En muchos de dichos sistemas políticos, los partidos han sido por décadas, meras etiquetas, rótulos formales, vacíos de legitimidad y apoyo.

Afortunadamente, Chile ha sido desde el siglo XIX, una de las tres o cuatro excepciones a esta situación que inviabiliza la democracia política, la hace débil e inestable o sólo la posibilita bajo movimientos populistas o neopopulistas, donde la identificación del votantes es con una persona -con un caudillo- y no con ideas y programas, expresados en estructuras estables que compitan por el sufragio de manera mínimamente previsible. El grado de fortaleza del vínculo entre actores, reglas y votantes se conoce como la Institucionalización del sistema de partidos.

Las causas que han llevado a institucionalizaciones débiles –o a desinstitucionalizaciones en países que otrora contaron con partidos sólidos son históricamente complejas. Pero en las últimas tres décadas destacan cuatro: profundas crisis económicas; cambios en los planteamientos programáticos que dejan sin representación política a las bases tradicionales  de los partidos, generando un problema de agenda; diseños institucionales inadecuados y la corrupción sistémica de actores e instituciones.

Esto último ha sido devastador para la legitimidad, confianza y apoyo de los partidos en muchas democracias, y no sólo en América Latina.

Por ello es tan preocupante lo ocurrido durante los últimos años en nuestro país: un sistema aún institucionalizado está crecientemente deslegitimado y la indignación y el repudio ciudadano hacia éste aumenta.

Sin perjuicio de la necesidad de cambios institucionales que también han incidido en dicha pérdida de apoyo y valoración, caben pocas dudas que la radicalización del rechazo se vincula directamente a la sospecha creciente de que actores e instituciones políticas carecen de autonomía frente a los grandes poderes económicos que controlan, además, parte importante de los recursos de poder social y mediático de nuestra sociedad.

De esta forma, muchos políticos y grandes empresarios son vistos como coautores reiterados de abusos y perpetuación de privilegios, obviamente inaceptables para las mayorías populares cuya existencia cotidiana es insegura, precaria y exigente. Los casos que investiga el Ministerio Público son de sobra conocidos y sus efectos políticos, previsibles, fáciles de anticipar, si es que no hay transparencia y justicia.

Por todo lo anterior, lo mínimo que se le puede exigir a políticos conscientes es que colaboren con el Ejecutivo en la búsqueda de soluciones que permitan al país seguir contando con una representación política que se realice vía partidos y no vía caudillos o grupos corporativos que sólo expresan el poder de lo fáctico. Alternativas que pueden facilitar una salida existen e iniciativas potentes en esa línea también. Aquí sólo mencionaremos cuatro.

1.- El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet contempló importantes compromisos en materia de cambio institucional. Por ejemplo, fin al binominal, nueva ley de partidos y cambio constitucional. Concretar el conjunto de estos compromisos parece hoy, incluso, más urgente que ayer.

2.- El Consejo asesor presidencial  contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Mandatado por la Presidenta Bachelet, este consejo trabajó durante 45 días para finalmente cumplir con el plazo solicitado por el Ejecutivo debido a la gravedad de los hechos, su impacto en la ciudadanía y la urgencia de presentar propuestas que se concretaran en proyectos de ley que lleven al “fortalecimiento de nuestra democracia sobre la base de partidos políticos sólidos, de una nueva regulación del financiamiento de la política y de un fortalecimiento de la transparencia de la función pública y de los mecanismos de control ciudadana, así como de la eficacia de la regulación y fiscalización del sector privado”.

Entre dichas propuestas, destaca la reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos, condición fundamental para contar con financiamiento público; creación de un fondo público de financiamiento de los partidos; fijar tope a los aportes de personas naturales, junto con la prohibición de los aportes de personas jurídicas a los partidos; reducir el gasto electoral; persecución y sanción penal a la corrupción; nuevas reglas para la participación de familiares directos -de quienes están ejerciendo cargos de elección popular- en elecciones o cargos públicos; reformas al Servel y al Sistema de Alta Dirección Pública y el establecimiento de restricciones para quienes dejan cargos públicos antes de mantener relaciones comerciales con empresas del sector privado con las que se relacionaban en dicho cargo, entre otras.

3.- El debate sobre el cambio constitucional, vinculado además a procesos electorales, si se lleva adecuadamente puede ser decisivo para una revalorización de la política y los debates cívicos por la ciudadanía.

Existen pocas cosas peores para la dignificación de la política que elecciones donde no existen temas relevantes para la vida social, y donde la agenda la copa la farándula y la banalización. Es en las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde las democracias discuten su carga tributaria, su régimen laboral, la calidad de su educación y de su asistencia sanitaria y, obviamente, las reformas a las reglas fundamentales que se expresan en la Constitución. El color del que se pinten los palacios de gobierno no convoca mayorías ciudadanas a las urnas, menos cuando –torpemente- se ha optado por el voto voluntario.

4.- La iniciativa generada al alero de la Fundación Alberto Hurtado, que –aunando el trabajo y propuestas de parlamentarios y ex dirigentes- plantea la necesidad de realizar autocríticas sinceras que se expresen en  cambios de conductas, haciendo efectiva la responsabilidad política más allá de lo penal.

Según información de prensa, básicamente el documento surgido de este trabajo se refiere a la suscripción voluntaria por parte de los partidos políticos de un acuerdo en el que se comprometen a “no postular ni repostular  a cargos de elección popular a nadie que haya utilizado un mecanismo irregular o indebido para el financiamiento de sus campañas y/o trabajo político”. Se ha publicado además que incluso, el Gabinete presidencial de Michelle Bachelet “enviaba señales positivas del interés de la Mandataria… por sumarse a la actividad”.

Pese a ello, lamentablemente, lo que en un principio parecía contar con la adhesión de los partidos políticos dispuestos a dar una “señal de nueva ética política”, paulatinamente comenzó a llenarse de  cuestionamientos que, al parecer, acabaron por frustar esta iniciativa. Ella habría sido una señal muy necesaria y potente en el sentido de la renovación de la política y de su vínculo y respeto hacia la ciudadanía.

Terminamos expresando nuestra esperanza en que el grueso de estas propuestas y medidas para salir de la crisis llegue a buen puerto. No hay nada peor cuando se enfrenta una patología severa que parte de quienes la sufren no se dejen auxiliar.

Sin un adecuado financiamiento se facilitan los ataques derechistas a las reformas, bajo la acusación de “aumentar el gasto sin aumentar ingresos”.Como lo sostiene el economista Ha-Joon Chang, este es un argumento usualmente empleado por el pensamiento neoliberal frente a un aumento de provisión de bienes públicos y a un papel más activo del Estado en la política social.

Aumentar la recaudación tributaria y además con mayor equidad en ella, explican con claridad los propósitos centrales de los cambios tributarios realizados en nuestro país. Es necesario aclarar que también la Reforma Tributaria contempló los llamados impuestos “correctivos”, a los “males” o al “pecado” –que gravan vía alza de impuesto al consumo de alcohol, tabaco, bebidas alcohólicas y analcohólicas azucaradas- cuyo efecto redistributivo se refuerza por la vía del gasto público.

Como es obvio, sin progresividad tributaria es muy difícil reducir las desigualdades. Ello supone políticas públicas ya no sólo distributivas, sino también que redistribuyan los recursos entre los ciudadanos miembros de la asociación cívica republicana.

Estos fueron los dos objetivos fundamentales a los que tendió la Reforma Tributaria 2014 y lo que le dio el carácter de urgencia, pues era factor indispensable para obtener los recursos que permitiesen financiar las iniciativas sociales que son el “corazón” del programa de este Gobierno, eliminando de paso, el clima de incertidumbre que genera un debate sin término claro sobre los tributos del país.

Pero, como era de esperar, el proyecto sufrió objeciones y una fuerte resistencia, principalmente provenientes de la Derecha y de gremios que representan a las grandes empresas, quienes al verse afectados coordinaron su crítica y acción. De esta manera, para difundir su visión sobre la Reforma, contaron con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación.

Así, y sumado a ello algunos errores comunicacionales y también, hay que decirlo, técnicos del Gobierno, instalaron ideas contrarias a los cambios en la opinión pública, la más relevante y difícil de enfrentar fue que la Reforma afectaría especialmente a la clase media y las PYMEs, lo cual era completamente inexacto, pues se buscaba que los afectados por el alza tributaria fueran los segmentos de más altos ingresos.

Sin duda el escenario para este proyecto fue hostil. A la crítica del contenido de la Reforma Tributaria se añadió un velado desprestigio de las autoridades y cuadros técnicos que participaron en el proceso de preparación del Proyecto de Reforma Tributaria. Fue probablemente para salvar esta situación y dar certezas a la comunidad que, el ministerio de Hacienda, vio en la solicitud de un Informe sobre los  “Efectos distributivos de la reforma tributaria 2014” una vía para explicar los reales alcances y beneficios de ella.

La entidad seleccionada para tal efecto fue el Banco Mundial, institución que, dada su condición de organismo especializado de las Naciones Unidas para el apoyo financiero y técnico de los países en desarrollo, cuenta tanto con los cuadros especializados como con el prestigio requerido para que sus conclusiones fuesen recibidas como ciertas.

En lo grueso, las conclusiones a las que llegó este organismo establecieron:

I) El impacto sobre la distribución del ingreso de las personas será positivo y mejorará la equidad del sistema tributario, los impuestos pagados por el 1% más rico de la población chilena suben de 2,4% a 3,5% del PIB, y a su vez, ellos provienen en casi un 80% del 0,1% más rico.

II) Pese a que el impacto del aumento de tasas de los llamados impuestos correctivos puede ser regresivo, en términos relativos, su efecto redistributivo será absoluto vía gasto público (social).

Esto último en dos sentidos; por una parte por el ya sabido ítem “recursos disponibles” para efectuar dichos gastos y, por otra, vía “ahorro de recursos”, ya que el menor  consumo de estos bienes redunda en una mayor capacidad productiva de la población y un menor gasto en salud derivado del tratamiento de enfermedades asociadas a ellos. Cabe agregar que, en general, este aumento recae más fuertemente en los grupos de más altos ingresos.

Concluyendo, tal como se comprobaba de la sola lectura del Informe Financiero del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, el efecto redistributivo es altamente significativo a favor de los más pobres.

El grueso de la recaudación proviene de impuestos al capital (al gran capital) y no a los grupos medios como adujo y aduce la Derecha.

Hoy reiteramos lo que sostuvimos en una columna anterior de este mismo medio: la mayor parte de la campaña de desprestigio de la Reforma Tributaria por parte de la Derecha fue en lo sustancial, parte de la retórica de la intransigencia en su versión más reaccionaria[1].

Que lo anterior termine debidamente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico nos parece positivo.

Pese a que consideramos que un adecuado tratamiento del tema del financiamiento público de los partidos es del más alto interés republicano, pues, a lo menos, permite reducir el severo riesgo de captura de las instituciones públicas y de los partidos por grandes grupos económicos, no cabe duda que éste no es un tema popular.

Menos cuando –como ha ocurrido en otros lugares del mundo- el financiamiento público se establece en medio de escándalos políticos de altísimo impacto y con crecientes sectores de la ciudadanía indignados por ellos.

Es difícil, entonces, creer  que la opinión pública acepte que, con cargo a rentas generales de la Nación, se financie la actividad política, aunque dicha medida  sea sólo un componente de las treinta o cuarenta reformas sustantivas que termine proponiendo la comisión que preside el economista Eduardo Engel. Por lo anterior, parece necesario adoptar en el próximo tiempo una medida de gran radicalidad: someter a reinscripción obligatoria a todos los partidos políticos chilenos, como prerrequisito fundamental y previo a la entrega de fondos públicos para su funcionamiento y tareas socialmente útiles.

Pasamos a exponer algunas razones que, a nuestro juicio,  hacen perentoria la reinscripción de los partidos.

1.-  No habrá legitimidad mínima al financiamiento con cargo al Estado de Chile de los partidos políticos, en el estado de desprestigio, desintitucionalización y precarización en que ellos se encuentran hoy. Los partidos actuales son el actor político con el más bajo nivel de confianza, alcanzando bajísimos niveles de aprobación según encuestas recientes.

2.- La información disponible muestra cifras de abstención elevadísimas y reiteradas en las elecciones internas de los partidos que las realizan. La sospecha fundada es que ello se explica en gran parte por la “inflación” de los padrones de militantes que realizan caciques y facciones internas a fin de mejorar posiciones en las estructuras de poder político.

3.- Muchos de los partidos políticos del sistema parecen haber sido capturados o, a lo menos, estar bajo la influencia significativa del dinero privado. Además, el clientelismo que practican barones y “socios controladores” de los partidos en los distintos niveles del sistema político es un secreto a voces. Los escándalos que se investigan hacen más que plausible la primera afirmación y la segunda puede ser comprobada fácilmente cotejando el  aumento del número de “militantes” según un partido se encuentre o no en el poder.

4.- Si se mantiene la situación vigente, es ilusorio suponer que las actuales capas dirigentes de los partidos políticos chilenos dejarán de controlar los procesos de generación del poder interno.Ello tiene consecuencias obvias en la vigencia de los estados de derecho partidarios y en sus procesos eleccionarios. Incluso más, lo anterior hace inviable urgentes y necesarios cambios que posibiliten una depuración mínima de máquinas y trenzas internas instaladas por décadas.

5.- Sólo lo anterior puede dar viabilidad a futuros procesos de control de la seriedad, transparencia y certeza jurídica mínima de y sobre los padrones de los partidos, que pueda realizar el Servel o una futura superintendencia. Lo mismo ocurre respecto al carácter realmente democrático y transparente de las elecciones internas posteriores a los cambios legales que se discuten.

6.- Con la sola aplicación de las modificaciones propuestas, es posible conseguir el debilitamiento de las fracciones partidarias hegemónicas al interior de los partidos y, al mismo tiempo, favorecer el retiro anticipado de muchos dirigentes que parecen no haber estado a la altura que requiere la política republicana para legitimarse ante la opinión pública y el cuerpo electoral.

7.- Sólo reinscribiendo a los partidos políticos chilenos –en un proceso serio y transparente- será posible atraer a nuevos cuadros de militantes, que renueven a los partidos y a la política nacional, sin el riesgo que terminen de comparsa del status quo imperante. Ello no será fácil bajo ninguna circunstancia,  pero –reformas creíbles mediante- muchos partidos del sistema podrán atraer a los menos a segmentos de la juventud universitaria y secundaria que, afortunadamente, se repolitizó del 2011 en adelante.

8.- Por último, es un hecho público y notorio –fue denunciado por decenas de ciudadanos a raíz de los procesos de primarias durante el año 2013- que los padrones de los partidos incluyen personas cuyas firmas fueron conseguidas de manera engañosa. Para realizar dicha trampa, se utilizaron campañas públicas en las que la firma se solicitaba para supuestas causas  loables, como la protección de ballenas o  el proceso de paz en Medio Oriente.

En conclusión, lo que se busca en esta columna es dar algunas razones para realizar una reinscripción de todos los partidos políticos del sistema chileno, pues, para muchos es evidente que los partidos políticos chilenos, en su condición y funcionamiento actual  NO garantizan que en tres o cuatro años más no tengamos nuevos escándalos...con la única diferencia que, de llegar ello  a suceder, las instituciones democráticas ya no tendrán la mínima credibilidad para hacer nuevas reformas electorales y al financiamiento público de las campañas y de la actividad política.

Era un activo demócrata. Combatió en defensa del bando republicano en la guerra civil española y, luego, en dos ejércitos distintos contra el nacional socialismo. En la década de 1950 debió abandonar las universidades norteamericanas debido a la persecución del macartismo.

Vivió en Colombia, donde trabajó por años en temas vinculados al desarrollo de América Latina. Fue también un amigo de intelectuales chilenos y apoyó la causa democrática en tiempos de la Dictadura de Pinochet. En su larga vida académica escribió numerosos libros, entre los que destacan, Las Pasiones y Los Intereses; La Salida, la Voz y la Lealtad y Retóricas de la Intransigencia.

En esta última obra previene cómo no argumentar en democracia y para ello rechaza los simplismos “reaccionarios” y “progresistas” frente a los procesos de cambio. Denuncia dichos simplismos como expresión similar de lo que llama, la retórica de la intransigencia.

Cinco capítulos de este libro están dedicados a identificar la retórica de la intransigencia “reaccionaria”. En ellos muestra como frente a cada proceso de reforma –desde la revolución francesa en adelante- los partidarios del status quo, han opuesto tres tesis a los reformistas. Lo notable es que el libro muestra como muchas veces se levantan estas tesis al mismo tiempo, sin considerar que empleadas conjuntamente ellas se auto anulan.

Las tres tesis.

1) La tesis del riesgo. No realice las reformas pues el costo en que se incurrirá es muy alto.

2) La tesis del efecto perverso. No realice las reformas pues, por muy bien inspiradas que ellas se encuentren, no solo no conseguirán los objetivos buscados, sino que llevarán a la sociedad a la situación opuesta.

3) La tesis de la futilidad. No realice las reformas pues la tentativa de cambio no es posible. La situación que busca alterar es inmodificable. Es la ley de la inamovilidad.

Estas tres tesis “reaccionarias” las hemos visto desplegadas durante estos meses a propósito, por ejemplo, de la reforma tributaria.

• El “riesgo” de paralizar la economía por el impacto del alza tributaria en la inversión y el crecimiento.

• El “efecto perverso” de hacer perder todo lo avanzado en desarrollo material durante la democracia, incluyendo -ahora se reconoce- durante los 20 años de gobiernos de la Concertación.

• La “futilidad” del cambio buscado: la reforma es inútil, fracasará en sus objetivos redistributivos, pues el alza tributaria lo pagarán la clase media y los trabajadores y no las empresas, quienes traspasarán dicha alza a mayores precios.

Pero, mientras escribía el libro, Hirschman se percató que no eran solo los “reaccionarios” los que ocupaban esquemas estereotipados de argumentación frente a las reformas.

Dedicó el sexto capítulo del libro a demostrar como también sus adversarios “progresistas” podrían incurrir en ellos. Identificó así, tres argumentos perentorios, simplistas e intransigentes expuestos, ahora, por los partidarios de la reforma.

1) Una variante más sofisticada de la tesis “reaccionaria” del riesgo, el peligro de la inacción, de no realizar las reformas. En Chile esto se ha expresado en anuncios apocalípticos si es que los cambios no se realizan a la brevedad. La economía y la estabilidad democrática estarían en crisis profunda: “el derrumbe del modelo”.

2) La ilusión sinergista. Las reformas se fortalecen unas a otras, per sé y armoniosamente. Hay que impulsar todos los cambios con rapidez y al mismo tiempo, lo otro sería continuar el “entreguismo” de la vieja Concertación.

3) La creencia de tener la historia del lado de las fuerzas reformistas. Se acabó un ciclo, las mayorías políticas y sociales quieren ahora cambios profundos.Quienes no entiendan el nuevo clima reinante en la calle serán condenados a la irrelevancia y al “basurero de la historia”. Más que traidores a las reformas, son ineptos y estúpidos.

Nosotros agregamos que esto puede ir acompañado –dado que se conoce nada menos que la ley del movimiento histórico- de actitudes presuntuosas que engendran el deseo de “hacerse el peligroso”: reformas moderadas se presentan por sus partidarios como de mayor envergadura de las que poseen. Con ello se auto gratifican como “híper progresistas”, pero facilitando la tarea de “reaccionarios” que promueven el miedo y la inseguridad para oponerse a los cambios.

El libro de Hirschman alerta contra esta manera de aproximarse a las reformas. Muestra que los procesos de cambio –nosotros agregamos que sobre todo en democracia- son mucho más complejos y que el liderazgo político de gobierno y oposición no debiera olvidar nunca el consejo de Max Weber a los estudiantes alemanes en 1919: “Poseer la educada capacidad para mirar de frente las realidades de la vida, soportarlas y estar a su altura”.

Para avanzar en lo anterior, es útil releer en Chile a Hirschman.

Se han mencionado, entre otros errores, el presentarse como miembro de un partido de centro, “el más centrado de todos”; tener un supuesto tinte conservador, “el matrimonio es entre un hombre y una mujer” e incluso confesional ,“creo en Dios, y qué”. Esto ha sido asumido, en parte, por el propio candidato, quien ha dicho que se equivocó al hacer una campaña de “nicho”; es decir, orientado al electorado socialcristiano, en el supuesto que concurrirían pocos electores a votar en la primaria.

En la opinión de quienes escriben esta columna, no parece que estos fueran los factores relevantes. Por razones de espacio no podemos, ahora, explayarnos sobre ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, señalamos que la incidencia de los contenidos “ideológicos y programáticos” de la campaña de primarias es débil, si se tiene presente que antes que ésta se iniciara, Michelle Bachelet, en la encuesta CEP de abril de 2012, marcaba una intención de voto del 51%.

La noche de la primaria, al contarse los votos, Michelle Bachelet, sacó un poco más de la mitad de todos los votos emitidos en las dos primarias presidenciales. Es decir, mantuvo ese cincuenta por ciento que mostraban las encuestas, un año antes que Claudio Orrego desplegara su campaña con las piezas publicitarias que hoy se cuestionan.

Dado que en las primarias votaron más de tres millones de personas, por simple ley de los grandes números, la coincidencia entre encuestas y resultados no debiera extrañar. Pero sí permite afirmar que en la intención de voto de Michelle Bachelet poco influyó la campaña electoral.

Se podría contra argumentar que si bien es cierto lo anterior, “la centrista, conservadora y confesional” campaña DC, explica el orden de llegada en la primaria de la Concertación.

Sin embargo, José Antonio Gómez desarrolló justamente una campaña más bien “liberal” en lo cultural y “estatista” en lo económico y su resultado fue de un 5%, contra un 9% de Orrego y un 13% de Velasco.

Lo anterior demostraría que contra Michelle Bachelet, en esta campaña, no hacían mucha mella los énfasis de contenido – reales o supuestos – que desplegaran sus adversarios.

Insistimos que, a nuestro juicio, lo más relevante de esta campaña fue la cantidad de gente que votó y el aplastante triunfo de la candidata socialista. Estar debatiendo acerca de las razones de las votaciones de los otros tres candidatos, quienes se dividieron el 25% restante de los votos, no permite apuntar a lo esencial: el liderazgo carismático de la ex presidenta.

Dicho liderazgo, sin duda es un fenómeno político complejo, considérese sólo como dato el que en las mismas comunas en la reciente primaria parlamentaria convencional de la oposición, votó sólo el 15% de quienes lo hicieron el 30 de junio.

La fuerza electoral demostrada por Bachelet parece basarse más bien en que para el votante opositor ella era y es la carta más segura para derrotar al actual oficialismo en noviembre.

Es probable que también para el sector más politizado del voto opositor, a Michelle Bachelet se le atribuya mayor capacidad que a los otros candidatos, para enfrentar la crisis de representación política y de distribución de los frutos del fuerte crecimiento económico que Chile ha tenido los últimos treinta y cinco años. Por ello, la importancia que ha adquirido la reforma política, la educacional y la tributaria.

También se ha insinuado que contenidos más “liberales” y “socialdemócratas” pudieron haber representado mejor a las bases electorales demócratas cristianas. Sin embargo, las primarias presidenciales internas de dicho partido demostraron todo lo contrario.

Conviene preguntarse lo siguiente,en un ejercicio contrafáctico, si la DC hubiese presentado un candidato con un discurso “liberal-estatista”, ¿alguien puede seriamente afirmar que habría obtenido más votos?

O más bien, si es cierto que la campaña de primarias no alteró en nada los apoyos iniciales a Michelle Bachelet -si le creemos a reiteradas encuestas del año anterior-, ¿se puede sostener seriamente que dicho candidato hubiese obtenido un resultado mejor al de Orrego?

Y si ese ello no hubiese ocurrido, ¿no estaría debatiendo ahora la DC que un énfasis “liberal” en lo cultural y “estatista” en lo económico, convirtió en indistinguible su discurso de las posturas de Michelle Bachelet y de José Antonio Gómez, lo que explicaría el mal resultado electoral en las primarias, por falta de identidad y de total confusión de su electorado?

Si lo anterior es efectivo, significa que las razones más relevantes del aplastante triunfo de la candidata socialista poco tienen que ver con supuestos ejes culturales o de ubicación geométrica de la DC en el eje izquierda-derecha.

Lo anterior no significa que estos temas sean irrelevantes para el futuro de la Democracia Cristiana y de la actual oposición, sin perjuicio que el momento adecuado para discutirlas, nos parece, debe ser pos elección presidencial y parlamentaria.

Acertar lo más posible en las razones de lo ocurrido es muy importante. Ello porque el sistema político chileno puede estar muy cercano a un significativo reordenamiento en los apoyos electorales a los partidos que lo componen.

Ello ya ocurrió en otros momentos de nuestra historia, tras liderazgos como el de Pedro Montt y de Carlos Ibáñez. En el caso del primero, se dijo tras su muerte que “antes confiábamos en un hombre, ahora no confiamos en ninguno”.

Quince años después, se desplomó el Estado oligárquico, por la incapacidad de los actores de esos años para enfrentar la crisis de representación política y de distribución socioeconómica de la época.

Co autor del artículo es nuestro columnista, abogado, Sergio Micco.

Dichos cambios legales contaron con el apoyo activo no sólo del Ejecutivo, primero dirigido por la Concertación y luego por la Derecha, sino también de la mayoría de los parlamentarios de gobierno y oposición.

Esta reforma parece muy coherente con una de las visiones contemporáneas que han contribuido a la vigencia de la democracia pluralista.Dicha visión es la liberal individualista y su concepción del voto sólo como un derecho, queda ahora plenamente establecida en la legislación electoral chilena.

En cambio, extrañamente, los componentes republicanos de la democracia -ya bastante debilitados en el sistema político chileno- que se supone expresan los partidos de la Concertación, solo fueron defendidos por una minoría de sus parlamentarios durante los debates y votaciones.

Así, el voto es ahora en Chile solo un derecho. Ya no se le considera también un deber propio de los derechos políticos o una función pública que permite conformar la polis y constituir su gobierno. Esto, pese a que durante el largo debate sobre la reforma al sistema de voto una cantidad importante de cientistas políticos y de profesores de derecho constitucional se pronunciaron públicamente en contra, señalando los riesgos asociados al voto voluntario. ¿Cuáles son éstos?

Primer riesgo: El voto voluntario promueve la profundización de la asimetría en la participación electoral y política a favor de las personas más ricas, educadas y organizadas de la sociedad y viceversa, facilita la abstención de los más pobres, menos educados y más atomizados.

En rigor el denominado sesgo o desviación clasista del voto voluntario es incluso más amplio. No solo favorece la participación de las personas con mayor nivel de renta, educación u organización sino también de quienes son trabajadores intelectuales y no manuales, controlan su propio tiempo, habitan en la ciudad y no en el campo, de los hombres por sobre las mujeres y de quienes no forman parte de sectores sociales, étnicos, lingüísticos o religiosos minoritarios.

Es decir la discriminación o el sesgo es contra todos los débiles y no solo en perjuicio de la participación de los socioeconómicamente tales.

Segundo riesgo: El voto voluntario es un retroceso en el objetivo de impedir que el dinero controle la política. Cabe destacar que pese a las enormes desigualdades que presenta la sociedad chilena, el tratamiento jurídico a la relación entre dinero y política no es de las peores en las democracias contemporáneas.

Las razones de ello son variadas. Algunas, incluso, provienen del diseño político original que realizó la dictadura. Verbigracia: a) la prohibición de publicidad pagada en la TV, que eleva los costos de las campañas a cifras obscenas. b) El acceso gratuito de los candidatos a elecciones presidenciales y parlamentarias a la TV abierta el último mes de campaña.

Ahora bien, el establecimiento del voto voluntario, va en la línea contraria a todo lo anterior, pues ayuda a construir un escenario electoral propicio a quién tenga mayor capacidad de recaudar dinero para las campañas.

Desde este ángulo, un primer impacto significativo se puede producir al momento de asegurar la concurrencia a las urnas de votantes o clientelas electorales, proveyéndolos de transporte gratuito a los locales de votación. Es el denominado “acarreo”.

Más grave aún, durante décadas en Chile se buscó impedir, o a lo menos dificultar el cohecho electoral. Pues bien, el voto voluntario facilitará el cohecho electoral. Y lo hará porque la tendencia a incentivar con dinero o dádivas a electores “renuentes” se hará más fuerte debido a que la sola concurrencia a las urnas de dichos “renuentes” hace muy verosímil que ella se realiza para cumplir el “trato” con los operadores y secuaces de los candidatos que les compran el voto.

Tercer riesgo: El voto voluntario puede profundizar el deterioro de la legitimidad de la democracia representativa. La combinación de desigualdades sociales, crecientemente percibidas como intolerables por grupos medios que se han expandido -pero de condición aún vulnerable por lo precario de su integración social- y un sistema político bloqueado por dispositivos institucionales contra mayoritarios, entre otros factores, han provocado en el país una doble crisis: de representación y de distribución.

El voto voluntario probablemente agravará dicha situación, deteriorando aún más la legitimidad de una democracia condenada, vía el empate institucional, a la parálisis decisoria en materia de políticas públicas distributivas y redistributivas.

Lo agravará porque la inscripción automática amplía en forma significativa los electores potenciales, pero si millones de ellos no concurren a las urnas, pudiendo hacerlo, las “autoridades” de distintos niveles del sistema político que surjan de los procesos electorales, serán plausiblemente acusadas de poco representativas y cupulares. Los extremistas de ambos lados del espectro presentarán la abstención como una muestra más del rechazo creciente de quienes buscan “que se vayan todos”.

De concretarse los riesgos anteriores en la próxima elección municipal, empeoraremos en vez de mejorar la calidad de la democracia chilena, alejándonos en vez de acercarnos a los ideales de autogobierno e igualdad inspiradores de la república democrática.

Como es obvio, quien escribe este informe quisiera que estos riesgos no se concretaran el próximo domingo 28 de octubre. Pero si ellos se materializan, nos parece urgente pedir desde ya no sólo la autocrítica de los decisores públicos si no también la implementación de medidas correctivas urgentes.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/10/algunos-riesgos-del-voto-voluntario/

En 22 años no ha existido mayoría parlamentaria bajo el binominal, pues éste no fue nunca el objetivo de dicho sistema electoral. El sistema no busca facilitar el que una mayoría electoral se exprese en una mayoría parlamentaria.

Ello pues no es efectivo que el binominal sea un sistema electoral mayoritario, como lo es el uninominal, que sí, normalmente, sobre representa en el parlamento a la primera fuerza electoral.

Por el contrario, el objetivo buscado es sobre representar a la segunda fuerza electoral y facilitar el empate institucional. Obviando lo anterior, cotidianamente se indica a los chilenos sobre las dificultades que tendría la representación proporcional sobre la posibilidad de conformar mayorías parlamentarias de apoyo al ejecutivo.

Se aduce que la representación proporcional “produce” sistemas multipartidistas y, aunque éstos son los sistemas de partidos más comunes de los regímenes políticos democráticos contemporáneos, durante ochenta años no han cesado sus críticas.

Ellas han sido múltiples: que impide la formación de gobiernos de mayoría; que en el caso de formarse gobiernos de mayoría bajo el multipartidismo, estos son poco estables; que en este formato los gobiernos carecen de eficacia decisoria; que produce polarización ideológica y competencia centrífuga.

Los argumentos anteriores son complementados con la idealización de las virtudes del sistema anglosajón, fundamentalmente el de Gran Bretaña y Estados Unidos, el cual se eleva como ejemplo de política moderada, estable y eficaz.

No se considera en la reflexión los casos desviados, en los que el bipartidismo en vez de producir moderación y estabilidad ha llevado a la polarización y al quiebre democrático.Por ejemplo, Austria en el período de entre guerras y Colombia hasta 1957.

También se olvida que la polarización política chilena, en 1973, fue potenciada por un esquema bipolar de competencia electoral entre la CODE y la UP.

Tampoco se considera en los análisis a las democracias multipartidistas estables: Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Suiza y Bélgica, durante todo el siglo XX, y numerosos países de América Latina y de las democracias pos comunistas de Europa Central, durante los últimos veinte años.

En el caso de las democracias europeas que hemos listado más arriba, a la estabilidad democrática hay que sumar que varias de ellas son punteras no sólo en producto per cápita, si no también en el Índice de Desarrollo Humano. Es decir, no sólo son democracias consolidadas, sino que además son democracias económica y socialmente eficaces.

Los defensores de la moderación política, que asocian al binominal, omiten que Arend Lijphart, el principal teórico del modelo de democracia consensual, la define como dotada de un sistema multipartidista y de sistemas electorales de representación proporcional.

Ello les permite seguir hablando de moderación política y de lógicas consensuales, mientras se defienden esquemas bipartidistas de competencias y sistemas electorales real o presuntamente mayoritarios.

La fragmentación partidista, es presentada como un efecto mecánico de la representación proporcional y también como causa directa de la polarización del sistema de partidos.

Se olvida así que importantes cientistas políticos han planteado que no existen leyes deterministas en esta materia y que, además, es plenamente posible que el multipartidismo coexista con la despolarización y que el bipartidismo se polarice.

Tampoco se tiene a la vista lo que ha ocurrido empíricamente los últimos veinte años en la inmensa mayoría de las democracias, caracterizadas por el aumento del número de partidos y, simultáneamente, la despolarización ideológica.

Se desconoce que el debate académico actual sobre la relación de sistemas electorales y sistemas de partidos, no sólo acepta que las relaciones son mutuas o bidireccionales, sino que incluso, enfatiza el papel de los sistemas de partidos en la adopción de un sistema electoral u otro.

El análisis de la representación proporcional se realiza con el mismo simplismo, criticándosele sin considerar matices, como si todos los sistemas electorales proporcionales fueran puros, es decir, que sólo reflejasen mecánicamente en los porcentajes de escaños parlamentarios los porcentajes de votación recogidos por cada partido en un distrito único nacional.

Salvo el caso de Israel y Holanda no existen sistemas electorales puros en ninguna democracia. Por ello, no se analizan sistemas empíricos de representación proporcional, que muestran numerosos subtipos.

Tampoco se descomponen los elementos de este sistema, cada uno de los cuales tiene efectos distintos: la magnitud del distrito, la regla de asignación de escaños, el tamaño de las asambleas parlamentarias y la existencia o no de barrera legal.

Por otra parte, el análisis empírico es completamente obviado, por ejemplo, el hecho macizo que la inmensa mayoría de las democracias actuales poseen sistemas electorales de representación proporcional -57% de ellas- y sólo el 23% sistemas mayoritarios, o que, todas las democracias latinoamericanas, con la excepción de Chile, tiene sistemas electorales proporcionales.

Finalmente no se recogen ni las teorías ni la experiencia real de la formación de coaliciones.Pero ello es fundamental de realizar si es que se quiere hablar seriamente de la incidencia en los diseños institucionales sobre la conformación de mayorías de gobierno.

Tanto la teoría como la empiria demuestran que los elementos que inciden viabilizando o no la creación de coaliciones y su estabilidad, no son predominantemente institucionales.

Como se ve, la “amnesia” teórica y empírica de quienes vitorean en Chile al binominal y sus presuntos efectos benéficos, es mayúscula.

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