Más allá del nivel de inversión y desigualdad entre las comunas descritas, el fenómeno de inseguridad es el mismo.

Entonces, nos preguntamos ¿qué es lo principal que se debe tomar en cuenta al abordar la problemática de la seguridad pública?

Es evidente que se deben buscar soluciones para entregar una mejor calidad de vida para todos y todas, pero con el exiguo presupuesto que se destina y la abismante diferencia con otras comunas, se hace más que necesario encontrar ideas y caminos que posibiliten obtener resultados positivos en el corto y mediano plazo.

Veamos primero un diagnóstico: los fundamentos ideológicos del neoliberalismo (en el cual Chile está inmerso desde la dictadura de Pinochet), enfatizan y rentabilizan el miedo y la sensación de inseguridad de la población, con mucha ayuda de los medios de comunicación masiva que, de tanto en tanto, sacan a relucir de manera excesiva nuevos delitos y sus correspondientes soluciones a precio de mercado, fomentando la industria del miedo que, además, genera dividendos políticos cortoplacistas para quien se autoproclame como el sheriff de turno.

Además, el actual modelo de sociedad rinde culto a la individualidad, las desigualdades son groseras y segregadoras, no se garantizan derechos ni igualdad de oportunidades, se construyen guetos en las metrópolis, posibilitando las subculturas con códigos y antivalores propios y funcionales a la comisión de delitos.

Esto, sumado al clientelismo que opera en las comunas, ha ido articulando sociedades apáticas, carentes de identidad, sin sentido de pertenencia ni redes por donde fluya la solidaridad, el apego y el compromiso por los demás, lo que dificulta articular acciones de prevención y ocupación de espacios públicos para atacar el problema en el fondo y en las formas, con la participación activa de todos.

Chile no puede seguir siendo el mismo. En primer lugar, el cuerpo de fundamentos y normas en el que se ha sustentado, la Constitución, debe ser revisado y modificado en función de una nueva realidad que se presenta cada vez más compleja, dinámica y desafiante, pero que a la vez abre la posibilidad de soñar y construir un mejor país y con ello, mejores comunas, más equitativas y con mayor integración social.

Es urgente avanzar en un proceso de reformas democratizadoras y de justicia social en los municipios, que a modo de desafío se superpongan e interpelen a la institucionalidad que nos rige y que se orienten como práctica social al reconocimiento y validación de la acción colectiva y la deliberación ciudadana. Esto constituye el primer paso de una tarea mayor, que es dotar a la Comuna y al país de un proyecto compartido para su desarrollo y un mejor vivir.

La actual política de seguridad pública ha dado mayor énfasis a los procesos punitivos y represivos por sobre una mirada preventiva. En este sentido, es preciso elevar la mirada para buscar más allá del efecto, construir entre todos una solución de fondo, donde la complementariedad, la participación democrática y vinculante y la generación de programas que privilegien la reinserción social y, especialmente, los orientados a mejorar la convivencia social, el uso de los espacios públicos y entornos más inclusivos, barrios más amigables y seguros para quienes los habitan.

No se puede pensar que con 450 millones de pesos al año se va a solucionar en algo la delincuencia ni menos dar abasto con la demanda de Seguridad Ciudadana de toda la comuna.

Aspiramos a crear por ejemplo una Defensoría Comunal, con énfasis en la seguridad pública y que fomente los derechos sociales; o bien, integrar de manera permanente a distintos actores sociales que incidan en el diseño y elaboración del Plan Comunal de Seguridad que junto a los órganos del Estado respectivos, dote de herramientas reales y efectivas para prevenir la delincuencia.

Es por eso que en Estación Central nos urge, más allá de incrementar o no el presupuesto destinado, crear nuevos espacios de participación ciudadana que apunten a la generación de soluciones permanentes de los factores que inciden en la delincuencia y avanzar definitivamente hacia una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos.

Hoy día se configura como un espacio local joven en desarrollo y con mucho potencial.Durante estos 30 años, diversas han sido las tendencias políticas que la han administrado, pero a ojos vista, queda clara la incapacidad que se ha tenido para imprimirle un desarrollo armónico y sustentable que redunde en una mejor calidad de vida para quienes la habitamos.

Es una deuda aún pendiente que es menester saldar, para así revertir este estatus de comuna que no cumple con los estándares mínimos de desarrollo establecidos.

En otras palabras, existe una deuda desde la administración municipal con la concepción de comuna, además de excluir a los habitantes de Estación Central en la definición de la imagen objetivo, sobre el uso y destino del territorio en el que quieren vivir a futuro.

La noción miope de concebir el municipio exclusiva y excluyentemente desde lo administrativo y tecnocrático, dificulta proyectarse a largo plazo con una mirada estratégica pensada de forma plural, participativa y vinculante, práctica que colisiona con los sueños, anhelos e intereses de vecinas y vecinos de nuestra comuna.

Para muestra un botón, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) establece en su artículo 6 que “la gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos: a) El plan comunal de desarrollo y sus programas; b) el plan regulador comunal, y c) El presupuesto municipal anual”.

Quiero detenerme en el primer punto, el conocido pero abandonado PLADECO (recién hoy día en proceso de actualización), instrumento de gestión local definido por Ley y que en Estación Central caducó el año 2010 y desde esa fecha hasta ahora, no existe un plan de desarrollo comunal actualizado y específico para el periodo, sólo se ha ampliado un instrumento anacrónico y extemporáneo que no se condice con lo que hoy sucede en la comuna.

Esta situación refleja la incapacidad de gestión del municipio y deja manifiesta la desidia con nuestra comuna y sus habitantes, toda vez que en el artículo 7 de la Ley N° 18.695 indica que el PLADECO -instrumento rector del desarrollo en la comuna- contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural, alcances que no se han cumplido desde 2010 a la fecha.

Si existiera un razonamiento lógico, se comprendería y asumiría que la planificación permite anticipar problemas, describe ciertos aspectos de la situación a intervenir y se establecen ciertos resultados esperados, por lo que el PLADECO se transforma en un instrumento que permite coordinar acciones y enfrentar ciertas incompatibilidades con tareas urgentes.

Muy lejano a esto, hemos visto en estos años que Estación Central no avanza con un horizonte claro, definido y planificado en conjunto con su gente, sino todo lo contrario, avanza hacia la desregulación territorial, con un boom inmobiliario que está arrasando con la historia y patrimonio local; se aprecia una carencia de áreas verdes y espacios de recreación cuyo objetivo sea apartar a niños y jóvenes de la droga y delincuencia; la cultura popular de masas aún no cuenta con la Casa de la Cultura financiada hace años por el gobierno central, entre tantos otros anhelos de los vecinos incumplidos.

En definitiva, el PLADECO es la expresión de la implementación de políticas públicas desarrolladas, principalmente, con la participación de la ciudadanía, considera métodos y herramientas de planificación estratégica, planificación comunitaria y planificación ambiental. Hasta el momento, nada de eso tenemos, cuestión que se refleja en lo desorden de las acciones implementadas en la comuna.

Lo antes expuesto no es una opinión personal antojadiza ni menos un invento, sino que se plasma y sustenta en la historia reciente y la propia Ley existente (implantada por la dictadura y que aún nos rige), la que establece el criterio normativo analizado y que desnuda la pésima gestión municipal de esta comuna de casi 15 Km2 y cerca de 120.000 habitantes a los que se les ha negado la posibilidad de ser parte de las orientaciones de sus destinos, en la definición del horizonte de la comuna y el uso de su territorio, opinar sobre los programas y acciones, planes de inversión anual, enlazar la visión de comuna con el instrumento de planificación territorial como es el Plan Regulador Comunal (PRC), entre otros cercos y limitantes en la decisión.

Termino diciendo que la administración municipal de turno y también la anterior, por el hecho de tener a la comuna sin una planificación estratégica local por más de 5 años, demuestran su total indiferencia y nula sintonía con la ciudadanía de Estación Central que vive los problemas antes mencionados y que anhela respuestas de avanzada y concretas en la destinación de los esfuerzos, voluntades, recursos y asignaciones sociales, por ejemplo, como es la creación de una Farmacia Popular en Estación Central.

Nuestra labor y nuestra propuesta, como siempre ha sido, es trabajar comprometidamente en conjunto con la ciudadanía y las organizaciones sociales, para avanzar en la modernización del territorio y entregarles a los vecinos la calidad de vida que sin duda se merecen.

En su nota, el alcalde Delgado, habla en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile-AMUCH, organización que cuenta con 45 comunas asociadas y que representa a un 13% del total de los 345 municipios del país, poniendo en el centro el desarrollo de corporaciones de derecho privado o certificaciones estandarizadas por el mercado como las normas ISO entre otros mecanismos que en nada cambia el pésimo estado de la educación administrada por los gobiernos locales.

Por otra parte, no se hace cargo del debate amplio y mayoritario que ha iniciado el país y donde la Asociación Chilena de Municipalidades-AChM (que representa a 318 municipios de Chile), ha realizado un análisis más profundo sobre la necesidad de reforma que requiere el sistema de educación chilena a nivel local y nacional.

Para abordar y proyectar propuestas en temas de interés nacional es requisito sine qua non un diagnóstico objetivo de la realidad sobre la que pretendemos incidir. Si existe algo donde hay una sola opinión, que además es transversal a la sociedad, es la crisis del modelo educacional chileno, impuesto en los años ochenta en condiciones de Dictadura y terrorismo de Estado, amparado en una Constitución espuria, funcional al mercado de capitales y a los intereses foráneos.

Se impone así el Estado Subsidiario que a la luz de los hechos da cuenta de décadas de abandono sistemático de la educación pública y de sus principios, potenciando “la industria educacional” imponiendo categorías económicas por sobre las educativo pedagógicas, instalando por esta vía uno de los sistemas educativos más clasistas del mundo, según la OCDE, con una muy mala calidad de la educación, que nos tiene en los últimos lugares del ranking internacional.

La educación pública cumple una misión nacional. Está al servicio del bien común y el bienestar social y busca ofrecer, en todo el territorio, calidad y oportunidades equivalentes para todos nuestros niños, niñas y jóvenes, sin importar su origen social, lugar de nacimiento o la riqueza de sus padres.

Quienes creemos que la educación pública es un pilar fundamental para derrotar la desigualdad, vemos con impaciencia que quienes defienden la municipalización de la educación impuesta en los años ochenta, evitan reconocer que bajo este formato, la matrícula escolar pública ha venido sistemáticamente cayendo y que existe una pérdida de prestigio, así como una fuga de muchas familias de “clase media”.

Del 2000 a la fecha, la educación municipalizada ha perdido casi 600.000 estudiantes y cerca del 70% de su matrícula corresponde hoy a los dos quintiles más pobres de nuestra población. En nuestra comuna de Estación Central, según datos oficiales, sólo entre 2013 y 2014 perdimos cerca de 279 estudiantes, una proporción (-3,8%) mayor que la nacional en el mismo periodo (-1,6%).

Tal como están las cosas, si lo anterior no se comienza a revertir a la brevedad, el sueño republicano de una educación pública relevante, de excelencia, con capacidad de integrar socialmente a todos y que aporte a disminuir la desigualdad, se verá irremediablemente frustrado.

Sin duda, es preciso que el nuevo modelo de educación pública comprometa a los municipios con su desarrollo; pero, a diferencia de lo que señala el alcalde Delgado, no es el municipio quien debe seguir a cargo.

Chile requiere un sistema capaz de asegurar recursos y estándares de calidad equivalentes en todo el territorio nacional. La nueva educación pública necesita ser administrada por una entidad que tenga la calidad y equidad de la educación como su única responsabilidad.

Una entidad que efectivamente rinda cuenta por ello y que, a diferencia de lo que ocurre hoy, no esté subordinada a los ciclos políticos o a los intereses y prioridades de cada autoridad municipal; que tenga capacidades técnico-pedagógicas de apoyo a sus escuelas y capacidades de gestión y administración eficientes en todo el territorio. El modelo municipal no permite nada de eso y en ello encontramos las principales causas de su actual crisis.

Y nos referimos a acciones a futuro, pues creemos que el camino iniciado, debe tener su corolario cuando converjan en una sola línea de acción los intereses y aspiraciones de los representados con el quehacer concreto del representante en beneficio de los sueños y necesidades de todas y todos los que compartimos este espacio común. Y hacia allá orientamos nuestro quehacer.

En sesión ordinaria del concejo Municipal realizado el martes 05 de mayo, el Concejo aprobó por mayoría simple -sólo tres de cinco Concejales de la Nueva Mayoría rechazamos- la enajenación del terminal de buses de Estación Central.

Se buscaba por la vía de la venta despojar a los centralinos y centralinas de un bien comunal que es patrimonio de todos y todas, de forma inconsulta y con desprecio absoluto al habitante de carne y hueso que le dan sustento, coherencia y sentido de pertenencia al espacio geográfico llamado comuna.

Esta intención queda de manifiesto y nítidamente expuesta en la intervención del alcalde Rodrigo Delgado en sesión ordinaria N° 013 del 2015 ante el Concejo Municipal en donde dice textual que “lo que queremos hacer es una venta para recibir el valor que recibiríamos por varias de esas concesiones”. Pues bien, mediante la organización ciudadana de los vecinos y vecinas de Estación Central, hemos logrado torcerle la mano al alcalde y a los concejales, quienes no pensaron en el futuro de la comuna al intentar despojarnos de uno de los escasos bienes y fuentes de ingreso permanente con que contamos los centralinos.

Este es el triunfo de los pobladores, de las organizaciones sociales, de los dirigentes vecinales, de los partidos políticos y de los habitantes de Estación Central que rechazaron de forma manifiesta y mayoritaria la privatización del patrimonio comunal.

Lo más importante a mi parecer es que el éxito obtenido permite abrigar esperanzas en la necesaria participación social en la comuna, requisito sine qua non para cambiar el rumbo de los designios de la actual administración comunal y aspirar a construir en conjunto el diseño de un gobierno comunal distinto, con democracia participativa y vinculante, con derechos garantizados, con contraloría social y amigable con el medio ambiente. Para que nunca más una minoría que se niega a escuchar el clamor popular, pueda tomar decisiones que perjudiquen a las mayorías ciudadanas.

Esto nos demuestra a todos que la unidad de acción en torno las causas justas y loables conducen a buen puerto para felicidad y tranquilidad de los mayoritarios.

Dije en esa oportunidad que “no estoy ni estaré disponible para avalar iniciativas que se orienten en la dirección de despojar y mutilar el patrimonio colectivo de Estación Central” y obré en consecuencia votando en contra de esta iniciativa.

Asimismo, en concordancia con lo manifestado en sucesivas reuniones con los y las vecinas de la comuna, oficié sendos recursos ante los tribunales de justicia y ante la Contraloría General de la República, entidad que deberá pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad del “programa de adecuación patrimonial” del municipio.

Continuaré ejerciendo mi rol fiscalizador en beneficio del bien común. Seguiré trabajando junto a los vecinos y vecinas por mejorar la calidad de vida de todos y todas y construir juntos una comuna más amigable y digna. Pero lo más importante y la gran enseñanza que nos deja el desenlace del triunfo obtenido, es que una mejor comuna es posible, siempre y cuando nos dispongamos a dar las luchas con la unidad más amplia, con todos y con todas.

El alcalde Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), sin mediar entrega de antecedentes, nos ha convocado a que seamos partícipe de una venta que despojará a los centralinos de algo que es nuestro, que nos otorga identidad y sentido de pertenencia.Todo esto se realiza a espaldas de quienes son los verdaderos dueños, los vecinos y vecinas de Estación Central, un mínimo ejercicio democrático implicaría el concurso previo de quienes habitamos el espacio común.

Esta actitud refleja y deja de manifiesto el nulo interés por ampliar los espacios de participación democrática que con tanta fuerza y razón reclama la comunidad, con este tipo de medidas sólo profundizamos el desprestigio y la falta de credibilidad hacia quienes estamos llamados a defender los intereses y proteger el buen vivir de nuestros vecinos y vecinas, ellos han depositado su confianza cediendo soberanía en nosotros.

No estoy ni estaré disponible para avalar iniciativas que se orienten en la dirección de despojar y mutilar el patrimonio colectivo de Estación Central, ante esta disyuntiva la respuesta será siempre sólo una y clara: el más rotundo rechazo a la venta del patrimonio municipal a manos de privados que no han sido capaces de garantizar una relación armónica y sustentable, obteniendo sus utilidades a costa de la calidad de vida de nuestros vecinos que históricamente han cargado en sus espaldas las externalidades negativas que estos suculentos negocios significan.

La desregulación existente en nuestra comuna es inmensa. Desde el año 2000 que es gobernada por la derecha, sometiéndola a irregularidades y abandono permanente, sin que exista una planificación adecuada, menos aún han estado garantizados los canales y mecanismos que signifiquen participación e inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes.

Y para muestra, un botón: Estación Central desde el año 2010 no cuenta con el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento estratégico de planificación que es la carta de navegación de toda gestión comunal, y no tenemos todavía un instrumento de planificación territorial propio, un Plano Regulador Comunal, permitiendo de esta forma la especulación inmobiliaria que afecta negativamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna.

Es por este tipo de deficiencias, escasez y desactualización de instrumentos para la gestión y administración municipal, que se permiten proponer vender el patrimonio municipal a privados, porque no existe la idea, ni el objetivo de la comuna que necesitamos y queremos las y los centralinos y porque la concepción ideológica de la actual administración comunal es el despojo de lo colectivo y la supremacía del mercado, con la consecuencia propia de acumulación y concentración de recursos en una pocas manos en desmedro de las voluntades y necesidades mayoritarias de la población.

Lo que llama poderosamente la atención es la celeridad con que se ha puesto en tabla esta discusión; como autoridades, debemos ser serios y estar a la altura de las circunstancias, esto implica tener todos los antecedentes a la vista para tomar la mejor decisión posible, cosa que no ocurre en este caso.

Podríamos especular mucho respecto a los reales motivos que hay detrás de esta venta lo cierto es que el terminal de buses permanece entregado en un contrato de concesión hasta el año 2016. ¿Cuál es el apuro?

La eventual aprobación podría estar dentro de los márgenes de la legalidad que nos rige, pero en ningún caso podríamos catalogarla de legítima, toda vez que se trata de un patrimonio comunal, propiedad de todos y todas que por lo demás le confiere identidad y sentido de pertenencia a Estación Central, este hecho por sí solo demanda a lo menos consultar con todas y todos los que vivimos y habitamos en la comuna, democracia participativa y vinculante es la mínima aspiración democrática que demandamos.

La transición pactada y “cocinada” a espaldas de una ciudadanía cuya lucha heroica y multifacética fue protagonista determinante en la caída de la dictadura, más el no cumplimiento del programa que dio el triunfo a la opción NO, consignó la fragilidad de los cimientos donde se esbozó el retorno a la democracia, sumado a la obsecuencia con que se legitimó lo que se suponía acababa de morir.

Este síndrome se manifiesta en la falta de voluntad y coraje político para develar el secreto impúdico que significó el saqueo al Estado de Chile, privatizando y entregando la gran mayoría de las empresas públicas, propiedad de todos los chilenos, a manos de conspicuos esbirros del pinochetismo en las postrimerías de la dictadura.

Pero también se manifiesta en la desnacionalización y enajenación de los recursos naturales; en la mantención del tribunal constitucional, supra poder que violenta la soberanía popular y mutila la democracia tal cual la concebimos la mayoría de los mortales; en la política de los acuerdos y de los consensos, relación incestuosa que beneficia al establishment y mantiene incólume el statu quo, morigerada de vez en cuando con tibias reformas cosméticas que no afectan la esencia de un modelo que no garantiza derechos; en la Educación y la Salud concebidas como negocios que definen de forma estructural al país como un gran supermercado, con lógica y argumentación neoliberal en el que todo se compra, todo se vende y transa en el mercado de capitales.

Nos hemos convertido en un país donde nos fuerzan a que veamos con naturalidad que exista acumulación y concentración de la riqueza en manos de unos pocos, que es la esencia intrínseca de un sistema económico perverso y cruel, como dijo el Papa Francisco.

Un país donde la inequidad, segregación y discriminación de las mayorías nacionales; la vigencia del Decreto- Ley de Amnistía por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado; el actual Código Laboral, traje hecho a la medida de los empresarios que atomiza y divide la organización sindical e impone supremacía mesiánica al capital; las pensiones indignas que reciben quienes han aportado toda su vida laboral al desarrollo y crecimiento del país, entre otras muchas cosas más, son todas herencias directas de la dictadura y de sus leyes de amarre.

Y mientras muchos nos desgastamos luchando por décadas para terminar con estas calamidades para nuestra sociedad, otros muchos se valieron del sistema binominal y el control mediático para forzarnos a creer que teníamos que avanzar hacia una mayor justicia “en la medida de lo posible”, pues “el país no estaba preparado” para grandes cambios y “se debía resguardar la democracia” manteniendo lo que para todo el mundo es impopular y extremadamente dañino.

Y hoy nos encontramos con que ese velo se ha corrido totalmente, dejando ver que, aunque teniendo todas las herramientas y habiendo creado todas las leyes posibles para forzarnos a vivir en una de las sociedades más desiguales del mundo, los defensores de esta “democracia pactada” igual metieron las manos e incurrieron en diversas irregularidades e ilegalidades, incluso en delitos tan graves y nefastos como defraudar al Fisco. Una canallada que verdaderamente indigna.

Quiero dejar claro que no caben aquí las componendas, ni nada que impida a la justicia investigar y condenar a quienes resulten responsables de los delitos que se investigan, pero también con mucha fuerza quiero decir que eso es solo una parte del problema: para ser más exacto, es la consecuencia de un problema mayor que lo estimula, lo avala y lo naturaliza.

Superar definitivamente la crisis política implica resolver de forma estructural la convivencia social y política de los chilenos, avanzar decididamente en la implementación y profundización de las reformas estructurales enmarcadas en el programa de la Nueva Mayoría.

Necesitamos internalizar y dotar a nuestras instituciones con democracia participativa y vinculante, con iniciativa popular de ley, con revocación de mandato para las autoridades electas que incurran en irregularidades, con plebiscitos comunales, regionales y nacionales, con descentralización real y efectiva, con elección directa de Intendentes, etc.

Para los efectos de avizorar el nuevo Chile, debemos generar voluntades mayoritarias y activas, dejando de lado los intereses particulares y poniendo en el centro los intereses colectivos de todas y todos quienes anhelamos una sociedad justa, igualitaria y democrática. El camino, la ciudadanía lo pide a gritos: la elaboración de una nueva Constitución Política, cuya vía de concepción sea una Asamblea Constituyente que sea representativa del más amplio espectro de nuestra sociedad.

Queda por preguntarse, ¿es tan sólo un tema que afecta al Estado y la administración pública centralizada? No, las municipalidades, los gobiernos y administraciones regionales, deben ser también observados. Pero eso da para otra columna de opinión.