La singularidad se arraiga en su fuerte nacionalismo. El kirchnerismo es un proyecto nacional y popular ante todo. También es la actualización del corazón del peronismo, que ha sido siempre un proyecto de la argentinidad que apela al mundo popular, la clase obrera y los sindicatos. Al lado de cada trabajador está el sindicalista y detrás está un peronista, como suele decirse.

El peronismo o justicialismo es un movimiento político surgido en Argentina a mediados de la década de 1940 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos. En 1949 el peronismo organizó el Partido Peronista Femenino, fundado por Eva Perón e integrado solo por mujeres. La denominación de “justicialismo”, proviene de su fuerte impronta por la justicia social. Solo ha perdido ante coaliciones dirigidas por el Partido Radical en las elecciones de 1983 y 1999.

El Presidente Juan Domingo Perón ante la Asamblea Legislativa en 1952, declaró el ideario del movimiento: “Así nació el Justicialismo, bajo la suprema aspiración de un alto ideal. El Justicialismo creado por nosotros y para nuestros hijos, como una tercera posición ideológica, tendiente a liberarnos del capitalismo sin caer en las garras opresoras del colectivismo”.

El peronismo ha sido derrocado dos veces por golpes de estado militares. El primero a Perón en 1955, cuando fue declarado ilegal por la dictadura autodenominada Revolución Libertadora,  manteniéndose la prohibición durante 18 años.  El segundo a María Estela Martínez de Perón, depuesta en 1976 por un golpe de Estado que dio origen a la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” y que la mantuvo detenida varios años.

Los elementos que constituyen su doctrina son las Veinte Verdades Peronistas, equivalente a los principios de la organización. Fueron dadas a conocer por Perón en la celebración del quinto aniversario del Día de la Lealtad. Perón las leyó desde el balcón y las Veinte Verdades Peronistas se hicieron muy populares y muchos de sus principios arraigaron en la cultura popular. La primera es la definición de la democracia: “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.”

La cuarta es muy llamativa para los socialistas chilenos: “No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan”. La número seis es rayana en el sectarismo: “Para un Peronista de bien, no puede haber nada mejor que otro Peronista”. Fue reformada en 1974 para dejarla como “para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino”.

Una de las cuestiones más valoradas por los partidarios del peronismo es el Estado de Bienestar construido durante los dos primeros gobiernos. Es un ejemplo que ha pesado sobre los gobernantes peronistas posteriores, con la excepción de Menem que se lanzó en brazos del consenso neoliberal y protagonizó una época que los propios argentinos la denominaron “la borrachera menemista”. Una crisis que continuó con un débil gobierno radical y terminó con el país en quiebra.

Todos saben que Néstor Kirchner accedió al gobierno con Argentina en precarias condiciones. Su gobierno estuvo marcado por la urgencia de la recuperación económica del país. Sus logros y la propia gestión de la Presidenta Cristina Fernández ha posibilitado a los Kirchner estar cerca de doce años en el poder. No solo recuperaron el país, resolvieron ejemplarmente los temas de DDHH, ampliaron la protección social y al mismo tiempo estatizaron los fondos de pensiones. Además de YPF, la más importante petrolera del país y Aerolíneas Argentinas.

El futuro del peronismo oficialista está en manos de Daniel Scioli. Un peronista con experiencia, que ha sido diputado, ministro, Vicepresidente de la República y actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la más importante del país. Al frente, el líder de la derecha Mauricio Macri, heredero del Grupo Macri-SOCMA, uno de los más importantes grupos económicos del país. Ha sido presidente del Club Boca Juniors, diputado y jefe de gobierno de la capital federal. Desde el 2007 dirige la alianza electoral Propuesta Republicana. La contienda es entre estos dos personajes. Radicales y Socialistas es poco lo que pueden hacer por ahora.

Todos apuestan al Peronismo. Es el único que está terminando bien sus gobiernos, lo que ha sido la pesadilla de los radicales. Dicen incluso que los peronistas se pelean para crecer, porque peleando se reproducen. Y que Macri es un oligarca.

Con una burocracia relativamente competente -aunque insatisfecha- los procedimientos gubernamentales operan bajo la regla de Pareto: en torno al 80% relativamente automático y un 20% que cae bajo el amplio arco de la gestión política. Esto es bajo la idea que la burocracia ejecuta un presupuesto anual, aprobado por ambas cámaras del Congreso y con el supuesto que toda política sin dinero es retórica.

El programa de gobierno tiene un doble valor como guía del nuevo cuadro gobernante.Representa, por una parte, la propia identidad de la coalición política dado su carácter programático y por otra, el compromiso que la candidata del conglomerado asumió con sus electores.

Se  entiende que la Nueva Mayoría gobierna para el país, pero la izquierda dura quiere ir más allá del programa, y sus similares en la derecha quieren que el gobierno ni siquiera haga el esfuerzo de cumplirlo. Con las reformas pasa lo que en una democracia: se pueden negociar todas las iniciativas salvo la voluntad de llevarlas adelante. Nadie entendería que no prevaleciese la regla de la mayoría, si no es posible un consenso con la minoría.

El fenómeno que ha suscitado la crisis que enfrenta el gobierno es de esos que surgen de la contingencia, que escalan por la mala gestión y terminan por afectar el conjunto del sistema político. De la indignación moral, se ha pasado a una crisis de confianza y de ésta a una crisis de credibilidad. Un ambiente enrarecido y a veces crispado, se ha apoderado del país.

Sin embargo, también el país sigue los acontecimientos, gracias a la profusa difusión de los medios y los golpes noticiosos del periodismo investigativo. Todo ello involucra a cierta parte de la elite económica, política y académica.  Empresarios que financian políticos de distintas ideologías a través de sus campañas -incluso sus fundaciones académicas- a cambio de beneficios futuros. Parientes que se aprovechan de su posición para acceder información privilegiada o cargos públicos. Parlamentarios que se sirven del bien público en beneficio de ciertos privados.

Todo ello ha brotado y se ha expuesto al ojo escrutador, que en medio de la neblina mediática apenas distingue entre aquellos que son faltas, delitos, nepotismo, cohecho, tráfico de influencia, beneficios impropios o simplemente pillerías. Todo lo cual ha empobrecido el ambiente moral del país y ha puesto a prueba la dignidad de la acción política.

Enfrentados a la realidad, todo ello ocupa el 100% de las fuerzas de ese 20% dedicado a la acción política propiamente tal. El 80% restante marca su entrada como todos los días y se enfrenta a una labor programada desde el año anterior. Es la gente que vive de su sueldo, tiene cuentas por pagar y un futuro por el que preocuparse.

Lo que pasa con la mayoría de la gente es que trabaja, cualquiera sea el gobierno, y sus preocupaciones profundas son la seguridad, la educación, la salud, según las encuestas. Un nuevo enfoque requiere responder por sus preocupaciones que están lejos de la contienda de las elites. O debiéramos decir, de la guerrilla política que por estos días azota el centro mismo de las instituciones más venerables del país.

Entre la hojarasca de las denuncias y los epítetos cruzados, las tareas del gobierno se revelan con asombrosa sencillez: que cada uno haga lo suyo. El gobierno no puede quedarse prisionero del pasado, ni menos amilanarse por los remezones de la contingencia. Lo suyo, es conducir el país por el camino que otrora le señalaran sus electores.

La integración vertical se corresponde con el asentamiento  en la orillas de los océanos como ha sido la tónica en América del Sur, dejando el interior del territorio en la postergación y el atraso.

Si aspiramos a convertirnos en una singular región del mundo, debemos encarar esta falta de visión del entorno país y contribuir como nación a ese propósito.

La integración horizontal de la región requiere pasar de la geopolítica de la guerra y la defensa hacia la geoeconomía del intercambio y la integración. Dicho de otra manera, la globalización y la conexión de infraestructura internacional permiten desarrollar las zonas interiores de los países, a través de carreteras interoceánicas.

A la década pasada se le denominó “Ejes de Integración y Desarrollo”, donde además de la conectividad, se incluyen las potencialidades productivas que dan valor agregado a la complementariedad subregional.

Estas vías unen horizontalmente extensos territorios de América del Sur y las autoridades subnacionales de los mismos tenían grandes esperanzas en este nuevo enfoque. Algunos de estos gobiernos han tomado hace años la iniciativa, pero al no contar con la suficiente ayuda de sus gobiernos centrales el proceso se estancó.

Es lo que sucedió con el occidente argentino, el suroeste boliviano, el suroeste de Brasil y los puertos del norte grande chileno, donde Antofagasta en su puerto emblemático.ZICOSUR es una zona creada y compuesta por entidades subnacionales que buscan integrar el centro oeste de América del Sur.

Las actividades productivas en estos territorios son crecientemente atraídas por las dinámicas economías del entorno del Océano pacífico, donde los puertos y los servicios chilenos son claves.En su momento se llegó a vislumbrar la vocación de Chile como una plataforma de servicios para el intercambio con Asia-Pacífico. Según esta visión el socio estratégico de Chile es Argentina y presumiblemente Bolivia.

Y la iniciativa tuvo tanto éxito que a poco andar colapsó la principal ruta terrestre que une Chile y Argentina a través del túnel Cristo Redentor. Hace más de una década que se opera con planes de contingencia y la democracia en realidad no ha construido un solo túnel que amerite su voluntad integradora. En cuestiones como esta encuentra sus límites la retórica integracionista.

El gobierno pasado tuvo situaciones problemáticas con el entorno vecinal y el proceso de integración se ralentizó. A pesar de haber diseñado e implementado una institucionalidad adecuada, el gobierno de Piñera descuidó los avances logrados con Argentina, primaron los desacuerdos ideológicos, se estancaron los proyectos bilaterales y el diálogo político llegó a casi cero.

En gran medida, el gobierno pasado volvió manejar las relaciones vecinales como relaciones fronterizas y descuidó el significativo avance que había realizado la seguidilla de gobiernos concertacionistas.

La política fronteriza se corresponde con una condición de recelo, desconfianza y en general inconformidad con la línea demarcadora. La política vecinal, por el contrario se corresponde con una actitud cooperativa y solidaria, cuando menos comprensiva.

Este es el salto cualitativo que han experimentado Chile y Argentina en sus relaciones bilaterales.Algo que no ha sucedido en la frontera nororiental del país.

Tampoco estar demandado ante la Corte de la Haya es gran cosa. En realidad son problemas que transcurren literalmente en el margen y lejos. Lo que importa es lo que está sucediendo con las personas que transitan por las fronteras, los servicios que para ello se requieren, la actitud con que las autoridades enfrentan las dificultades de su asentamiento, los excesos de las poblaciones acogidas y la opinión que los propios chilenos tienen al respecto.

El intercambio entre vecinos continúa al margen de los pleitos gubernamentales. Ello requiere un nuevo enfoque en la construcción de acuerdos y procedimientos conjuntos para estimular las fuerzas de la cooperación en medio de conflictos jurídicos.

Abrir nuevas oportunidades, es lo que se esperaría de una estructura diplomática moderna y eficiente.

Ahora se trata del Punto de Concordia. El Punto de Concordia no lo inventaron los peruanos, fue establecido por ambas parte en el Tratado de 1929, entre ambos Estados.“Concordia” se denomina a un punto de la costa donde comienza la división territorial y está mencionado en el Artículo 2° del Tratado.

Lo que sucede, es que en el Artículo 3° señala que lo mencionado en el Artículo 2° “será fijado y señalado en el territorio con hitos, por una Comisión Mixta”, la que efectivamente fue compuesta por un miembro peruano y otro chileno. De hecho, la frontera común denominada “Línea de la Concordia” fue señalada con estos hitos a plena conformidad de ambas partes. El Hito 1 se estableció de común acuerdo por la imposibilidad física de fijar el punto de Concordia en la playa.

Perú defendió el Punto de la Concordia -como un lugar en la playa metros más al sur que el Hito 1- para establecer el límite marítimo que no tuvo acogida en el Tribunal. Así lo sentenció la Corte Internacional de la Haya, que estableció como línea divisoria marítima una línea paralela de 80 millas, que comienza precisamente en el Hito 1, el único punto terrestre mencionado por la Corte.

De esta manera, el fallo que determinó un límite marítimo, terminó sepultando la idea de Punto de Concordia, reemplazándola por el Hito 1. Perú ganó aguas oceánicas para su patrimonio económico y Chile legitimó el Hito 1 como el comienzo de la división terrestre.

Si esto no es así, se debiera someter al arbitraje de Estados Unidos la adecuación del Tratado Bilateral al fallo de La Haya. Mientras tanto, es lógica que la implementación del fallo debiera ser suspendida, porque el límite marítimo con Perú requiere de un punto terrestre donde comenzar la paralela de 80 millas.

Al parecer, el gobierno chileno espera llegar a una implementación del fallo donde los términos solo se refieran a la implementación del límite marítimo que comienza en el Hito 1, como manda el fallo y quiere Chile. Pero si el objetivo era que Perú cumpliera el fallo a cabalidad, estableciendo una solución de continuidad con el límite terrestre, su concreción ahora está en serias dudas. Puede más su fuerte nacionalismo.

El nacionalismo es una ideología que profesa abiertamente Ollanta Humala. Militar de formación, fue llamado precipitadamente a retiro con el grado de Teniente Coronel. Una carrera similar a la del ex –presidente Chávez, ya que también protagonizó junto a un hermano, un levantamiento militar contra Fujimori el 29 de octubre del 2000. Su abogado solicitó una amnistía en el Congreso argumentando que “había ejercido el derecho a insurrección contra un gobierno ilegítimo y totalitario”. En diciembre del mismo año el Congreso concedió amnistía a todos los involucrados.

Luego, fundó el Partido Nacionalista Peruano (PNP) y el 2006 se presentó candidato a Presidente de la República. Debido a que su pequeño partido no estaba inscrito oficialmente, se presenta por la Unión del Perú, una fuerza política fundada por Javier Pérez de Cuellar, ex – Secretario General de Naciones Unidas, de gran prestigio en ese país. Aún perdiendo, los nacionalistas ganan una relevante representación electoral.

El 2010, crean una nueva coalición política “Gana Perú” -en torno al existente PNP- y conforman una plataforma electoral con partidos de izquierda, logrando ganar las elecciones y convertirse en el partido mayoritario en el Congreso.

Sin embargo, en tres años de gobierno, Humala ha tenido seis Presidentes del Consejo de Ministros. Su discurso se ha desplazado de la izquierda a la derecha y, ha llamado a antiguos camaradas de armas como ministros. La figura presidencial que tenía un 57,3% de aprobación en agosto del 2011, se había desplomado hasta el 22% en julio del 2014.

Actualmente, la presidenta del Partido Nacionalista Peruano es la señora del Presidente de la República.

¿Qué debemos concluir de una biografía que ha hecho del nacionalismo su razón de ser?

Puede que para gente como los Varga Llosa, el nacionalismo haya sido el único antídoto para conjurar el Fujimorismo, ese fenómeno político peruano donde al líder le llamaban popularmente “Chinochet”. Una especie de copia del autoritarismo neoliberal chileno, actualmente liderado por la hija del caudillo samurái preso y convertido en el segundo partido en el Congreso.

Pero hoy día, el nacionalismo en mengua está siendo revitalizado en contra de Chile.

Un nuevo litigio internacional los pone a la cabeza de una nueva cruzada, aunque sea por unos metros esta vez. Un nacionalismo de un cariz irrendentista, siempre insatisfecho. Son los mismos que marchan hasta la frontera y con los cuales no será posible un acuerdo duradero.

Durante el gobierno del Presidente Lagos se renovó su vigor, especialmente con Argentina: recibió en herencia un Tratado minero inédito, crecieron los ductos trasandinos que traían gas, y se ampliaron los puertos. También se modernizaron los controles fronterizos, se acordaron rutas internacionales en las que se debía invertir coordinadamente, y algunas de ellas -debidamente priorizadas- se convirtieron en rutas bioceánicas. La relación era lo suficiente madura para sortear los efectos adversos de la falta de gas en Argentina.

En el primer gobierno de la Presidenta Bachelet los comités fronterizos regionales cambiaron de nombre y comenzaron a llamarse Comités de Integración Fronteriza.El término simbólico de integración aludía al comienzo de una nueva época entre ambos países –iniciada con la recuperación de la democracia- donde la geoeconomía de la competencia y colaboración había reemplazado a la geopolítica de la desconfianza y el conflicto.

Por ello, con Argentina existe una amplia y profunda red de relaciones urdidas a través de decenas de encuentros de regiones chilenas y provincias argentinas, a lo largo de toda la extensa frontera común. Durante los gobiernos de la Concertación había agendas ministeriales, regionales y hasta locales en las zonas extremas.

Ministros, CORES y Alcaldes entendían y facilitaban la más diversas iniciativas que se llevaban a cabo bilateralmente. Todo lo cual perfeccionó el Tratado de Maipú de cooperación e integración firmado en octubre del 2009.

Con el gobierno del Presidente Piñera se ralentizó todo aquello, a pesar de que se seguían celebrando encuentros, comenzaba a faltar la idea de un destino compartido. Posteriormente, las relaciones se enfriaron hasta tal punto que Piñera optó por un embajador de carrera para enfatizar los vínculos formales, dejando a la deriva lo avanzado.

Esto era así, porque el gobierno de Piñera restauró los términos de un conflicto que se había superado, como era la división Pacífico-Atlántico. Su gobierno puso fin al largo romance sin matrimonio que tuvo la Concertación con el Mercosur, e ingresó en un grupo subregional con marcado énfasis en la iniciativa privada –como es la Alianza Pacífico- criticando el sesgo estatista de los países atlánticos.

Los gobiernos concertacionistas -a través de la doctrina del regionalismo abierto- habían firmado acuerdos con los bloques económicos existentes, Mercosur y Consejo Andino, manteniendo la autonomía suficiente para actuar con lógica global aunque privilegiando la relación con Mercosur y Argentina.

En su minuto, Chile, Perú y Colombia desconocieron a la UNASUR e incorporaron un socio extra-regional como México.Debido a que eran gobiernos de derecha no tuvieron contemplaciones en hacerlo, ya que el Comandante Chávez con su Alianza Bolivariana había incorporado a Cuba y Nicaragua, los que también eran países extra-UNASUR.

Estas acciones cruzadas debilitaron en gran medida a la propia UNASUR como casa común de las repúblicas del Sur.Sin embargo, la Alianza del Pacífico no nació para competir con la Alianza Bolivariana. Aunque haya sido una reacción a ella desde el punto de vista ideológico, su verdadero competidor en la región será el MERCOSUR.

Por ello, el Presidente Piñera dio un giro estratégico en la política exterior chilena de los gobiernos concertacionistas, al privilegiar la relación con Perú, principalmente porque -al margen del litigio paralelo en La Haya- llevó al país a la conformación de un nuevo bloque económico subregional.

El gobierno de la Nueva Mayoría seguirá en la Alianza del Pacífico tal como lo había enunciado en su programa de gobierno. Esto se ratificó en la IX Cumbre del grupo, celebrada el 20 de junio pasado. El encuentro produjo la Declaración de Punta Mita que establece el compromiso de “seguir avanzando en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como en la cooperación entre los socios”.

La Presidenta Bachelet -quien asistió por primera vez a una reunión de este mecanismo de integración regional- sostuvo que “además de los avances que se han logrado en diversos rubros en los últimos tres años, se han identificado áreas como minería, integración turística, de transporte aéreo y cuestiones de género”.Es decir, no solo reafirmó la vigencia de la Alianza del Pacífico, sino que se busca incrementar la participación del país en ella.

En consecuencia, la búsqueda de un nuevo entendimiento entre los principales países del Pacífico y del Atlántico será la gran tarea regional del Canciller Muñoz.Para el logro de esa convergencia seguirá siendo clave Argentina.

Porque la idea de “Chile-país puente” no se materializa en la Alianza del Pacífico, donde el país es, más bien, un socio competidor. Esto solo se podrá concretar si Chile es capaz de integrar a las dinámicas economías del Pacífico, las vastas zonas interiores de Argentina, Bolivia, el sur de Brasil y el oeste de Paraguay.

El término sintetizó una situación oportuna y poco conocida: países muy poblados, economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión y un crecimiento superior a la media global. Además, los BRIC han adecuado sus sistemas políticos para abrazar el capitalismo global.

El estudio predice que en la competencia económica mundial, China e India serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios, mientras que Brasil y Rusia juntos, ya constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del mundo actual.

En consecuencia, los BRICS -porque se debe añadir Sudáfrica- tienen el potencial de formar un bloque económico de enorme alcance, con un estatus mayor que el actual G7 + Rusia. Sin embargo, hasta el momento, no se ha hecho público ningún texto formal del cual los cinco Estados sean signatarios. Esto no significa, sin embargo, que no hayan alcanzado una multiplicidad de acuerdos bilaterales o aún trilaterales, entre sus miembros.

Los BRICS han celebrado hasta ahora seis cumbres: en 2009 en Yekaterimburgo (Rusia), el 2010 en Brasilia (Brasil), el 2011 en Sanya (China), el 2012 en Nueva Delhi (India), el 2013 en Durban (Sudáfrica) y esta última en Fortaleza (Brasil).

En la Cumbre de Fortaleza 2014, además de Dilma Rousseff, participaron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de China, Xi Jinping; de Sudáfrica, Jacob Zuma y el Primer Ministro de India, Narendra Modi. Una agenda apretada, ya que al día siguiente se realizaba la Cumbre con UNASUR y el subsiguiente con CELAC.

UNASUR está formada por los doce estados de Suramérica, cuya población conjunta de 400 millones de habitantes representa el 68% de la población de América Latina. Como proyecto de integración regional, tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus integrantes. Sus actuales diferencias ha ralentizado el proceso aunque su potencial sigue siendo potente.

Los BRICS han estado promoviendo una reforma más rápida y mayor peso en el Fondo Monetario Internacional. Además, han pedido al Banco Mundial que “promueva relaciones de igualdad” entre países, en lugar de mediar entre el “Norte” y el “Sur”.

No es extraño entonces, que en esta VI Cumbre de los BRICS, las cinco potencias emergentes formalizaran la creación de un banco de fomento , volcado en las naciones en desarrollo. El nuevo banco comenzaría a operar dentro dos años y se propone ser alternativa al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El banco de los BRICS nacerá con un capital inicial de 50.000 millones de dólares, de los que cada país aportará una quinta parte, y la sede del organismo estará en China. Su giro será la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo en los miembros del foro, pero también en determinados países de África y América Latina. Los miembros de UNASUR están principalmente interesados en el financiamiento de proyectos en infraestructura.

Brasil y China apuestan por América latina. China ha logrado una participación creciente en el comercio de los países sudamericanos y es el principal socio de Brasil. Según datos oficiales, ha invertido unos 100.000 millones de dólares entre 2005 y 2013. Es obvio que desea ampliar su presencia en los mercados de la región.

El solo anuncio de la creación del Banco de los BRICS motivó a algunos presidentes sudamericanos a conjurar un nuevo futuro para la región. En diferentes estilos, claro está. El Presidente Maduro sostuvo que comenzaba a cambiar la “cara de la geopolítica mundial” en alusión a Estados Unidos. En línea similar, la Presidenta Fernández declaró que la decisión del foro BRICS ayudará a la constitución de un “nuevo orden financiero global”, un objetivo que calificó de “justo e imprescindible”, acosada como está por los “fondos buitres”.

El Presidente Mujica señaló que “en un mundo financiero” tan “imprevisible” e “inseguro”, los BRICS pueden colaborar y aportar un poco del “equilibrio necesario”, poniendo un poco de distancia y sensatez al asunto.

Independiente del rol que a futuro los BRICS jueguen en la política mundial, su presencia en América del Sur atraídos por Brasil, es una muestra de la importancia de UNASUR en el mundo y una reafirmación del proyecto de dotar a la región suramericana de una infraestructura para la integración y el intercambio global.

Sin embargo, como ya sostuviera Alfred Marshall -el economista más brillante de su época- en 1919: “el Estado es el más preciado de los bienes humanos”. Lo dijo pensando en que la mejor manera de resolver la paradoja central del capitalismo –abundancia de pocos y escasez para muchos- consistía en mejorar la calidad del Estado.

John Micklethwait y Adrian Wooldridge en un artículo titulado “El estado del Estado”, reconstruyen el camino que Occidente ha recorrido para concebir e implementar el Estado a partir de la Edad Moderna, a la espera de una cuarta revolución.

Hay que recordar que hasta el siglo XVI, China representaba la civilización más avanzada del mundo; después de eso, Occidente ocupó su lugar.

La Edad Moderna nace con la idea del Estado centralizador: creador de la burocracia, el ejército profesional y los mercados nacionales. Una primera gran revolución comparada con el fragmentado y caótico orden medieval.

Los conservadores postularon un Estado absolutista, que se construyó en base al linaje de los terratenientes. La función del Estado era ejercer el poder para dar seguridad; su legitimidad radicaba en su eficacia; sus opiniones definían la verdad, y sus órdenes representaban la justicia, lo que terminó en la Revolución Francesa.

Los liberales de siglo XIX renegaron de todo esto y se esforzaron en poner la libertad, en lugar de la seguridad, en el centro de la gobernanza, haciendo la segunda revolución, cuyo credo fue la filosofía utilitarista de J.S. Mill.

En base al credo “dejar hacer a los privados”, los liberales ingleses construyeron ferrocarriles, caminos pavimentados y ciudades con sistemas de alcantarillado y policías. Fue Dickens el que corrió el velo del costo de esta política en su novela “Tiempos difíciles”.Retrató el “utilitarismo” de Mill, como sinónimo de un cálculo despiadado.

Sin embargo, la gobernanza del siglo XX fue el Estado de bienestar.La tercera revolución es la idea que el gobierno debe ser un compañero a lo largo de la vida de los ciudadanos, proporcionándoles educación, una mano de ayuda por si pierden sus puestos de trabajo, la atención médica si caen enfermos, y las pensiones cuando envejecen. En esencia, el credo socialista democrático.

Sídney Webb, un notable parlamentario británico y miembro destacado de la sociedad fabiana, sostenía que el Estado debería optar por la planificación en oposición al caos, la meritocracia en oposición a los privilegios heredados y la ciencia en contraposición a los prejuicios.

A finales de siglo XX estas ideas tuvieron contrapeso en Milton Friedman. Nacido en Brooklyn, en un barrio pobre, de inmigrantes judíos de Hungría. Llegó a la Universidad de Chicago en 1932, como partidario de Norman Thomas, el candidato socialista a la presidencia EE.UU.

Después de trabajar como economista para el gobierno norteamericano, adoptó las ideas neoliberales de la llamada escuela austriaca de economistas, en particular Friedrich Hayek, que unido al populismo de derecha norteamericano, buscó idear una nueva forma de conservadurismo basado en un Estado pequeño y un gobierno mínimo.

Ya durante los años 60, Friedman se convirtió en una celebridad intelectual denunciando todo lo que la centro-izquierda americana cuidaba: la atención prestada por el gobierno a la salud, la vivienda pública o la educación.

En la década de 1980, Reagan y Thatcher pusieron las ideas de Friedman en práctica.Reagan redujo los impuestos y eliminó regulaciones. Thatcher se enfrentó a los sindicatos del Reino Unido, y privatizó las tres cuartas partes de sus empresas estatales.Chile logró más que ambos gobiernos bajo la dictadura de Pinochet, inspirado en el mismo personaje.

Sin embargo, en sus largos 11 años en el gobierno -1979 a 1990- Thatcher solo logró reducir el gasto público desde el 22,9% del PIB al 22,2 %, pero con un costo infame para el pueblo británico. En Chile, el modelo fue cuestionado en las protestas del 2011 por constituir el factor más importante en la creación de la desigualdad.

Por primera vez, desde mediados del siglo XX, existe -según los autores- una carrera global por idear la mejor clase de Estado y el mejor sistema de gobierno. En comparación con la historia, las diferencias entre los modelos de la competencia de hoy son más pequeñas, pero las apuestas son altas. Los autores creen que el que gane este concurso para dirigir la cuarta revolución en la gobernanza moderna, tendrá una buena oportunidad para manejar la economía mundial.

Irónicamente, en estos días los gobernantes autoritarios de China, y no sus homólogos occidentales, son los que tienen más probabilidades de entender las ideas de Marshall sobre el valor y a la vez, la flexibilidad del Estado occidental.

Internet ha replicado el mundo y sus idiomas en una cómoda virtualidad que está en la pantalla del computador, dispuesto para los individuos que son alfabetos digitales. Y no pocos individuos reconocerían la realidad como aquella que le dicta su pantalla, en cualquier día y hora.

Se ha conformado una clase pequeño burguesa mundial –sostienen algunos gurús informáticos- que vive de este mundo digital.Compran y venden a diferentes escalas, productos o servicios, que involucran a proveedores con empresas de telecomunicaciones, transportes y logística general, para llegar al comprador donde quiera que éste se encuentre.

A través del computador, los individuos -en cualquier localidad- pueden acceder a una realidad virtual que pretende ser reflejo de la realidad real. En gran medida es así. El fenómeno en sus comienzos ha sido conocido como la condición “glocal”.

Los entusiastas dieron una vuelta de tuerca subrayando que los fenómenos locales tienen una repercusión global. No todos, no exageremos, depende de la magnitud del daño o la cantidad de millones que depare el beneficio. Fukushima y el lanzamiento del IPad en Los Ángeles, fueron sucesos locales que tuvieron impacto global.

El mundo virtual es el sueño de los enciclopedistas del siglo de las luces. Elevado a una potencia en constante alza.

No es un mundo de masa, es un espacio de individuos interactuando en un mundo de redes, dando y recibiendo información. Sirve para múltiples fines.En primer lugar, para comunicarse instantáneamente con cualquier lugar del mundo; para acceder a la mayor biblioteca universal; conocer personas, historias y lugares; comprar, viajar, cocinar, calcular y también, copiar y pegar en las tareas intelectuales. Lo que ha revolucionado la educación.

¿Cuál es el mundo real? Es lo que queda cuando el computador se apaga.Queda el lugar donde está el cuerpo presente.En Chile, a los individuos residentes en el país -incluidos los extranjeros- se les otorga un número que está en la base de la identidad personal. Sus modernos códigos resumen una biografía esencial de la persona.

Lo real de los individuos en la era de la globalidad es la condición de ciudadano de un Estado democrático. Si no es democrático, el Estado normalmente controla el acceso a Internet, lo que constituye una realidad insatisfactoria para cualquier persona del siglo XXI.

Porque solo en su propio Estado, los individuos son reconocidos como ciudadanos. Como tales son sujetos de derechos que pueden ampliar a otros Estados, solo si su Estado de origen, mantiene convenios al respecto, debido a que -en última instancia- es su fiador.Esto se mostró con claridad en el caso de Repsol-YPF en Argentina.

Somos hijos y padres de nuestro propio Estado. En el territorio controlado por nuestro Estado soberano, vivimos y morimos. Aquí, elegimos a nuestras autoridades y lo que ellas dispongan, solo tiene validez en un país llamado Chile.

Ya es un lugar común decir que todas las distancias están a nivel de un “clic” en el mundo digital, pero allí no respiramos, no estiramos las piernas y no nos tomamos un café.Aunque este último lo puedan traer a casa.

Puede que viajemos en avión, compremos al otro lado del mundo por Internet, vayamos a un crucero, pero siempre somos chilenos y seguramente en un país extranjero, tenemos menos derechos que en el propio. Que lo digan los migrantes.

La globalización no se elige, está siendo. Pero los Estados tienen que tomar decisiones respecto al modo en cómo se inserta cada país en este proceso mundial.No bastan los tratados, ni los viajeros de negocios, turistas o estudiantes de posgrado. Puede que avancemos a la modernidad, pero es insuficiente e insolidario.

El futuro es lo opuesto, se trata de un nuevo Estado. Uno que incorpore la participación de los ciudadanos en los asuntos de su incumbencia o interés, y que vea en esta acción, un deber moral para con la integridad de la comunidad política.De una modernidad inclusiva, de esto se trata la globalización para nuestro país.

El sueño de convertir a América del Sur en una zona próspera del mundo, ha devenido en una región dividida entre países del Atlántico y el Pacífico, fragmentada en sub-grupos que actúan como bloques económicos, que han impedido dar una forma más definitiva a UNASUR.

A fines del siglo pasado, junto con el CAN, Consejo Andino de Naciones, se sumaba MERCOSUR y, Chile navegaba en solitario, con acuerdos en paralelo. Luego en el 2000 vino UNASUR, que entró en vigencia recién el 2011. Mientras tanto, se crearon la Alianza Bolivariana y su contrapartida, la Alianza del Pacífico. Un mosaico enrevesado, porque algunos países pertenecen a más de uno.

En el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se puso especial énfasis en UNASUR, tanto así que la Mandataria fue la primera Presidenta pro-témpore de la nueva institucionalidad suramericana. El nuevo bloque era visto como un punto de confluencia de las distintas iniciativas de integración.

Con ello, América del Sur había cambiado la perspectiva: desde entonces lo que pasa en China y el Pacifico importan tanto o más que lo que pasa en Estados Unidos o en Europa.Esta última, en una crisis de identidad y confianza que ha remecido los cimientos de su misma integración. Toda una lección para UNASUR cuyas decisiones aún requieren unanimidad.

Es verdad -como dice el Canciller Moreno- que su gobierno ratificó UNASUR después de catorce meses en el Congreso. Pero omite que el presidente Piñera abandonó tempranamente UNASUR como prioridad de su administración, por sus desacuerdos con Chávez y la Alianza Bolivariana.

Con Argentina -otrora nuestro aliado estratégico- las cosas se pusieron más bien inamistosas desde el episodio de LAN en el aeropuerto de Ezeiza.

El gobierno que concluye ha tenido tres embajadores en Argentina. Nombró dos políticos que por diferentes razones no terminaron su mandato, pero al nombrar un funcionario de carrera, muchos entendieron que lo que hacía realmente era reducir las acciones bilaterales a lo estrictamente diplomático.

El panorama limítrofe continental de Chile no es bueno. Es complicado con Perú, es controversial con Bolivia y bastante frío con Argentina.

Hay que reconocer que tampoco MERCOSUR y el Consejo Andino convergen hacia UNASUR. En parte por ello, aunque también por diferencias políticas e ideológicas, el proceso de integración de UNASUR, hoy por hoy, se encuentra en estado de inercia.

Hace algunos años el Canciller de México, Jorge Castañeda, destacaba que la división más profunda de Latinoamérica es entre el Sur y el Norte. El norte de Latinoamérica es México, Centroamérica y el Caribe, una zona que constituye el perímetro de seguridad inmediata de Estados Unidos y que por ende, está sometida a una escrupulosa observación y a una fuerte presencia norteamericana en sus países.

América del Sur esta más lejos de Estados Unidos. Mientras esta última nación estaba embarcada en una guerra contra el terrorismo islámico, hubo toda una década para desarrollar un proceso de integración y enfocar las economías hacia el Asia-Pacífico.Mientras que para los latinoamericanos del norte, Estados Unidos siguió siendo un factor omnipresente.

Pero el sur tiene sus matices. La Alianza Bolivariana ha menguado debido a la desaparición de su carismático creador y promotor, Hugo Chávez.

La Alianza del Pacífico se ha visto fortalecida por sus recientes acuerdos. La crisis actual de Venezuela transcurre bajo la atenta mirada de sus nuevos socios del MERCOSUR. El presidente Morales ha solicitado una reunión de emergencia a UNASUR para tratar la “situación venezolana”. Ahora, el canciller de Venezuela, Elías Jaua, ha pedido formalmente a Surinam la convocatoria de UNASUR para tratar la situación de su país.

Un escenario complejo donde Chile quiere volver a convertirse en un promotor activo de la convergencia regional. Esto requiere no solo respetar, sino valorizar la diversidad de opciones en su interior, cooperar con sus vecinos y enfrentar los desafíos con voluntad de entendimiento hacia la integración suramericana.

El problema es que esta democracia de igualdad formal, ignora la desigualdad real.El reclamo de los muchos sobre los pocos es griego antiguo, aunque las masas entraron sistemáticamente en escena solo en el siglo XIX. Movimientos, asociaciones y grupos reivindicativos de una igualdad social que muchos la imaginaban solo como una utopía.

Con la “cuestión social” reconocida por el Papa León XIII en “Rerum Novarum”, en 1891 se legitima en el “mundo cristiano”, la segunda oleada de derechos, los llamados derechos sociales: educación, sanidad, vivienda, trabajo, transporte, energía.

En estas circunstancias, solo en el siglo XX y en el período de la posguerra, el llamado “Estado de Bienestar europeo” otorgó la más sólida respuesta que haya conocido la historia a estas demandas.

Las luchas de las organizaciones sociales y sus vanguardias, y los partidos progresistas por la consecución de derechos universales es algo que se extendió por todo Occidente después de la Revolución Francesa. En muchos casos fueron derrotados, porque estuvo más de un siglo cautiva por los propietarios bajo la forma de democracias restringidas.

Solo avanzado el siglo XX -no sin sangre de por medio- comenzó una proceso que prometía una democracia inclusiva, lo que fue interrumpido por las dictaduras militares, aquí, en Latinoamérica.

Por esto el gobierno del Presidente Allende resulta clave en la historia nacional.Hace 40 años la democracia chilena se enfrentó al dilema de la democracia formal y la democracia real. Allende había dado un paso decisivo hacia la democracia real.

La experiencia de la UP duró casi tres años y marcó una profunda huella en los sentimientos populares hacia Salvador Allende, porque los altos mandos de las FFAA ejecutaron un golpe de Estado, cuyo objetivo fue la restauración de una sociedad oligárquica, bajo la forma política de una dictadura militar que se extendió por 17 años y cuyos efectos aún los sufren las nuevas generaciones.

La herencia de la dictadura que la derecha ha defendido hasta ahora, es una constitución de origen ilegitimo, reformada solo a conveniencia de los que la impusieron, aunque acatada legalmente por las mayoritarias fuerzas del cambio.Esto hace que el actual sistema político chileno tenga su explicación última en un golpe de Estado.

Por ello que los académicos llaman a esta situación una democracia consociativa.La forma en que avanza esta democracia es a través de los consensos.

Es decir, de mutuos consentimientos que se otorgan los grandes conglomerados políticos. Para el actual Presidente era todavía necesaria, porque este gobierno tuvo una frágil mayoría en la Cámara de Diputados y una clara minoría en el Senado.

En esta nueva etapa no se trata de una democracia consociativa donde la mayoría depende de una minoría para efectuar cambios.

Se trata de edificar una democracia de acuerdo a su fundamento, que significa que las mayorías puedan hacer los cambios que prometieron a su electorado y las minorías fiscalicen que estos se hagan mediante procedimientos adecuados.

La democracia también es una cuestión de principios y el primero es el principio de la mayoría.

Pero esto no es todo. A mediados de los 90, se presenta una tercera oleada de derechos, denominados los derechos colectivos.

Una demanda que proviene de las minorías identitarias, que emergen con fuerza después de la implosión de la Unión Soviética. Las etnias, las lenguas, las religiones, reclaman derechos anteriores a los individuos que han pactado una comunidad política.

En esta perspectiva, se ha presentado la emergencia de las demandas de los pueblos indígenas en nuestro país. Es verdad que estas situaciones han erosionado el Estado-nacional tradicional y ello requiere, al menos, la actualización de un Estado que debe ser apropiado a los cambios que se han producido en el país.

En consecuencia, el actual Congreso electo tiene una responsabilidad histórica: crear las condiciones institucionales para los cambios.

Sobre todo el de una nueva Constitución que incorpore las nuevas realidades demandadas por los movimientos sociales.

No se trata de concesiones de la autoridad, se trata de los derechos de los ciudadanos en una democracia digna de ser tenida por tal.

Esta apuesta ha seguido el camino peruano. Era previsible, porque lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Hay que recordar que Bolivia nació a la independencia siendo el Alto Perú, gracias a la voluntad de Bolívar que ocupaba con sus ejércitos lo que quedaba del Virreinato. Por ello, Bolivia siempre necesitó del Perú para proteger la costa marítima que le otorgaron, demasiada alejada de su capital.

La vulnerabilidad de este nuevo Estado provocó la guerra entre vecinos en dos ocasiones, en el siglo XIX.

La historiografía chilena sostiene que Santa Cruz -un oficial realista devenido en patriota- se apoderó del gobierno boliviano y aprovechó una guerra civil en Perú, con el afán de reconstruir el virreinato perdido a partir de una Confederación Peruano-Boliviana. Chile se opuso con el envío de dos escuadras a destruirlas. La primera al mando de un marino argentino que firmó un acuerdo de paz indigno.

La segunda, al mando de Manuel Bulnes, un militar sobrino del Presidente de la República, que triunfó en Yungay. Al destruir la Confederación se transformó él mismo en el Presidente. Fue el primer triunfo que obtuvo el pueblo chileno según reza la marcha ad-hoc.

También nos cuenta que la llamada Guerra del Pacífico comenzó por una decisión inconsulta tomada por un dictador en La Paz. Un conflicto que sacó a la luz pública los tratados secretos entre Perú y Bolivia, pero que no impidió que Chile invadiera Antofagasta para proteger sus intereses. Un argumento que Estados Unidos transformó en norma durante el siglo XX.

Por una ironía supina del destino, la guerra terminó librándose en territorio peruano porque los bolivianos la abandonaron tempranamente, aunque no el conflicto, que han logrado mantener hasta ahora.

De tal manera que Chile y Perú se han visto enfrentados en ambas ocasiones por terceros y no por motivos propios. En el siglo XIX fueron dos guerras, en el siglo XX carreras armamentistas y en siglo XXI los argumentos jurídicos y estratégicos de la diplomacia. Tal vez, lo mejor que pudo pasar a todos los involucrados es que terminara en La Haya este conflicto secular.

Algunos en Chile decían que en esta zona hay paz desde fines del siglo XIX, mientras que en Europa se sucedieron tres guerras que alteraron, cada vez, los mapas de esa región del mundo.

¿De cuáles reglas europeas estamos hablando? ¿Por qué en La Haya?

Porque no se discuten reglas europeas, sino mundiales. Los vecinos han acudido al más alto tribunal que reconocen los Estados nacionales del Sistema Internacional. Lo que resuelva ese Tribunal terminará definitivamente con las contiendas limítrofes pendientes entre estos países.

El canciller Moreno lo ha ratificado, por el momento es inapelable y ambas repúblicas están preparando a la opinión pública para el acatamiento general del fallo.

En el mundo que vivimos, se libran escaramuzas y al mismo tiempo negocios. Quizá porque la guerra de argumentos se hace con un océano de por medio. Es una guerra ideal desde el punto de vista de la paz, bajo la formalidad de argumentos expertos y que tiene como escenario un espléndido palacio europeo.

Estamos en una nueva era, lejos de los roces diplomáticos, de las discusiones entre presidentes o declaraciones de inopinados generales. La sentencia del Tribunal de La Haya terminará con las incertidumbres fronterizas que los países puedan tener en el futuro.Sus fallos tendrán que ser obedecidos porque los gobiernos nacionales aceptaron su jurisdicción.

Nos espera el mismo camino con Bolivia. Es curioso que no sean los chilenos, disponiendo de lo propio, los que se hagan cargo de la demanda marítima boliviana mediante alguna forma de plebiscito. Este debate ha quedado atrás. La decisión sobre este futuro recaerá en un grupo de expertos, de un organismo técnico de Naciones Unidas.

El movimiento estudiantil puso en cuestión el modelo imperante y dejó de participar de la creencia generaliza en la superioridad del sector privado, del culto a la privatización y en particular de la educación privada, que reproduce las desigualdades del sistema. Aunque esta suerte de dogma fue la tónica general desde 1985 hasta las protestas del 2011.

Esta verdadera cultura privatizadora tuvo como resultado una concentración de la riqueza a niveles inéditos.La euforia por el buen desempeño de los privados comenzó cuando el Estado de Chile -durante la dictadura militar- se fue desmontando casi en secreto para beneficio de un puñado de empresarios y accionistas vinculados al régimen.

En 20 años, los gobiernos concertacionistas fueron controlados por una corriente transversal de opinión e intereses, en torno a la eficiencia del sector privado en todos los sectores de la economía. Algunos presidentes incluso fueron más allá en el proceso privatizador que la propia dictadura y acometieron la privatización del agua.

Después del 2011, se ha propagado una evidencia simple: la única razón para que los inversores privados estuvieran dispuestos a adquirir bienes públicos que en apariencia eran ineficientes, es que el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo.Es decir, ganancia segura y no poca. Tanto así, que es la principal causa de la desigualdad dominante.

Su influencia en la política ha sido decisiva porque la privatización y su cultura lograron quitar competencias y responsabilidades al Estado, buscando debilitar su posición.

De partida, lo han hecho renunciar a la obligación de proveer bienes y servicios que son de interés público. El objetivo a lograr era que el Estado se volviera irrelevante en la vida de las personas. Esto se ha representado en el alto grado de abstencionismo en las últimas elecciones generales.

Como se ha demostrado en las protestas y el abstencionismo, el dominio del cálculo económico en la vida pública tiene como resultado una subordinación disconforme.

Esta disconformidad estalla recurrentemente bajo la forma de protesta violenta, porque en realidad, la sociedad que hemos construido en lo único que vincula al ciudadano con el Estado es a través de la autoridad y la obediencia. Con ello, la condición de lo público se empobrece de tal manera, que solo se corresponde con el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, nuestros jóvenes no parece que puedan seguir creyendo en el relato neoliberal que prometía -especialmente a la clase media- que sus intereses serían mejor servidos por los mercados, cada vez más grandes y libres, y un Estado cada vez más pequeño y restringido.

Lo que no ha quedado claro hasta ahora es por qué un gobierno democrático, que traslada responsabilidades públicas al sector privado y las deja al capricho del mercado, está haciendo realmente algo positivo por las personas.

Lo que en realidad está haciendo es otorgando poder a los ricos y quitándole capacidad a los ciudadanos. La previsión social chilena es el ejemplo más paradigmático.Pero como Keynes pensaba, el capitalismo no puede sobrevivir si sólo se limita a proporcionar a los ricos los medios para hacerse más ricos.

En consecuencia, no importa lo rico que sea un país, sino lo desigual que es. La diferencia es que ahora existe una amplia mayoría que postula una vuelta a la cuestión social. Lo que está en juego es la variedad del capitalismo nacional, ya que el actual es incompatible con un Estado más democrático, y también insuficiente para que los gobiernos puedan ayudar a todos sus ciudadanos a adaptarse a los cambios.

Lo que se busca es revalidar la supremacía de la política democrática por sobre la economía y la acción del gobierno legítimo, una expresión del interés público.

Por ello, el interés nacional de Chile debe ser redefinido en forma más inclusiva que la sola promoción de mercados para un grupo reducido de coterráneos.