Para efectos de esta tribuna, no voy a entrar a responder la gran cantidad de argumentos falaces que se entregaron en los últimos días con el objetivo de presionar a los senadores para que votaran en contra del libelo. Sólo me voy a limitar a señalar que lo que hicimos el miércoles pasado fue pronunciarnos acerca de si el acusado era o no “culpable de los delitos, infracciones o abuso de poder que se le imputa”. Así lo dispone el artículo 53 de la Carta Fundamental.

Ahora vamos al fondo del asunto. El ministro Beyer llegó al ministerio de Educación en medio de la crisis causada por la movilización de los estudiantes universitarios y secundarios del año 2011, que demandaban el fin del lucro en la educación y mejoras en la calidad y equidad en todos los niveles de enseñanza.

En medio de esa crisis y luego de ser recibidos los estudiantes en La Moneda, el Gobierno se comprometió a aplicar la ley que prohíbe el lucro en la educación. Sin embargo, a pesar de tal compromiso, esa medida no fue adoptada. Desde entonces, con distintos argumentos, el ministro Beyer se negó sistemáticamente a investigar el lucro en las universidades privadas chilenas.

Sus defensores invocan que ha sido el único ministro que ha cerrado una universidad. Pero eso no es cierto. Tal como lo declaró en la Comisión, la ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación (hoy Consejo Nacional de Educación) y actual Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, María José Lemaitre, entre 1990 y la fecha, dicho Consejo cerró 18 universidades por distintas razones, algunas de orden académico, pero también por determinarse que infringían la ley en materia de lucro, como fue el caso de la Universidad Real y la Universidad Temuco.

Dichas universidades fueron cerradas en el período de licenciamiento, esto es, antes de que se les otorgara su autonomía. Sin embargo, se les aplicó la misma ley que rige en la actualidad, lo que demuestra que en el caso de las instituciones autónomas las facultades de fiscalización y de sanción corresponden al ministerio de Educación, y que en los gobiernos anteriores sí hubo voluntad de hacer cumplir la ley.

En el caso de la Universidad Del Mar, la verdad es que el ministro decidió iniciar la investigación después de la “renuncia con denuncia” del rector de ese establecimiento, el abogado Raúl Urrutia en mayo de 2012. El escándalo nacional que tales revelaciones trajo consigo no le dejó otra opción que activar los mecanismos a su disposición –que por cierto los tenía- para afrontar tamañas irregularidades.

Pero también el secretario de Estado conoció la denuncia de lucro en la Universidad Santo Tomás, la que finalmente descartó pese a que el propio asesor que contrató el ministro para esa investigación comprobó la existencia de lucro. Cosa parecida sucedió en el caso de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación.

La disculpa esgrimida por el ministro Beyer en reiteradas ocasiones es que él no disponía de las atribuciones suficientes para fiscalizar el lucro.Sin embargo, ese argumento no tiene asidero. El propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, señaló lo contrario en un dictamen respondiendo a la consulta de dos diputados y en su comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó el funcionamiento de la educación superior entre agosto de 2011 y junio de 2012.

A ello debemos agregar que el ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, en esa misma Comisión, confirmó que era público y notorio que las universidades privadas eran un buen negocio por ser una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe.

Entonces, es evidente que el ministro Beyer sí tenía las facultades para investigar el lucro y que hay universidades privadas que sí lucran. Lo que parece ocurrir en la realidad, es que por razones ideológicas el oficialismo estima que tales actividades son permisibles a pesar de vulnerar la ley.

No se entiende de otro modo entonces, que el ministro haya optado por ignorar el informe sobre el funcionamiento de la educación superior que preparó un grupo de diputados. En ese informe, aunque rechazado por una circunstancial mayoría de la derecha, quedó constancia de que existían una serie de antecedentes que comprueban la transgresión de la ley en diversas entidades educacionales.

Tal indicio es razón más que suficiente para configurar el deber establecido en el Estatuto Administrativo (letra K), artículo 61, Ley Nº 18.834, de “denunciar… a la autoridad competente, los hechos de carácter irregular, especialmente aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado en la ley…”.

¿A cuál autoridad competente debió comunicar esos hechos irregulares?Pues a la competente según cada hecho descubierto. Esto es, al Contralor General de la República, al Director del Servicio de Impuestos Internos e incluso, al propio Presidente de la República. Eso lo habría hecho el ministro si hubiese puesto diligencia y celo en su afán funcionario, ya que los instrumentos para actuar frente a los hechos irregulares los tenía a la mano y los conocía.

Por eso consideré que el ministro efectivamente había incurrido en las causales que nuestra Constitución establece para declararlo culpable de las infracciones que se le imputaron y en consecuencia, voté favorablemente esta acusación constitucional.

¿Cuáles son las razones que inspiraron esta determinación? En primer lugar, ser consecuente con las motivaciones que siempre han guiado mi conducta en el servicio público. En mis decisiones políticas siempre he privilegiado cómo contribuir de mejor manera a Chile.

Por ello, cuando decidí dedicarme por completo al servicio público, ingresé al Comité de Elecciones Libres. Luego postulé al Senado en 1989 convencido de que de allí podía colaborar en las exigentes tareas de la transición democrática.

En 1994 asumí el gran desafío de la Presidencia de la República, en un etapa clave para el desarrollo de nuestro país. Y fiel a mi convicción de que Chile será desarrollado cuando sus regiones lo sean, me comprometí a representar a Valdivia y Osorno en el Senado a partir del año 2006.Del mismo modo, tampoco dudé en su momento de ser la carta presidencial de la Concertación en el 2009, en un panorama electoral no favorable.

En la actualidad, creo que nuestro país está un momento crucial de su historia. Si nos aplicamos, la actual generación podrá vivir en una nación que dejó atrás las miserias del subdesarrollo.

Sin embargo, sabemos que para lograr ese objetivo aún hay importantes tareas que resolver: disminuir la desigualdad y derrotar la pobreza; contar con las bases energéticas y de infraestructura que requiere nuestro actual crecimiento económico; elevar la calidad de la educación y las capacidades de innovación; y permitir que las regiones tengan su propio espacio de decisiones, entre otras. Todas estas son tareas de Estado, en la cuales siempre colaboraré con un espíritu constructivo.

Pero junto con lo anterior, una de mis principales preocupaciones es la renovación de la política chilena. Que nadie se engañe: no habrá un país desarrollado sin una política democrática de calidad y sin una institucionalidad que represente el dinamismo y la pluralidad de Chile.

En este sentido, me alegra comprobar que varios de los jóvenes que colaboraron en mi pasada campaña presidencial estén hoy participando activamente en el servicio público. ¡Qué bueno que sea así!

Nuestro país necesita de la energía y la capacidad de emprender que traen los jóvenes, y yo seguiré trabajando para que en nuestra política existan nuevos rostros, nuevas ideas y más espacios de participación.

Junto con lo anterior, considero que en un clima internacional y regional turbulento, Chile debe afirmar su presencia en un mundo global. En esta materia voy a colaborar activamente promoviendo a nuestro país en el exterior, su imagen y sus intereses concretos.

Por mis tareas como Presidente de la República y por mi frecuente participación en diversos foros regionales y mundiales a los que soy invitado, cuento con un importante capital de relaciones políticas tanto en Europa, América Latina y Asia Pacífico que colocaré al servicio de Chile.

En lo inmediato, mi compromiso es seguir representando a mi circunscripción en el Senado durante este último año legislativo, especialmente en los grandes temas de desarrollo local.

Del mismo modo, continuaré trabajando codo a codo con los dirigentes regionales y comunales de mi partido. Puedo decir con satisfacción que dejo una región con una Democracia Cristiana sólida, con las capacidades para promover sus propios liderazgos regionales en la próxima elección parlamentaria.

Por último, quiero manifestar que dejaré el Senado con la enorme gratificación de poder recibir a diario el agradecimiento, respeto y cariño de la gente, cualquiera sea el lugar en que me encuentre.

Desde muy joven, entendió que la solución a los males que aquejaban al país era impulsar una revolución verdaderamente humanista y motivada por el cambio social, la que sólo podía llevarse a cabo en una sociedad democrática por medio de un movimiento político con un claro y preciso programa de acción social y económica. Así fue como forjó un partido humanista cristiano, primero con la Falange Nacional y luego con la Democracia Cristiana.

Definidos el objetivo y el instrumento, Frei se puso al servicio del país como ministro o como parlamentario. No fue fácil ese camino. Junto a sus camaradas fue duramente combatido por las más diversas razones, pero él jamás transó sus ideales, fue fiel a su ideario y gustara o no siempre tuvo definiciones claras ante la realidad nacional y mundial.

Esa consecuencia fue reconocida por el pueblo de Chile. Lo que comenzó como un pequeño grupo de “jóvenes idealistas”, como los tildaron sus más acérrimos críticos en un principio, terminó convertido en un movimiento de enorme arraigo popular.

Así, en su segundo intento, Eduardo Frei llegó a la Presidencia de la República, ganando con una abrumadora cantidad de votos. El suyo fue un gobierno de realizaciones. Todo comenzó con un programa. Era la primera vez en la historia de Chile que antes de llegar a La Moneda se preparaba un programa de carácter nacional, en cuya preparación participaron personas de todas las especialidades: agricultores y campesinos, ingenieros y mineros, mujeres, jóvenes, abogados, médicos y expertos en relaciones internacionales, entre tantos otros.

Una vez en el poder, su desafío central fue producir una transformación que alcanzara simultáneamente un desarrollo económico y un desarrollo social y participativo, vigoroso y sostenido. Reforma agraria, educación, construcción de habitaciones para obreros, chilenización del cobre, aumento de las exportaciones, programa de salud, promoción popular, reforestación, salarios concordantes con el aumento del costo de la vida y tantas otras iniciativas, fueron llevadas adelante sin dudas ni transacciones.

También trabajó intensamente por el ideal de la unidad de América Latina, el sueño que alienta en la historia regional desde la misma independencia, y que sigue siendo tan esquivo.

La obra de su gobierno fue contundente como pocos. De ahí el reconocimiento internacional de que fue objeto y del cariño y gratitud de cientos de miles de chilenas y chilenos que por primera vez en sus vidas se sintieron parte de este país.

Los últimos años de su vida fueron angustiosos. Sufrió al ver como Chile perdía su democracia y como la lógica del entendimiento cedía ante la lógica del enfrentamiento. Durante toda la etapa que le tocó vivir de la dictadura, no perdió oportunidad para alzar la voz y exigir la pronta redemocratización del país y el respeto a los derechos humanos.

Eduardo Frei Montalva pagó muy caro su coraje y consecuencia. Todos sabemos lo que ocurrió. Chile tiene una deuda con él y mi familia ni yo vamos a descansar hasta que quienes lo mataron vayan a la cárcel. No voy a aceptar que se interpongan nuevos obstáculos para que se haga justicia, ni en este ni en cualquier otro caso de violaciones a los derechos humanos.

Esto, entre otras cosas, significa que en mi rol de senador me opondré siempre a que jueces partidarios de la impunidad pasen a integrar la Corte Suprema. No habrá acuerdo ni negociación ni nada por el estilo que me haga cambiar de opinión. Este es un asunto de convicciones. Se lo debo a la memoria de mi padre y a la de todos aquellos compatriotas que fueron asesinados por los organismos de seguridad del gobierno militar.

Han pasado más de 30 años de su partida y más de tres desde que la Corte Suprema acreditó la participación de terceros en su muerte.Seguimos esperando que se haga justicia. Sé que no es fácil. Pero así como en otros tantos casos similares, tarde o temprano los partidarios de la impunidad deberán rendirse ante el poder inclaudicable de la verdad.

Tras morir Eduardo Frei Montalva entró por la puerta grande a la historia de nuestro país. Lo hizo para enriquecerla con su nobleza, con su sabiduría y con su amor inquebrantable por Chile.

La figura de mi padre permanece con nosotros. Es la figura de un gran republicano que fue capaz de mostrar en vida que los actos de un hombre pueden ser ejemplo de entereza, dignidad y virtud.

En primer lugar, el triunfo de la oposición, tal vez inesperado en su magnitud, tiene el valor de haber demostrado una vez más que los resultados no tardan en llegar cuando se trabaja con unidad, escuchando a los ciudadanos y privilegiando los intereses colectivos por sobre las ambiciones partidarias y personales.

No hay duda alguna que en esta victoria influyeron de manera significativa las primarias realizadas por la Concertación, hace poco más de siete meses, para elegir a sus postulantes a alcaldes y concejales. En su momento fueron menospreciadas por el oficialismo y se criticó el número de ciudadanos que concurrieron a votar. Sin embargo, tras lo ocurrido el 28 de octubre, hoy nadie discute que terminaron siendo determinantes en varias comunas, ya que permitieron tener candidatos validados por la gente y no designados a dedo y entre cuatro paredes por las directivas de los partidos.

En segundo lugar, estos comicios también sirvieron para comprobar que hay una mayoría de chilenos que no está conforme con nuestra democracia y lo hizo sentir no participando. Si bien este era un fenómeno que había ido en ascenso en los anteriores procesos electorales, considero que la alta abstención registrada, superior al 60%, es un llamado de alerta que todos debemos acoger.

No soy de los que creen que la manera de resolver esta situación sea reponiendo el voto obligatorio. Pero sí pienso que se nos está acabando el tiempo para realizar las reformas que nuestro sistema político requiere con urgencia. Entre ellas cambiar el sistema binominal, mejorar la calidad de nuestra política, reducir la brecha entre quienes actúan en ella y la ciudadanía, modernizar los partidos, fortalecer la educación cívica y promover la participación ciudadana.

En tercer lugar, por mucho que el gobierno esté viviendo anticipadamente su “ceremonia del adiós”, la Concertación no podría cometer peor error que creer que la carrera presidencial y parlamentaria del año próximo está ganada. Las recientes elecciones nos enseñaron, por ejemplo, en el caso emblemático de Josefina Errázuriz en Providencia, o incluso de Camilo Ballesteros en Estación Central, pese a su derrota, que es fundamental abrir paso a los liderazgos sociales para generar un nuevo vínculo con las diversas organizaciones que hoy existen en nuestra sociedad y, a la vez, impulsar una nueva forma de hacer política, más abierta y más participativa.

La soberbia en la hora del triunfo siempre es mala consejera y trae malos presagios, sino pregúnteles a quienes hoy están en el poder. Por eso la Concertación debe aprender la experiencia vivida el 28 de octubre pasado y recibir el veredicto ciudadano con humildad y mucha, pero mucha responsabilidad.

En la práctica ello se debe traducir en la construcción de un proyecto común, renovado, amplio, audaz y participativo que responda a las demandas más urgentes y sentidas de la ciudadanía. Ahí está nuestro desafío y no en malgastar nuestras energías en discusiones que a nadie le importan o en andar propiciando nuevos rumbos o recetas mágicas que, como quedó comprobado, no concitan un respaldo significativo. De lo contrario, está “resurrección” de nuestra coalición, como algunos lo han llamado, no será más que una golondrina de verano y con toda seguridad no habrá nuevas oportunidades en el futuro.

Por último, no puedo dejar de referirme a la total incompetencia mostrada por el gobierno durante este proceso electoral. Lo que antes era un motivo de orgullo para el país, hoy es de vergüenza. Es impresentable que a casi dos semanas de efectuados los comicios, aún se continúe contando votos en varias comunas del país. Aquí estamos ante un desorden generalizado del “gobierno de la eficiencia” que no es más que el triste corolario de la ineptitud que ha cruzado gran parte de su gestión.

El daño a la credibilidad de nuestro sistema electoral ya está hecho y con ello se abrió una enorme duda acerca de la debida transparencia que tendrán las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2013. Será el gobierno, el que tendrá que hacer un gran esfuerzo para garantizar la normalidad y limpieza de ese acto electoral.

Entre los aspectos que le hemos dicho al Ejecutivo que deben ser cambiados para votar favorablemente la propuesta, está en primer lugar, la disposición que –contra la opinión de todos los expertos- permite descontar impuestos por los gastos en educación, que beneficia a los quintiles de más altos ingresos y no al 81% de los contribuyentes, quienes pertenecen al tramo de ingresos que no paga este gravamen.

Con ello, además, se infringe un grave daño a la educación pública, ya que sólo favorece a la educación privada subvencionada, aumentando aún más los elevados niveles de segregación de nuestro sistema educacional. Por lo tanto, consideramos que si en este punto la iniciativa pretende beneficiar a un sector, éste debe ser la educación pública.

En segundo lugar, aunque parezca increíble y fuera de toda lógica, el proyecto establece una rebaja al impuesto a la renta a quienes reciben ingresos mensuales de entre 6 y 10 millones de pesos, segmento en el que se encuentran las autoridades de todos los poderes del Estado y de los organismos autónomos del Estado. Sinceramente, resulta impresentable que estemos legislando para favorecernos a nosotros mismos.

Y por último, la principal dificultad de esta iniciativa sigue siendo su escasa recaudación.

El Gobierno, luego de los cambios que introdujo al proyecto, asegura que se obtendrán US$ 1.230 millones, pero la verdad es que eso será sólo el primer año, el 2013, ya que a partir del 2014 bajará a US$ 712 millones, es decir, lo mismo que se habrían reunido con la propuesta anterior, cantidad que está muy lejos de los US$ 3.000 millones que se requieren para la reforma educacional.

Por eso, estamos pidiendo que al menos se adopte una medida adicional que permita compensar la diferencia de US$ 500 millones que se van a dejar de recaudar a partir del segundo año de entrada en vigencia de la ley, si es que finalmente se aprueba.

Raya para la suma, el ajuste tributario, mal llamada reforma, sigue siendo un esfuerzo muy modesto de cara a lo que necesita Chile y a lo que ha demandado la ciudadanía. Tal como van las cosas, más vale rechazarlo en el Senado para que la iniciativa vaya a una Comisión Mixta a ver si ahí las autoridades hacen los cambios que estamos proponiendo.Lamentablemente no hay ningún indicio de que eso vaya a ocurrir.

Por el contrario, una vez más estamos escuchando un lenguaje agresivo de parte de la derecha.Incluso, nos han acusado de recibir presiones antidemocráticas del Partido Comunista. Me parece que esos comentarios son un argumento propio de la guerra fría y no del siglo XXI.

Además, es un razonamiento extraño si consideramos que el proyecto estuvo cuatro meses en la Cámara de Diputados y nunca se votó, porque los mismos parlamentarios oficialistas no estaban dispuestos a respaldarlo, por lo que el Ejecutivo debió retirarlo y presentar uno nuevo. Entonces, ¿no es antidemocrático que las autoridades hayan cambiado la iniciativa por presión de sus propios diputados?

Lo que el oficialismo debe entender es que éste es un mal proyecto, hecho sin convicción, producto de la presión de la calle y no de la voluntad del Gobierno. Más grave aún es que se está engañando a la gente, diciéndole que es para juntar fondos para la educación, en circunstancias que los grandes favorecidos serán los sectores de más altos ingresos.

Sin perjuicio de lo anterior y tal como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, seguimos disponibles para dialogar y buscar acuerdos. Yo espero que las autoridades recapaciten y se allanen a modificar la iniciativa al menos en los términos ya descritos, porque de lo contrario vemos muy difícil aprobarla.

De esta manera, sabiendo que nadie iba a rechazar la iniciativa, porque peor es nada, la autoridad pasó por encima del Parlamento y de los propios trabajadores al imponer una cifra mezquina, demostrando una vez más su impericia política, nula conciencia social e incapacidad para buscar acuerdos.

El Ejecutivo erró desde un principio. Primero, convengamos en que el proyecto debió haber sido presentado al Congreso Nacional a comienzos de junio y se hizo como ya es costumbre en esta administración, a última hora, con urgencia y sin negociación previa con las organizaciones sindicales ni con los partidos.

Y luego, se equivocó al fijar un incremento menor a lo que realmente estaba en condiciones de ofrecer y muy por debajo de las expectativas de los trabajadores, de la oposición e incluso, parte del oficialismo, todos los cuales aspiraban a llegar a un salario mínimo de $200.000.

La excusa para no hacerlo ya lo conocemos: “puede aumentar el desempleo”. Se trata del mismo chantaje de siempre y al que se recurre cada vez que discutimos una política pública que pueda ir en beneficio de los que ganan menos, en circunstancias que no hay ninguna evidencia empírica que así lo demuestre. Con toda seguridad, vamos a escuchar similar argumento durante la tramitación de la reforma tributaria y cuando se inicie el estudio del reajuste a las remuneraciones de los funcionarios públicos.

En la pasada campaña presidencial se habló mucho del sueldo ético de $250.000 que propuso en 2009 Monseñor Alejandro Goic. Todos estuvimos de acuerdo, así como también concordamos en que las desigualdades existentes en la sociedad chilena no podían seguir esperando.

Pero, en vez de escuchar y atender las exigencias de equidad, el Ejecutivo prefirió seguir el camino de las amenazas y del matonaje verbal, insistiendo en un planteamiento que ya había sido rechazado en ambas cámaras del Poder Legislativo creyendo que de esta manera se anotaba un triunfo sobre la Concertación.

Sin embargo, aquí no ganó nadie, sino que perdió el país. Chile pierde cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar no les importa que el crecimiento económico del que tanto se vanaglorian no beneficie a los trabajadores con menor calificación laboral.

Chile pierde cuando a los 500 mil perceptores del ingreso mínimo no se les entrega un reajuste decente, pese a que llevan meses sufriendo reiteradas alzas en el precio de los alimentos y del transporte público.

Chile pierde cuando seguimos desaprovechando oportunidades para reducir las desigualdades y, por el contrario, continuamos ampliando las posibilidades de que se provoque una explosión social que ponga en riesgo nuestra gobernabilidad.

El Gobierno lejos de tomar conciencia de lo que está sembrando, actúa como si el país fuera un regimiento en el que todos debemos limitarnos a obedecer.

No escucha ni dialoga, y descalifica en forma grosera y prepotente a quienes nos atrevemos a formular una crítica política. Ya se sabe, con la derecha en el poder los trabajadores siempre pierden.

Como todo el mundo sabe, producto de nuestro ritmo de crecimiento, de aquí al año 2020 se espera que el consumo eléctrico crezca anualmente en torno al 6 a 7%, lo que requerirá aumentar la oferta, sólo en dicho período, en más de 8.000 MW en nuevos proyectos de generación.

La verdad es que hoy el cumplimiento de este objetivo se ve muy difícil, principalmente por nuestra incapacidad para lograr un consenso básico respecto a nuestra política energética, muchas veces, digámoslo claramente, producto de prejuicios y de la ignorancia.

Debido a lo anterior, no es de extrañar entonces que estemos en medio de un escenario altamente judicializado producto de los cuestionamientos de comunidades locales, de grupos de presión e, incluso, de parlamentarios que han propiciado una serie de recursos judiciales para detener proyectos de generación eléctrica.

Es así como hoy tenemos por lo menos ocho iniciativas de distinto tipo en esas condiciones o en camino a ello, pese a que varios de esos proyectos ya cuentan con su resolución de calificación ambiental aprobada. Para que se hagan una idea, estamos hablando de inversiones que en total implican US$ 12.000 millones y 7.500 MW, es decir, más de tres veces la capacidad total de las iniciativas que hoy se están construyendo sin dificultades y que alcanzan a los 2.296 MW.

A lo anterior debemos añadir otras situaciones que han contribuido a agravar aún más el panorama en que nos encontramos.

Es el caso de la prolongada sequía que vive el país, lo que ha disminuido la generación hídrica que es la más barata y ha elevado el uso del carbón y el diésel que son mucho más costosos.

Por eso hoy estemos pagando la energía más cara del continente con precios que en los últimos días de mayo pasado llegaron a sobrepasar los US$ 280 el MW, cifra que -a su vez- es US$ 60 más elevada que el promedio de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo más las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, van a poder seguir resistiendo esos valores?

Mientras todo esto y mucho más está sucediendo en este ámbito, el Gobierno parece no tomar conciencia de la gravedad del asunto.

Luego de dos años de gestión, en los que ya han pasado cinco ministros de Energía, recién en marzo de este año se dio a conocer la denominada Estrategia Nacional de Energía (ENE) y tuvieron que pasar dos meses más para que ingresara a trámite legislativo el primer proyecto de ley, el cual tiene por finalidad facilitar los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas.

Aunque tarde, está bien que lo hayan presentado, pero yo creo que en el ENE hay iniciativas más importantes y urgentes como el de la carretera pública de transmisión, que fue anunciado en mayo de 2011 y todavía no se envía al Congreso Nacional. Si eso no es indolencia no sé entonces como llamarlo.

Esto sin considerar el pésimo precedente que sentó el propio Presidente de la República al bajar, por el expediente del teléfono, el proyecto Barrancones, el que había cumplido con todas las exigencias ambientales.

¿Cómo seguimos para adelante? Creo que es fundamental un mayor involucramiento del Estado para resguardar uno de los mayores activos de nuestro país ante los inversionistas, sobre todo los provenientes del exterior: la seguridad jurídica, la que hoy, por cierto, está cuestionada.

Esto significa que debe establecer los mecanismos necesarios para que las calificaciones ambientales, cuando son positivas, sean respetadas y no impugnadas; agilizar los procesos de evaluación y construcción de la nueva infraestructura energética; tomar medidas para evitar que los procedimientos establecidos en nuestra normativa no colisionen con las costumbres locales; garantizar que los procedimientos en los procesos de evaluación ambiental sean técnicos y no políticos, y fortalecer la participación ciudadana.

De lo contrario, lo que va a suceder es que las empresas se van a ir, porque va a llegar un momento en que el costo de desarrollar un proyecto, de las campañas informativas y, sobre todo, de defender su concreción ante la justicia, será muy elevado.

El Gobierno tiene que tomar decisiones ahora, pues mañana va a ser demasiado tarde, sobre todo en un sector, como es energía, en el que las soluciones no son de la noche a la mañana, sino que toman años en surtir efectos. Lo claro es que llevamos mucho tiempo perdido.

Cuando fui Presidente no dudé en tomar decisiones por impopulares que fueran, ya que había una política energética de Estado. Por eso, respetamos siempre los procedimientos establecidos en nuestra legislación y apoyamos tanto las decisiones de los organismos competentes como la concreción de proyectos como Ralco y Pangue, pese a las duras e injustas críticas que debí soportar.

Paradójicamente, Ralco es la última inversión hidroeléctrica de magnitud que se ha hecho en Chile y eso que fue inaugurada hace casi diez años. ¿Cómo estaríamos hoy si no se hubiese construido?

Llegó la hora de enmendar los graves errores y omisiones que se han cometido en el último tiempo, los que, entre otras consecuencias, están dilapidando nuestra capacidad para garantizar la seguridad jurídica de inversionistas extranjeros.

Seamos claros: no podremos seguir atrayendo inversiones si las propias empresas sienten que el país carece de una política nacional de energía que les permita desarrollar iniciativas energéticas.

Fue un hombre que tuvo una muy particular visión acerca de la democracia, sus instituciones y la forma en que había que desempeñar la función política. Un hombre que, junto a un puñado de estudiantes católicos, tuvo la creatividad y la fuerza para liderar un movimiento que buscó dar respuestas a todos los problemas de la sociedad.

Ese ideario tenía por objetivo el cambio social, forjar una comunidad de hombres libres, y su mejor instrumento para ello era la democracia. No cualquier democracia, sino una de verdad, entendida como un régimen de libertades y derechos, pero con exigencias para gobernantes y gobernados.

No fue fácil seguir ese camino. A ratos supo de incomprensiones y duros ataques, mientras que en otras ocasiones conoció la dureza de la soledad y la frustración de la derrota. Sin embargo, no se desvió de su itinerario, porque íntimamente sabía que se precisa de mucha paciencia y rigor para que germinen las grandes ideas.

Y así fue. Lo que partió como un muy pequeño grupo de idealistas, a la postre se transformó en un partido de gran arraigo popular que tuvo la virtud de interpretar fielmente las esperanzas y anhelos de un vasto sector de la población. Ese respaldo mayoritario le permitió a la Democracia Cristiana llegar por primera vez a La Moneda.

Era el momento de la Revolución en Libertad, el primer programa de gobierno nacional e integral en la historia de nuestro país.

La obra de su gobierno y su legado político lo conocemos muy bien. Por eso hoy, en este día tan especial para mi familia y para muchos chilenos que lo admiraron y respetaron, queremos reiterar nuestra demanda de justicia a Eduardo Frei Montalva. Creemos que ya ha pasado un tiempo prudente para que conozcamos la verdad en torno a su asesinato.

Tenemos confianza en que así será. El magistrado Alejandro Madrid ha hecho un gran trabajo, lo que ha permitido avanzar en la investigación. Hay seis personas procesadas y ya está acreditada la intervención de terceros en la muerte del Presidente Frei.

Nuestra fe se ha reforzado con las últimas decisiones adoptadas por la Corte Suprema, la que determinó que el juez Madrid se dedique exclusivamente a esta causa.

Esta no es sólo una cruzada de la familia Frei. De verdad, pienso que es fundamental que el país sepa quienes fueron los autores intelectuales y materiales de este crimen, el primero a un presidente de Chile.

¿Alguien se puede extrañar que haya asesinado? Ya sabemos cómo los agentes de seguridad de la dictadura se infiltraron en la vida cotidiana de Eduardo Frei, el seguimiento de que fue objeto y los pasos que fueron dando para cumplir el objetivo de matarlo.

También conocemos como se organizaron en esos años las diferentes organizaciones y brigadas represivas, la forma en que operaron, la impunidad con que lo hicieron y las redes que crearon para protegerse.

Además, se ha revelado la forma en que se utilizaron productos químicos, como toxinas botulímicas y otros gases, para eliminar a opositores al gobierno militar. Y del mismo modo, a partir de la investigación por el crimen del general Prats está confirmado que la dictadura creó una asociación ilícita para eliminar a la disidencia.

Aunque algunos lo quieran negar, la verdad es una sola: en Chile hubo terrorismo de Estado, a través de una estructura especialmente diseñada para matar a los opositores al régimen militar, dotada de recursos humanos y financieros para desarrollar esa tarea, y que contó con el apoyo y complicidad de quien, en ese entonces, era Presidente de la República.

Quienes trabajaban ahí tenían una función específica que cumplir, recibían sueldo con fondos fiscales y no se escatimaron recursos para lograr cada uno de los objetivos que se propusieron.

De ahí que se creara toda una infraestructura criminal: los laboratorios para producir los gases y las toxinas botulímicas; las clínicas clandestinas en que trabajó personal médico y auxiliar de los hospitales de las Fuerzas Armadas y de clínicas privadas; y las personas que reclutaron para infiltrar las actividades de los principales opositores a la dictadura, entre otras operaciones.

En el caso particular del Presidente Frei, era evidente que él era un poderoso y temido adversario para el régimen militar.

¿Quién otro en esa época podía aglutinar a la oposición y poner en riesgo el ideario político propuesto en la Constitución de 1980?

¿Quién otro gozaba del respeto y admiración de gobiernos extranjeros que apoyaban la vuelta a la democracia en Chile?

¿Quién otro contaba con la credibilidad necesaria para denunciar en los foros internacionales los abusos de la dictadura?

La respuesta es una sola: Eduardo Frei Montalva y por eso había que eliminarlo.

La operación por una molesta hernia al hiato no fue más que la oportunidad propicia para concretar una ejecución que de todos modos se iba a producir. Si no era así, seguramente habría sido un atentado como ocurrió con Orlando Letelier y el general Carlos Prats, o como lo intentaron hacer con Bernardo Leighton. Pero la verdad es que Eduardo Frei estaba sentenciado.

Y lo mataron de la manera más cobarde que pudieron imaginar: atacando a un hombre que se encontraba indefenso hospitalizado en una clínica. En ese lugar, se montó un operativo de inteligencia al más alto nivel no sólo para matar a Frei, sino además para ocultar las evidencias del crimen.

No ha sido fácil llegar hasta este punto. Todos sabemos los esfuerzos realizados por instituciones y personas para impedir que se conociera la verdad.

Hemos debido sortear numerosos obstáculos: la poca colaboración de organismos públicos y privados; amenazas de distinto tipo; una seudo autopsia escondida por más de veinte años y caratulada como NN; poderosos medios de comunicación (todos sabemos cuáles) que llenaron páginas y páginas intentando desacreditar los avances de la investigación; y también descalificaciones de personas que, pese a la fuerza de las pruebas reunidas, insisten en hacer creer que mi padre murió de una complicación postoperatoria o de una negligencia médica.

Pero la verdad es que Eduardo Frei Montalva fue asesinado y hoy con la misma convicción y serenidad con que hemos actuado en todos estos años, reiteramos nuestra confianza en que finalmente quienes causaron su muerte van a pagar por lo que hicieron como corresponde en un Estado de Derecho.

A nosotros no nos anima la venganza ni el rencor.

Simplemente, tenemos la convicción de que Chile no puede mirar al futuro si no es capaz de ajustar las cuentas pendientes que tiene con su pasado.Y esto no sólo es válido para el caso del ex Presidente Frei, sino para todas las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos.

Este caso, al igual que muchos otros que hemos conocido en los últimos veinte años, demuestra que pese a todos los cuidados que se tomaron para que los crímenes de la dictadura quedaran en la impunidad, finalmente siempre hay una forma de llegar a la verdad y ese camino tarde o temprano se encuentra.

Así al menos lo reflejan los datos estadísticos entregados recientemente por el propio ministerio del Interior, los que demuestran que la “tolerancia cero” en el combate a la delincuencia ha sido un estrepitoso fracaso. Las cifras son elocuentes: durante el tercer trimestre del presente año se registró un incremento de un 10,1% en los delitos graves, mientras los casos de asaltos, tales como robos con violencia o intimidación, tuvieron un alza de casi un 18%.

Pese a la gravedad del asunto no he escuchado ninguna autocrítica de las autoridades. Más bien la reacción ha sido culpar a otros.

Primero, el ministro de Justicia se puso al borde de la constitucionalidad al manifestar que el Ejecutivo consideraría los fallos de los jueces de garantía antes de decidir su promoción.

Por su parte, el ministro del Interior dijo que el aumento de los delitos era producto de las movilizaciones de los estudiantes y luego propuso elegir democráticamente a los jueces y fiscales, lo que equivaldría a politizar el sistema judicial de nuestro país. Y luego se ha dedicado a arremeter diariamente y de manera irracional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Este es un debate que daña nuestra institucionalidad democrática, no le sirve al país porque no resuelve el problema y deja en la más absoluta indefensión a millones de ciudadanos que en cualquier momento pueden ser víctimas de un delito en las calles o en su propio hogar.

Lo que Chile necesita son soluciones y no polémicas artificiales.

Le hace mal al país cuando el encargado de la seguridad ciudadana se desliga de sus propias obligaciones criticando a otros poderes del Estado y al Ministerio Público, cuya autonomía está garantizada constitucionalmente.

Podremos debatir acerca de la eficacia de los organismos encargados de investigar y de hacer justicia, pero seamos claros: el orden público es una competencia exclusiva del ministerio del Interior y quien ejerce esa cartera, el ministro Hinzpeter en este caso, no puede lavarse las manos y esperar que sean los jueces y fiscales los que respondan ante la ciudadanía por el fracaso de las políticas públicas que él mismo diseña y dirige.

Me pregunto qué tipo de justicia quiere este gobierno. Acaso la que había en dictadura, cuando existía un poder judicial servil al Ejecutivo, que se olvidó de sus deberes cuando miles de chilenos eran perseguidos por los organismos de seguridad y cuyos juicios carecían de transparencia, se demoraban años en terminar y no existía el debido proceso.

A mí me hubiera gustado que con el mismo celo que ha criticado la actuación de órganos del Estado que gozan de autonomía, el ministro hubiera alzado la voz para criticar la decisión de la corte marcial que la semana pasada dejó libre, mientras dura el proceso, al carabinero Miguel Millacura, quien fue el autor del disparo que mató a Manuel Gutiérrez, de sólo 15 años, durante los incidentes ocurridos en la comuna de Macul el 25 de agosto de este año, represión que él mismo ordenó.

La señal es peligrosa: los delincuentes comunes deben esperar el inicio del juicio en la cárcel, pero los que dan muerte a menores producto de la represión que el mismo ministro ordena pueden andar libres por las calles mientras el proceso llega a su fin.Yo prefiero que todos queden tras las rejas.

En definitiva, pienso que aquí estamos ante una nueva demostración de la confusión y pérdida de rumbo que sacude a esta administración. En vez de dialogar, amenaza; en vez de asumir los errores, culpa a otros; en vez de buscar acuerdos, genera nuevos conflictos.

En lo personal, creo que esta situación es la consecuencia lógica de cuando un tema tan sensible para la ciudadanía se enfrenta con más demagogia que destreza.

En la campaña presidencial dijimos que una política seria y efectiva de seguridad ciudadana se hace involucrando a todos los organismos públicos y privados con competencia en el tema sumando esfuerzos y conocimientos.

Además, señalamos que para disminuir los delitos, más que centrarse en la represión y en las medidas punitivas, se debía poner el foco en la prevención de los fenómenos que gatillan la actividad delictual, como la marginalidad, el alcoholismo y la drogadicción.

Nos acusaron de ser permisivos y criticaron los indultos entregados por los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, hoy –cuando tienen la responsabilidad de conducir el país- resulta que no sólo la delincuencia ha crecido sin control, sino además impulsaron un proyecto de ley para indultar a condenados a penas de cárcel con el objetivo de reducir el hacinamiento existente en los recintos penitenciarios.

La seguridad ciudadana incide directamente en la calidad de vida de las familias chilenas.

Por ello, debe enfrentarse con seriedad y efectividad. La mano dura no basta. Más que eso necesitamos mano firme con las causas que originan la delincuencia. De lo contrario, acabar con la fiesta de los delincuentes seguirá siendo una promesa sin cumplir.

La mediterraneidad boliviana es un tema pendiente de la política internacional de Chile, consecuencia directa de la Guerra del Pacífico.

Cuesta creer que pasado más de 125 años de ese suceso, aún los países que participaron en ese conflicto no hayan sido capaces de alcanzar una relación amistosa y estable, así como también una verdadera integración. ¿Están dadas las condiciones para que Chile, Perú y Bolivia puedan superar los resquemores y desconfianzas que han nublado su relación?

Me encantaría decir que sí, pero desgraciadamente los hechos indican todo lo contrario.

Por eso, yo creo que hoy la tarea es trabajar con la realidad que tenemos. ¿Qué nos dice esa realidad?

Por un lado, Perú perdió parte de su territorio en la Guerra del Pacífico a manos de Chile y nuestras tropas tuvieron ocupada Lima durante tres años. No nos puede extrañar entonces, que un sector importante de la población peruana crece incubando un sentimiento antichileno, lo que incluye a sus propias Fuerzas Armadas.

Y por otra parte, sucede lo mismo con Bolivia, que perdió  con Chile su acceso al mar en la Guerra del Pacífico.

Pero como dije anteriormente, esa es la realidad con la que tenemos que trabajar.

Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando? Considerando lo que hemos vivido en todos estos años, hoy estoy más convencido que la única manera de lograr una verdadera integración que beneficie a los tres países, es dándole una salida soberana al mar a Bolivia con solución de continuidad territorial al norte de Arica y con canje territorial.

Así Bolivia lograría lo que desea, podría finalmente exportar su gas y por qué no vender también a Chile parte de él. Nosotros, en tanto, tendríamos acceso a nuevas fuentes de agua para el riego y la minería.

Además, un acuerdo de este tipo beneficiaría a los empresarios peruanos y chilenos que podrían invertir en infraestructura, minería, agricultura y otros sectores, y a la vez Chile y Perú, como países miembros de la APEC, podrían facilitar la salida de productos bolivianos al Asia y las inversiones de ese continente en el norte de Chile, en el sur del Perú y en Bolivia.

El hoy ministro, entonces senador, Pablo Longueira, manifestó exactamente lo mismo hace algunos meses en un seminario realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez.

Incluso, él agregó que esta solución sólo podría impulsarla en nuestro país un gobierno de derecha. Y yo creo que tiene razón, porque si un gobierno de otro sector se hubiera atrevido a proponerlo habría contado con la oposición de toda la derecha y también de las Fuerzas Armadas.

Advierto que en todos los sectores políticos y de la sociedad civil hay muchas personas dispuestas a lo mismo. Además, no hay que ser muy agudo para darse cuenta que Bolivia no se va a conformar con un enclave u otras fórmulas que no signifiquen soberanía.

Esta alternativa también tiene la ventaja de que los últimos gobernantes peruanos han dicho que no se opondrían a una salida soberana al mar de Bolivia.

Asimismo, creo que -a diferencia de otras oportunidades- el hecho de que los tres países cuentan con gobiernos democráticos facilita la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Yo sé que esto no es fácil, porque no es cosa de llegar y repartir territorio. Y también sé que darle una salida al mar a Bolivia encuentra todavía mucha resistencia en nuestro país, aunque cada vez menor de acuerdo a diversos estudios de opinión.

Yo respeto esas opiniones. Creo que son muy legítimas y tienen todo el derecho de ser expresadas. Por lo mismo, es que estimo que una solución de este tipo no puede ser tomada unilateralmente por el poder político, sino que debe ser consultada a la ciudadanía en el momento en que haya una propuesta concreta, acordada por los respectivos gobiernos.

Pero del mismo modo y con toda sinceridad, pienso que no podemos pasarnos toda la vida discutiendo este tema, así como también creo que es indispensable para nuestro desarrollo futuro forjar buenas relaciones con los países vecinos.

A ellos los necesitamos y no podemos seguir relacionándonos en medio de la desconfianza y la sospecha mutua, ni tampoco con arrogancia porque nos consideramos superiores.

Lo que hoy vemos es un profundo cuestionamiento a nuestra actual institucionalidad política, económica y laboral, la que está muy lejos de responder a las aspiraciones de la mayoría de los chilenos.

Por este motivo, creo que es fundamental acordar un conjunto de reformas en cada uno de esos ámbitos. De lo contrario, corremos el serio riesgo de que las movilizaciones y el malestar que hoy estamos viendo se intensifiquen en el futuro.

Por eso, y recogiendo lo que planteamos en la pasada campaña presidencial, propongo avanzar hacia un conjunto de reformas políticas, de manera de solucionar las evidentes deficiencias de nuestro sistema democrático.

La primera de ellas debe ser la elaboración de una nueva Constitución, pues nuestro actual ordenamiento constitucional consagró una democracia protegida plasmada en un sistema electoral poco representativo, en la carencia de mecanismos de participación e inspirada en la desconfianza a los ciudadanos.

En los últimos veinte años se le han introducido más de cien reformas y pese a ello, el desencanto con nuestra institucionalidad política sigue aumentando y cada vez vota menos gente en nuestras elecciones, pese a que desde 1990 nuestro electorado potencial creció en más de cuatro millones de personas.

Por eso propuse la Constitución del Bicentenario, la que hoy creo más necesaria que nunca para darle un nuevo impulso a nuestra democracia.

A la vez, estimo indispensable regular el sistema de primarias para los cargos de elección popular, ya que ahí tenemos una evidente crisis de legitimidad y representatividad.

Todos sabemos que los partidos escogen a sus candidatos mediante procedimientos muy poco transparentes, generalmente digitados por la oligarquía partidaria, entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía.

En este sentido, la nominación de los candidatos mediante primarias es un avance democrático, pues permite que éstos sean fortalecidos y validados por los propios electores, con lo cual, además, se realza la meritocracia en detrimento de la “dedocracia”.

Otro valor agregado que tiene este tipo de mecanismos, es que contribuye a satisfacer una de las principales demandas de la población: poder participar y contar con mayor poder de decisión en los grandes asuntos del país.

La experiencia recogida en distintos ámbitos, no sólo en la política, demuestra que cuando a la gente se le brindan espacios sí participa y lo hace con entusiasmo.

De hecho, las primarias efectuadas recientemente en Argentina son un buen ejemplo de ello, pues contaron con un nivel de participación que sobrepasó largamente las expectativas.

En efecto, más de 21 millones de personas concurrieron a votar, es decir, casi el 75 por ciento del padrón electoral de ese país y un millón más que en las elecciones presidenciales de 2007.

A menudo tendemos a mirar por encima del hombro al resto de los países latinoamericanos y a sobrevalorar nuestros logros políticos, económicos y sociales.

Sin embargo, al menos, en lo que a evolución de nuestro régimen democrático se refiere, la verdad es que estamos bastante atrasados. Por sólo citar dos casos, Uruguay y Argentina organizan primarias para designar a los candidatos a la mayoría de los cargos de representación popular y varios de los países latinoamericanos permiten que sus ciudadanos que residen en el extranjero puedan votar en las elecciones presidenciales.

Chile no tiene ni lo uno ni lo otro.

Estas y otras medidas, como la reforma al sistema de partidos y mejorar los mecanismos de control y transparencia de los actores políticos, de los partidos y de las campañas, son esenciales para saldar la deuda que tenemos con nuestra democracia.

Pero junto con lo anterior, nuestro país también debe impulsar grandes transformaciones para superar las enormes desigualdades sociales que aún persisten en nuestra sociedad.

La principal, sin duda, es llevar a cabo una reforma integral a nuestro sistema educacional, la que –al igual que otras iniciativas- demandará cuantiosos recursos y de manera permanente.

La mejor manera de hacerlo es mediante una reforma tributaria, que contribuya no sólo a financiar esos proyectos, sino además a tener una sociedad más igualitaria y lograr una redistribución del ingreso manteniendo, a la vez, buenos incentivos para la creación de puestos de trabajo.

Y, por último, necesitamos alcanzar un acuerdo nacional para establecer un nuevo marco para las relaciones laborales, de manera de nivelar la cancha para que sean más equitativas.

Esto implica transferir más poder y responsabilidad a los trabajadores a través de un diálogo estratégico constante entre empresarios, trabajadores y el Estado para concordar caminos que nos ayuden a elevar el ritmo de crecimiento del país, generar empleos, mejorar la distribución del ingreso, elevar los actuales niveles de sindicalización y ampliar la negociación colectiva.

La ciudadanía está clamando con razón por cambios de fondo. En este sentido, mi llamado es a mirar la realidad de frente.

Los evidentes problemas que hoy atraviesa el país demuestran que requerimos con urgencia nuevas estructuras políticas, económicas y laborales.

No le tengamos miedo a la gente y abramos un debate serio y profundo acerca de la democracia y modelo de desarrollo que queremos para Chile.

La verdad es que este proyecto es una reacción al trágico incendio que se registró en la Cárcel de San Miguel el 8 de diciembre pasado y que causó la muerte de 81 reclusos. Pero antes de ese horrible episodio no se había adoptado ninguna medida para enfrentar la crisis carcelaria que vive el país, en circunstancias que el problema del hacinamiento era una realidad públicamente denunciada.

Pero una vez producida la tragedia, se optó por una medida de parche que no soluciona el fondo del problema.

Si el gobierno tiene la loable intención de reducir el nivel de hacinamiento de nuestros recintos penitenciarios, en los que se registra cerca de un 60% de sobrepoblación penal, entonces el camino no es el indulto por muy restringido que sea.

Por el contrario, a mi juicio, la solución es contar con una política criminal que sistematice nuestro catálogo de delitos y penas, de manera de establecer una relación más lógica entre la gravedad de los ilícitos y las penas que se les asignan.

Lejos de lo que ha pregonado la misma derecha desde hace muchos años, debemos erradicar la idea de creer que la cárcel es la primera y única alternativa, sino racionalizar su uso y reservar las condenas privativas de libertad para los delitos más graves. Nada de eso hay en la normativa aprobada.

Por lo tanto, reitero que el sistema de indulto general propuesto es un mínimo alivio que no resuelve la deuda que tiene la sociedad chilena en esta materia.

Además, la Constitución faculta al Presidente para otorgar los indultos particulares que estime pertinentes. De esta manera, si se requieren decisiones específicas respecto de un número acotado de personas, el Jefe de Estado ya dispone de la herramienta necesaria para conceder tal beneficio, sin que se necesite acudir a una ley general como la que se está proponiendo.

En este sentido, hago un llamado al Presidente de la República a que ejerza sus atribuciones como corresponde y que no le endose al Parlamento la responsabilidad de indultar a personas privadas de libertad.

Si el Mandatario no se atreve o no le gusta usar esa potestad que la ley le confiere, entonces sugiero que envíe un proyecto de ley para derogarla o que busque otro mecanismo para reducir la sobrepoblación en las cárceles chilenas, pero que no le traspase esa competencia al Congreso Nacional.

Asimismo, quiero recordar que en la pasada campaña presidencial se me atacó duramente por los indultos que concedí en mi calidad de Jefe de Estado y me acusaron de haber abierto la puerta a la delincuencia al hacer uso de esa facultad.

Al menos, tuve el coraje de asumir las consecuencias de las decisiones que adopté y nunca esperé que otro poder del Estado se hiciera cargo de prerrogativas que en ese entonces me eran propias.

Del mismo modo, en aquella época el actual Presidente prometió terminar con la “puerta giratoria”, aseguró que los presos cumplirían toda su condena en la cárcel y que iba a barrer con los delincuentes.

Otra vez estamos ante flagrantes incumplimientos de las promesas de campaña.

Ahora se van a indultar condenados, la inseguridad ciudadana va en alza y más encima nos dicen que es imposible erradicar la delincuencia.

No por nada, y así lo reflejan las últimas encuestas, su credibilidad está por los suelos.