La verdad es que ello se agradece sobremanera, cuando el estado del “debate público”, y en esto no hay que culpar únicamente a los detractores de la reforma, está yendo por derroteros que no sólo no aportan al tema de fondo sino que lo distorsionan y empantanan.

El mensaje y compromiso fundamental del Gobierno, reiteradamente señalado por la propia Presidenta Bachelet, es claro y preciso: “aspiramos a una educación pública gratuita y de calidad”.

Si bien no es evidente aún, se asume que mediante la reforma tributaria se podrá contar con los recursos requeridos para ello.

Respecto de la calidad de la educación pública, sabemos que es un tema de suyo complejo, ya que involucra moverse en varios ejes con diversos actores, y adoptar definiciones de fondo que implica enormes esfuerzos para intentar aunar múltiples visones existentes, a la vez que sortear los ataques de quienes ven amenazados sus intereses.

Ahora bien, asumiendo por una parte que finalmente se logra consolidar un proyecto de educación pública de calidad, con acceso universal y gratuito en los niveles pre escolar, básico y medio, y por otra, no hay forma que no sea así (aunque no resulte lo adecuado si el objetivo es la integración social), se mantiene el sistema de educación privado cien por ciento pagado por los apoderados u otros particulares, ¿qué sentido tienen los establecimientos subvencionados si se elimina el copago?

¿Podrá un sostenedor privado que no reciba aportes de terceros particulares, y que se asume percibirá los mismos recursos por alumno que un administrador público, dar un servicio educacional de, al menos, igual calidad, en instalaciones apropiadas y pagando remuneraciones equivalentes al sector estatal a profesores y funcionarios?

Alguien podrá contestar que sí, en cuanto logre un mayor nivel de eficiencia en su gestión que en los establecimientos administrados por el Estado (en cualquiera de sus formas). Es posible, pero hay que considerar que un sostenedor, salvo que se trate de un filántropo, requiere y es legítimo que, como toda persona, sea remunerado por su trabajo y por su inversión.

Porque, en realidad, no es creíble aquello de que los privados no obtendrán beneficios económicos, más allá de que se les imponga organizarse como fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Sabemos que eso no tiene sentido, siempre se buscará la forma de hacerlo y, además, es muy difícil de controlar de modo permanente.

Si esta vez queremos avanzar de verdad en una reforma educacional de fondo, es imprescindible que seamos completamente sinceros y apuntar a lo que importa: una educación pública con programas de enseñanza comprehensivos y actualizados, recursos materiales y tecnológicos adecuados, instalaciones de calidad (incluidas las deportivas y para actividades artísticas y de recreación), equipos profesionales multidisciplinarios para atender a los niños y jóvenes de manera integral y, por cierto, lo esencial, profesores altamente calificados, muy bien pagados, con jornadas que les permitan contar con tiempo para planificar, preparar sus clases y descansar adecuadamente, con acceso a programas de perfeccionamiento permanente, sujetos a evaluación sistemática y que perciban incentivos efectivos por logros.

Parece simple y evidente, pero, insisto, en la “discusión pública” no queda tan claro que esto sea la prioridad.

Francisco Huenchumilla no sólo ha tomado la nada fácil decisión de abordar frontalmente la difícil situación que se vive en su región, sino que también ha tenido la lucidez para, en su condición de autoridad, interpelar a la comunidad nacional desde La Araucanía.

Sin apartarse de la línea política del Gobierno Nacional, al cual representa en la región, ha tenido la capacidad y valentía de construir un discurso y una agenda que marcan un punto de inflexión en la forma de abordar “la cuestión indígena”.

Huenchumilla ha entendido que si no son los propios actores regionales los que en primer lugar y decididamente buscan dar cauce a un diálogo de fondo, sin ambages, con apertura y vigor, difícilmente lo hará el resto del país, para muchos de cuyos habitantes el llamado “conflicto mapuche” es una cuestión que atañe únicamente a una cuantas comunidades y a los latifundistas que se ubican en los ancestrales territorios indígenas.

Huenchumilla, entonces, rompe con una cierta inercia conductual y se atreve a innovar en dos cuestiones sustantivas.

Primero, se constituye como una autoridad regional que se mueve bidireccionalmente en relación con el poder central y no sólo como un delegado de este, marcando lo que puede ser un antecedente de cómo se comportarán los futuros intendentes elegidos.

Segundo, no tiene complejos en tomar partido por una causa, haciendo ver la legitimidad de las demandas de los pueblos indígenas y marcando el acento en la raigambre política y no sólo socio-económica de la situación de conflicto.

Esta manera de entender y hacer de Francisco Huenchumilla, le está granjeando y le granjeará fuertes críticas de amplio espectro y adversarios poderosos, pero es sólo con liderazgo, convicción y ponderación, algo que el Intendente entiende muy bien, que es posible aunar las fuerzas que se requieren para avanzar en asuntos de tanta complejidad y envergadura en una sociedad democrática.

Contar con autoridades ejecutivas que se erijan como auténticos líderes regionales, que “apuren” al nivel central, es uno de los requerimientos básicos para progresar hacia un país más comprensivo y menos inequitativo.

Mientras se concretan las reformas políticas que permitan avanzar en la total democratización de los gobiernos regionales, la línea marcada por el Intendente Huenchumilla es un buen ejemplo a seguir.

Por cierto hubo otros, no demasiados en mi parecer, que transitaron en esa misma dirección, pero es tal vez la densidad del desafío que le toca enfrentar lo que lo hace más nítido.

El nuevo periodo de gobierno que deberá iniciar la presidenta electa en marzo próximo, es quizás el más desafiante luego del que le correspondiera encabezar también por cuatro años a Patricio Aylwin a partir de 1990.Al igual que Aylwin, Michelle Bachelet deberá dar respuesta a los profundos anhelos de la sociedad chilena de erigir un Chile distinto al existente al comienzo de sus mandatos.

También al igual que a Aylwin, a Michelle Bachelet le corresponderá liderar una coalición política inédita, que marca un encuentro de sectores históricamente adversarios, pero que entienden que la necesidad de hacer un país más justo e inclusivo es una tarea superior y exige una convergencia amplia de las fuerzas políticas y sociales.

En este nuevo escenario político, resultará fundamental la convicción y templanza que tengan los partidos integrantes de la Nueva Mayoría y sus parlamentarios para respaldar el Programa de Gobierno de la nueva presidenta.

Particularmente para la Democracia Cristiana, es una oportunidad de revalidar su histórica vocación transformadora y su capacidad de ser un fiel representante de quienes entienden que la paz social es producto de la justicia, y no de la negación de las controversias, que la cohesión social es una condición básica para hacer un mejor país, lo cual exige terminar con las discriminaciones, y que se requiere ampliar las libertades civiles y trabajar junto a las fuerzas sociales en la construcción activa de la gran comunidad que es el país.

Pero el mandato es también corresponsabilidad. Si bien el Gobierno tiene el deber de establecer los lineamientos para generar los cambios esperados y liderar los procesos conducentes a ello, a la vez que generar los espacios e instancias para que los ciudadanos y sus organizaciones participen efectivamente en la definición de los contenidos y caminos precisos para alcanzar los objetivos planteados, es imprescindible comprometer a los ciudadanos en acciones posibles y necesarias que complementan la acción del Estado y en el cumplimiento de las responsabilidades propias de todo miembro de la comunidad.

Se trata, en definitiva, de un tiempo distinto, que exige compromisos y acciones nuevas, donde los contenidos pero también las formas harán a la esencia de la nueva época que se abre.

Precisamente, uno de los cambios estructurales fundamentales, en mi parecer, dice relación con la instalación (reinstalación) de un soporte institucional que le permita al país contar con un plan de desarrollo de largo plazo.

O dicho de otro modo, con una visión de país ampliamente compartida, que permita la implantación y continuidad de políticas, planes, programas y proyectos que son de la esencia del desarrollo, mirado integralmente, y que por cierto van más allá de los breves períodos presidenciales.

Extrañamente, y he sido testigo privilegiado de ello, Chile mantiene un importante prestigio a nivel internacional por su “capacidad de planificación”, tal vez como resabio de la buena práctica iniciada en el Gobierno de Frei Montalva con la creación de la Oficina de Planificación (ODEPLAN), luego devenida en ministerio de Planificación.

Precisamente, la ley de 1990 que creó este Ministerio, lo caracterizaba en su artículo primero como la “Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas del desarrollo”, debiendo también cooperar con los intendentes regionales en las mismas tareas para el desarrollo regional.

Pero lo cierto es que si bien el mandato legal era claro, el giro del ministerio hacia la generación y articulación de programas destinados a erradicar la pobreza y brindar protección social a personas y grupos más vulnerables, labor de la mayor relevancia indudablemente, terminó “erradicando” la función de planificación.

Si bien mantuvo, y de muy buena manera, su labor en materia de evaluación de las inversiones públicas, como encargado del Sistema Nacional de Inversiones, lo cierto es que evaluar proyectos no es planear el desarrollo.De hecho, aquellos deberían estar en función de este.

Con la dictación en el año 2011 de la ley que creó el ministerio de Desarrollo Social, se sincera dicha situación, al eliminar en la nueva ley toda referencia a los planes de desarrollo nacional, enfocando su labor en el diseño y aplicación de políticas en materia de equidad y desarrollo social, siendo su centro mayor de responsabilidades específicas la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social generado durante el Gobierno de la presidenta Bachelet.

Entonces, la pregunta que surge naturalmente es ¿quién en Chile es el encargado de mirar al futuro de manera integral y sistemática, buscando la coherencia y armonía entre los programas de desarrollo sectoriales y los de los distintos niveles territoriales en el largo plazo? Lo cierto es que no hay entidad alguna que tenga asignada esta tarea. En mi opinión, esto no sólo no habla bien del país sino que es una grave falencia que debe repararse en el próximo gobierno.

La propia Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcenas, resaltaba recientemente la importancia de la planificación para el desarrollo, caracterizándola como un proceso gubernamental integrador, explícito, organizado y participativo, para determinar los cursos de acción que un país debe emprender para el logro de objetivos de mediano y largo plazo, lo que supone una visión estratégica y definición de prioridades.

En sus palabras, “un proceso de planificación del siglo XXI debería incluir, por ejemplo, capacidad de coordinación entre niveles territoriales de gobierno, sectores productivos y actores públicos y privados, además de un esfuerzo permanente de evaluación, monitoreo y retroalimentación de los resultados de la política pública”.

Cierto es que esto último ha venido siendo una práctica de los gobiernos desde la década de los noventa, pero es evidente que la falta de planificación ha redundado en una serie de carencias y defectos en el diseño y aplicación de políticas públicas, como es fácil de apreciar en áreas tan sensibles como educación, descentralización, desarrollo urbano, energía y transportes.

Veamos. La aparición de candidatos de nicho no es nuevo en nuestra historia electoral pos dictadura. Ya el año 93 hubo cuatro candidatos que desafiaron a los dos bloques mayoritarios enarbolando la representación de intereses o sectores específicos.

Por una parte, desde la izquierda, compitieron Manfred Max Neef, Cristan Reitze y Eugenio Pizarro. Desde la derecha, el “independiente” José Piñera tomaba la posta discursiva (más bien la monserga retórica), enarbolada por Francisco Javier Errázuriz cuatro años antes, del derechismo disfrazado de centrismo y apelación a lo popular y/o ciudadano, que despotrica en contra del establishment político (lo que siempre asegura algún grado de éxito), y que en esta elección presidencial está representada por Franco Parisi.

Igual cantidad de seis candidatos se presentó en 1999, reduciéndose en el 2003 a cuatro, en que RN y la UDI fueron separados a primera vuelta, mismo número que se mantuvo el 2009 donde la derecha fue aglomerada desde un principio, mientras que de la propia Concertación surgían dos candidaturas disidentes de la oficial, con Jorge Arrate, apoyado por el PC, la IC y el MAS, y Marcos Enríquez-Ominami que se suponía apoyado por una serie de organizaciones políticas y movimientos alternativos a los partidos tradicionales (ecologistas, pobladores, estudiantes, trabajadores, indigenistas).

Sin duda la performance de ME-O fue muy buena, obteniendo más del 20% de los votos en la primera vuelta electoral y quedando a sólo 9 puntos del candidato de la Concertación.

Dicho resultado hacía presumir que el 2013 tendríamos a un ME-O más consolidado, articulando una amplia gama de sectores ciudadanos, que no se sienten representados por la Derecha ni la Concertación, y que resultaría en una fuerza electoral de gran potencia no sólo mirando a la presidencia de la República sino también al Parlamento. ¿Pero qué tenemos?

Por una parte, una derecha que se vuelve a abrir en dos candidaturas, una la oficial de Matthei y otra la “centrista” de Parisi. Además, muchos de los que están detrás de la candidatura de Ricardo Israel procurarán que esta sea funcional a los intereses electorales de la derecha.

Por la otra, la ex presidenta Bachelet, que no sólo aunó a toda la Concertación (lo que no es nada menor) sino que sumó al PC, a la IC y al MAS, conformando lo que se espera sea una nueva mayoría, y seis candidatos más, de los cuales al menos tres -Roxana Miranda, Alfredo Sfeir y Marcel Claude-, expresan el sentimiento de fuerzas que antes estaban de algún modo representadas por ME-O y que muy difícilmente se hubieran sumado en primera vuelta a la ex mandataria.

Ello me hizo acordar del título de un libro que alcanzó gran notoriedad en los ochenta y que llevado a hoy podría ser: “¿Qué te pasó ME-O?”.

Soy militante de la democracia cristiana desde hace 30 años, y, aunque a algunos les suene raro, siempre me he sentido un hombre de izquierda, entendiendo por ello una opción permanente por la ampliación de las libertades, la justicia y la equidad, en contraposición a la derecha, fiel guardiana de los privilegios del poder económico y, por ende, del status quo.

Ingresé a la política siendo universitario, en los años de dictadura, entendiendo que no era posible restarse al esfuerzo por recobrar la democracia para Chile (como sí lo hizo Andrés Velasco, quien privilegió su carrera académica fuera de Chile, probablemente a la espera de tiempos mejores).

Al igual como seguramente le ocurrió a muchos, me integré con gran entusiasmo al PDC, a pesar de ciertas dudas, motivado por su historia, el ejemplo de sus principales líderes -como Leigthon, Tomic, Fuentealba y Castillo Velasco-, y porque la asumía como una efectiva opción socialdemócrata de inspiración humanista cristiana, total y completamente complementaria con la socialdemocracia del humanismo laico, con la cual estábamos llamados a converger, y la que, lastimosamente, había dejado de ser opción en Chile con el declive del Partido Radical, el que se inicia justamente cuando de ser una fuerza progresista pasa a asumir la idea de que su rol era ser el “péndulo” de la política chilena.

En cada charla o seminario de formación a los que asistí como joven democratacristiano, me hablaron de la “revolución en libertad”. O sea, sobre la necesidad de un cambio político y social profundo en Chile y el mundo, siempre con estricto apego a los derechos fundamentales y justamente para la plena vigencia de los mismos. Ello, por cierto exigía ponerse de acuerdo con muchos, ojalá con y entre todos, pero de ser bisagras nada.

Ciertamente no hay nada de ilegítimo en que “alguien” o un partido político se proponga jugar el rol de “equilibrista” entre fuerzas antagónicas, y quiera tomar su compensación por ello, que seguramente sería el Gobierno como condición de mal menor. El punto es que nunca ha sido ese el rol de la DC, no es lo que se nos enseñó ni lo que muestra su historia. Posiblemente es por ello que el ex dirigente se siente más cómodo con Velasco que en un partido de innegable vocación reformadora.

Finalmente, su apelación al centro político más parece la decisión del tipo que pone un kiosco en la playa y dice “esta localización es la mejor para conseguir clientela de todos lados”. Pero los partidos no son kioscos ni la política es un negocio.

Si se señala que la Constitución fue reformada en diversas ocasiones desde 1989, lo que la legítima, cabe recordar que las primeras reformas se dieron en un marco de diálogo muy restringido bajo un contexto de fuerza, debiendo ser aceptadas como un mal menor por la civilidad democrática, y las siguientes fueron aprobadas por un Parlamento que distorsiona la representación popular.

Además, las normas vigentes de reforma constitucional, quórums legislativos y sistema electoral parlamentario, significan una apropiación ilegítima del poder constituyente por una minoría.

A quienes buscan clausurar la discusión señalando que las normas fundamentales deben ser por sobretodo duraderas, recordarles que la estabilidad de “las cosas”, incluidas las sociales, está íntimamente ligada a su flexibilidad y capacidad de adaptación y cambio, de lo contrario se fracturan o desmoronan, o se transforman en una rígida expresión de tiempos pasados que violentan a los actuales.

Por otra parte, la discusión sobre la calidad y actualidad de una Constitución no debería ser motivo de temores. Así como muchos países discuten cada cierto tiempo, de forma sistemática y participativa, sus planes de desarrollo para el largo plazo (algunos de los cuales incluso exigen que sean aprobados por los Parlamentos nacionales), configurando una política de Estado y asegurando con ello la continuidad de políticas públicas esenciales, resulta igualmente lógico y necesario que el “contrato social” que une a los ciudadanos pueda y deba ser actualizado y perfeccionado acorde con los nuevos desafíos que el país enfrenta y las posibilidades y capacidades con las que cuenta, particularmente cuando es evidente que hay un cambio de época.

¿Cómo hacer el cambio? Inexorablemente debe ser de manera participativa, amplia -social, política y territorialmente- y organizada, de otro modo se persistirá en lo que se busca corregir.

Si el Parlamento no se abre a esta posibilidad y genera un marco legal que posibilite que en la discusión y análisis de un nuevo texto constitucional participe de manera institucional la ciudadanía conformando efectivamente un poder constituyente, el Gobierno cuenta con facultades para generar una instancia participativa con el fin de discutir y elaborar un proyecto de nueva Constitución para presentarlo ante el Congreso.

Por ello, más que un problema para un próximo presidente o presidenta que quiera abrir una nueva y mejor época para Chile a partir de un cambio constitucional serio, esto es, razonado, sustantivo y participativo, el desafío será para el nuevo Parlamento que se conformará mayoritariamente en las elecciones de este fin de año, y el cual muchos esperamos lo asuma a cabalidad.

Aún dentro de este indescifrable ambiente, ya hay algunos dentro de la Concertación que empiezan a hacer públicas sus aspiraciones presidenciales, la derecha parece haber definido en buena medida su opción con la designación de Laurence Golborne como Ministro de Obras Públicas.

La historia es conocida. La Concertación surge para hacer frente a la Dictadura y enfrentarla en el Plebiscito. Luego, en un acto de responsabilidad política, decide buscar un acuerdo programático de largo plazo y conformar una alternativa de Gobierno lo más amplia posible, sobre la base de dos convicciones fundamentales: la consolidación de la democracia exigía actuar con moderación y pragmatismo; el bienestar social es un proceso y por ende se alcanza gradualmente.

Teniendo en vista ambas convicciones, y sabiendo que los giros abruptos sólo podían generar un escenario de tensión inmanejable para la naciente centro-izquierda gobernante, se buscó avanzar lo que era posible, si bien los temores a veces llevaron a hacer aún más corto aún el horizonte de lo que se podía llegar en los grandes temas institucionales y económicos. Pero, ciertamente, no fue sólo el miedo a regresiones autoritarias lo que llevó a actuar de la manera que se hizo.

La asunción del nuevo Gobierno democrático, coincide, para bien (¿se imaginan un acuerdo permanente entre socialistas y democratacristianos con socialismos reales vigentes en el mundo?) y para mal (la ausencia de alternativas o referentes), con un cambio radical de paradigmas políticos, sociales y culturales en buena parte del mundo occidental.

Este cambio de paradigmas en algunos casos y ámbitos significó la adhesión conciente a nuevas creencias, principalmente en lo económico-social, pero en otros únicamente  la pérdida de las antiguas.

Allí, el “poder hacer” vino a reemplazar el “por qué hacer”. Si bien siempre se tuvo claro el “para qué hacer”: para el bien de Chile y los chilenos (auque suene cursi).

En tal contexto, para muchos chilenos, más allá del grado de satisfacción con los Gobiernos de la Concertación o con el estado del país, lo importante era que no gobernara la derecha y que, de algún modo, se avanzara, y por cierto ello ocurrió por veinte años.

Pero llegó a su fin.

Más allá de las encuestas, si la Concertación quiere ser Gobierno nuevamente, para lo cual tiene méritos y personas, debe ser capaz de definir y explicitar sus convicciones… sus nuevas y sus reforzadas convicciones.

Cierto es que se trata de una instancia plural, y que la divergencia a su interior es parte de su condición y fortaleza, pero debe tener y expresar un sustrato mínimo de acuerdo que diga relación con cosas vitales para el país.

Por cierto ello no le asegura un triunfo, pero sí dignidad. Y contar con referentes políticos dignos y solventes es más importante que ser nuevamente Gobierno.