países de la Unión Europea frente a Grecia – y también respecto a los cambios que debe hacer el gobierno italiano – las bolsas repuntaron, tanto en EEUU como en Europa, por lo tanto podemos tener una solución de este tema o una profundización de la crisis. No se sabe.

Lo que es claro es que el crecimiento de la mayor parte de los países europeos continuará muy bajo por lo menos en los próximos dos años, y respecto a eso nuestros exportadores, los bancos, las Administradoras de Fondo de Pensiones, el gobierno y el sistema político de nuestro país, tienen que estar preparados.

En Chile quienes están muy relacionados con exportaciones a Europa debieran estar preparados para una menor demanda, un menor precio de los productos. En efecto, ya los exportadores de fruta han planteado su esfuerzo por desviar el mayor volumen posible de productos hacia Asia.

Se entiende que los bancos chilenos también están preparados para sustituir líneas de crédito con sus corresponsales europeos, si se profundiza la crisis.

Respecto a las personas y pequeñas empresas, lo mejor es evitar el endeudamiento a lo verdaderamente necesario, por si existe algún “chaparrón” interno. En tanto, el gobierno y el parlamento deberán analizar y aprobar un presupuesto que contenga holguras y posibilidades de reasignación, por si se necesita apoyar a personas y sectores productivos que puedan ser afectados.

De todas maneras, el país está bien preparado para amortiguar esos impactos, porque tiene recursos en el exterior, que pueden ser usados en caso de una caída en la actividad interna.

Por otro lado, existe mayor claridad que en 2008 – 2009 respecto a la velocidad de reacción y a la eficacia de los programas para enfrentar los problemas antes de indicados.

Con esto, la crisis europea nos debiera afectar mucho menos que la crisis financiera global de 2008.

También ha resultado claro que ambos conceptos se utilizan con una connotación peyorativa.

Sobre estos temas, resulta de interés comprender su origen y las razones de su uso como concepto negativo.

De un primer estudio, muy simple, haciendo búsquedas en Internet, se obtienen algunas precisiones interesantes desde el punto vista económico, que nos llevan a comprender por qué, comúnmente, se plantean estas palabras como algo malo, dañino, casi pecaminoso.

Lo que sigue, es una selección de párrafos de diferentes autores, con comentarios del autor. Omití el uso de comillas, porque he intercalado frases de diferentes textos y re redactado en casi todos los casos.

Sabemos que lucro proviene de la locución en Latín lucrum que, de acuerdo a la RAE, significa ganancia o provecho que se saca de algo; por lo tanto son utilidades obtenidas  en cualquier negocio o servicio, actividad de producción o de comercio.

Por su parte, usura también proviene de una voz latina, (usūra). Las definiciones de la RAE, son:

1. f. Interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo.

2. f. Este mismo contrato.

3. f. Interés excesivo en un préstamo.

4. f. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo.

La acepción de usura, desde muy antiguo, es la de precio del uso de una cosa;  equivale, por consiguiente, al interés del capital en un préstamo, la costumbre ha llevado a que se  aplique, más bien, al interés del dinero y de las cosas fungibles.

El concepto de cobrar una tasa de interés fue duramente condenado, como veremos, por lo que la palabra usura tomó una cierta significación de vicio y de reproche.

Por eso, una vez admitida la legitimidad de los intereses, se llamó usura a lo que excedía la tasa legal; hoy se califica de ese modo a la tasa de interés que tiene un carácter abusivo o peca por exceso sobre el precio corriente del capital.

Por mucho tiempo se utilizó el concepto de usura que formuló Aristóteles:  “se aborrecerá la usura, porque en ella la ganancia se obtiene del mismo dinero y no de aquello para lo que éste se inventó, pues el dinero se hizo para el cambio, y en la usura el interés por sí solo produce más dinero. Por eso se llama en griego “tokos”, pues lo engendrado  es de la misma naturaleza que sus generadores, y el interés viene a ser dinero de dinero, de suerte que de todas las clases de tráfico éste es el más antinatural”.

Durante el período de lucha contra la dominación sarracena, en el norte de la península ibérica se trataba de diferenciar entre los cristianos “verdaderos”, de sus adversarios moros y también de los judíos.

En ese contexto, pertenecer a una clase social baja, de acuerdo a los usos de esa época, no era demérito para la demostración de cristiano viejo, según su árbol genealógico reconstruido, sino todo lo contrario, pues era lugar común acusar a cualquier persona enriquecida de serlo precisamente por los negocios y «granjerías» que en el imaginario social se asociaban a la minoría judía o conversa (el pecado de usura prohibía a cristianos, y también a musulmanes, el préstamo con interés, y el concepto de lucro se condenaba teológicamente).

Es que en la antigüedad, al existir una economía estática, la usura correspondía al precio exigido por el uso de un bien consumible, cedido en préstamo.

Para algunos de los escolásticos del Siglo de Oro español, usura era el precio cobrado en cualquier préstamo, ya que entendían que el dinero no era productivo y de acuerdo con esta interpretación, todos los bancos practicaban la usura.

Son los integrantes de la Escuela de Salamanca quienes profundizan el estudio de los nuevos problemas que representaba la economía. Distinguen entre usura, lucro y préstamos con interés; condenan la usura, limitan el lucro y permiten el préstamo con interés. Domingo de Soto (siglo XVI) admite la moralidad de los créditos bancarios.

En el norte de Europa, la aparición del protestantismo y el calvinismo favorecen el ascenso de la burguesía, ya que son concepciones cristianas que defienden el enriquecimiento personal y el comercio, cosa que condenaba el catolicismo.

La Reforma se convierte en la ideología religiosa de la nueva clase social, por su defensa del lucro honesto y del precio justo, al mismo tiempo que respeta el espíritu gremial de la Edad Media.

Cabe recordar que todavía hoy el Islam no acepta el cobro de intereses, por lo que los bancos árabes al otorgar créditos, lo hacen a partir de fórmulas como un descuento sobre el capital al entregar los recursos (por ejemplo, un préstamo por 100 significa entregar al deudor 90).

El papa Benedicto XIV, en Vix Pervenit, de 1745, luego de ratificar como pecado la usura, admite que “mediante contratos de naturaleza muy diversa del mutuo, cada cual pueda colocar e invertir su propio dinero, ya para obtener rentas anuales, ya también para ejercer el comercio o negocios lícitos y obtener de ello un honesto lucro”.

Podemos concluir que desde el siglo XVI existe una doctrina católica sobre la usura y se acepta el cobro de intereses en operaciones de crédito, y que en el siglo XVIII se aclara que pueden existir ganancias legítimas, provenientes de una actividad productiva o comercial, acuñándose el concepto de “honesto lucro”.

Sin duda que esa conceptualización de origen católico medieval, ha influido notablemente en nuestras definiciones y percepciones sobre el carácter no sólo ilegal, sino que pecaminoso de la usura, y la connotación de ilegitimidad que tiene el lucro deshonesto, es decir, las ganancias excesivas o abusivas, que asemejan al lucro desmedido con la usura.

En el debate actual se ha planteado que el lucro no es la ganancia que se obtiene por un servicio o trabajo, sino las ganancias obtenidas a partir de resquicios legales, evasiones, explotación, injusticias, engaño.

Resulta muy clara la connotación negativa del concepto, entendido de esta forma. Aún más, se ha escrito que cuando el lucro es el fin último de las relaciones económicas, el funcionamiento del sistema económico generaría una sociedad muy desigual e injusta.

Es evidente que en este caso no se trata de un “honesto lucro”, sino de una ganancia obtenida con abusos, engaño e injusticias. Se utiliza lucro como sinónimo de estafa, que es obtener una ganancia mediante engaño.

Nótese que muchos de los conceptos utilizados tienen una connotación ética, como justicia y desigualdad, por lo tanto no son objetivos, han evolucionado históricamente, y resultan de convenciones sociales y culturales específicas.

Sin embargo, si las utilidades o ganancias obtenidas por un servicio o trabajo lo son en forma legítima, como una justa recompensa al esfuerzo y al riesgo, podemos usar el concepto lucro en su significado de “ganancias honestas”.

La cuestión es si este último significado prevalece o no en las relaciones económicas entre privados.

Pienso que prevalece, incluyendo sectores como Educación y Salud.

Esto por dos razones; una es que no creo y no percibo en la realidad que la conducta común de los empresarios y ejecutivos a cargo de las empresas, de todo tipo y en todos los sectores, sea de engaño, de malicia, tratando de explotar a los demás, abusando de su posición.

La segunda es que la competencia y las regulaciones públicas son un buen pararrayos para esos comportamientos ilegítimos, que sí existen en nuestra sociedad, pero no son la norma.

Eso no quiere decir que los resultados de las relaciones económicas de mercado no sean injustos e inequitativos, generando desigualdades inaceptables, de acuerdo a nuestra definición ética.

Para corregir esos resultados, y las asimetrías de poder y de información que existen, están las políticas públicas, que deben corregir las desigualdades, lograr igualación de oportunidades y resolver los problemas que las generan, no todos de origen económico.

La alternativa es caer en un sistema de relaciones económicas probadamente ineficiente, ineficaz para resolver los problemas, que produce injusticias y falta de libertad.

La opción que prefiero es la de generar más y mejores regulaciones, y más y mejor gasto público, para evitar los resultados injustos, las desigualdades y las fuertes diferencias en las oportunidades entre las personas; pero con participación de emprendedores privados y con un mercado regulado, en todos los sectores y actividades donde sea necesario y conveniente para toda la comunidad.