Por ello la mantención y la protección de la democracia tiene su valor decisivo no en el monopolio de la fuerza por el Estado, cosa común a otros sistemas políticos sino en el respeto de las reglas de procedimientos que aseguren la libertad y la igualdad y sobre todo en la voluntad democrática de los ciudadanos y de las autoridades para asegurar en su accionar los valores que animan el proceder democrático, entre los cuales, el respeto de los derechos humanos que constituye un valor constitutivo de la democracia moderna.

Resulta entonces grave el acto que el alcalde de Providencia organizó para rendir homenaje a un delincuente de crímenes de sangre condenado por la justicia, un connotado violador de los derechos humanos en nuestro país.

Aun cuando es sabido que dicho alcalde carece de convicciones democráticas, su acción constituye una provocación antidemocrática grave e inadmisible.

Difícil es pedirle a un no demócrata que actúe democráticamente, pero sí es indispensable que lo haga el gobierno, las instituciones políticas y los partidos políticos.

Grave es que una funcionaria de la Moneda, mandara la tarjetita de excusas que conocemos, y bueno, que la echaran al menos por desatinada.

Grave es que los presidentes de la UDI de RN hasta este momento finjan demencia.

Afortunadamente el gobierno después de una primera reacción tibia terminó con una condena fuerte pero sin nombres.

Estas demoras, y estos silencios, señalan las dificultades de las fuerzas que nos gobiernan para reaccionar con reflejos democráticos frente a estos hechos.

Las diferencias políticas también profundas en un sistema democrático, requieren de un ethos mínimo compartido, un campo de valores en el cual todos deben condenar sin ambages la violación de los derechos humanos y en consecuencia su apología.

Ojalá actos como estos terminen por desaparecer, cuando ello suceda Chile será mejor.

La ciudadanía de hoy tiene aspiraciones mucho más exigentes que las que tuvo a comienzo de los años noventa cuando dejaba atrás la dictadura militar.

Veinte años después Chile ha cambiado mucho, es un país más próspero, la pobreza cayó en un 30 %, la escolaridad ha dado un inmenso salto.

Es una sociedad que hace rato abandonó el miedo y que si bien ha avanzado mucho, cada vez tiene más conciencia de lo que le falta, de los derechos que aún no se implementan y las injusticias y abusos que aún perduran.

Existe un extendido convencimiento de que se puede vivir mejor.

Al actual gobierno le cuesta mucho leer lo que está sucediendo, pereciera no entender y actúa de manera puramente reactiva, sin mostrar convicciones, cambiando acción y discurso de acuerdo a las circunstancias, frunce el ceño, amenaza, y después da respuestas parciales, desordenadas e incoherentes a la demanda ciudadana.

Así las cosas, resulta difícil, aún con la mayor buena voluntad, imaginar como este gobierno podría encabezar el segundo impulso reformador que se requiere para garantizarle mejores oportunidades a la inmensa cantidad de personas, quienes mejoraron notablemente su situación en los últimos veinte años, pero que aún viven con precariedades y deben realizar un esfuerzo gigantesco para poder darle a sus hijos una educación de calidad, sentirse socialmente protegidos y lograr ingresos mejores.

Se requiere en consecuencia replantear muchos aspectos de nuestra realidad, desde darle una mayor legitimidad a nuestro sistema democrático hasta la realización de cambios profundos en los mecanismos de integración social.

Sin embargo un gobierno sin rumbo, una oposición que no logra superar sus querellas y un movimiento social que ha sabido acumular fuerza pero cuya capacidad de usarla adecuadamente aún no conocemos, caracterizan un escenario preocupante donde ese impulso reformador  no logra tomar cuerpo y transformar el malestar en esperanza de un nuevo acuerdo social más avanzado que nos conduzca a un desarrollo más justo e inclusivo.

La oportunidad existe, el movimiento social y en particular el movimiento estudiantil han jugado un rol fundamental en su creación. Los actores políticos, gobierno y oposición requieren jugar un insustituible rol para construir las respuestas necesarias.

Apostar a arreglos menores es pura ceguera, son tiempos de cambio.