Se han generado muchas expectativas. Algunos optimistas presentan esta iniciativa como la solución al conflicto indígena. Sin duda, es un gran paso, pero está lejos de ser la solución total.

El hecho que Chile tenga un ministerio de Salud, no ha eliminado los problemas de salud, eso se debe a que no ha cambiado la columna vertebral de la política: la Constitución, que es la que hace que el ciudadano no sea un sujeto de derecho, sino un objeto de comercio, es decir, un cliente. Y el mapuche un allegado, no reconocido por esa Constitución, haciéndole parecer un extranjero en su propia tierra.         

De tal manera, que se hace difícil creer que una nueva institucionalidad pública para el mundo indígena resuelva en un gobierno los problemas que el Estado tiene con ellos desde hace 200 años del Bío-Bío al norte y 130 años del Bío-Bío al sur.

En efecto, la primera tarea de todos será evitar que el ministerio se transforme en una Conadi más grande junto con un Consejo más grande.

Y la segunda tarea es avanzar hacia una solución real, que consiste en que los pueblos originarios puedan decidir su futuro y para eso debemos incidir realmente en el poder político y en el Estado Republicano que tiene el poder ejecutivo y legislativo.

Paradojamente en la actualidad, no estamos en ninguno de esos poderes, por lo tanto, nos encontramos en una real segregación política, y como ha demostrado en diversos estudios el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,PNUD, las desigualdades políticas crean desigualdades sociales, económicas y étnicas.

Para avanzar en esta solución deben existir escaños reservados en el parlamento, mediante los cuales se les permita a los pueblos originarios acceder al Poder Legislativo de acuerdo a su densidad población. La democracia es el gobierno de la mayoría soberana, dicen, entonces, ¿cómo va a ser justo este sistema para un pueblo que es una minoría?

Necesitamos otro concepto de democracia que sea más justo y que permita que las minorías étnicas sean representadas con igualdad de derechos.Necesitamos un sistema electoral especial para los pueblos originarios, con cuotas parlamentarias.

¿Pero cómo se resuelve el conflicto indígena entonces? Para ello, se necesita una nueva Constitución que reconozca el carácter plurinacional de Chile, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en los ámbitos políticos, territoriales y culturales.

Nos encontramos en un proceso donde la credibilidad política está en uno de los peores puntos de la historia. Por eso la necesidad de diseñar una nueva Constitución.

No podemos continuar con una Constitución Política diseñada por Pinochet y avalada con la firma de Ricardo Lagos. Necesitamos una nueva Constitución que reconozca el carácter plurinacional del país y que, por sobre todo, que la carta fundamental ponga el derecho social y político por sobre los derechos económicos.

Debe haber una Asamblea Constituyente en la que participen representantes de los diversos sectores en conjunto con los pueblos originarios y que no sólo pase por las manos de una élite privilegiada, como ha sido la tónica histórica.

Lamentablemente, podemos colegir que queda absolutamente claro que el Ministro no será nombrado por los pueblos indígenas, sino por los partidos político, y probablemente por los mismos partidos que han administrado el problema y no lo han resuelto por más de 25 años y que, coincidentemente son los mismos partidos que la ciudadanía cuestiona porque están involucrados en hechos de corrupción.

Esto último adquiere relevancia absoluta cuando será el nuevo ministerio de Pueblos Indígenas el que tiene que proponer la política indígena a la Presidenta de la República, y al analizar la historia de la Conadi, fue justamente la falta de visión política la que superó a este organismo y llevó a un fracaso en las políticas públicas para los pueblos indígenas. Por tanto, no puede transformarse el remedio en algo peor que la enfermedad.

Aun nos queda pendiente una gran misión mapuche y no mapuche, a los pueblos indígenas y no indígenas de Chile, que es lograr que la sociedad chilena no solo reconozca, sino que valore a los pueblos indígenas y para ello debemos hacerlo de manera seria, mediante el sistema educativo.

Que se reconozca realmente la plurinacionalidad del país, donde corroboramos nuevamente la importancia de la participación política.

Se hace inevitable aclarar estas dudas de una vez por todas. En Chile, algunos creen que la autoridad se impone como la verdad, siendo que es la verdad la que debe imponerse como autoridad y es justamente esta verdad la que se oculta.

En efecto, los que hacen la política en el seno del poder sembraron la ignorancia sobre los acontecimientos en el sur, ya que el mayor de los crímenes lo cometió el Estado de Chile en 1881 bajo el nombre de la Pacificación de la Araucanía, lo que arrojó tres veces más  muertos que la dictadura de Pinochet.

El pueblo mapuche lleva a cabo acciones de reivindicación de derechos territoriales y políticos. Y cuando un grupo humano no es escuchado por los administradores del Estado, se ven en la obligación de solicitar el diálogo denegado mediante desobediencia civil y movilización social.

Así lo han hecho los estudiantes, los profesores, los funcionarios públicos, los camioneros y las organizaciones homosexuales. ¿Por qué no lo podría hacer el mapuche?

¿Por qué se nos estigmatiza como subversivos o terroristas cuando reivindicamos nuestros derechos?

Para nosotros la paz es el camino, no el fin. A diferencia de los empresarios agrícolas que hablan de la paz por métodos no pacíficos, usando guardias armados o grupos armados antimapuche (paramilitares). La génesis del problema nace justamente con la violencia ejercida por el Estado chileno de mano de Cornelio Saavedra en la Araucanía y de Vicuña Makenna en el congreso, cuando decía “gradualmente se deben colonizar las tierras de los bárbaros Araucanos.” (1864)

La violencia no partió del pueblo mapuche.

Nos quieren hacer creer que la toma de predios a forestales y el corte de caminos son el centro del problema. Con ello se intenta transformar un problema político en un problema de delincuencia o judicial, queriendo hacer creer que se resuelve en tribunales y con una mayor dotación policial.Sin embargo, el verdadero problema nace de una negación de derechos ancestrales arrebatados a un pueblo y su territorio.

¿Son los mapuche delincuentes y terroristas?, No, ninguna movilización o acción reivindicativa se puede comparar con un delito y si así fuera se trataría de crímenes derivados de otros; nacerían de los crímenes cometidos por el Estado desde la violación del tratado de Tapihue de 1825 (reconocimiento de la Nación mapuche), de la invasión del territorio con el genocidio de la pacificación de la Araucanía, junto a la ley de colonización de Manuel Bulnes en 1845.

No somos terroristas. El terrorismo infunde temor en la ciudadanía y en este caso ninguna acción de reivindicación es contra la ciudadanía, sino contra particulares dueños de forestales o empresarios agrícolas. El mismo relator de la ONU Ben Emerson ha informado que no existe terrorismo en la Araucanía.

Por lo tanto, la situación de los colonos y empresarios agrícolas es un problema que asumió el Estado en el gobierno de Bulnes, cuando se dictó la ley de colonización y se comprometió a entregar tierras y recursos. Por ende, los latifundistas y los colonos tienen un problema con el Estado, no con el pueblo mapuche, porque los mapuche nunca le entregamos la tierra.

Y los que hablan de igualdad ante la ley deberían demostrarlo, ya que la ley no es igual como se ha demostrado en el último tiempo. Basta un solo ejemplo, la ley o justicia no es igual para un político como Jovino Novoa que para un mapuche o para el joven Bastián Arriagada, de 22 años que fue condenado a cárcel por vender CD piratas y murió calcinado en la cárcel de San Miguel, mientras Novoa quedó en libertad aun reconociendo que cometió delito tributario.

La segregación política del pueblo mapuche, la pobreza e indigencia de los sectores postergados son consecuencia de un sistema corrompido e implementado por el Estado, por lo tanto, ni los chilenos ni los mapuche somos responsables de la miseria ni de la segregación política y económica de Chile.

El gran desafío que tenemos como país es resolver la situación mapuche y para ello se debe comprender que los que administran el Estado se deben reunir con el pueblo mapuche. El problema no se resuelve si las autoridades se reúnen solo con los colonos y carabineros.

Para poder construir un diálogo debe haber una conducción política que tenga la voluntad de resolver el problema histórico y esto se hace a través de participación política en la toma de decisiones,  reconocimiento constitucional, autonomía política y el reconocimiento de la deuda histórica del territorio.

Si las decisiones que afectan el destino de las personas las toma un pequeño pero poderoso grupo de políticos desde una lógica elitista de la democracia, es natural que aquellos que no están representados en esas instancias no puedan decidir su propio futuro y se encuentren postergados no sólo económica y socialmente sino, más aún, políticamente.

Dentro de los postergados están ciertamente los pueblos originarios, los discapacitados, los pobres, pescadores, campesinos y minorías sexuales.

Por lo mismo, resulta evidente que la crisis política es sólo el síntoma y que la enfermedad está en la crisis profunda de una democracia imperfecta que excluye sistemáticamente a importantes sectores de la población que no se sienten representados en las instancias de poder.

Lo anterior se agrava cuando hay evidencia de que algunos parlamentarios dependen económicamente de los grandes grupos financieros que aportan significativamente para sus campañas de elección o reelección, cooptando las decisiones, pues  surge la duda si al final votan de acuerdo a los intereses de sus financistas y o de sus electores.

Así ha quedado claro en los casos Penta y SQM, sin dejar de mencionar la Ley de Pesca y el DL N°701 que benefician a una decena de familias, entre ellas a los Angelini y Matte.

Este es el epicentro del problema que ha puesto en crisis al sistema político en general, desde la izquierda hasta la derecha.

En efecto, el problema aquí no es coyuntural, como algunos aseguran. El problema es de fondo. Por ello, el ciudadano normal no cree en la justicia, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en la religión y menos en los partidos políticos, porque ve que la infraestructura política del Estado, permite que la mano de la justicia sea más dura contra un mapuche o un pobre que contra empresarios o políticos que cometieron delitos tributarios o fraude al fisco.

Prueba de eso, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó sin efecto ocho condenas por terrorismo desde el 2003, siete mapuches y una activista, determinando que el Estado de Chile debe indemnizar a cada uno de los injustamente condenados.

Pero, aún así, con toda esta evidencia, se sigue presumiendo culpable al mapuche antes de un juicio justo. Por ejemplo, la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que hace que las comunidades pierdan su última esperanza en la justicia y en el Gobierno.

Es tan simple como ver que si se detiene a un mapuche o un activista no mapuche portando un arma, algunos políticos y los medios de comunicación dicen que se presume que cometería abigeato o terrorismo; pero cuando unos latifundistas portan armas, se dice que son deportistas que practican pesca y caza. El trato es injusto a todo nivel.

El problema político va más allá de la simple creación de un ministerio y un consejo de pueblos que no tiene relevancia en la toma de decisiones legislativas, ejecutivas ni judiciales.

Tal vez algún experto en materia indígena tenga su propia teoría, gracias a los conocimientos adquiridos en una institución superior nacional o extranjera, pero cualquier persona inteligente sabe que el problema no es académico. Es político.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos se debe perfeccionar la democracia a objeto de minimizar con las desigualdades sociales, económicas y étnicas que son consecuencia de las desigualdades políticas.

Lo anterior, sin considerar que cuando vota sólo el 40% de los ciudadanos habilitados para sufragar habría una contradicción vital a lo menos con la etimología de la palabra democracia, que significa el poder del pueblo. En este caso el 60% que no vota -que es la mayoría- no tiene el poder mientras que una minoría, una oligarquía, tiene casi el poder político y económico completo.

El mejor camino sería una reforma del sistema electoral que permitiese la creación de escaños reservados para representantes indígenas de acuerdo al porcentaje de población indígena de cada territorio. De esta manera, el 10% del país -que corresponde a la población indígena- tendría representación política real.

Para comenzar a resolver esta crisis política actual es necesario profundizar la democracia. Es decir, que los excluidos accedan al poder político.