Mucho se ha escrito de   la Reforma Laboral, peyorativamente se ha dicho que es una reforma sindical, que no está en las prioridades de las personas, se ha intentado establecer comunicacionalmente una falsa dicotomía entre el crecimiento económico y la conquista de Derechos Sociales. Pero lo cierto es,  que la reforma laboral se hace cargo de una deuda del país en materia laboral y que nos pone en un punto aceptable, en relación a las recomendaciones de OIT.

La reforma laboral que está  en discusión en el Senado, establece elementos que sin duda fortalecen al actor sindical como espacio reivindicativo y de ejercicio democrático: la titularidad sindical, el fin al reemplazo en huelga, el piso en la negociación colectiva son elementos que relevan el rol del sindicato en la sociedad chilena, como un espacio socio político que permite la reducción de la desigualdad y el ejercicio democrático de la base social.

Lo anterior, no es baladí si consideramos que en medio de la crisis de confianza los sindicatos cuentan con una importante valoración social. Así, hay encuestas que  le dan un 36% de valoración a la CUT y un 39% a los sindicatos ubicándose por sobre organizaciones empresariales y las instituciones  de Salud (CERC 2014)   y un estudio de la Universidad Autónoma publicado en un matutino respecto a la confianza que le da la ciudadanía a los dirigentes sindicales, los ubica sobre alcaldes, ministros, obispos, senadores y diputados (estudio sobre confianza UA, encargada a CADEM 2015).

Estas encuestas dan cuenta de la legitimación y valoración social que la ciudadanía le otorga a las organizaciones de los trabajadores, especialmente a los sindicatos, echando por tierra aquellas voces que escondiéndose detrás de las cifras de sindicalización (15%) intentan desvirtuar la necesidad de una reforma que fortalezca la acción sindical.

Este  11 de julio la CUT junto a otras fuerzas ciudadanas ha convocado a una manifestación amplia y unitaria, que ponga al centro la necesidad de incidir en la reformas que benefician a los trabajadores, así como también entender que este proceso reformador debe contener un nuevo pacto social y político, es decir, una nueva Constitución que ponga al centro la soberanía de los Recursos naturales, la restitución de derechos sociales y económicos y la concepción de una verdadera Democracia para Chile.

En este contexto y en medio de la conmemoración por las lucha de los trabajadores mártires de Chicago debemos preguntarnos  ¿Cuáles son los desafíos de los trabajadores chilenos  del momento presente?

Sin duda, la reforma es un escenario más propicio para la actividad sindical. La titularidad sindical tendrá un impacto positivo en la tasa de sindicalización que hoy bordea el 16% (trabajadores públicos y privados). Este hecho obligará a revisar las formas de organización sindical, y a impulsar cambios que permitan mayor democracia al interior de los sindicatos, federaciones y confederaciones.

Por otro lado, la  legítima aspiración por una negociación por rama de la producción que tiene como sujeto de negociación a las federaciones y confederaciones, supone que el movimiento sindical más allá de la discusión del proyecto de ley, debe superar los niveles de dispersión y fragmentación que tiene en la actualidad.

Si se quiere ser contraparte de los empresarios en cada área de la producción, se deben impulsar procesos de unidad como los realizados por los trabajadores de la metalurgia y el comercio, quienes han avanzado en negociaciones ramales obteniendo condiciones mínimas para los trabajadores de sus áreas productivas.

Asimismo, y dado que la reforma laboral no vacía el contenido programático de los trabajadores, será un desafío de primer orden profundizar un acuerdo que se proponga avanzar en una nueva institucionalidad laboral y un sistema de pensiones que caminen en la perspectiva de derrotar la desigualdad en nuestro país.

Este Primero de mayo pone a los trabajadores chilenos en un nuevo momento histórico,  para el cual fidelizar la tradición histórica de ser sujetos de cambio, asumiendo capacidad de movilización con incidencia en las reformas y transformaciones del país. Para ello, asumir sin traumas ni complejos estos desafíos, así como los avances y triunfos que permitan construir un nuevo relato para el movimiento sindical chileno.

Si bien es valorable el proyecto enviado por el gobierno, resulta necesario ver este momento como una oportunidad para concretar nuevos cambios en la empresa Metro que posibiliten su crecimiento, así como la recuperación de la confianza de la ciudadanía en su operación.

Hace dos años, en el 1er seminario de transporte público que organizó la Federación de Sindicatos de Metro, los trabajadores establecimos la pertinencia de concebir al transporte público como un derecho y un servicio esencial para la vida de los chilenos.

Esto implica, también, abordar con seriedad la discusión de fondo que es la definición del status y rol de Metro como empresa pública. ¿Se optará por la capitalización pública en los marcos actuales, o recurriremos a concesiones privadas para su desarrollo?

Teniendo como referencia la experiencia comparada, y la opinión de diversos expertos, sería un grave error privatizar a Metro vía concesión. De esta definición depende que se avance hacia la recuperación de una empresa pública que satisfaga el derecho esencial del transporte para la vida de quienes habitan la Región Metropolitana.

Y en este escenario se debiera asegurar, al igual que a otras empresas públicas de similar importancia, la representación de los trabajadores en su directorio. Las empresas públicas pueden marcar la pauta con gestión basada en relaciones laborales sanas y planteamientos de objetivos estratégicos comunes entre la administración y sus trabajadores.

La incorporación de un representante en las instancias directivas decisionales, permitirá elevar aún más los estándares de la empresa, y anticipar episodios de falla como los sucedidos el año 2014 con la concurrencia de los trabajadores que son los que mejor conocen la operación.

Por último, este proyecto de ley o los que vengan, no pueden dejar de tomar en cuenta la alta tasa de subcontratación en Metro que, en los hechos, como dijo el columnista Carlos Peña, se está privatizando la empresa.

Cabe decir que en Metro dos de cada tres trabajadores es subcontratado, especialmente en áreas como la seguridad, la asistencia al cliente de andenes y las boleterías. Este hecho da como resultado que trabajadoras y trabajadores “tercerizados” tengan condiciones de trabajo de muchísima menor calidad que los trabajadores de planta, ya que los dueños de esas empresa optimizan costos y aumentan los márgenes de utilidad, por sobre la capacitación y seguridad de sus trabajadores.

Son aspectos invisibles para los usuarios, pero que afectan la calidad de servicio que se brinda.