Señalar y criticar lo anterior no implica ni demagogia ni voluntarismo político, menos todavía un populismo mal entendido. Se trata de hacer notar que los temas de mayor relevancia para nuestro país en los últimos 25 años, inevitablemente han caído  uno tras otro, bajo una razón instrumental que -como reflejo de intereses creados- nos mantiene firmemente atados a un determinismo histórico y a un chantaje político que en Chile, todavía, difícilmente estamos en condiciones de superar.

La propuesta de una educación gratuita y de calidad surge de la calle, de los movimientos sociales y de los mismos estudiantes. Es por ello, que configura un discurso que rebasa los límites de la mera política y del modo en que la esgrimen los partidos, transformándose en un principio ético que tensa el tejido social en vista de su reconfiguración integral.

Es muy importante retener este aspecto porque nos permite pensar la gratuidad y la calidad de la educación como un todo. En efecto, temáticamente son cuestiones diferentes, ya que es posible pensar en una educación de calidad pagada, así como también en una gratuita sin calidad y viceversa. Sin embargo, la confluencia de ambos elementos es la novedad, la originalidad y la exigencia que se impone y, por lo mismo, hay que poner la atención en el “y” de la ecuación “gratuidad y calidad”, como clave reflexiva de integración y debate.

Esto último es, precisamente, lo que ha comenzado a desaparecer del debate público. La balanza se ha inclinado hacia una discusión presupuestaria y técnica que ha reducido y absorbido, casi por completo, la cuestión de la gratuidad, invisibilizando la pregunta por la calidad y la cuestión de la educación como tal.

En este sentido, somos testigos de un debate que se juega en la arena de lo económico y lo técnico; la pugna actual por el posicionamiento institucional del dinero de la gratuidad, constituye una disputa entre corporaciones en competencia que defienden y buscan privilegios individuales frente al Estado.

Por cierto, en este punto se ha perdido completamente el norte, ya que las reglas del mercado y sus afanes han taladrado a tal punto nuestro tejido social, que incluso allí donde se ha pretendido enarbolar la educación pública como resumen orgánico de todas las demandas estudiantiles, las dinámicas del oportunismo y las proyecciones de costos y beneficios son la tónica. En este sentido me ha sorprendido gratamente que, mientras redactaba esta columna, la presidenta de la FECH, Valentina Saavedra, haya utilizado la misma nomenclatura y la misma idea respecto a la falta de “reflexiones sistémicas” y de “posturas corporativas” por “dónde poner la plata”.

Hay que entender que el “realismo” con el que se pretende teñir la reforma es sólo económico, no es la realidad en sí, sino que al contrario, en Chile esto amerita una doble lectura porque no es simplemente la imposición de la calculadora, sino la imposición de un modo de concebir el sistema económico que no está dispuesto a transar en nada, sólo a ajustar lo necesario para aumentar aún más la ya escandalosa concentración de la riqueza. Es por ello que si comparamos éticamente el discurso del pueblo con el discurso de las autoridades, parece un mal contrapunto entre una ética de la esperanza y una ética estoica, mejor aún, entre la moralidad de los gobernados y la inmoralidad de los gobernantes.

La educación gratuita y de calidad es expresión y anhelo de nuestro pueblo y no le pertenece a ninguna institución, ni privada ni del Estado. Es una crítica a la institucionalidad misma, a una forma de ser país y a su sociabilidad. Constituye la epifanía de un profundo modo de vivir y sentir que, verbalizada en dicha fórmula ética, no es más que el prólogo de un largo libro sobre la decencia, la dignidad y la historia de un pueblo; ese libro es el que espera ser escrito por todos nosotros, ¿lo haremos? 

En Chile, una de estas significaciones, se dio en el primer mandato de la presidenta Bachelet; en los primeros días de su gobierno muchas mujeres compraban bandas presidenciales en la calle para fotografiarse y posar con ellas, incluso una conocida actriz nacional señalaba emocionada que Chile ya no tenía patria sino matria. En la ciudadanía quedó la impresión que fue un momento de inflexión en el modo de ejercer el poder, más allá del hecho evidente de tener por primera vez a una mujer en la presidencia de la nación.

Esta nueva forma y estilo presidencial, desde el primer momento, llamó la atención de los analistas políticos y logró acuñarse en la prensa y en la opinión pública una particular denominación: la cariñocracia. Una especie de versión acogedora y maternal del poder que los estudios de opinión sintetizaron en la ecuación “confianza y cercanía”, como principales características de la presidenta.

Esta situación implicó revelar el carácter masculino que hasta ese momento había tenido el régimen político en Chile, no sólo porque había sido ejercido exclusivamente por hombres, sino por una particular insistencia en las instituciones como ejes imparciales y soporte del poder del Estado, algo que su antecesor, el presidente Ricardo Lagos -a propósito del jarrón perdido-, había reforzado especialmente al defender el concepto de que las instituciones funcionen.

La gracia de Bachelet es que a los ojos de la opinión pública lograba situarse un poco más allá de este institucionalismo mecánico -el que robaba el jarrón, lo devolvía-, con un calor maternal tranquilizador y lejano de la contingencia y sus vicisitudes, cuestión que explica a su vez la enorme aprobación de su persona al finalizar el primer mandato, en abierto contraste con la pésima evaluación de sus ministros y los partidos políticos gobernantes. Todo esto acompañado, por cierto, de una cuidadosa estrategia comunicacional basada en el silencio y la intervención quirúrgica en cada una de sus apariciones, que dejó preparado su segundo periodo presidencial a partir de 2014.

No fue el caso Penta el que lo cambió todo, fue el caso Caval, porque Bachelet no pudo mantener esta lejanía y, de un momento a otro, se vio expuesta a la contingencia como nunca lo había estado, desestabilizándose el sentido del poder que ella representaba. Esto alarmó profundamente a toda la clase política, porque previeron orientaciones que eventualmente no podrían controlar: el populismo, el caudillismo, otra dictadura o bien una asamblea constituyente.

Si bien, fue la derecha la que en principio sacó sus dividendos políticos jugando al empate, tal como una caja de Pandora, no esperaban que las consecuencias llegaran tan lejos, porque ellos también lograban un espacio de legitimidad dentro de esa significación.

Bachelet ya no podrá jamás recuperar la “confianza y cercanía”, eso se ha perdido irremediablemente desde el momento que fue más madre sanguínea que madre política, por ello apela al último y más clásico resorte que ha sustentado el poder político en Chile: el institucionalismo. Con ello llega el fin de su época, y con eso la reinstalación de mecanismos e imparcialidades que en su imagen pública no se apreciaban. Ahora sólo será administración y una agenda política deslavada, con propuestas anti-todo que ya nadie cree.

Hace unos años todos reímos con ella cuando en el estadio Germán Becker de Temuco chutó la pelota y su zapato voló por los aires. Hoy reiríamos de ella y sería la imagen perfecta del fiasco de su gobierno y toda la clase política.

Quizá si hubiese reprendido a su hijo haciendo que devolviera el jarrón, su perfil de matriarca hubiera salido fortalecido y habría convencido a muchos que su imagen mariana estaba justificada, incluyéndome.

Sin embargo, sólo queda ver si -despojada de su aura maternal- aparece la estadista, la que poco se ha visto y logra resignificar el poder de un modo más equilibrado y realista: cariñocracia con instituciones.

De lo contrario pasará a la historia como la primera mujer presidente de Chile, nada más, disociando por mucho tiempo la política y el género y haciendo insignificante otras versiones menos “mecánicas” -masculinas- del poder, es decir, que con esto está en juego una de las pocas posibilidades que como nación hemos tenido para zafar de un mero racionalismo instrumental.

Pero lo interesante de esto, es  reflexionar sobre lo que se quiere decir con estas palabras. Da la impresión de que se usa para indicar un grupo o una situación determinada como una mera constatación o, en un uso conceptual, como si indicara un tipo de poder que por estar formalmente fuera de las instituciones del Estado -pero influyendo en ellas-, se instituye de hecho y no de derecho en el espacio público.

De ahí también el origen de la expresión, como un contraste entre el de factum de este poder y el poder de iure del Estado. En el fondo la diferencia de ambos usos es que el primero se desplaza más en el plano de la opinión pública y la indicación de esos hechos, mientras que el segundo se desplaza en un plano más formal y conceptual, como definición o sustento de aquello que se constata en el primer nivel.

Sin embargo, esta expresión lentamente ha comenzado a desplazarse a otra significación, no necesariamente excluyente de las anteriores, pero sí profundamente peligrosa. Es otra posibilidad expresiva que se deriva de ella misma, pero que se afinca en un plano práctico de mucha mayor relevancia que la mera constatación y la definición conceptual; me refiero a la idea de que los poderes fácticos  son un hecho dado y, como tales, inevitables, naturales y permanente.

Por lo mismo urge la clarificación y diferenciación, porque a nivel de la opinión pública podemos constatar que esos poderes existen, podemos discutir a nivel académico y conceptual su configuración a la sombra del Estado, pero otra cosa es permitir que se transformen en una realidad imposible de soslayar.

Este rechazo es el que podemos encontrar de modo generalizado en la opinión pública, en la prensa, en las columnas de opinión y en los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, hay una cierta parcelación crítica que juega en contra de esta contención y que se refleja muy bien en la idea de “aristas”, ya sea política, económica, jurídica, incluso académica y ética.

Porque no se trata de negar que dichas aristas existan, sino que de llamar la atención en el perjuicio que implica para el debate público y los consecuentes dispositivos institucionales que deberían levantarse para evitar dicha resignificación, perder de vista la globalidad o visibilizarlos como pocas veces en los últimos 25 años.

Quizá el único intento de ordenar y comprender de modo más orgánico todo lo que hemos estado conociendo en los últimos meses, es una referencia común a la ética como telón de fondo de todos estos asuntos. Sin embargo, es un modo de pensar que implica una clara gradación y consecuente subordinación de las “aristas”, que en su caso más lírico incluso llevó a alguien a plantear la pregunta si “sólo una ética podrá salvarnos”, en evidente referencia a un filósofo alemán.

El hecho, es que la ética no salva a nadie por sí sola, ni emanará de ella, como una fuente de verdades, las directrices o principios necesarios para contener la resignificación de los poderes fácticos. Más bien, se necesita un abordaje multidisciplinario, multiestamental, “multi” en todas las facetas posibles, para un problema “complejo”, en todo el sentido de la palabra, y del que hasta ahora sólo conocemos algunas de sus facetas, pero que no exime a ninguno de nosotros y lo que podamos aportar.

¿Bachelet o los de siempre serán capaces de liderar este proceso? Difícil. Lo que está claro es que, si llega a consolidarse esta resignificación, entonces ya estará todo perdido y el Estado de Derecho será nada más que una sombra de los poderes fácticos. Quizá el asunto en juego es nuestra constitución como país, no ésa que debe ser cambiada, sino un modo de ser-país que históricamente ha vivido el drama de su fragilidad.