Resulta imperdonable que transcurridos más de 40 años del brutal Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y a más de dos décadas de iniciado el proceso democratizador, todavía existan detenidos desaparecidos cuyos restos no son hallados, prolongando, entre otras cosas, el sufrimiento de numerosas familias chilenas.

Todo apunta a que las Fuerzas Armadas y los Tribunales de Justicia deben hacer esfuerzos supremos por avanzar en las gestiones e investigaciones que permitan dar con el paradero de las víctimas de la dictadura.

Es fundamental que de una vez por todas, ex militares y civiles que fueron parte de la dictadura y que tuvieron acceso a informaciones sobre las acciones en contra de opositores a la tiranía que fueron desaparecidos, den a conocer esos datos y antecedentes.

En ese sentido, fue justo, preciso y necesario el llamado de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, cuando señaló que “necesitamos que se haga justicia, que esa justicia sea pronto, y necesitamos para que ello sea posible que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”.

Fue del todo oportuna la declaración de la jefa de Estado en cuanto a que “es el momento de poner fin al silencio y la impunidad, es el momento de hermanarnos en la verdad”.

Coincidimos con la Presidenta en que los procesos en torno a esta situación no avanzan “al ritmo que la sociedad y los familiares de las víctimas” requieren con toda razón.

En realidad, lo de fondo es que se tiene que materializar el compromiso con los conceptos de verdad y de justicia que deben prevalecer siempre en nuestro país.

En este camino, se inició la campaña “Verdad y Justicia: Ahora”, impulsada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y que, en concreto, plantea entre otras cosas, la nulidad de la Amnistía decretada por la tiranía a favor de violadores de los derechos humanos; envío al Parlamento de un proyecto de ley que tipifique la “Desaparición Forzada de Personas” como crimen contra la humanidad; apoyo del Ejecutivo del proyecto de ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; ampliar las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), permitiendo que este pueda querellarse en casos de violaciones a los Derechos Humanos; que los procesos radicados en los tribunales de justicia a lo largo del país cuenten con investigaciones exclusivas; envío de un proyecto de ley que elimine el secreto que contempla cincuenta años de reserva en los nombres de los torturadores que se mencionan en el Informe emanado de la Comisión de Prisión Política y Tortura, así como impulsar todas las iniciativas que impidan el ocultamiento de archivos del periodo de la dictadura cívico-militar; reapertura y que se mantenga de manera permanente la recepción de denuncias y calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Esos son puntos que, de una u otra manera, pueden contribuir a que se conozca el paradero de detenidos desaparecidos. Al mismo tiempo, en base a esas consideraciones, se impediría dar espacios a silencios interesados o cómplices y en derrotar la impunidad.

Es imprescindible tener claro que el conocer el destino final de los detenidos desaparecidos, será un factor determinante en la consolidación de la justicia y en la reparación histórica y humana. Es así como los países maduran y se reencuentran.

En estos días hemos vuelto a calibrar el efecto dañino de acciones terroristas criminales que ponen en el centro de sus actos el lastimar y asesinar a personas inocentes e indefensas, lo que no tiene ninguna explicación ni justificación desde ningún tipo de planteamiento político, ideológico, religioso, del Estado o de otro tipo.

Siempre que eso ocurre, todos los sectores de la sociedad reclaman que las autoridades políticas, judiciales y policiales avancen en esclarecer los hechos, dar con los culpables y llevar adelante los procesos judiciales que correspondan. En definitiva, que se conozca la verdad y se aplique la justicia.

Eso es lo que se reclama -y ahora se insiste- sobre cientos de casos de detenidos desaparecidos. Hay que conocer sus paraderos, encontrar sus restos, dar respuestas a sus familiares.

A 41 años del Golpe de Estado, es una situación imprescindible de atender. No se trata sólo del pasado; se trata de una situación presente, en tanto no está resuelta, y que incidirá en el futuro del país.

Es efectivo que Chile requiere de que exista verdad y justicia frente a toda acción terrorista y que el Estado haga todos los esfuerzos para evitar la impunidad y apoyar en concreto las demandas de las víctimas y de sus familiares.

No es retórica, como lo señaló la Presidente electa Michelle Bachelet, que el 11 de marzo se iniciará un proceso histórico para el país por el contenido del programa de la Nueva Mayoría que, para destacar ejes centrales, incluye una vital reforma tributaria, una necesaria reforma educacional, un imprescindible cambio constitucional y mejoras sustanciales en ámbitos laborales, de salud, vivienda, derechos de la mujer, de los pueblos indígenas, en cultura y la recuperación de una política exterior que permita recomponer los lazos constructivos y de integración con las naciones vecinas, con países como Brasil, y en general con los gobiernos de América Latina y El Caribe, Norteamérica, Europa, Asia y África.

Hay un factor que en su momento se planteó como un objetivo político e ideológico, y que hace posible llegar a este punto, y es que las fuerzas políticas y sociales democráticas, lograron derrotar a la derecha y sacarla de La Moneda.

Ese objetivo era determinante para poder dar curso al programa y los desafíos de transformación y evitar la prolongación de un gobierno cuya impronta fue “la letra chica” y la lejanía con las necesidades del pueblo.

Otro elemento clave fue que los partidos políticos progresistas, de centro y de izquierda, lograron establecer un acuerdo político y programático, coincidir en una sola candidatura presidencial y una lista parlamentaria única, generando una correlación de fuerzas capaz de convocar a la mayoría de la ciudadanía en torno de objetivos de cambios en el país.

Sin duda que el periodo que se abre tiene un sustento en una base electoral democrática de una mayoría de la población, y también da cuenta y responde a las movilizaciones y demandas de la sociedad civil y del movimiento social.

En todo esto han concurrido inteligencia programática, generosidad política y realismo, lo que permite, por ejemplo, que en este Gobierno que se inicia y en torno del programa actúen juntos socialdemócratas, socialistas, comunistas, democratacristianos y progresistas.

No es menor que el 11 de marzo asuma la presidencia de la Cámara de Diputados un militante de la Democracia Cristiana y la Primera Vicepresidencia un militante del Partido Comunista.

Lo que se inicia este martes, es un proceso que tiene objetivos bien definidos y en eso están comprometidas todas las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría.

Al contrario de lo que algunos quieren imponer como tesis, los problemas más serios no vendrán de legítimas diferencias propias de la diversidad de este acuerdo político y programático, sino de fuerzas de la derecha y conservadoras que querrán impedir los cambios y las transformaciones y cambiar la agenda del país.

En ello, por ejemplo, un primer escollo será la complicada situación económica que deja el gobierno saliente y el anuncio de una oposición de derecha que se opondrá a transformaciones sociales que son importantes para el pueblo.

Hay quienes deberían entender que por algo el martes 11 de marzo, Sebastián Piñera tendrá que devolverle la banda presidencial a Michelle Bachelet.

Lo que viene requerirá de un arduo trabajo del equipo de Gobierno, de una precisa labor de las y los parlamentarios de la Nueva Mayoría en el Congreso y de una presencia y participación de la sociedad civil y del movimiento social.

Se tratará de una amalgama que permita avanzar en beneficio de la mayoría de la población y de ir construyendo un país, como se ha dicho, más justo, más equitativo y más democrático.

Sin embargo, desde la perspectiva de las fuerzas democráticas, progresistas, de centro y de izquierda el tema no está del todo resuelto.Es imperioso que Michelle Bachelet obtenga el 15 de diciembre una alta votación que implique un nuevo respaldo a sus propuestas de reformas, cambios y transformaciones contenidas en su programa.

Esto significa garantizar que ese día concurran a votar quienes ya lo hicieron y realizar un trabajo de convencimiento a sectores de la población que no acudieron a sufragar el 17 de noviembre. En esto es imprescindible, asimismo, la movilización de las bases militantes políticas y sociales de la Nueva Mayoría y de otras organizaciones opositoras.

Así, elementos claves en estas semanas son la expansión del trabajo territorial en todo el país; la labor de captación de votos que hagan las y los parlamentarios electos; la difusión amplia y clara del programa de gobierno de la Nueva Mayoría; ir hacia el voto de abstención para convencer respecto de la necesidad de sufragar; movilizar a las bases de los partidos de la Nueva Mayoría; captar los votos del progresismo, el centro y la izquierda.

Se abre en estas semanas el objetivo de explicar amplia y claramente el contenido del programa que enarbola Michelle Bachelet y generar conciencia que votar por ella en segunda vuelta no es un simple acto electoral o formal, sino que una acción política en beneficio de los derechos del pueblo y los cambios necesarios en Chile.

Así también, esta segunda vuelta debe constituirse en otro rechazo a las posturas neoliberales, autoritarias, opuestas a los cambios que levanta la derecha, manteniendo y abriendo la distancia entre el porcentaje de votos de Michelle Bachelet y la aspirante de la Alianza.

Restarse a votar en segunda vuelta, es casi abjurar de la participación ciudadana.El voto con intencionalidad política de procurar los cambios que la ciudadanía exige es el primer acto de participación.

La abstención y los que llaman a ella o con su actitud la propician, en concreto solo favorecen a la derecha en su pretensión de quitarle legitimidad a la propuesta de cambios que el país requiere y la mayoría de los ciudadanos reclaman, más si se considera que resulta difícil pensar que desde el progresismo, el centro y la izquierda alguien se oponga, por ejemplo, a tener acuerdos para concretar la reforma educacional y tributaria, terminar con el binominal, dar derechos a las minorías sexuales y avanzar en el objetivo de tener una nueva Constitución.

En el periodo actual de nuestro país, el factor político-electoral constituye una herramienta fundamental para avanzar en la desarticulación del modelo neoliberal absolutista y hacia una nueva institucionalidad democrática.

Las semanas que vienen no son de pasividad, descanso o bajada de guardia de la oposición.

Deben ser días de gran unidad, de trabajo, desplazamiento territorial, difusión del mensaje de la Nueva Mayoría y tensión en la base social y política de la oposición para, precisamente, lograr un triunfo que de cuenta del extenso apoyo que concitan los objetivos programáticos comprometidos por la candidatura de Michelle Bachelet.

Comentaristas hablan de “la derecha a pique”, de la necesidad de “refundación” ante la pérdida de rumbo, y dirigentes como Lily Pérez, vocera de la candidata Evelyn Matthei, el senador Hernán Larraín (UDI), entre otros, plantean que su sector debe reorganizarse, refundarse, “hacer una revisión, evaluar liderazgos”, mientras se lee en la prensa la preocupación de RN y la UDI por los doblajes que con seguridad tendrá la Nueva Mayoría y los dejará con menos senadores y diputados.

En este panorama la postulante presidencial de la derecha optó por denostar y agredir a Michelle Bachelet, como pretender establecer dudas en los orígenes de los recursos para la campaña o usar el término “terrorífico” para referirse al programa de la candidata del progresismo y la izquierda.

La derecha parece llegar al término de un ciclo con sus tesis doctrinarias y se está quedando sin agenda para los nuevos tiempos y para las demandas ciudadanas más sentidas.

La candidata Matthei está anclada en defender la Constitución redactada e impuesta por la dictadura, en defender la pureza del modelo neoliberal, en imponer posturas retrógradas en materias de salud pública y derechos de minorías sexuales, en persistir en respuestas autoritarias a fenómenos y movilizaciones sociales, en aplicar políticas restrictivas y privatizadoras en área económica y social, en atrincherarse en los quórum parlamentarios para frenar las reformas que la mayoría social y política del país quiere impulsar.

En ese marco, Sebastián Piñera, intentando ser habilidoso como en los negocios que le reportaron alrededor de 100 millones de dólares más a sus arcas siendo Presidente de la República, se metió en el terreno de asumir discursos que tienen su origen en el sector democrático del país, para granjearse apoyos y distanciarse, de hecho, de la derecha y de quienes creen en Evelyn Matthei. Hasta ese punto llega la debacle del proyecto conservador.

Se constata que la derecha vive la ausencia de una agenda consistente y proyectiva para el Siglo XXI, no tiene respuestas contundentes a demandas ciudadanas y carece de liderazgos

Las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda sí tienen una agenda precisa para responder a los desafíos del Chile actual y futuro, al mediano y largo plazo. Cuentan con propuestas programáticas sólidas cuyos temas, por cierto, son respaldados por la población en cuanta encuesta se realiza.

Es contundente el liderazgo de Michelle Bachelet a nivel nacional y al mismo tiempo se posicionan y se afianzan otros liderazgos con proyección, que aspiran a llegar al Parlamento.

La inmensa mayoría está por una reforma educacional que camine a la gratuidad y la calidad; prácticamente todos quieren una reforma tributaria que haga que los grandes empresarios y consorcios paguen los impuestos adecuados y aporten más recursos para proyectos sociales; un alto porcentaje de la población reclama una nueva Constitución que contenga los derechos de pueblos originarios y de los chilenos en general; se quieren más hospitales, consultorios, remedios baratos y mejor Salud Pública; no hay trabajador que no quiera que cambie la institucionalidad laboral para recuperar sus derechos sindicales ampliamente y tener salarios dignos.

Todo eso, y mucho más, está en la agenda de la Nueva Mayoría, de fuerzas políticas y sociales democráticas, progresistas, de centro y de izquierda. Por eso la oposición tiene una tremenda dinámica política, electoral y social, está concentrada en cumplir objetivos, desarrollar la agenda, fortalecer el programa, discutir los matices y reforzar la coordinación y la unidad de sus sectores y organizaciones.

Si la derecha está a la baja, la Nueva Mayoría con todo lo que representa, está al alza.

Las fuerzas opositoras, que con toda seguridad sustentarán al próximo gobierno a partir del 11 de marzo del 2014, tienen agenda sólida y están dinamizadas en desafíos y tareas a cumplir.

En ese marco, se releva la necesidad de ganar la elección presidencial en primera vuelta y obtener los mejores resultados en las parlamentarias.Es necesario ir a votar para consolidar las propuestas y darle espacio a su materialización.

Sin embargo, este periodo que se viene y los meses recientes, no han sido de parálisis ni de pasividad por parte de quienes hoy son senadores o diputados y que forman parte de Nueva Mayoría, algunos de lleno en la contienda para la relección y otros asumiendo nuevos destinos en la vida política o social.

Se ha trabajado en el Parlamento por terminar con el sistema electoral binominal, por dar voto a los compatriotas que residen en el extranjero, se bregó por un salario mínimo de 250 mil pesos, se lucha por impedir que pasen leyes represivas y abusivas contra el movimiento social y ciudadano, no se dejó de plantear la necesidad de educación gratuita y pública, se apoyaron gestiones respecto a los derechos de los profesores.

Específicamente, en la Bancada del Partido Comunista, en coordinación con parlamentarios de Nueva Mayoría, se impulsó y sacó adelante la llamada Ley Emilia, que aumentó penalidad y sanciones a conductores ebrios que provoquen muerte o lesiones graves.

Se logró la aprobación en la Cámara de Diputados, por amplia mayoría, para declarar el primero de octubre como el Día Nacional del Adulto Mayor, que va en la línea de la propuesta de la Ley del Adulto Mayor, que le otorga derechos constitucionales a ese importante sector de la población.

Además, se está trabajando por lograr que el 11 de septiembre sea declarado el Día de los Derechos Humanos y Homenaje a las Víctimas de la Represión, como un acto cívico y de reparación, que pone a Chile a la altura de las naciones que han sufrido el crimen de lesa humanidad y la extendida violación a derechos civiles y humanos.

En las semanas que vienen, ya hay una preocupación por lo que será el presupuesto de la Nación y en ello la oposición trabajará por un marcado sello social, es decir, que se destinen más recursos a áreas como salud, educación, vivienda, empleo.

En el trabajo legislativo se ven materias que son sensibles a sectores de la población, pese a que el Parlamento no tiene atribuciones ni puede implementar o financiar proyectos, ya que ello corresponde al Ejecutivo.

Un ejemplo notorio de aquello es el reclamo que se hace, junto a la ciudadanía de esas comunas, por el paso a nivel del tren “Rancagua Express”, en Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, provocando afectaciones medioambientales, de conectividad, de acceso a servicios de salud y públicos, de seguridad vial, entre otros.

Todos los parlamentarios de ese distrito y esa circunscripción, transversalmente, plantean, al igual que los alcaldes, concejales, dirigentes sociales y vecinales, que en esos tramos el proyecto debe ser subterráneo.Como en comunas “acomodadas”, como Viña del Mar o la zona oriente de Santiago.

Todo esto tiene que ver con una continuidad y proyección del trabajo legislativo, pese al periodo electoral. Y de paso, rompe el cuestionamiento intencionado de que poco menos que los parlamentarios se olvidan de su labor.

De hecho, en campaña es como se va construyendo lo que será la agenda legislativa ciudadana, progresista y de izquierda del próximo periodo, en un escuchar y participar de chilenas y chilenos en todos lados.

Lo ocurrido ese día martes hace 40 años y todo lo que trajo para el país, no se puede abordar o querer finiquitar con actos mediáticos o declaraciones de buena crianza.

La posibilidad de reencuentro o de reconciliación se debe fundar, necesariamente y como lo establecen preceptos judiciales internacionales y de Naciones Unidas, en acciones de las instituciones del Estado (Poder Judicial, Ejecutivo y Fuerzas Armadas) y en acciones de distintos actores políticos, sociales e intelectuales. El reconocimiento de los hechos punibles por los responsables y el arrepentimiento deben preceder al perdón y el reencuentro.

En ese camino aparecen odiosas las tesis “del empate” o de que “todos fuimos responsables del Golpe”. Podemos asumir las responsabilidades de logros y errores en el periodo del gobierno de la Unidad Popular, pero la responsabilidad del Golpe de Estado no es atribuible a todos. Y mucho menos querer establecer “empates” de responsabilidades ante las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y exilio de cientos de miles de chilenas y chilenos.

Frente a las circunstancias que se vivían en 1973, el Presidente Salvador Allende, sus ministros, algunos personeros democratacristianos, fuerzas democráticas, la Iglesia, actores sociales y del mundo intelectual, y un segmento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales, hicieron las gestiones y plantearon las opciones para una salida democrática, pacífica y constitucional a los difíciles momentos que se vivían.

De hecho, el Presidente Allende ya había tomado la decisión de convocar a un plebiscito para que la ciudadanía decidiera sobre los pasos a seguir e incluso si él debía continuar o no en la Presidencia de la República.

Pero la derecha, oficiales golpistas, sectores del empresariado, entre ellos los representantes de la prensa mercurial, y el gobierno de Estados Unidos en manos de Richard Nixon y Henry Kissinger, optaron por otro camino y no dieron espacio ni aprobación a las salidas institucionales y pacíficas y decretaron que había que derrocar al gobierno constitucional y provocar una asonada militar, lo que fue facilitado por la postura del sector más opositor de la DC.

Se impuso una alternativa anticonstitucional desarrollada por la vía violenta. Es difícil que estos actores puedan negar hechos que están documentados por el Senado estadounidense y otras instituciones nacionales y extranjeras.

Esos son los hechos globales. Por lo demás, en aquellas circunstancias, como en otras a lo largo de 100 años, jamás el Partido Comunista optó por romper la institucionalidad, pasar por encima de la Constitución o buscar una salida de ruptura.

Por esa postura, el PC fue criticado por sectores de izquierda. Cosa distinta fue el supremo esfuerzo que se hizo por terminar con la dictadura de Augusto Pinochet, que persiguió de manera genocida a partidos políticos, organizaciones sociales y a gran parte de las chilenas y los chilenos.Y se hizo apelando al derecho a rebelión contra una tiranía, aceptado por las Naciones Unidas y la comunidad internacional regida por conceptos democráticos y humanistas.

A 40 años del Golpe, irrumpe con toda su crudeza en la sociedad chilena lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad por parte de instituciones y agentes del Estado realizando operaciones para exterminar ciudadanos opositores a ese régimen de facto.

Se conoce de un niño entregado a monjas después de que sus padres fueron asesinados por militares, la existencia de al menos nueve mujeres embarazadas que fueron asesinadas o desaparecidas sin conocerse el destino de esos niños y la fabricación y uso de armas químicas.

Frente a eso, hay que insistir que por el bien ético de la sociedad, por el cumplimiento de los deberes de las instituciones del Estado y por garantizar un futuro de estabilidad donde haya bases firmes para el “Nunca Más”, es necesario que exista toda la verdad, se aplique la justicia y haya reparación para las víctimas y sus familiares.

El país no puede ni debe renunciar al derecho de saber, el cual contiene el derecho a la verdad, ni al derecho a la justicia y el derecho a la reparación, como el remedio más eficaz a los nefastos efectos de la impunidad.

Cualquier intento de reconciliación debe sustentarse en conocer la verdad completa, en encaminar los procesos judiciales necesarios y garantizar la reparación a las víctimas y sus familiares. No con actividades mediáticas o frases comunicacionales.

Si hay algo que puede contribuir a un mejor futuro moral, institucional y de convivencia en la sociedad chilena, es que se aborde con seriedad y eficacia el tema de violaciones a los derechos humanos y se realice una investigación seria, se entregue la información por parte de los responsables civiles y militares, con total disposición a buscar el reencuentro, mediante todo el conocimiento de la verdad y de la concreción de la justicia.

Concurrir a votar en las primarias presidenciales y hacerlo por Michelle Bachelet, conduce a objetivos centrales como derrotar a la derecha, respaldar un programa de gobierno progresista y avanzado y demostrar que el pueblo participa en los ejercicios democráticos necesarios para avanzar en nuestro país.

Nadie podrá desconocer que un desafío del 30 de junio es lograr una amplia participación ciudadana y reducir los porcentajes de abstencionismo o no participación que pudiera darse.

Para ello hemos convocado al pueblo a informarse sobre sus lugares de votación, tener claro que pueden votar quienes militen en un partido o quienes no tengan militancia, y que lo pueden hacer todos los mayores de 18 años aunque no hayan hecho el trámite de registro electoral (ahora el voto es voluntario). Además, los militantes y simpatizantes de los partidos de la Nueva Mayoría deben hacer un esfuerzo por constituirse como apoderados de mesa para garantizar un proceso limpio.

Quienes tengan un compromiso con las transformaciones en Chile y quienes reclamen cambios en el país, tiene el deber y la necesidad de concurrir a votar en las primarias para fortalecer las opciones de cambio.

En las primarias se libra una más de las batallas por una nueva Constitución, por la participación ciudadana para tener una nueva Carta Magna, por avanzar en reformas en Educación y Salud, por tener una reforma tributaria que permita generar los recursos para los proyectos sociales, por generar modificaciones que permitan acceder a mejores pensiones, por avanzar en la descentralización del país beneficiando a las regiones.

Como las primarias tienen un sentido de participación ciudadana y de elección democrática, y todo apunta a que la Nueva Mayoría será la gran triunfadora, la derecha hace todo por desperfilar este proceso eleccionario, empezando por el gobierno de Sebastián Piñera.

La campaña del gobierno para promover la participación en las primarias es acotada y débil.

No se trabajó con eficiencia en cuanto al proyecto de franja televisiva y se postergó su aprobación como ley; hubo contradicciones entre informaciones de la vocera de La Moneda y el ministro del Interior; no se tomaron recaudos para garantizar el transporte y mucho menos se escuchó la propuesta de dejar gratis el traslado ese día; los personeros de gobierno se pusieron en la línea de la UDI, para que no se relevaran las primarias, en otro claro ejemplo de intervencionismo electoral.

A eso hay que agregar la mala gestión del SERVEL que cambió lugares de votación, juntó otros y dio información débil y contradictoria que, claramente, desincentiva la participación.

Por lo tanto el 30 de junio hay un doble desafío: concurrir a votar en las primarias y hacerlo por la candidata Michelle Bachelet, que es votar por el programa que queremos para el pueblo y el desarrollo del país.

De esa manera se culminará de manera positiva ese ejercicio democrático que se desarrolla por primera vez en nuestro país.

En una reunión con un grupo de parlamentarios, el Contralor de la República señaló de manera enfática que, según el informe de Contraloría, en Chile “no hay falsos exonerados”.

Añadió el funcionario que lo que existe o se investiga son irregularidades administrativas y que ellas no llevarían a determinar el quitar la calidad de exonerados políticos a miles de chilenas y chilenos acogidos a esa condición de acuerdo a la ley y que ni siquiera se han determinado delitos, razón por la cual la Contraloría no ha entregado estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado o a la Justicia.

El Contralor apuntó, en el encuentro con parlamentarios del Partido Comunista y de Izquierda Ciudadana, que ni él ni su organismo tienen nada que ver con la campaña política desatada por el gobierno de derecha en relación a este tema.

Junto a eso, va quedando que hay más dudas e incertidumbres en torno de lo planteado por el gobierno que, por lo demás, a través de algunas y algunos de sus personeros, llegó a cuestionar esta justa reparación del Estado hacia ciudadanos que fueron expulsados y despedidos de sus trabajos por la dictadura.

En todo caso, hay que reiterar que los parlamentarios de la oposición no nos oponemos a ninguna investigación seria, como también seguimos planteando que se investiguen los casos de violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuentan exonerados políticos.

Las leyes emitidas por el Parlamento respecto a los exonerados señalan que a esa categoría se llega por documentación que se pudiera aportar o por convicción de acuerdo a los antecedentes que se presenten.

Esto porque miles de chilenas y chilenos que fueron expulsados de sus lugares de trabajo por su adhesión al gobierno de Salvador Allende y su militancia de izquierda, no pudieron contar con documentación y papeles legales que acreditaran sus trabajos y/o pensiones.

Muchas y muchos de ellos fueron encarcelados, torturados, exiliados, marginados, colocados en listas negras y eliminados incluso de las listas de pensiones. El Partido Comunista puede presentar la dramática cifra de 300 de sus funcionarios que figuran como detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. Además, muchas de las empresas del área social fueron privatizadas y no entregaron ningún antecedente.

La Ley es clara en otorgar el derecho a reparación a todo exonerado en Chile.Simplemente el Estado cumple con su responsabilidad de reparar un daño a una persona que fue dejada cesante, perseguida, encarcelada, exiliada, desprotegida. Ello, porque fueron entidades y autoridades del Estado los que provocaron esa situación, en la que tuvieron responsabilidad muchos de los que hoy están en el gobierno.

Por lo demás, la calidad de exonerado responde a leyes aprobadas por el Parlamento, incluso con votos favorables de partidos de la derecha.

Es decir, los miles de exonerados simplemente se acogen a una reparación del Estado y a leyes adoptadas por el Congreso, por ello, salvo que exista una prueba de aprovechamiento ilícito muy fehaciente ante la Justicia, no se les debe suspender el pago de pensiones, de lo contrario, la derecha de nuevo estaría incurriendo en una arbitrariedad absoluta, en una inmensa injusticia en materia de derechos humanos en Chile.

Sin embargo, el gobierno y los partidos de derecha quieren pasar por arriba de todo aquello y montaron una campaña de terror, retrotrayendo la situación a la que vivieron los exonerados y miles de víctimas de la dictadura. La derecha quiere tender una manta de duda respecto al derecho de miles de chilenas y chilenos beneficiados por leyes aprobadas por el Parlamento.

Eso, además, tiene una finalidad electoral para afectar a la candidata Michelle Bachelet.

A la derecha nunca le ha gustado que haya reparación y apoyo para los exonerados, para los presos y torturados, para las familias de los más de tres mil detenidos desaparecidos y ejecutados políticos porque al aprobar estas leyes se están reconociendo algunos de sus propios pecados de lesa humanidad. Sólo una larga y dura lucha de las víctimas pudo hacer efectivo el derecho a reparación del Estado.

Es un momento en que hay que reivindicar y defender un derecho. Mantener una actitud de dignidad porque aquí nada se mendigó ni de nada se usufructuó; es necesario que se sepa, además, que gran parte de las reparaciones se financian con lo que muchos de los favorecidos ya habían pagado al fondo de pensiones.

El Estado debía hacer la reparación y la hace. Quienes no tengan ese derecho, será algo que determine la Justicia y no personeros de gobierno o de la derecha con campañas y maniobras electorales.-

Lo cierto es que de alrededor de 60 distritos, las negociaciones que efectuamos llevaron a que podríamos haber realizado primarias en ocho distritos, donde no pudo existir acuerdo. En la mayoría de los casos estábamos coincidiendo. Los comunistas estábamos de acuerdo en ir a primarias, nunca nos opusimos y no nos opondremos. Estuvimos por sellar el acuerdo en base a los distritos cerrados y competir en primarias en los otros.

Cada partido tendrá que asumir su cuota de responsabilidad en esta situación y esperamos que las conversaciones de esta semana permitan, realmente, avanzar hacia un acuerdo y materializar las primarias necesarias en condiciones equitativas para todos.

Lo que sí hay que plantear es que las negociaciones deben reiniciarse en donde las dejamos, con un acuerdo que se ha hecho en base al veredicto popular y ciudadano sobre los partidos, como son los resultados de las dos últimas elecciones de concejales y con el claro propósito también de romper el binominalismo imperante.

Por lo demás, los comunistas estamos de acuerdo en que la lista parlamentaria se abra hacia todos aquellos que quieran participar y que provengan de la oposición y compartan las demandas y propuestas fundamentales que se están planteando en un programa de claro sentido democrático, social y popular.

Hay un tema de fondo en todo esto que algunos quieren eludir. Se puso el eje en realizar o no primarias. Eso finalmente puede encontrar caminos. Pero el eje real, el tema de fondo, es la continuidad del sistema electoral binominal, tremendamente inequitativo, vulnerable de la soberanía popular y que no permite la representación proporcional y realmente democrática.

Lo perverso es la existencia del binominal que incluso complejiza y amarra acuerdos electorales entre distintos partidos y conglomerados.

Precisamente, el que nos planteemos tener mayoría democrática en el Parlamento, apunta a que se puedan cumplir objetivos demandados por la ciudadanía, como cambiar el sistema electoral binominal por uno proporcional.

Es imprescindible que en estos días prime el criterio estratégico, la generosidad, la racionalidad democrática, la equidad, el análisis de representación a partir de los resultados de las elecciones de concejales y la consideración de la calidad e instalación de las y los mejores candidatos de la oposición, para lograr un lista parlamentaria unitaria que permita avanzar y concretar un programa único de la oposición de claro contenido democrático, de avance social y transformaciones que requiere el país.-

En ello es primordial abordar el tema de los derechos de los trabajadores. Y observamos que, en general, las propuestas en este ámbito todavía son insuficientes, parciales o no apuntan al fondo de las reivindicaciones. Para qué hablar de los candidatos de la derecha; brillan por su ausencia en materia de transformaciones laborales.

La verdad es que las demandas del sector trabajador son claras y precisas. Y se pueden asumir con voluntad política y con sensibilidad social.Estamos hablando, por cierto, de la gran mayoría de nuestro país.

Es esencial concordar en una nueva institucionalidad laboral, un nuevo Código Laboral establecido en democracia, que resuelva las brutales trabas a los derechos laborales que impuso la dictadura.

Tal como lo plantean los propios trabajadores es necesario introducir cambios en el sistema privado de pensiones para garantizar jubilaciones dignas y que los empleadores hagan aportes adecuados.

Hay que avanzar al pleno respeto y ejercicio de los derechos a huelga, sindicalización (inclusive interempresas) y negociación colectiva.

Hay que terminar con la facultad de los patrones de contratar personal rompehuelgas para enfrentar paralizaciones de los trabajadores y afianzar el rechazo a despidos por necesidad de la empresa.

Tenemos que avanzar en la sindicalización automática. Eliminar el MultiRut que merma considerablemente los derechos laborales. Sacar adelante proyectos que apunten a garantizar la seguridad y prevención de los trabajadores y que los accidentados reciban el apoyo adecuado.

Hay que avanzar hacia el salario mínimo justo y digno de 250 mil pesos y hacia reajustes salariales realistas para los empleados fiscales, sector privado y otros segmentos de trabajadores.

Existen las condiciones para avanzar en todo ello y la y los candidatos presidenciales y parlamentarios deben pronunciarse claramente, más aún, cuando Chile ha suscrito tratados internacionales que, de ponerse en práctica, podrían significar el cumplimiento de muchas de estas justas aspiraciones del mundo laboral chileno.

Es necesario que los aspirantes a La Moneda incluyan en sus programas esas u otras medidas y que se incorporen al programa de un futuro gobierno. Es necesario también que los aspirantes al Parlamento se comprometan a aprobar las leyes que se requieren para mejorar las condiciones de las y los trabajadores.

Hay que señalar, por cierto, que los trabajadores y la población deben otorgar el voto a las y los candidatos que reivindiquen los derechos laborales, que hoy están representados en la oposición, para tener las mayorías necesarias en el Congreso para concretar las leyes que se necesitan.

Es en esta línea, con contenido y argumentación, que respaldamos las movilizaciones convocados por la Central Unitaria de Trabajadores a una gran marcha el Primero de Mayo y a las movilizaciones convocadas para el 11 de julio. Allí se mostrará la fuerza y el empuje de las organizaciones sindicales para afirmar sus demandas ante un gobierno que no escucha y se hace el leso con las reivindicaciones laborales.

Las movilizaciones por demandas justas que realizan portuarios, funcionarias de la Junji e Integra, Anef, trabajadores del cobre y subcontratados, artistas, profesores, trabajadores del petróleo, de servicios, de grandes empresas como Lan Chile y del retail, trabajadores y funcionarios de la salud demuestran la necesidad de modernizar nuestro Código Laboral.

No se trata como quiere instalar el gobierno de derecha y la ministra del Trabajo de optar por la crítica, la confrontación y la afectación del país.

Muy por el contrario, se trata de reivindicaciones para mejorar las condiciones de las y los trabajadores, para que Chile avance en derechos laborales y tengamos una sociedad más justa y equitativa, mejores posibilidades de desarrollo y en especial, atacar a fondo las desigualdades vigentes.

Así quedó demostrado en sus tardías y más mediáticas que eficaces reacciones ante la crisis por cortes de agua producto de avalanchas, pero más que nada por ineficiencias de Aguas Andinas, a raíz de su privatización absoluta por parte del Presidente Sebastián Piñera.

También,frente al incendio ocurrido en Valparaíso -consecuencia ampliada por malas condiciones de construcción, viviendas modestas de pobladores que no tuvieron apoyo habitacional-, situación que se repite con la muerte de personas en siniestros en la Región Metropolitana; tomas producto de la carencia de casas y bajos salarios, etc. A ello se suma la débil postura presidencial por el caso de Johnson & Johnson y el “perdonazo” del Director del Servicio de Impuestos Internos.

También se demuestra en la insistencia de Sebastián Piñera de convertir en un hecho comunicacional, de carácter político-electoral, la conmemoración del terremoto del 27 de febrero de 2010, centrándose su administración en criticar al gobierno anterior, dejando de asumir que, esencialmente, en esa oportunidad quedó evidenciada una deficiencia del Estado y del sistema institucional para encarar ese tipo de desastres naturales, fallando la Onemi, las Fuerzas Armadas (Shoa) y otras entidades.

Además, nadie tiene realmente claro el nivel de avances del proceso de reconstrucción, que está por debajo de las cifras oficiales, y las modalidades de solución para las comunas y localidades más afectadas.

Para subir en las encuestas y aparecer con una gestión firme, Piñera lleva varias semanas enfrentándose con el Mandatario boliviano Evo Morales, a propósito del arresto de tres soldados del país vecino en circunstancias no del todo claras, y que la mayoría coincide era un tema de fácil solución acorde con las prácticas limítrofes.

En estas semanas, el Ejecutivo anuncia apenas pinceladas para un aggiornamento del sistema electoral, pero sin entrar a resolver los temas de fondo de la institucionalidad política del país, como es terminar con el binominal y otorgar derecho a voto a los compatriotas residentes en el exterior.

A eso se agrega la continua renuncia de funcionarios de La Moneda que se van al sector privado, vislumbrando la derrota que se viene a finales de año.

Sebastián Piñera y su administración más bien van respondiendo a contingencias y hechos exógenos (corte de agua, incendio en Valparaíso, detención de soldados bolivianos, 27-F).

Se vuelve a comprobar que es un gobierno sin sello, sin impronta, sin agenda sólida propia, sin destino de marca histórica.

Por lo demás, ya se le agotó el tiempo para intentar revertir esa situación. El 21 de mayo entrega su último informe (que anuncia ser precario) y en noviembre ya estará prácticamente decidido quién será la o el nuevo Presidente de la República.

Todo esto no es privativo de que el gobierno, junto a los partidos de la derecha, estén usando sus poderes financieros, fácticos, comunicacionales y autoritarios para intentar revertir la situación y sobre todo, tratar de no sufrir una catástrofe política y electoral en noviembre en las elecciones presidenciales y parlamentarias, como ya les ocurrió en las municipales.

En este cuadro se inscriben las demandas y las movilizaciones sociales y ciudadanas para que el país avance en transformaciones sociales, económicas, laborales, educacionales, medioambientales y en reconocimiento de los pueblos originarios.

Se abre una puerta más ancha para que la oposición avance con sentido unitario hacia una candidatura presidencial común y una lista parlamentaria unitaria, todo sustentado en un programa de gobierno democrático, progresista y transformador, que el pueblo debe conocer, discutir y hacer suyo.

Los actores de la oposición deben mantener un compromiso claro con esas demandas, movilizaciones, unidad y programa, sin interponer barreras insalvables y rígidas.

Todo aquello es la llave para el avance democratizador y de justicia social en el país, para desplazar a la derecha del gobierno y tener una mayoría sustancial en el Parlamento. En la situación que está la administración piñerista y los partidos y candidaturas presidenciales de derecha, las condiciones son casi inmejorables para la oposición, si se actúa con voluntad política clara y decisión unitaria.

El Partido Comunista va a perseverar en la línea del programa común, de la lista parlamentaria unitaria, de la unidad de la oposición, de la movilización y de la demanda social y ciudadana. En ello es positivo y necesario que el programa entre hoy en una fase de encuentro y reflexión con el movimiento social del país, para tener un proyecto que interprete a las grandes mayorías.

La oposición hoy tiene una impronta, una agenda y un sello. Así lo definen sus propuestas programáticas que buscan un compromiso de solidaridad, equidad, justicia, democratización, soberanía e interpretación de los derechos sociales del pueblo.

Básicamente, hemos visto una constante en cuanto a priorizar por iniciativas sociales o por iniciativas de corte represivo frente a realidades que se producen en nuestro país y que involucran a sectores sociales, movimientos ciudadanos y los pueblos originarios.

En efecto, ante los sucesos de violencia en La Araucanía, lo primero que hace el Gobierno, respaldado por los partidos de la derecha, es recurrir a la Ley Antiterrorista, manejar la posibilidad de aplicar estados de excepción, reforzar los contingentes policiales y las tareas de Inteligencia.

Más aun, desde las colectividades de derecha se critica duramente la labor de Inteligencia y se pide mayor efectividad de los organismos de seguridad. Se parte de la base de que con ello se pueden “resolver” los casos de violencia y confrontación.

En ese marco, el Presidente Sebastián Piñera anunció que en marzo pondrá suma urgencia en el Parlamento al proyecto de ley de Fortalecimiento del Orden Público, conocido masivamente como “Ley Hinzpeter” y cuyo propósito esencial, más allá de eufemismos, es aumentar las penas y sanciones a quienes participen en movilizaciones sociales y ciudadanas.

Las palabras de la vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, fueron claras: que el Congreso “discuta un nuevo marco de orden público, va a ser atendible a cualquier tipo de movilización o manifestación donde estos cobardes se disfracen para crear inseguridad, para crear destrucción o lesionar a personas o bienes en particular”.

De esta manera, se corre el peligro de que el Estado pretenda dar solución a situaciones sensibles y de origen social y ciudadano, aplicando “mano dura” y medidas represivas frente a fenómenos que tienen raíz en fallas institucionales, injusticias, precariedades económicas, marginalidad, ausencia de respeto a derechos, realidades sociales, económicas y laborales.

Sobre lo ocurrido en La Araucanía es claro que nadie, absolutamente de ningún sector político, social o indígena dejó de rechazar el crimen del matrimonio, como también, en su momento, todos esos sectores -excepto la derecha- condenó enérgicamente el asesinato de comuneros mapuches, cometido a manos de carabineros.

Desde la perspectiva del Estado y del estado de Derecho, lo que corresponde, sin duda, es garantizar la investigación, procesamientos, condenas, etc. En ello es adecuado no olvidar lo señalado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la entidad pública encargada de estos asuntos y que pidió que frente al homicidio del matrimonio en Vilcún se actúe con eficacia policial y que los responsables sean juzgados “de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda”.

El INDH planteó que eso debe ser con “respeto al estado de Derecho y a los estándares de derechos humanos a los que nuestro país se ha obligado”. En un comunicado, el Instituto estableció que “volvemos a afirmar que la Ley Antiterrorista, tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso”. No sólo eso; el INDH resaltó que “nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los/as responsables”.

A lo anterior, se agregaron declaraciones de juristas, como la académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, quien sostuvo que “un incendio con resultado de muerte, tiene una pena mínima de 15 años y un día y puede llegar hasta el presidio perpetuo”.

Es decir, “si es por merecimiento de pena”, la legislación penal común lo establece claramente.

La Ley Antiterrorista en realidad más que afectar a quienes cometieron ese crimen, produce un efecto negativo, represivo, hostigador, limitador de derechos, a un conjunto de ciudadanos y, en este caso, a las comunidades indígenas.

Tal fue el argumento jurídico e institucional levantado desde distintos sectores ciudadanos y políticos que llevó al Gobierno a desechar la idea de estados de excepción, más aun cuando no hay pruebas sobre la existencia de financiamiento relacionado con “grupos terroristas” como lo declaran personeros de la derecha.

En definitiva, más que medidas punitivas, represivas y autoritarias, los problemas y situaciones que enfrentan sectores del país requieren de iniciativas sociales e institucionales. Es decir, hay que entrar al fondo y el origen de los temas.

En el caso de los pueblos originarios, que se concreten diálogos reales y serios con representantes de las comunidades; que se respeten sus derechos culturales, el Convenio 169 de la OIT, que se desarrolle una nueva política de devolución de tierras, que se avance en resoluciones institucionales y se logre constituir un Estado Multinacional en nuestro país.

Ya se han entregado, desde organismos internacionales y nacionales, y desde las organizaciones indígenas elementos de discusión que el Estado y su institucionalidad debe incluir a la brevedad.

Las protestas, marchas, manifestaciones, tiene que ver con reducir y solucionar las demandas estudiantiles, laborales, de pescadores y pobladores, de minorías sexuales, movimientos medioambientalistas y otros ámbitos, con dar respuestas a los problemas sociales y económicos que, sin duda, afectan al grueso de la población. Avanzar en justicia social, equidad económica, redistribución de la riqueza, educación y salud gratuita y de calidad, viviendas dignas, solución de problemas en regiones, etc., es una manera de reducir la protesta social y la desesperación y enojo de los ciudadanos.

Tener un mejor país con derechos respetados y ejercidos, con justicia social y económica, es lo que garantiza el fin de la violencia, la protesta y la confrontación.No las iniciativas represivas y autoritarias.