Pero esto no tiene ninguna relación con las cifras que presenta el estudio elaborado por el Gobierno de Chile y CEPAL, denominado  “Estimación del gasto público ambiental”. Este  representa un cable a tierra entre el discurso político y la realidad de las cifras. Según el estudio antes mencionado, el gasto público estimado para el año 2012 fue de  145.042 millones de pesos, lo que equivale a  260 millones de dólares y representa el 0,1% del PIB para ese año, el más bajo de los países OCDE.

Según se señala en el documento para su elaboración se analizó y utilizó la ejecución presupuestaria del año 2012, considerando el gasto en materia ambiental efectuado por 30 servicios públicos, pertenecientes a los ministerios de Medio Ambiente, Interior, Agricultura,   Educación,  Defensa, Obras Públicas, Salud, Minería, Vivienda y Transporte.

Al revisar el estudio constatamos con incredulidad que pese a la gran cantidad de Servicios Públicos considerados para hacerlo y que la cifra total puede parecer baja, la situación es más dramática cuando se llega al monto gastado por habitante durante el año 2012, pues es la magra cifra de $ 8900 por persona durante todo un año, lo que equivale a  24,3 pesos diarios o sea la nada misma. Este es un duro golpe a la realidad, pues refleja claramente la importancia que le han asignado y le asignan las autoridades, particularmente el ministerio de Hacienda, al cuidado del medio ambiente.

El informe detalla ciertas áreas de gastos y dada la contingencia país, donde la contaminación atmosférica parece ser un problema sin solución que año a año aumenta en las ciudades del sur de Chile y en la Región Metropolitana, lo que sin duda merece una seria revisión.

Para que usted sepa el informe en cuestión no dice si las normas son suficientes, o  si son buenas o malas, o si están bien o mal aplicadas, sólo hace referencia a plata del gasto público. Por ello, pese a lo que digan las autoridades, el informe es concreto nos dice cuanto es el gasto público y para saber la cifra sugiero que se prepare.

El Estado de Chile estima su gasto público en calidad de aire y cuidado del clima en 4,2 % de 8.900 pesos habitante/año; ahora saque su cuenta, pues son  373,8 pesos por persona al año, aproximadamente la mitad de un pasaje de Transantiago.

Saque sus conclusiones, si el gasto público es de $8.900 por habitante al año y 378 pesos son para temas de calidad de aire y cambio climático por habitante al año, la explicación es casi innecesaria, está claro por qué la contaminación del aire en muchas ciudades cada año es peor, los planes de descontaminación son poco eficientes, las empresas son poco fiscalizadas y multadas;  también las razones de la existencia de zonas de sacrificio y muchas cosas más.

Lo que entendemos es que las autoridades han abandonado a los más vulnerables en materia de medio ambiente y en particular de contaminación, los han dejado a su suerte para que las empresas sigan haciendo lo que quieren y las zonas de sacrificio sigan prosperando.

Lo bueno de este documento, es que nos trae una realidad que de una u otra forma sabíamos que existía, además genera una metodología que permitirá de ahora en adelante repetir el estudio y ver cómo vamos, cosa que no era posible antes, también será posible compararnos con otros países de la OCDE, eso es algo.

Ahora sólo queda asumir un rol activo para que las autoridades, aquellas que definen los presupuestos ministeriales y el gasto público amplíen su mirada y se den cuenta que no se puede asignar un presupuesto a calidad de aire y cuidado del clima que sea inferior al valor de un pasaje de Transantiago.

Y sobretodo  tenemos que ser activos en no permitir que autoridades y políticos digan que hacen algo para reducir la contaminación que afecta a los habitantes de Chile, puede que tengan voluntad, pero la realidad se mide en pesos y son $8.900  por habitante al año, de los cuales sólo $373,8 se destinan a calidad del aire y cambio climático. Lo invito a revisar el informe, puede sorprenderse aún más.

También sería maravilloso que el gobierno finalmente se convenciera que proteger los glaciares es importante para Chile y el mundo, pues son ecosistemas valiosos como reservas de agua, los que además están permanentemente aportando agua a las cuencas y con ello ayudan a mantener ecosistemas y proveer de agua a centros poblados. Pero también que se les reconociera su importancia para el planeta en particular por su capacidad de morigerar los efectos del cambio climático.

Pero las cosas no son así, pese a que el 21 de marzo del 2014 la presidenta Bachelet se comprometió con una Ley de Protección de Glaciares, la propuesta del Ejecutivo deja mucho que desear, por decir lo menos es poco ambiciosa y nos deja en el mismo lugar en que estamos.

Es decir, protegiendo sólo los glaciares que están en Parques Nacionales, de hecho de los más de 24 mil glaciares catastrados por la Dirección General de Aguas, sólo 7.958 se encuentran en ellos.

La gravedad del proyecto del gobierno se agranda cuando identificamos por región donde están los Parques Nacionales que tienen glaciares y nos damos cuenta que en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule la superficie de glaciares protegidas por este proyecto es cero.  

Hay que tener presente que los glaciares que se encuentran en otro tipo de área protegida como reserva o monumento natural, no están amparados en este proyecto de ley. Por tanto,  hay más de 15 mil glaciares que el proyecto del gobierno no protege, siendo la zona norte y centro sur la más afectada y donde es más urgente lograr la protección absoluta de estos valiosos cuerpos de agua.

Otro dato alarmante y no menor es el presupuesto asignado a la protección del 80% de los glaciares de Sudamérica, sólo 400 millones de pesos al año, un presupuesto claramente insignificante.

Todo esto devela que no hay intención de proteger nada y por más que existan parlamentarios hablando de la importancia del proyecto del gobierno, el compromiso de la Presidenta y el gran avance que significa esta ley pues establece la figura de Reserva Estratégica, en mi opinión son sólo palabras que intentan confundir, pues en lo concreto para crear una Reserva Estratégica hay que meterse en la letra chica donde  se establece claramente que se deben hacer estudios , pero ¿cuánto demorarán estos?,  ¿quién los paga? la propuesta presentada no consigna esta plata, o sea en buen chileno no se harán y no tendremos más que un par de reservas estratégicas para no decir que esto fue un total fracaso.

También han hablado algunos parlamentarios de “invertir la carga de la prueba”, es decir declarar todos los glaciares reserva estratégica y el que quiera desafectarlos que pruebe que no deben tener esa calidad, entonces vienen más preguntas ¿quién va a pagar esos estudios?, ¿las mineras o el  Estado?, ¿quién va a dar garantías de que los estudios están bien hechos?

La verdad este es un lio, pues el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no resuelve problemas, más bien los crea, ya que confunde a las personas y también a los parlamentarios, también existirá uno que otros que se puede hacer el confundido.

Estamos a pocos días que se comience a discutir esta iniciativa y no hay ninguna claridad de hacia donde apunta el gobierno, pues en las palabras dice protección de glaciares y en los hechos “no gracias”. Esto traspasa el problema a los legisladores pues ¿cómo van explicar sus votaciones los diputados de las seis regiones donde no hay glaciares en Parques Nacionales?, los otros al menos tendrán la excusa que algo protegieron.

¿Quién les va a creer que detrás de esto no están las grandes mineras que quieren desarrollar sus proyectos en esta zona?, pues sólo basta ver hacia donde apunta el desarrollo minero de Chile y la agenda pro inversión.

Por suerte quedan algunos días para que votantes, gobierno y parlamentarios hagan un esfuerzo en comprender la importancia de proteger los glaciares, que nos pertenecen a todos, si la República Glaciar no dice otra cosa. Comprender que ellos no sólo tienen importancia para Chile, la tienen también para la región y para el planeta. Que tenemos la oportunidad en los hechos y no en los discursos o en los check list ante organismos internacionales, que Chile se la juegue verdaderamente por proteger un bien común, este sería ¡un gran regalo!

A fines del gobierno de Sebastian Piñera se promulgó el D.S. N° 20 del ministerio de Medio Ambiente, que derogó la norma anual de PM10 que se había establecido en el D.S. N° 59 del año 1998, mediante el cual se establecían dos normas para el material particulado denominado MP10, una norma diaria de 150 µg/m3 y una norma anual de 50 µg/m3.

La importancia de la norma anual radica por una parte en que sólo permite que exista una cantidad limitada de días en que se alcanzan límites máximos de norma diaria. Su importancia está ligada a la vigencia de los planes de descontaminación, pues varios de ellos se dictaron o está comprometida su dictación en función de la norma anual de MP10.

Por tanto al no existir norma anual de  MP10, no es posible dar cumplimiento a los planes dictados en función de dicha normativa, tampoco elaborar nuevos planes en base a una norma inexistente y lo que es peor limitar los días del año que se alcanzan máximos niveles.

Probablemente por ello en diciembre de 2014 y tras el alegato de comunidades y Alcaldes  de Zonas de Sacrificio (Puchuncaví, Tocopilla y Huasco) el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por unanimidad resolvió derogar el D.S. N° 20 de 2013, es decir dictaminó que el proceso por el cual se había derogado la norma de MP10 era irregular y le ordenó al ministerio de Medio Ambiente  abrir un nuevo proceso para la dictación de la norma MP10, proceso que aún no se inicia, al menos públicamente.

Además para proteger a la población le ordenó reponer la norma antigua, es decir el D.S. N°59, mientras se dicta la nueva normativa. Lo sorprendente de esta situación es que el ministerio de Medio Ambiente representado por el Consejo de Defensa del Estado en vez de acatar el fallo del Tribunal Ambiental, recurrió de casación ante la Corte Suprema, recurso que aún está pendiente de resolución. Y no se entiende cómo el gobierno pretende hacer recuperación ambiental y social sin la existencia de normativa, instrumento necesario para hacer gestión.

La gravedad de lo anterior radica en que desde de 2013 no contamos con una norma de MP10. El material particulado grueso o MP10 se caracteriza por ser origen natural o antropogénico y puede ser entendido como polvo en suspensión o resuspendido. Este se origina por tránsito en caminos pavimentados o no, por procesos industriales como minería o de la quema de leña para calefacción, entre otros. El de origen natural en cambio puede provenir de la erosión, pero también de erupciones volcánicas como las que hemos vivido en el último tiempo.

Actualmente existen suficientes antecedentes médicos que indican la incidencia en la salud de las personas que tiene este tipo de material particulado. Por ello, es difícil comprender las razones por las cuales nuestras autoridades no han repuesto al menos la norma del MP10 del año 1998.

Si bien sabemos que el actual gobierno ha generado un instrumento de utilización temporal denominado “alerta sanitaria”, que le permite hacer gestión frente a episodios críticos, parece ser del todo insuficiente dado los niveles de contaminación que afectan a algunas comunas del país, las llamadas  Zonas de Sacrificio.

Situación que se torna más preocupante con los recientes hechos ocurridos en el país: incendios forestales, lluvias intensas en el norte que desataron una catástrofe, la cual tendrá como consecuencia mayor cantidad de polvo en suspensión, es decir MP10,  y más recientemente con la erupción volcánica del Calbuco. La existencia de normativa si bien, no soluciona los problemas y menos aquellos ligados a fenómenos naturales, le entrega herramientas a la autoridad para gestionar y planificar, cosa que hoy no existe y parece ser importante.

Por ello, urge que nuestras autoridades ambientales repongan el D.S. N° 59 el cual contempla la norma anual de MP10; poder cuidar la salud de la población y tomar medidas para protegerla es un mandato que está en la Constitución y debería ser respetado. No queremos seguir sumando comunidades afectadas y municipios a las Zonas de Sacrificio ya existentes en nuestro país.