Hoy hay evidencia que también existen pequeñas, grandes-naciones que son fuertes por su pujanza, por sus valores, creyendo en sí mismas, construyendo los cimientos de un futuro para todos(as) sin distinción de pensamiento político, religioso o de género y dejando atrás un pasado ignominioso.

Hoy, a las puertas de un debate nacional sobre nuestra nueva Constitución, no debemos solo preocuparnos de los mecanismos de cómo se llevará a cabo, también debemos debatir en torno a los elementos que se incorporarán en esta Nueva Carta Magna. Para ello, es razonable interiorizarse de otras experiencias.

Uno de los ejemplos más notables, es el de la República Tunecina, conocida como Túnez.

Los tunecinos han aprobado una nueva Constitución y la han llevado a cabo a través de una Asamblea Constituyente, que no ha estado exenta de traspiés, dudas y retrasos.

El pequeño país ubicado al norte de África, con solo 10.8000.00 habitantes, inició la revolución en el mundo árabe, llamada la Revolución de los jazmines, un movimiento no violento que expulsaría del país al sangriento dictador Ben Ali. Las elecciones a la Asamblea constituyente de Túnez de Octubre 2011, conocidas por ser las primeras elecciones democráticas en Túnez, desde 1956, permitieron la designación de los 217 miembros encargados de redactar y adoptar una nueva Constitución.

Hoy la Constitución Tunecina, aprobada por esta Asamblea el 27 de enero pasado, consagra las libertades y derechos fundamentales, libertad de conciencia y pensamiento, igualdad de género ante la ley, como también libertad de expresión y prensa, el derecho de acceso a la información.

Esta Carta Magna está conceptuada como la más avanzada en el mundo árabe, si se observa que en este mismo lapso de tiempo, Egipto tuvo dos constituciones y, más aún, las fuerzas armadas derrocaron al primer presidente electo y nuevamente tomaron el control del país. En Libia a más de dos años del derrocamiento de Gadafi, se han profundizado las divisiones regionales y las tribales se han incrementado.

La diferencia reside en que en Egipto, no hubo un debate público, solamente comités nombrados, donde la sociedad en su conjunto fue el protagonista ausente.Hoy Egipto enfrenta una crisis social y es difícil de predecir su alcance.

En la República Tunecina, la Asamblea Constituyente elegida está conformada por liberales, izquierdistas e islamistas que se abocan a echar las bases de la nueva constitución, que sin ser perfecta es la base del consenso y respeto para todos sus ciudadanos.

Uno de los cambios más relevantes, en el contexto árabe, es el término de la sharia o ley islámica como la base del sistema judicial y también el respeto a la libertad religiosa.

Otro elemento destacado es que esta constitución obliga al Estado a contribuir a la protección del clima, resguardando el futuro de las nuevas generaciones.Agrega, que el Estado proveerá los medios para eliminar la polución del medio ambiente. Con esto los tunecinos han elevado lo referente a cambio climático a un concepto de ley internacional.

Túnez, es el tercer pequeño país, que incluye el cambio climático en su Constitución. Ecuador y República Dominicana también lo han hecho.

Hay otros países, que sobre este tema han incluido en sus Constituciones “el derecho de vivir en un medio ambiente saludable.” En efecto, no han pasado de ser solo palabras de buena crianza. La inclusión de “cambio climático” en una Constitución, va mucho más allá si le entrega al Estado derechos y deberes a cumplir.

Esto ocurre a diferencia de las llamadas grandes naciones, donde el cambio climático es un tema olvidado. Ni pensar que lo incorporarían en sus Constituciones porque obviamente que en este ámbito cuentan con el beneplácito de las grandes corporaciones.

Hoy, Túnez, Ecuador y la República Dominicana están sentando un precedente, que deberían seguir otras naciones.En Chile, a las puertas de un debate nacional para un cambio a la Constitución antidemocrática de Pinochet, que fue escrita por unos pocos para gobernar a muchos, debe incluirse el tema del cambio climático como corresponde a una constitución moderna.

El programa de la Presidenta electa Michelle Bachelet, nos indica que se debe establecer una nueva relación con los recursos naturales, incluyendo un plan nacional para reducir la emisión de gases y cumplir con el compromiso asumido por Chile en la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático del 2009.

Tomando en consideración lo propuesto por la Presidenta electa, nada impide que Chile incorpore a nuestra futura Constitución democrática, el cambio climático.

Tal decisión nos permitiría unirnos a los pequeños-grandes-países, como Ecuador, República Dominicana y Túnez, que con visión futurista dan una lección a las grandes potencias que han demostrado ser pequeñas en la defensa del medio ambiente.

Otras opiniones indican su preocupación porque el Tribunal de la Haya, emita su fallo no ajustándose a Derecho.

La función del Tribunal Internacional de Justicia, conocido como Tribunal de la Haya por estar radicada en esa localidad (los Países Bajos), fue establecida por las Naciones Unidas el 26 de Junio de 1945, como una institución dedicada a solucionar en forma pacífica controversias internacionales.

Desde 1946 la Corte ha dictado 114 sentencias relativas a fronteras terrestres, delimitaciones marítimas, violaciones al Derecho Humano Internacional y el derecho al Asilo, entre otras.

Además ha emitido 27 dictámenes, desde las consecuencias jurídicas del levantamiento de un muro en el territorio Palestino bajo ocupación, la admisión de Estados a la ONU, el estatuto territorial del Sahara Occidental y del Sudoeste Africano (Namibia), entre otras.

Hoy en día el Tribunal tiene 11 casos pendientes, que van desde el Proyecto Gabciko-Nagymaros, (Hungría/Eslovaquia), hasta la demanda presentada por Timor-Leste contra Australia, y la que incluye el litigio entre Perú y Chile.

La Corte está compuesta por 15 Magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en votación independiente.

Estos magistrados deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o ser jurisconsultos de reconocida competencia en materias de derecho Internacional. Además los miembros que la componen reflejan los principales sistemas jurídicos del mundo.

El artículo 38 de su Estatuto establece las fuentes aplicables de Derecho basándose en el Derecho Internacional, en las Convenciones Internacionales que establecen reglas reconocidas por las partes litigantes, en la Costumbre Internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, en los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, en las decisiones judiciales y en las doctrinas de los autores de mayor competencia, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.

Aún más, la Jurisprudencia del Tribunal Internacional ha influido en quienes redactaron la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua de 1958 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

En vista de lo anterior, es evidente que es fuera de sentido común sugerir que el veredicto del Tribunal Internacional no se ajuste a derecho y más aún sería sugerir que este tribunal no está capacitado para emitir un dictamen informado o llamado a desconocer un dictamen. Lo menos que se puede decir es que tal pronunciamiento sería una aberración.

En lo que se refiere al Pacto de Bogotá, que data del 30 de Abril de 1948, este fue creado con el objetivo de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos.

También es una forma de obligarlos a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos: buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial.El Pacto de Bogotá, es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El Articulo II de su Estatuto establece claramente que en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en la forma y condiciones previstas en los artículos siguientes, o bien de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución.

El mandato del Pacto de Bogotá, deja al desnudo el total fracaso de nuestra política diplomática.

Si hoy estamos ante un veredicto del Tribunal de la Haya, y tal vez otro en un futuro ante la demanda de Bolivia, es porque simplemente no hemos sido capaces de establecer negociaciones directas, buscando soluciones a nuestros desacuerdos, a dirimir lo que nos impide avanzar en conjunto como países con una historia común y separados por una frontera que dicho sea de paso no ha impedido a grandes consorcios establecer negocios en los países vecinos, que han privilegiado a una minoría y no al Estado de Chile.

Tanto llamar a retirarse del Pacto como a desconocer el dictamen del Tribunal internacional, es llamar a desconocer a órganos Internacionales de las cuales somos miembros y ello equivale a retroceder el reloj de la historia y abandonar el mundo de las naciones civilizadas.

Pero el pueblo de Chile, que no es ni ciego, ni sordo ni mudo, no escucha a esos personeros cuyo interés en desfilar ante los medios de comunicación simplemente deja en evidencia su ignorancia, tal como lo indica la encuesta CASEN que deja en claro que un alto porcentaje de los chilenos (68%) cree que el fallo debe respetarse y solo apenas un 24% dice que el gobierno no debería hacerlo.

Además, este pueblo ha expresado su posición claramente y sin ambigüedades en la pasada elección y ha elegido transitar por el camino tal vez difícil, con escollos, pero un camino de Integración y desarrollo.

La Presidenta electa Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría implementaran lo que Chile ha manifestado a través de las urnas: una nueva forma de hacer política.

Tal como ella lo expresa en su programa, debemos ser promotores de una convergencia regional, con una política de integración que debe terminar con la visión mercantil de relaciones con los países vecinos.

Por eso es que a partir del veredicto de la Haya se halla la oportunidad histórica para que Chile asuma el liderazgo regional tan necesario y ausente. Por lo tanto es evidente que un veredicto del Tribunal Internacional, cualesquiera que este sea, conlleva un trasfondo político profundo.

Chile debe dejar atrás la diplomacia errada, conservadora y obstaculizadora que se negó a buscar mecanismos de integración con los países limítrofes y revertir los errores del pasado, incentivando, profundizando y desarrollando la integración regional con los países limítrofes.

Ha quedado claro, que solamente implementando tratados de libre comercio y desconociendo la necesidad de sumar un proyecto regional, ha fracasado rotundamente.

Se trata de tomar el liderazgo con convenios educacionales, científicos, culturales, judicial, laborales, de salud, entre otros, con el propósito de ir avanzando regionalmente, en una cooperación en todos los niveles, acompañado de una estrategia que beneficie por igual a todos los países y habitantes del área.

Para poner en marcha tal política nacional, se requiere una política de Estado, que avance fundamentalmente en la búsqueda de los mecanismos necesarios para solucionar conflictos limítrofes y de cualquiera índole con una diplomacia activa e integradora que respete la Historia y más aún que respete a las instituciones e individuos de los cuales somos partes fundamentales.

El abogado constitucionalista, Francisco Zuñiga coordinador del  equipo de expertos para la reforma , ha estimado  que uno de los caminos es el Congreso Nacional,  con un proyecto de reforma total de la Constitución, lo que ha hecho pensar a muchos que Bachelet ha abandonado otras vías, tales como la tan mencionada Asamblea Constituyente y\o Plebiscito

Me atrevo a decir, que estas hipótesis están lejos de la realidad, la Mandataria electa no ha descartado ninguna vía a priori, es obvio que la primera etapa de un trámite legislativo de tal envergadura, que afectará sin duda a las generaciones futuras, debe comenzar en el Congreso que es la instancia institucional

Podemos concordar que su sistema de elección no ha sido el más democrático, pero es el lugar natural, donde gobierno con oposición y en conjunto con la ciudadanía tengan la oportunidad de debatir en profundidad una reforma total a la Constitución.

Esta decisión toma aún mayor validez, cuando hoy se manifiestan públicamente personeros de Renovación Nacional, renunciando a su Partido, cuestionando el liderazgo ultra conservador de su dirigencia, acción que sugiere que es razonable abrir debate con todos los actores sociales por un cambio total a la Constitución.

Esta iniciativa de Bachelet, demuestra su más profundo sentido democrático, que es permitir a la oposición que haga sus propuestas, de cara a la ciudadanía, donde ésta tendrá la oportunidad de aportar para crear una nueva Carta Magna, para un Chile sin desigualdades.

La derecha así, podría demostrar el profundo sentido patriótico del que hace gala, dejando atrás un pasado ignominioso, participando, construyendo y elaborando acuerdos en beneficio de un Chile de todos o quizás, una vez más, tratará de defender sus granjerías, amparándose en un patriotismo Guzmaniano, esto es defender una constitución tramposa y antidemocrática y por ende obstruir las propuestas de la Presidenta y de la Nueva Mayoría.

Si resultara ser esta última opción, obviamente existen las otras alternativas y cualesquiera que ellas sean, Plebiscito y\o Asamblea Constituyente, que al contrario de lo que expresan los agoreros, la Presidenta electa nunca ha descartado.

Además debe también clarificarse que ha sido Michelle Bachelet la que más ha insistido que en esta nueva etapa en la vida política del país, se deberá contar con la más amplia participación de la ciudadanía.

Como lo expresa su Programa , se busca crear un Estado que deberá terminar con la desigualdad existente, con la participación de todas las fuerzas sociales, con una profunda discusión sobre nuestro futuro en la vida política, social, económica y cultural, con especial atención a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El desafío es entonces aportar a construir una sociedad más participativa, que conlleva una profundización de la democracia y por ende dispuestos a aceptar que la ciudadanía tiene no solo la palabra sino además el derecho a ser parte de su propio destino.

La sociedad en su conjunto debe participar elaborando propuestas para diseñar políticas públicas con un enfoque de derechos, que obviamente deben ser vinculantes.

Como lo enunciara Thomas Paine, en Rights of Man “una Constitución no es algo de nombre solamente, sino es un hecho. No es un ideal, sino una realidad” y lo más relevante, “ la Constitución de un país no es un acto de gobierno, sino del pueblo que constituye gobierno.”